EXCEPCIÓN AL TRASLADO VOLUNTARIO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE EJECUTARSE EN BREVE TÉRMINO.
AMPARO EN REVISIÓN 155/2023. 25 DE ENERO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y ENCARGADO DEL ENGROSE: RICARDO PAREDES CALDERÓN. SECRETARIO: JUAN EUGENIO CECILIO.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO. Estudio de fondo. Acorde con el precepto 75 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en esta sentencia el acto reclamado, consistente en la resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, dictada en el toca **********, se apreciará tal y como aparece probado; lo que implica que este órgano de control constitucional no puede sustituir a la autoridad responsable para fundamentar y motivar la resolución con diversos o adicionales argumentos, ni apoyarse para tal efecto en probanzas que no consten ante aquélla al momento de pronunciarlo, así como las que no tuvo en cuenta al emitirlo.
No obstante, ante la ausencia de la figura procesal del reenvío, en términos de la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, de ser el caso, reasumirá jurisdicción en las partes que se estimen conducentes, con el fin de efectuar el pronunciamiento sobre las cuestiones que así lo ameriten, sin que dicha situación cause indefensión a la ahora inconforme, antes bien, dota de certeza jurídica a la determinación que se dicte.
Aplica a lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.C. J/268,(13) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro:
"SENTENCIAS DE AMPARO. AL NO EXISTIR REENVÍO EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOZCA EN REVISIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS DEBE CORREGIR DE OFICIO, EN LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE LA EJECUTORIA QUE PRONUNCIE, LAS IMPRECISIONES QUE ADVIERTA EN LOS ACTOS RECLAMADOS Y LOS DISTINTOS SENTIDOS EN QUE SE RESUELVAN, A FIN DE EVITAR LA INCONGRUENCIA EN ÉSTAS."
Ahora bien, dado el sentido de la presente determinación, resulta necesario recordar que de los antecedentes previamente señalados se advierte que ********** se encontraba privado de su libertad en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo, Estado de México, pero en sesión de veintiuno de enero de dos mil veintidós, el Comité Técnico del referido centro resolvió viable, procedente y adecuado solicitar al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, el traslado definitivo del recurrente, ya que el lugar donde se encontraba detenido contaba con un nivel de seguridad medio bajo y, dadas las características y perfil criminológico del ahora recurrente, era necesario para el Estado llevar a cabo una medida de protección y seguridad para el restablecimiento del orden y gobernabilidad del centro penitenciario, en uno de orden federal.
Adicionalmente, se determinó que al realizar un –análisis de riesgo– del interno en cuestión por diversas áreas del centro penitenciario en el que se encontraba, se advirtió que ha sido trasladado en diversas ocasiones, para concluir que se trata de una persona altamente riesgosa y que merece medidas especiales de seguridad, pues se precisó que presenta una capacidad criminológica alta, adaptabilidad social baja, índice de riesgo social alto, que se ha visto involucrado en situaciones de riesgo, presenta conductas graves y reiteradas de daño, y actos de violencia en perjuicio, al atentar contra la integridad física de otras persona privadas de la libertad.
Asimismo, que no tiene respeto a las autoridades, ni a las propiedades de la institución ni de sus compañeros y no se sujeta a normas establecidas; aunado a que ha sido trasladado a diversos centros de reclusión por medidas de seguridad, y se hizo merecedor a un correctivo disciplinario el tres de noviembre de dos mil trece, por tentativa de robo, con sanción de diez días de separos, por lo que se consideró que era evidente que ponía en riesgo la gobernabilidad del centro penitenciario.
De esta manera, los integrantes de las áreas de –medicina, psicología, educativa, trabajo social, laboral, seguridad penitenciaria y criminología– que conforman el Comité Técnico del referido Centro Penitenciario, determinaron "proponer para su traslado definitivo por medidas de seguridad a un Centro Federal y de Readaptación Social" a **********.
En ese sentido, mediante oficio SSPC/PRS/04735/2022, de seis de abril de dos mil veintidós, el Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, que mediante resolución administrativa emitida con número de oficio SPS/PRS/04734/2022 de esa misma data, con motivo de la solicitud realizada por dicha dirección a través del ocurso 20602001000000l/DGPRS/04238/2022, de tres de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el traslado de **********, entre otras personas privadas de la libertad, del Centro Preventivo y de Reinserción de Tenancingo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste".
La cual se autorizó el cinco de mayo de dos mil veintidós, mediante misiva 20602001000000L/DGPRS/9285/2022, suscrita por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, por lo que el traslado en comento se realizó a la una antes de meridiano, del seis siguiente.
Una vez trasladado al ahora recurrente, mediante oficio CPR/DIR/100/2022, de seis de mayo de dos mil veintidós, el encargado del Despacho de la Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social, Tenancingo, Estado de México, solicitó al Juez de Ejecución Penal de ese mismo distrito judicial, la convalidación a la excepción de traslado voluntario por medidas de seguridad, realizado el seis de mayo de dos mil veintidós, en cumplimiento al oficio 20602001000000L/DGPRS/9285/2022, de cinco de ese mismo mes y año.
En la misma fecha, el juez de Ejecución Penal tomó conocimiento del traslado de **********, atendiendo a que requiere medidas especiales de seguridad, coadyuvando a su vez a mantener la gobernabilidad y estabilidad del Centro Penitenciario en que se hallaba interno.
De esta forma, por resolución emitida en esa misma data, el juez de Ejecución Penal del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, calificó de legal el traslado del reo, con base en la hipótesis prevista en el artículo 52, fracciones I y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues consideró que requería medidas especiales de seguridad, con el objetivo de no poner en riesgo la seguridad y gobernabilidad el Centro Penitenciario.
En desacuerdo con esa decisión, el sentenciado interpuso recurso de apelación, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, donde se registró como toca ********** y mediante resolución de tres de octubre de dos mil veintidós, confirmó la determinación recurrida.
Determinación en contra de la cual ********** promovió juicio de amparo indirecto, el cual fue resuelto el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de negar el amparo solicitado.
Sentencia en contra de la cual el accionante y su defensa pública interpusieron el presente recurso de revisión.
Establecido lo anterior, debe decirse que el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, para sostener la constitucionalidad del acto reclamado expuso, medularmente, las siguientes razones:
- El acto materia de reclamo cumple con las exigencias de fundamentación y motivación, previstas en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, en virtud de que la responsable se apoyó en los preceptos legales invocados y aplicables al caso concreto, en adición a lo cual se expresaron los argumentos lógico-jurídicos en sentido de razonabilidad y suficiencia para justificar que fue legal la decisión de primera instancia en torno a la validación del traslado del quejoso.
Lo anterior, atendiendo a que se estimó que la permanencia del ahora recurrente en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo, Estado de México, representaba un riesgo objetivo para la integridad del centro, al encontrarse sobrepoblado, debido a que se requieren medidas especiales de seguridad, estabilidad, gobernabilidad y tranquilidad del centro, pues aquél cuenta con capacidad criminógena para vulnerar la seguridad institucional, generando su estadía un estado de peligro para la integridad física de la población recluida y la seguridad y orden del centro, atendiendo a sus condiciones especiales –peligrosidad–.
- Aun cuando conforme a lo dispuesto en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde al juez de Ejecución autorizar las órdenes de traslado, lo cierto es que en el caso de medidas de seguridad especiales que pongan en riesgo la seguridad integral o gobernabilidad del centro penitenciario, la autoridad administrativa sin autorización previa puede realizarlo, siempre y cuando, una vez efectuado, lo informe con prontitud a la autoridad judicial quien, a su vez, estará en la aptitud y obligación de validar dicho acto.
- El traslado efectuado contra ********** fue idóneo para garantizar el derecho fundamental de los internos, a la seguridad y la vida, así como la gobernabilidad del centro penitenciario, los cuales son esenciales para los fines de la reinserción y el cumplimiento de las obligaciones que adquiere el Estado con las personas privadas de su libertad, previstos en el artículo 18 de la Constitución Federal.
Lo anterior, señala, pues el sentenciado requiere medidas especiales de seguridad y, por lo tanto, se pone en peligro la seguridad e integridad del resto de la población, pues ese acto conlleva la aplicación de una norma de carácter general, como lo es el caso de excepción a que se refieren las fracciones I y III del numeral 52 del ordenamiento legal invocado.
- Reiteró que ********** presenta una capacidad criminológica alta, adaptabilidad social baja, un índice de riesgo social alto, que se ha visto involucrado en situaciones de riesgo, presenta conductas graves y reiteradas de daño, actos de violencia en perjuicio de alterar contra la integridad física de otras personas privadas de la libertad; no tiene respeto a las autoridades, ni a las propiedades de la institución, ni de sus compañeros y no se sujeta a la normas establecidas; también, desatacó que ha tenido varios traslados por medidas de seguridad de Otumba a Tenancingo, Estado de México, así como de Tenancingo a Otumba, Estado de México y un correctivo disciplinario.
- Que con la medida adoptada la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 11 y 38 de la Ley Nacional de Ejecución de Penas, relativo a las obligaciones de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario y normas disciplinarias, se procuraron no sólo los derechos fundamentales del sentenciado, sino también los del resto de la población; en ese sentido, estimó que la resolución apelada era congruente con tales principios, cuenta habida que el sentenciado no acató las normas de reclusión, tan es así que como se ha establecido, presenta conductas graves y reiteradas de daños, actos de violencia en perjuicio al atentar contra la integridad física de otras personas privadas de la libertad; no tiene respeto por las autoridades, ni a las propiedades de la institución ni de sus compañeros, ni se sujeta a las normas establecidas, y ha sido trasladado en dos ocasiones por medidas de seguridad, además del correctivo disciplinario por tentativa de robo.
- Que fue correcto que el sentenciado se sujetara al procedimiento de excepción para traslados urgentes, el cual fue realizado por la autoridad penitenciaria mediante resolución administrativa, pues en el caso se justificó que con la permanencia del ahora recurrente se encontraba en riesgo la seguridad y gobernabilidad del Centro Penitenciario, o bien, el interno requiera medidas especiales de seguridad, en el caso, tales hipótesis actualizaban el traslado.
- En ese sentido, la jueza de Distrito estimó que sí hubo razones justificadas para que el traslado de ********** se llevara a cabo bajo el procedimiento de excepción que permite la ley en las fracciones I y III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
Acotado lo anterior, debe decirse que el agravio efectuado por el quejoso recurrente, identificado con la letra B,(14) resulta esencialmente fundado, aunque para ello haya que suplirlo en su deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo y suficiente para otorgar la tutela Federal impetrada. Se explica.
Con motivo de la reforma al artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Federal, publicada el ocho de octubre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en el inciso c) de dicho precepto la facultad del Congreso de la Unión para expedir, entre otros ordenamientos legales, la legislación única en materia de ejecución de penas que debía regir en la República Mexicana, tanto en el orden federal como en el orden común, con la finalidad de garantizar un procedimiento de ejecución de sanciones expedito, eficaz y eficiente, que redujera la confrontación de criterios, que se aplicara de manera uniforme en todo el país y en condiciones de igualdad para el sentenciado y demás intervinientes en el procedimiento.
De esta manera, el dieciséis de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor al día siguiente –de conformidad con el artículo primero transitorio de dicha norma general–, cuyo numeral 1o., establece que su objetivo es establecer las normas que debían observarse durante el internamiento por prisión preventiva, ejecución de la pena y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial.
Al respecto, el artículo 18 constitucional reconoce el derecho fundamental de los sentenciados a compurgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano a su domicilio; sin embargo, al precisar que los Gobiernos de la Federación y de los Estados podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos en sus respectivos ámbitos, extingan las penas impuestas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción distinta, el propio legislador estimó que dicha prerrogativa no tenía carácter de absoluto, restringiéndola en el párrafo octavo del citado artículo, a los casos en que:
i) el delito por el que la persona fue sentenciada, se trate de delincuencia organizada; y,
ii) que la persona interna requiera medidas especiales de seguridad; aspecto que la citada Ley Nacional reglamentó en el numeral 49.
De esta manera, el capítulo V de la citada ley establece tres supuestos de traslados nacionales: a) voluntario, b) involuntario; y, c) excepción al traslado voluntario.
El traslado voluntario que regula el artículo 50, se constituye como una regla general, atendiendo que su procedimiento es el que debe realizarse para todos los traslados de los sentenciados o procesados; esto es, resuelta por la autoridad jurisdiccional, atendiendo que aquél tiene su origen cuando la persona privada de la libertad, con la asistencia de un defensor, manifiesta ante el juez respectivo su interés en ser trasladada a un centro penitenciario distinto de aquel en que se encuentra, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la de destino o, en su caso, entre aquélla y la Federación, quien verificará que se cumplan con los requisitos constitucionales y legales para su autorización.
Por cuanto hace al traslado involuntario, el artículo 51 de la legislación en estudio dispone la observancia de la misma regla que el voluntario; esto es, que sea autorizado previamente en audiencia pública por el juez –de Control o de Ejecución–, según sea el caso, a instancia del Ministerio Público o la autoridad penitenciaria y sin que haya intención de la persona privada de la libertad de ser trasladada, pues de autorizarse, cuenta con el recurso de apelación para impugnar la decisión.
Finalmente, con relación a la excepción al traslado voluntario que contempla el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, debe decirse que el mismo no requiere, a diferencia de los dos anteriores, autorización judicial previa, ya que se actualiza por medio de resolución administrativa emitida por la autoridad penitenciaria, cuando se trata de los casos específicamente señalados en la ley –I delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, III se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario–; sin embargo, aquélla debe dentro de las veinticuatro horas siguientes, notificar de la misma a la autoridad judicial quien, a su vez, dentro de las cuarenta y ocho subsiguientes deberá calificar la legalidad de la determinación, contra la cual el involucrado podrá interponer apelación, pero de ser omisa, estará facultado para interponer el recurso de controversia judicial.
Sin embargo, al hallarse acotada la aplicación de dicho mecanismo a supuestos específicos, resulta inconcuso que los mismos hacen referencia a situaciones de urgencia, al hallarse de por medio nociones de interés superior, como la seguridad, la integridad personal y la salud, que por su naturaleza exigen una celeridad que los procedimientos contemplados en los numeral 50 y 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal podrían coartar, en detrimento de las personas sujetas al traslado, pues aun cuando en la fracción I del precepto 52 se prevén casos en los que están involucrados ilícitos de delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad, el mismo constituye un caso de excepcionalidad.
En otras palabras, al prever este tipo de supuestos, la ley reconoce la necesidad de privilegiar, en todo momento, la vida, la seguridad y la salud de los internos, así como la seguridad del propio centro penitenciario y su gobernabilidad, pues en esos casos, la omisión de realizar los traslados podría generar situaciones de gravedad o riesgo, ya sea para el propio interno que solicita el amparo, o bien, para el resto de la población del centro de reclusión e, incluso, para el propio sistema penitenciario.
De lo antes expuesto, se obtiene que el común denominador entre el traslado voluntario e involuntario es la intervención previa de la autoridad judicial, quien tendrá la facultad de contrastar los motivos por los que se solicita aquél, pues su injerencia es el único mecanismo objetivo con el que cuentan las personas privadas de la libertad para hacer valer sus derechos; además, dota de certeza jurídica tanto a la solicitud del traslado, como al sistema en que éste se lleva a cabo.
En tanto que, en los supuestos previstos en la excepción al traslado voluntario, el legislador tuvo presente que pudieran existir casos –salvo los de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad–, en los que razonable y justificadamente la autoridad administrativa necesite ejecutar un traslado, sin que por las circunstancias fácticas le fuera posible acudir ante un juez para su autorización, otorgándole una facultad extraordinaria para justificar el ejecutar un traslado sin intervención judicial.
En este sentido, si bien la Ley Nacional no veda la posibilidad de la autoridad penitenciaria de optar por el traslado involuntario o la excepción al voluntario, al no prever una limitante en tal sentido, lo cierto es que de optar por este último, debe sujetarse a las hipótesis ahí contenidas; en este sentido, resulta de gran importancia establecer el momento en que se lleva a cabo la decisión respecto del traslado involuntario de un interno, pues si aquélla se materializa sin colmar alguno de los hipotéticos normativos de urgencia, esto es, que se pongan en peligro bienes como la vida, la integridad, la seguridad, etcétera, resulta necesario recabar la autorización judicial –artículo 51– previo a su realización; y, sólo en el supuesto que se actualice uno de los supuestos en comento, podrá excluir a la autoridad judicial de aquel procedimiento –artículo 52–, aun cuando sea esta última quien determine, en su momento, la legalidad del mismo, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo –control judicial–.
En ese orden, la interpretación literal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permite advertir que aun cuando aquél se denomine como "Excepción al Traslado Voluntario", lo cierto es que al no requerir como presupuesto necesario para su realización, el interés de la persona privada de la libertad –como ocurre en el involuntario–, ni la anuencia de la autoridad jurisdiccional –como acontece tanto en este último como en el voluntario–, aun cuando pueda considerarse lato sensu como "excepción al voluntario".
Lo cierto es que en estricto sensu es una exclusión del traslado involuntario, pues al entrañar éstos dos procedimientos regulados por la propia ley, que inician con la determinación administrativa de trasladar a un interno a un lugar diverso y culmina cuando el juez se pronuncie sobre la legalidad de ésta, ya sea para que la autoridad penitenciaria pueda ejecutarlo (involuntario) o bien, resuelva sobre la legalidad de la medida (excepción al traslado voluntario); ello obedece a la peculiaridad de que la autoridad administrativa requiera o no proteger de una manera rápida –urgente– a la propia persona trasladada, a otros internos y al centro mismo, respecto de conductas –riesgo en la vida, la salud, la dignidad o seguridad de cualquier interno– o situaciones –gobernabilidad, civilidad y seguridad del centro de reclusión–, que los pongan en peligro; supuesto que no opera en los casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad, pues aun cuando se contengan en el numeral en cuestión, las restricciones en estudio no pueden ser cuestionadas, porque están establecidas en el propio texto constitucional.
En síntesis, el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece una de las excepciones al traslado voluntario (que dentro del sistema normativo al que pertenece es la regla general); en el cual, a diferencia del traslado contemplado en el artículo 51 de la normatividad en cita, no existe una autorización judicial previa para que las autoridades penitenciarias lo lleven a cabo, ya que se establece para determinados supuestos de urgencia, que ponen en peligro bienes como la vida, la integridad, la seguridad, etcétera. Sin embargo, lo anterior no significa que la autoridad judicial esté excluida de este procedimiento, ya que como se consagra en el mismo precepto, es esta autoridad la que debe determinar su legalidad, calificando las razones que motivaron a la autoridad penitenciaria a llevarlo a cabo (control judicial ex post).
De esa manera, atendiendo a que el agravio vertido por la parte quejosa se encamina a evidenciar que no se encuentra demostrada la urgencia que, se dice, existía para efectuar su traslado a diverso centro, y a través de la cual se justificó aquél.
En este sentido, debe reiterarse que como motivo de disenso, ********** reclama que el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, de forma indebida confirmó la calificación de legal de su traslado del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo, Estado de México, del Centro Preventivo y de Reinserción de Tenancingo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", dada la actualización del supuesto de excepción previsto en el artículo 52, fracciones I y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sin haber atendido de forma debida el contenido de la totalidad de las constancias que obraban en la carpeta de ejecución, pues era evidente que aquél no tenía el carácter de urgente o excepcional, atendiendo a que refirió que desde enero de dos mil veintitrés se realizaron gestiones a fin de poder realizarlo, lo que evidencia que se quita lo imperioso del mismo.
Por lo que resulta inconcuso que aquél debía ceñirse a lo previsto en el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y no en términos del diverso 52 de la citada normativa nacional, como lo confirmó la responsable.
Sobre esa base, se considera incorrecta la apreciación de la responsable con respecto al contenido de las documentales que fueron remitidas para justificar el traslado extraordinario de que fue objeto **********, pues sostuvo que su contenido permitía advertir que existían circunstancias suficientes para justificar que la autoridad penitenciaria ordenara y ejecutara la excepción de traslados sin autorización previa, prevista en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, aun cuando su contenido resultare discordante en algunos aspectos, poniendo de relieve que dicho traslado debió efectuarse de manera distinta.
Lo anterior es así, atendiendo que la responsable, para confirmar la convalidación del traslado efectuado, si bien analizó el contenido de las probanzas que fueron allegadas por la autoridad penitenciaria al juez de Ejecución de Sentencias, lo cierto es que no atendió de forma íntegra al contenido de la sesión de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en la cual el Comité Técnico del Centro Penitenciario y de Reinserción Social Tenancingo, Estado de México resolvió viable, procedente y adecuado solicitar al Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, el traslado definitivo de **********, entre otros.
Misiva que fue contestada por el Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mediante oficio SSPC/PRS/04735/2022, de seis de abril de dos mil veintidós, en el cual informó al Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, que mediante resolución administrativa emitida con número de misiva SPS/PRS/04734/2022, de esa misma data, con motivo de la solicitud realizada por dicha dirección el tres de marzo de dos mil veintidós, se ordenó el traslado del ahora recurrente del Centro Preventivo y de Reinserción de Tenancingo, Estado de México, para ser ingresado del Centro Preventivo y de Reinserción de Tenancingo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", al manifestar "me permito comunicar a Usted que esta Autoridad Administrativa autoriza el TRASLADO e INGRESO de las personas privadas de la libertad que a continuación se enuncian, a los Centros Federales de Readaptación Social señalados".
Luego, el cinco de mayo de dos mil veintidós, mediante oficio 20602001000000L/DGPRS/9285/2022, suscrito por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, se autorizó al Encargado del Despacho de los Asuntos de la Dirección del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México, a efecto de que procediera al egreso de **********, para ser ingresado del Centro Preventivo y de Reinserción de Tenancingo, Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste".
De ahí que, se insiste, la responsable soslayó que los oficios reseñados, hasta ese estadio procesal, eran suficientes para justificar que no se reunían los extremos que menciona el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para justificar la excepción de traslados sin autorización previa.
Es pertinente en este punto, insertar la parte conducente de los documentos por los que se estimó viable, procedente y adecuado solicitar el traslado de **********, de veintiuno de enero de dos mil veintidós, así como la autorización del mismo de seis de abril siguiente:
Ver documentos
Y si bien la documentación consistente en la determinación adoptada por los integrantes del Comité Técnico del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México; los reportes psicológico de evolución y criminológico de traslado; y la boleta de traslado definitivo, fueron emitidos el veintiuno de enero y seis de abril, ambos de dos mil veintidós, en tanto que el oficio 20602001000000L/DGPRS/9285/2022, el cinco de mayo siguiente, ello no modifica el momento en que, se dice, fue solicitado y autorizado el traslado e ingreso a diverso centro del ahora inconforme.
En consecuencia, se insiste, la responsable soslayó que en el caso, los medios de prueba reseñados, hasta este estadio procesal, corroboraban lo depuesto por el ahora inconforme relativo a que no se acredita la urgencia con que se realizó el traslado.
Ya que se advierte que transcurrieron ciento cinco días naturales previos a la fecha en que se efectuó su traslado "urgente", pues desde el veintiuno de enero de dos mil veintidós el Comité del centro en el que se encontraba ya se había pronunciado respecto a que era viable, procedente y adecuado el traslado de ********** y otros; y continuando con el trámite el seis de abril de ese mismo año, la autoridad administrativa Comisionado de Prevención y Readaptación Social autorizó el mismo, el cual aconteció treinta días después, es decir, el seis de mayo.
Por lo que resultaba inconcuso que aquél no reunía las características que para el mismo dispone el numeral 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y, en vía de consecuencia, las autoridades responsables estaban obligadas a ceñir su actuar a lo previsto en el artículo 51 de la citada Ley Nacional; esto es, autorizado previamente en audiencia pública por el juez de Ejecución.
En este sentido, debe decirse que si en el caso que nos ocupa, la responsable de forma desacertada efectuó el análisis de los documentos que fueron enviados por parte de la directora del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenancingo, Estado de México, para justificar el traslado del interno **********, realizado el seis de mayo de dos mil veintidós; y, con sustento en ellos, procedió a confirmar en su
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32396-f304c520/excepcion-al-traslado-voluntario-de-un-centro-penitenciario · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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