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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO A LA REINSERCIÓN SOCIAL. ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL QUE LO CONTEMPLA, NO VIOLA EL DERECHO DE AUDIENCIA.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 176/2021. · Registro digital (IUS): 30272
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-12-10
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, Pág. 1093.

AMPARO EN REVISIÓN 176/2021. 25 DE AGOSTO DE 2021. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO PARA FORMULAR VOTO CONCURRENTE, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. AUSENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ALEXANDRA VALOIS SALAZAR.

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión correspondiente al día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS para resolver los autos relativos al amparo en revisión 176/2021, interpuesto por **********, en contra de la sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al resolver el juicio de amparo ********** y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Juicio de amparo indirecto. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, ********** por conducto de su defensor público federal **********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades señaladas como responsables: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por la discusión, aprobación, promulgación y publicación del decreto por el que se expidió la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; y, concretamente, la aplicación del artículo 52 de dicho ordenamiento que prevé el traslado administrativo.

2. Reclamó también del Juez Quinto de Distrito en Materia Penal del Estado de Nuevo León como autoridad ejecutora, el auto de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictado en la causa penal **********, en la que se calificó de legal el traslado de la quejosa en términos del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

3. Por razón de turno, la demanda fue remitida al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, quien lo radicó con el número **********, y el veinticuatro de abril siguiente, se declaró impedido para conocer del asunto, en virtud de tramitarse la causa penal de la que deriva el acto reclamado.

4. Del impedimento referido, conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, quien lo radicó con el número ********** y, a la postre, lo calificó de legal. Por lo anterior, ordenó que se remitiera la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado, a fin de que lo turnara a cualquiera de los Juzgados de Distrito de la materia, a excepción del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado.

5. El asunto se remitió al Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. El trece de mayo de dos mil diecinueve, estimó que era legalmente incompetente para conocer del asunto, por lo que se remitió al Juez Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. Este último lo radicó con el número **********; sin embargo, consideró que no le correspondía avocarse al conocimiento del juicio de amparo.

6. Debido a ello, dicho órgano jurisdiccional planteó conflicto competencial, que se radicó ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, bajo el número **********. En sesión de once de julio de dos mil diecinueve, resolvió que correspondía conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León.

7. El siete de agosto de dos mil diecinueve, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal citado, admitió a trámite la demanda de amparo con el número **********; solicitó a las autoridades responsables que rindieran su informe justificado; dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y ordenó emplazar a juicio como tercero interesado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado.

8. Hecho lo anterior, y seguida la secuela procesal del asunto, el Juez de Distrito en sentencia de quince de octubre de dos mil diecinueve, sostuvo la constitucionalidad del precepto legal invocado y determinó negar el amparo solicitado.

9. SEGUNDO.—Recurso de revisión. En contra de esa decisión, la quejosa, por conducto de su defensor público federal, interpuso recurso de revisión, el treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, cuyo conocimiento correspondió al Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito bajo el número **********. El ocho de abril de dos mil veintiuno, resolvió en el sentido de reservar jurisdicción a esta Suprema Corte, en virtud de que advertía que subsiste un problema de constitucionalidad sobre el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de que estimó que no existía precedente emitido por este Alto Tribunal. En ese mismo acto ordenó la remisión de los autos.

10. TERCERO.—Trámite ante este Alto Tribunal. Mediante acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte asumió la competencia originaria para conocer del recurso de referencia, lo tuvo por admitido y lo registró con el número 176/2021; asimismo, ordenó que se radicara en la Primera Sala, por incidir en la materia de su competencia y lo turnó a la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo a efecto de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

11. CUARTO.—Avocamiento. La presidenta de esta Primera Sala recibió los autos del recurso de revisión, se avocó al conocimiento del asunto y mediante proveído de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, ordenó enviar los autos a la ponencia encargada de formular el proyecto de sentencia respectivo.

CONSIDERANDO:

12. PRIMERO.—Competencia. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83 de la Ley de Amparo; 10, fracción II, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el punto segundo, fracción III, y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, en virtud de que esta Suprema Corte es competente para conocer en revisión de las sentencias dictadas en audiencia constitucional, por la que se reclamó la constitucionalidad de una norma de carácter general del orden federal, cuyo tema subsiste en revisión.

13. SEGUNDO.—Oportunidad. Es innecesario pronunciarse sobre la oportunidad con que se hizo valer el recurso de revisión, porque el Tribunal Colegiado verificó ese aspecto.

14. TERCERO.—Legitimación. La recurrente cuenta con legitimación para acudir al presente recurso, pues se ostentó como quejosa en el juicio de amparo indirecto del que aquél deriva, en términos de los artículos 5o., fracción I, y 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo.

15. CUARTO.—Elementos necesarios para resolver. A fin de estar en condiciones de resolver adecuadamente el problema planteado, es necesario reseñar los conceptos de violación que en su momento se expresaron (relacionados con la inconstitucionalidad del precepto cuestionado), las consideraciones de la sentencia recurrida (relativas a la materia de la competencia de este Alto Tribunal), así como los agravios hechos valer (sobre la indicada temática).

I. Demanda de amparo.

Cabe mencionar que los argumentos expuestos por la recurrente, fueron analizados y reagrupados, sin que necesariamente se siga el orden planteado en el escrito de agravios. Lo anterior no impacta en los principios de exhaustividad y congruencia, pues no se varían los hechos ni los puntos debatidos.

1. Que el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución es inconstitucional al facultar a la autoridad penitenciaria, a que con sólo una resolución administrativa, pueda ordenar el traslado de personas privadas de su libertad, pues se sustituye al órgano jurisdiccional, quien sólo califica la legalidad de la determinación; transgrediendo, por tanto:

1.1. El artículo 21 constitucional, que consagra que es facultad exclusiva de la autoridad judicial la imposición de penas, su modificación y duración; y, por tanto, es la única autoridad que puede resolver sobre el traslado, ya que este acto atañe a la libertad ambulatoria de los internos en un centro de reclusión.

1.2. El derecho de audiencia y de defensa, cuya teleología es que la persona tenga la oportunidad de ser vencida y oída en el juicio.

Que el hecho de que se notifique al Juez con posterioridad para que califique la legalidad de la determinación administrativa no garantiza su derecho de audiencia.

1.3. El principio de contradicción, ya que se convierte a la autoridad judicial en un Juez calificador de actos administrativos, dejando al arbitrio de la autoridad penitenciaria, la potestad para decidir unilateralmente respecto a su traslado, sin darle oportunidad de defenderse.

1.4. El artículo 18 constitucional, en perjuicio de su resocialización, al privarla del derecho de estar cerca de su familia.

1.5. El artículo 1o. constitucional, en particular el derecho de igualdad y el principio de progresividad; porque éstos se restringen, cuando lo lógico sería generar todo lo necesario para que la persona privada de su libertad pueda ejercer el derecho de convivir con su familia y tener mejores oportunidades de salud, que se anularían en el caso de alejarla de sus seres queridos.

1.6. Que es ajeno a la perspectiva de género al no distinguir si se trata de hombres o mujeres, cuando estas últimas por su especial condición de vulnerabilidad, requieren un trato diferente.

1.7. Que el que sean alejadas de sus hogares puede provocar afectación a los derechos de la niñez, al no considerar que son madres de familia.

2. Que al actuar la juzgadora con base en el inconstitucional artículo 52 impugnado y no aplicar el principio pro persona, violenta la Carta Fundamental.

II. Sentencia del Juez de Distrito.

• Que son ciertos los actos legislativos reclamados al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, pues así se desprende de sus informes justificados.

• Que es cierto también el acto atribuido al "secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado en Funciones de Juez de Distrito" consistente en la determinación del veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en la que se calificó de legal el traslado de la quejosa.

• Que existe el acto de aplicación de la disposición legal impugnada, puesto que sirvió de apoyo para calificar de legal el traslado de la amparista, sin que se aprecie la existencia de alguna causal de improcedencia, contra el citado acto de aplicación.

• Que no se soslaya que en contra del acto reclamado procede también el recurso de apelación, pero que el artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, establece que cuando procede algún recurso en contra del primer acto de aplicación de una norma, es optativo para el interesado hacerlo valer, o bien impugnarla en el juicio de amparo.

• Que no escapa a su consideración que en el oficio signado por la encargada interina del despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Femenil se fundamenta en el artículo 52 impugnado; sin embargo, que no procede determinar, que sea el primer acto de aplicación de la norma, porque el traslado de un centro de reclusión a otro, constituye una unidad de actos y no se trata de una sucesión de actos independientes entre sí. Que al respecto resulta aplicable el criterio aislado del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de título y subtítulo: "TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO SIN AUTORIZACIÓN JUDICIAL PREVIA. EL PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL CONSTITUYE UN SOLO ACTO INTEGRADO POR UNA FASE ADMINISTRATIVA Y OTRA JUDICIAL, POR LO QUE NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DE CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO EL JUEZ DE CONTROL LO CONVALIDA."

• Que no le asiste la razón a la quejosa en cuanto refiere que el multicitado artículo 52 transgrede lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales; porque mientras el segundo párrafo del artículo 14 constitucional contempla los actos privativos; es decir los que producen la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, a través del cumplimiento de requisitos que en el mismo se indican, tales como la exigencia de un juicio seguido ante tribunal previamente establecido; que cumpla con las formalidades del procedimiento, en el que se apliquen las leyes expedidas antes del hecho juzgado. Que para la emisión de estos actos es menester que se cumplan las formalidades del procedimiento, entre las que se encuentra la audiencia previa.

El artículo 16 se refiere a los actos de molestia, entendiéndose por tales, aquellos que, pese a que constituyen afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, con el fin de proteger ciertos bienes jurídicos y son autorizados por autoridad competente, en mandamiento por escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento. Que en este caso no se requiere se otorgue audiencia previa al gobernado.

Que el traslado emitido y ejecutado por la autoridad penitenciaria, participa de la naturaleza de un acto de molestia y, por ende, para su emisión no es necesaria la audiencia previa del afectado, que al respecto son aplicables los siguientes criterios: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO. LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, QUE FACULTA A LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PARA EMITIRLA Y EJECUTARLA EN CASOS ESPECÍFICOS MEDIANTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ES TRANSITORIA EN LA MEDIDA EN QUE NO CONLLEVA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE ESE ACTO DE MOLESTIA." Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CUANDO LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NO LOGRA SU CONVALIDACIÓN EN CASO DE QUE ALEGUE UN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN." Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, y "ORDEN DE TRASLADO.DEBE REUNIR LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL." Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.

• Que, en ese tenor, el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece la excepción al traslado voluntario, en el que no se contempla la audiencia previa, no contraviene el artículo 14 constitucional, pues al consistir en un acto de molestia y no privativo, se rige conforme al artículo 16 de la Norma Suprema y, por tanto, para su dictado, no es necesario que escuche antes al afectado, que en ese tenor es infundado el motivo de disenso planteado por la quejosa.

• En relación con el argumento en el que se aduce que, se convierte a la autoridad judicial, en un Juez calificador de actos administrativos consumados, determinó que no le asiste la razón, ya que el Juez a cuya disposición se encuentra el gobernado, se encuentra en aptitud de analizar si éste estaba en los supuestos de dicho numeral para proceder al traslado excepcional, y de no ser así, ordenar el retorno del afectado al centro de reclusión en que se encontraba, porque el acto no se considera consumado de manera irreparable.

• Que con relación al acto de aplicación se estima infundado el concepto de violación de la quejosa en el que refiere que no se respetó la garantía de audiencia, porque:

– De las constancias allegadas por la encargada del centro de reinserción se desprendía la resolución de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, firmada por el encargado de la Dirección Jurídica de la Agencia de Administración Penitenciaria de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien tomó en consideración, para autorizar el traslado de la amparista, que no se contaba, por el momento, con un área especial destinada para albergar personas que requieran medidas especiales de vigilancia.

– Que la autoridad penitenciaria invocó la recomendación 20/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a eliminar problemas de sobrepoblación, hacinamiento, clasificación inadecuada y autogobierno, que generen ambientes de violencia.

– Que los centros penitenciarios estatales contaban con un nivel de seguridad medio bajo.

– Que por lo anterior, la responsable sostuvo que del artículo 18 constitucional se desprendía que las personas privadas de su libertad, debían cumplir con la resolución judicial privativa de libertad en los centros penitenciarios cercanos al lugar en que se lleva el proceso, hecha excepción (sic) de los delitos de delincuencia organizada y respecto de personas que requieran medidas especiales de seguridad; y, que en estos casos la autoridad administrativa puede ordenar el traslado de las personas privadas de la libertad a través de resolución administrativa, pero se debe notificar al Juez competente para que califique la legalidad o no del traslado. Que el traslado de la quejosa al Centro Federal de Readaptación Social Número 16 CPS Femenil Morelos, se encontraba justificado.

– Que en ese tenor era infundado el argumento respectivo, sin que se aprecie que el acuerdo impugnado resulte violatorio de derechos humanos en su perjuicio, pues se encuentra debidamente fundado y motivado.

III. Agravios.

• Señaló como fuente de agravio, el resolutivo único de la sentencia dictada en el juicio de amparo **********.

• La resolución dictada por el Juez primario agravia a la quejosa, al concluir que el artículo 52 impugnado es constitucional, y también el acuerdo en el que se calificó de legal el traslado de la quejosa, pues constituye un acto de molestia, y por ello no es necesario que antes de su emisión se escuche al sujeto afectado, requiriéndose solamente que se emite por escrito, por autoridad competente y con la debida fundamentación y motivación.

• Estimó que en caso de aceptarse que se trata de un acto de molestia, éste no reúne el requisito relativo a que debe emitirse por autoridad competente pues, insiste, en que la única autoridad legal y constitucionalmente competente para ordenar un traslado es la autoridad judicial.

• Por ello, la determinación recurrida contradice la Norma Suprema en lo atinente a la ejecución de las penas y soslaya el principio de interpretación más favorable, en tanto impide que la quejosa sea oída y vencida en juicio.

16. QUINTO.—Procedencia. El recurso de revisión es procedente, porque se interpuso contra una sentencia de un Juez de Distrito, que se dictó en audiencia constitucional de un juicio de amparo indirecto, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, se surten los extremos del punto tercero, con relación al segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013.

17. Al respecto, es necesario señalar que del análisis de la resolución dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión de ocho de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se reservó jurisdicción a este Alto Tribunal para el conocimiento de las cuestiones de constitucionalidad ahí ventiladas, se advierte que dicho órgano estimó que no se actualizaba causal alguna de improcedencia pues no hubo alegaciones en tal sentido y tampoco el Juez de amparo ni el órgano colegiado referido advirtieron alguna de oficio.

18. En ese tenor, deben quedar firmes las consideraciones sostenidas por el Juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, relacionadas con la procedencia del juicio de amparo promovido en contra del primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, del cual deriva la presente secuela procesal. Ello, al no haber sido impugnadas por alguna de las partes y debido a que no se advierte la actualización de alguna diversa por parte de esta Sala.(1)

19. SEXTO.—Estudio de constitucionalidad. Como se advierte con la lectura de las síntesis anteriores, el planteamiento toral de la parte quejosa, radica en que, a su juicio, el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal –en el que se sustenta la convalidación del traslado excepcional que reclama– es contrario al actual régimen constitucional de ejecución de sanciones penales, en el cual aunque la autoridad jurisdiccional es quien debe vigilar todo lo atinente a su compurgación, permite que la autoridad administrativa ordene el traslado de una persona privada de la libertad, transgrediendo así sus derechos de audiencia y defensa.

20. Al respecto, el Juez de Distrito desestimó por infundados los conceptos de violación respectivos, medularmente al considerar que no actualiza la alegada incompatibilidad con el orden fundamental, dada la naturaleza del acto que reclama, acto de molestia, porque en ese supuesto no es dable estimar que las autoridades que lo ordenan, se encuentren constreñidas a conceder la audiencia que prescribe el artículo 14 de la Constitución Federal.

21. Dicha determinación se combate en vía de agravios por la parte quejosa, aduciendo que aun cuando el acto pudiera considerarse como un acto de molestia y no uno privativo, éste debía ser emitido por autoridad competente, pero que, en el caso, se había ordenado por una autoridad administrativa y no una judicial, por lo que era inconcuso que la norma que permitía tal mecanismo de traslado era contraria al régimen constitucional al efecto establecido.

22. En ese orden, dado que se controvierte la declaración de constitucionalidad sostenida por el Juez de Distrito, la materia del presente asunto consiste en determinar si los agravios de la parte quejosa desvirtúan dicha determinación de constitucionalidad de la norma.

23. Conforme a lo señalado, el estudio de constitucionalidad del presente asunto se hará abordando los siguientes apartados: I. La judicialización de las penas en el nuevo marco constitucional; II. El derecho a compurgar la pena en el lugar más cercano al domicilio; III. Régimen de traslados en la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, IV. Análisis del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

I. La judicialización de las penas en el nuevo marco constitucional

24. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018,(2) precisó que la reforma constitucional a los artículos 18 y 21 de la Constitución Federal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho y que entró en vigor al día siguiente; así como la reforma que se publicó el diez de junio de dos mil once, de los artículos 18 y 1o. constitucionales,(3) introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y la judicialización del régimen de penas, lo que a la postre representó que se ejerciera un verdadero control judicial del sistema penitenciario.

25. El conjunto de esas reformas, puso de manifiesto que no sería posible transformar el sistema penitenciario del país, si la ejecución de las penas continuaba bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo, por lo que se adujo que para lograr esa transformación, era necesario reestructurar el sistema, circunscribiendo únicamente la facultad de administrar las prisiones al Poder Ejecutivo, y confiriendo al Poder Judicial la potestad de ejecutar lo juzgado, a través de la creación de la figura de los "Jueces de ejecución de sentencias".

26. Reforma constitucional que tenía diversas finalidades, entre otras, evitar el rompimiento de una secuencia derivada de la propia sentencia, por lo que el Poder Judicial vigilaría que la pena se cumpliera estrictamente, en la forma como se pronunció en la ejecutoria; terminar con la discrecionalidad de las autoridades administrativas en torno a la ejecución de dichas sanciones; y que el respeto a los derechos humanos fuera una de las bases sobre las que se debía organizar el sistema penitenciario nacional, junto con el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte.

27. El Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, al resolver entre otros, el amparo en revisión 151/2011, del que derivó la jurisprudencia de rubro: "PENAS. SU EJECUCIÓN ES COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL, A PARTIR DEL 19 DE JUNIO DE 2011.", examinó la primera de las reformas, y concluyó que, a partir de la misma, todas las cuestiones de trascendencia jurídica que pudieran surgir durante la ejecución de la pena y los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, debían quedar bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal.

28. Asimismo, se estableció que cualquier controversia que se suscitara por parte de los sentenciados respecto de dichas cuestiones, su conocimiento y solución correspondería a los Jueces; lo que implicó un verdadero cambio fundamental en cuanto a la vía a instar, porque pasó de la administrativa a la penal.

29. Ahora, correspondía a las autoridades judiciales en materia penal, en especial a los Jueces de Ejecución, tanto en el ámbito federal como local, asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que se podían producir dentro del centro de reinserción social en el cumplimiento de aquéllas, así como las decisiones que sobre dicha ejecución podía adoptar la administración penitenciaria, velando siempre porque los derechos humanos se garanticen y efectivicen.

30. En el artículo quinto transitorio, del decreto de reforma correspondiente, se fijaron los plazos y condiciones para que los aludidos modelos de reinserción social y judicialización en la ejecución de penas entraran en vigor, a saber, cuando la legislación secundaria respectiva lo estableciera, sin que pudiera exceder del plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de su publicación, esto es, el diecinueve de junio de dos mil once.

31. En esa misma línea, la ejecutoria de la referida contradicción destacó que, con motivo de las citadas reformas y con el propósito de lograr la unificación de procedimientos y criterios, así como de dotar certeza y seguridad jurídica a los justiciables, el Constituyente otorgó facultades al Congreso de la Unión para crear una legislación única en materia de ejecución penal que reglamentara las reformas constitucionales.

32. Así, el ocho de octubre de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal.(4) Y, en el inciso c), de dicho precepto, se establecieron facultades legislativas al Congreso de la Unión para expedir, entre otros ordenamientos legales, la legislación única en materia de ejecución de penas, que debía regir en la República Mexicana, tanto en el orden federal como en el orden común.

33. En suma, la intención del Poder Reformador fue la de establecer un mecanismo constitucional que facultara al Congreso de la Unión para expedir, entre otros ordenamientos, una ley de ejecución de sanciones penales única, aplicable a todo el territorio nacional, reforzando la idea de la seguridad jurídica, de un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento.

34. Al respecto, en el régimen transitorio del decreto de reforma constitucional, particularmente en su artículo segundo transitorio, se estableció que la legislación única en materia de ejecución de penas que expidiera el Congreso de la Unión tendría que entrar en vigor a más tardar el dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

35. De las razones expuestas por el Constituyente, se aprecia que la finalidad de crear una legislación única en materia de ejecución de penas fue propiciar mayores herramientas que permitieran consolidar la reforma constitucional al sistema de ejecución de sanciones penales, optimizando y potencializando su implementación en los diversos órdenes de gobierno, bajo una óptica de cooperación y coordinación plena entre todas las instancias involucradas en el sistema, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas.

36. Asimismo, porque el federalismo también implicaba la instrumentación eficaz del sistema penitenciario, por lo que una legislación única contribuiría de manera directa en hacer eficiente la responsabilidad otorgada a las entidades federativas y a la Federación, respecto de la implementación del sistema de ejecución de sanciones penales.

37. Se resaltó que la nueva ley obedecía al mandato contenido en el decreto del dieciocho de junio de dos mil ocho, que reformó la Constitución en materia de justicia penal y seguridad pública. En la cual, se reglamentan los derechos establecidos en los preceptos constitucionales 18 y 21, en la parte relativa a la judicialización de la ejecución penal y al régimen de reinserción social.

38. Se indicó que mediante la ley única se buscaba que el Estado asumiera una serie de responsabilidades particulares, a fin de que las personas privadas de la libertad, tuvieran las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que no se suspenden ni se restringen por estar cumpliendo una resolución judicial penal privativa de la libertad, siendo obligación del Estado, velar por su respeto y garantía, mientras se encuentren bajo su custodia directa.

39. De igual

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30272-292eb691/orden-de-traslado-de-un-centro-penitenciario-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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