AUDIENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN. LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR EL JUEZ DE CONTROL DURANTE SU DESARROLLO, QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO RECLAMADO, AL CONSTITUIR ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SON IMPUGNABLES EN EL AMPARO INDIRECTO, SIN ESPERAR AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON QUE CULMINE ESE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY RELATIVA ES EL FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS TRAMITADOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. EXTRADICIÓN. SI SE IMPONE AL RECLAMADO COMO MEDIDA CAUTELAR SU DETENCIÓN OFICIOSA CON ESOS FINES, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DETERMINAR EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE AQUÉL DEBE PERMANECER PRIVADO DE SU LIBERTAD MIENTRAS SE SUSTANCIA EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, AUN CUANDO PREVIAMENTE SE HUBIERE EJECUTADO UN TRASLADO CON BASE EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN PASIVO A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EN SU TRÁMITE Y SUSTANCIACIÓN, ES INAPLICABLE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN TRAMITADO CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA A LA QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNANCIONAL, AL JUEZ DE CONTROL SE LE FORMULAN PETICIONES CUYA SOLUCIÓN EXIGE RAZONAMIENTOS EXHAUSTIVOS DADA SU COMPLEJIDAD, TIENE LA FACULTAD DE CITAR A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA DE DELIBERACIÓN PARA EMITIR SU DETERMINACIÓN.
AUDIENCIA DE CONOCIMIENTO DE LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN. LOS PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS POR EL JUEZ DE CONTROL DURANTE SU DESARROLLO, QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO RECLAMADO, AL CONSTITUIR ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SON IMPUGNABLES EN EL AMPARO INDIRECTO, SIN ESPERAR AL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON QUE CULMINE ESE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.
EXTRADICIÓN INTERNACIONAL. EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY RELATIVA ES EL FUNDAMENTO PARA SOLICITAR LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES EN LOS PROCEDIMIENTOS RESPECTIVOS TRAMITADOS CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL.
EXTRADICIÓN. SI SE IMPONE AL RECLAMADO COMO MEDIDA CAUTELAR SU DETENCIÓN OFICIOSA CON ESOS FINES, EL JUEZ DE CONTROL PUEDE DETERMINAR EL CENTRO DE RECLUSIÓN EN DONDE AQUÉL DEBE PERMANECER PRIVADO DE SU LIBERTAD MIENTRAS SE SUSTANCIA EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, AUN CUANDO PREVIAMENTE SE HUBIERE EJECUTADO UN TRASLADO CON BASE EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN PASIVO A ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. EN SU TRÁMITE Y SUSTANCIACIÓN, ES INAPLICABLE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL.
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIÓN TRAMITADO CONFORME A LOS PRINCIPIOS Y REGLAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI DURANTE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA A LA QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 24 Y 25 DE LA LEY DE EXTRADICIÓN INTERNANCIONAL, AL JUEZ DE CONTROL SE LE FORMULAN PETICIONES CUYA SOLUCIÓN EXIGE RAZONAMIENTOS EXHAUSTIVOS DADA SU COMPLEJIDAD, TIENE LA FACULTAD DE CITAR A LAS PARTES A UNA AUDIENCIA DE DELIBERACIÓN PARA EMITIR SU DETERMINACIÓN.
AMPARO EN REVISIÓN 76/2018. 12 DE JULIO DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FRANCISCO JAVIER SARABIA ASCENCIO. SECRETARIO: ERIK ERNESTO OROZCO URBANO.
CONSIDERANDO:
III.—Decisión. Por las razones que a continuación se explicarán, debe modificarse la sentencia recurrida y concederse el amparo a ********** –en adelante sólo **********–, pero para los efectos que este Tribunal Colegiado precisará en esta ejecutoria, a fin de reparar ciertas incongruencias detectadas en los efectos de la protección constitucional otorgada por el Juez de Distrito, en relación con los argumentos que dieron lugar a la misma.
Se hace hincapié que el orden en que se abordarán los temas a analizar en la presente determinación, será primero aquellos que los recurrentes proponen en sus correspondientes agravios en contra del fallo impugnado y, por último, se esgrimirán los motivos por los que este Tribunal Colegiado considera necesario modificar los efectos de la concesión del amparo que se le da a **********.
Pues bien, para comenzar el estudio de este asunto, en principio, es dable referir cuáles fueron los actos reclamados materia de sustanciación en la contienda constitucional, siendo que, al respecto, el Juez de Distrito los fijó del siguiente modo:
"El acuerdo emitido en audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, en el que se hizo del conocimiento al quejoso el contenido de la petición formal de extradición, diligencia en la que, entre otras cosas, se le impuso una medida cautelar de ‘prisión preventiva oficiosa’ (sic) en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número ‘Uno’, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por toda la duración del procedimiento de extradición que se sigue en su contra; asimismo, se negó el traslado del extraditable de dicho centro federal al Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta Ciudad.
"La ejecución de tal acto."
Actos respecto de los cuales el Juez de Distrito decidió amparar –para efectos– a **********, sustancialmente porque:
i. Si bien, por una parte, había sido correcto que se le decretara su detención oficiosa con fines de extradición (que el quejoso alegó como "prisión preventiva oficiosa"), ya que la conducta que el Gobierno de los Estados Unidos de América le imputa consiste, medularmente, en que se asoció para introducir a ese país cinco kilogramos de cocaína, cuya conducta tiene identidad con la hipótesis delictiva prevista en el artículo 194, fracción II, del Código Penal Federal; entonces, resultaba procedente imponer esa medida cautelar, en términos de la fracción XI del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que aduce que ameritan "prisión preventiva oficiosa" los delitos que se encuentran previstos –precisamente– en el numeral 194 de la legislación punitiva en cita.
ii. Pero, por otra parte, conculcaba derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, el hecho de que la autoridad responsable no se pronunciara respecto del lugar en donde debía estar recluido el impetrante mientras durara el trámite del procedimiento de extradición incoado en su contra, ya que fundó indebidamente su determinación en lo que hacía a ese apartado, al haber señalado que conforme al artículo 52, en relación con el diverso 32, ambos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el abogado del reclamado en extradición debió haber impugnado dentro de los plazos establecidos en dicha legislación, el traslado de que fue objeto su representado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez y, al no haberlo realizado, tal situación causó estado, por lo que no se encontraba en condiciones de pronunciarse respecto de tal circunstancia.
Situación que era incorrecta, puesto que la Ley Nacional de Ejecución Penal no es aplicable para los procedimientos de extradición, salvo el supuesto específico que refiere el artículo 32 de esa ley. Más aún, cuando la detención de la que fue objeto el justiciable, debe ser apreciada como un derecho humano.
Por lo que "nada le impedía (a la autoridad responsable) determinar la situación del reclamado en extradición en cuanto al lugar en donde deberá permanecer detenido por el tiempo en que se tramite el procedimiento de extradición."
Más adelante se hará referencia a los efectos por los que el Juez de Amparo le otorgó la protección constitucional a **********, al advertir el vicio formal señalado en el punto ii), pues lo que importaba era detectar y precisar –por lo que enseguida se analizará– los puntos torales que se sostuvieron en la sentencia recurrida –i) y ii)–, así como el motivo medular por el que se concedió el amparo a dicho quejoso –ii)–.
Y, es que de ese modo, serán más comprensibles los agravios argüidos por los recurrentes en sus respectivos recursos de revisión, los cuales, en síntesis, se hacen consistir en que:
1.********** (quejoso):
1.1. Adverso a lo establecido por el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, el quejoso está acusado del cargo de "asociación delictuosa" para distribuir sustancias controladas; siendo que esta conducta "distribuir" no se encuentra prevista en nuestra legislación dentro de aquellas prohibidas por el delito contra la salud, establecidas en el artículo 194 del Código Penal Federal. Por lo que, en su caso, esa conducta sería sancionable conforme al diverso 195 Bis de ese cuerpo de normas, siendo que este precepto no está dentro del catálogo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a los delitos que ameritan la "prisión preventiva oficiosa". De modo tal, que era procedente que se le determinara al quejoso una diversa medida cautelar.
1.2. El Juez responsable tenía que haber resuelto lo relativo a las medidas cautelares, con base en los argumentos que cada una de las partes esgrimió o alegó en el debate respectivo; sin embargo, no lo hizo, pues emitió su propio criterio supliendo el debate de la fiscalía, corrigiendo y subsanando su intervención, pues ésta sólo aludió a conceptos relativos al peligro de que el quejoso se sustrajera de la acción de la justicia y a que no se cumpliera con los tratados internacionales.
2. Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (autoridad responsable):
2.1. Se actualiza la causal de improcedencia denominada "litispendencia", pues la permanencia del quejoso en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", fue combatida por el quejoso en el juicio de amparo **********, del índice del Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual a la data aún no ha causado ejecutoria.
2.2. El Juez de Distrito no realizó un estudio completo del marco jurídico que rige al acto reclamado, soslayando las facultades y obligaciones conferidas a la autoridad responsable, así como el funcionamiento del sistema penitenciario federal.
Lo anterior, pues no tomó en consideración el contenido del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/20161/2017, de nueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que se autorizó el egreso del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Sur –en la Ciudad de México–, para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en el Estado de México, cuyo traslado se generó en cumplimiento de una medida urgente y necesaria para salvaguardar la seguridad institucional, ya que el agraviado está relacionado con delitos de alto impacto social.
Por lo que al requerir medidas especiales de seguridad, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, mediante oficio SG/SSP/4269/2017, de nueve de agosto de dos mil diecisiete, solicitó a la aquí autoridad responsable recurrente (comisionado) el traslado en mención, ya que el Reclusorio Preventivo Varonil Sur no cuenta con el personal de seguridad suficiente, así como tampoco su infraestructura es la idónea para garantizar la integridad física y la vida de los internos ante este tipo de casos.
3. Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de amparo:
3.1. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso "b)" (sic), todos de la Ley de Amparo, ya que los actos reclamados surgen durante la tramitación de un procedimiento seguido en forma de juicio, como lo es el procedimiento de extradición; por lo cual, el juicio de amparo instaurado es improcedente, ya que la sede constitucional sólo procede contra la resolución definitiva que se dicte en ese procedimiento.
En esa virtud, las cuestiones accesorias surgidas dentro del procedimiento de extradición, como lo fue la petición de que el Juez responsable se pronunciara con relación al lugar en donde el reclamado debería encontrarse durante el trámite de dicho procedimiento, es un acto procesal no definitivo, ya que esto acontece hasta que la Secretaría de Relaciones Exteriores concede la extradición del reclamado.
Por lo que si el juicio de amparo es improcedente contra los actos intraprocesales que se señalaron como actos reclamados, como lo es la audiencia en la que se hizo del conocimiento del quejoso la petición formal de extradición, es inconcuso que también es improcedente en contra de cada una de las respuestas recaídas a las peticiones realizadas por la defensa del impetrante.
3.2. El Juez de Distrito hizo una incorrecta fijación de los actos reclamados, pues se extralimitó al establecer que el quejoso se dolía de que "se negó el traslado del extraditable de dicho centro federal (Almoloya) al Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta Ciudad", pues al haber hecho esto, cambió el acto reclamado, lo cual escapa de la suplencia de la deficiencia de la queja.
3.3. El Juez de Distrito inadvirtió que de conformidad con el artículo 52, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la autoridad penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa, con el único requisito de notificar al Juez competente, en casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de dichas personas, así como en caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. Siendo éstas las razones por las cuales se internó al quejoso en el lugar donde actualmente se encuentra recluido (Almoloya), por lo que no es dable que el Juez responsable llegue a pronunciarse respecto del sitio en que el requerido en extradición deba encontrarse durante el procedimiento respectivo.
Es decir, contrario a lo considerado por el Juez de Distrito, la autoridad responsable sí se encontraba impedida para determinar la situación del reclamado en cuanto al lugar en donde deberá permanecer detenido por el tiempo en que se tramite el procedimiento de extradición, siendo incorrecto que el Juez de amparo señalara que, de acuerdo con la etapa en que se halla el procedimiento especial de extradición, el reclamado se encuentra a disposición de la autoridad judicial responsable. De lo contrario, equivaldría a invadir la esfera de competencia de las autoridades administrativas penitenciarias.
Por tanto, el extraditable deberá permanecer recluido en el lugar donde actualmente se encuentra, en tanto se resuelve el procedimiento de extradición al que está siendo sujeto.
3.4. La Ley Nacional de Ejecución Penal sí es aplicable en el procedimiento de extradición, pues no hay dispositivo que establezca que dicha ley no le sea aplicable a las personas sujetas a ese procedimiento. Más aún, cuando el Juez de amparo interpreta de manera incorrecta el artículo 32 de la mencionada ley, al referir que únicamente es aplicable por cuanto hace a los "servicios", siendo que ese numeral en realidad hace una inclusión de las disposiciones de esa ley a las personas sujetas a extradición.
Además, el artículo 9 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el que se establecen los derechos de las personas privadas de su libertad en un centro penitenciario, es aplicable a todas las personas que se encuentren en esa condición durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, y no hace distingos del motivo de internamiento. Por tanto, debe concluirse que esa legislación sí le resulta aplicable al quejoso.
Entonces, advertidos –aunque de manera somera– los argumentos centrales que sostuvo el Juez de Distrito para resolver en el sentido en que lo hizo en la sentencia que se recurre, al igual que los agravios que los recurrentes hacen al respecto, puede apreciarse que éstos disciernen en distintos tópicos que fueron explorados en dicho fallo, como en torno a la fijación de los actos reclamados y a la procedencia del juicio de amparo, así como expresan inconformidades en relación con los pronunciamientos –i) y ii)– esgrimidos por el referido juzgador al instante de sustanciar el fondo del asunto.
Por lo cual, los agravios de los recurrentes se examinarán de manera conjunta y se irá dando respuesta en el orden en que su naturaleza lógica indique, y no en la secuencia en la que fueron invocados.
Sin soslayar que en lo que se refiere a los agravios de **********, son susceptibles de que opere la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja, atento a lo que dispone el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo.(12) Mientras que en los relativos a los otros dos recurrentes (comisionado y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de amparo), su estudio se hará atendiendo al principio de estricto derecho, al no encuadrar ninguno de ellos en alguno de los supuestos en los que es asequible dicha suplencia.
Fijación de los actos reclamados.
No se desconoce que en los motivos de inconformidad, dos de los recurrentes hacen referencia a la posible actualización de causas de improcedencia en el juicio de amparo, cuyo estudio es preferente, al tratarse de aspectos de orden público.
Pero este órgano tripartito estima que, por razón de método, es imperioso que primero se analice y se dé respuesta al agravio sintetizado con el número 3.2,(13) en el que se alega que no hubo una correcta fijación de los actos reclamados, pues no resulta prudente que se examinen las alegaciones que cuestionan la procedencia del controvertido constitucional, si primero no se hace una debida delimitación de su litis, o sea, si no se precisan –con claridad– los actos que son materia de escrutinio.
Así, de conformidad con la fijación de los actos reclamados que se hizo en la sentencia recurrida (mismos que se citaron al inicio del presente considerando), se desprende que el Juez de Distrito concibió que éstos se hacían consistir en: 1) "el acuerdo emitido en audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete"; y, 2) "su ejecución", empero en lo que hace al referido acuerdo, hubo dos pronunciamientos que de manera particular ********** combatía en el juicio de amparo, a saber:
a) La imposición de la medida cautelar de "prisión preventiva oficiosa" y,
b) La negativa de traslado del centro federal de reclusión ubicado en "Almoloya", al Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad.
Siendo que respecto a estos dos pronunciamientos, dicho juzgador resolvió al tenor de lo que en líneas precedentes se reseñó con los puntos i) y ii).
El recurrente, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano jurisdiccional, en el agravio aludido (3.2) dice que el Juez Federal se extralimitó en sus funciones al variar la litis, puesto que dentro de la fijación de los actos reclamados señaló que ********** se dolía de la "negativa de traslado" en mención, cuando –en realidad– la pretensión de la parte quejosa había sido el de combatir la imposición de la "prisión preventiva oficiosa", al igual que su "permanencia" en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Es parcialmente fundado el agravio, aunque insuficiente para los alcances jurídicos que pretende lograr el recurrente, como lo es el de revocar la sentencia que se revisa.
Lo anterior, porque del escrito inicial de la demanda, en especial del capítulo IV, relativo al "acto reclamado", se desprende que el agraviado señaló como tal, lo siguiente:
"A) De las autoridades señaladas como responsables señalo el acuerdo en audiencia de tres de octubre del año en curso (dos mil diecisiete), en que se le informó el contenido de la petición formal de extradición del Gobierno de los Estados Unidos de América, al quejoso y entonces se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el interior del Centro Federal Readaptación Social Número Uno ‘Altiplano’, en Almoloya de Juárez, Estado de México, por toda la duración del procedimiento de extradición que se sigue en su contra, así, pues se señala como acto reclamado, la citada orden en el sentido de que el quejoso ********** permanezca, en el interior del Centro Federal Readaptación Social Número ‘Uno’, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, ...
"B) De las responsables ejecutoras, les reclamo el cumplimiento ilegal (del) acuerdo..."
De la transcripción se aprecia que es cierto lo que menciona el representante social recurrente, es decir, que el impetrante no señaló como acto destacado "la negativa de traslado" entre los centros de reclusión que se han hecho referencia, sino que reclamó "su permanencia" en la cárcel federal aludida, como consecuencia de la imposición de la medida cautelar de "prisión preventiva oficiosa" decretada en su contra; ambos aspectos realizados "en el acuerdo" emitido en la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete.
Empero, se dice que es parcialmente fundado el agravio en estudio, porque tampoco el Juez de Distrito tergiversó ni erró ni se extralimitó en señalar "la negativa de traslado" dentro de la fijación de los actos reclamados, sino que adverso a ello, de autos se desprende que dicha negativa es parte elemental de la problemática que se halla inmersa en el reclamo del quejoso, al grado que de no tenerla en consideración, se correría el riesgo de dividir la continencia de la causa.
Así es, en el marco de discrecionalidad que le confiere el artículo 76 de la ley reglamentaria en la materia,(14) fue atinado que el Juez de amparo haya apreciado todas las actuaciones que obran en el sumario constitucional, con el fin de fijar los actos reclamados y poder resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. Labor que se deduce que llevó a cabo, ya que de la videograbación de la audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete dictada en el procedimiento de extradición **********, se observa que "la permanencia" a la que el quejoso se refirió en su escrito de demanda –al igual que el Ministerio Público recurrente lo hace en su agravio–, si bien en parte fue porque se le impuso la medida cautelar de "prisión preventiva oficiosa", también fue porque el Juez responsable negó la petición del defensor de **********, en el sentido de que se pronunciara respecto al lugar donde seguiría recluido durante la tramitación del procedimiento de extradición seguido en su contra, y de que fuera trasladado al reclusorio ubicado en esta ciudad capital, como puede evidenciarse en los minutos 1:29:30; 1:34:23 y 1:56:00, todos del video 4 que remitió el Juez responsable al rendir su informe justificado.(15)
Por consiguiente, no se dejó en estado de indefensión a las partes antagónicas al quejoso ni indebidamente se aplicó en su favor la figura de la suplencia de la queja, al haberse incluido como parte de su reclamo la "negativa del traslado", pues es ostensible que este aspecto está inmerso en la problemática que se trazó en su demanda y que debe tomarse en consideración a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, ya que si de lo que se duele el impetrante es de su "permanencia" en el centro federal de reclusión donde actualmente se halla interno, es en gran medida porque la autoridad responsable negó la petición de su defensor de que fuera trasladado a uno diverso (Reclusorio Preventivo Varonil Sur). En otras palabras, la "permanencia" y "la negativa de traslado" están íntimamente vinculadas entre sí.
Sin embargo, a raíz de lo argüido en el motivo de disconformidad en examen, se toma apunte de ello y se estima conveniente que para mayor y mejor claridad de la materia en que versa el juicio de amparo, debe precisarse y complementarse la fijación de los actos reclamados que el Juez de Distrito esbozó en la sentencia recurrida.
Por tanto, se tiene a ********** reclamando lo siguiente:
1. La audiencia de tres de octubre de dos mil diecisiete celebrada en el procedimiento de extradición **********, en la que hubo dos pronunciamientos que de manera particular combate:
a. La imposición de la "prisión preventiva oficiosa" como medida cautelar; y,
b. La negativa a que el quejoso sea trasladado del lugar donde actualmente se encuentra (Altiplano), al Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad y, por tanto, que permanezca en aquel centro de reclusión.
2. El cumplimiento de ambos pronunciamientos.
Habiendo sido precisados los actos reclamados, se continúa con el análisis de los agravios en los que se asevera que el presente controvertido constitucional deviene improcedente.
Causales de improcedencia.
En el agravio resumido con el número 2.1,(16) se dice que el juicio de amparo es improcedente por "litispendencia".
Es infundado.
En dicho motivo de disenso se está aludiendo a la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo que dice:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios."
No se configura la hipótesis en cita, porque para que se dé, es necesario que los juicios de amparo en confronta, hayan sido promovidos por el mismo quejoso y sean materia de sustanciación los mismos actos reclamados atribuidos a las mismas autoridades responsables, aunque las violaciones constitucionales sean diversas.
El sumario constitucional 779/2017 que se alude en el agravio, mismo que se tiene como hecho notorio(17) y que, efectivamente, a la data aún no causa ejecutoria (pues la sentencia dictada en ese asunto, actualmente es del conocimiento de este Tribunal Colegiado en el amparo en revisión 87/2018, pendiente de resolución), también fue promovido por el aquí quejoso **********. Sin embargo, no se satisfacen los restantes elementos que son indispensables para la actualización de la improcedencia en comento.
Esto es así, porque en aquella litis se señalaron como actos reclamados, los siguientes:
"A) La orden de incomunicación y su ejecución; y,
"B) La orden de traslado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de la Ciudad de México, en que se encuentra interno a otro centro de reclusión, así como su ejecución."
Atribuyéndoselo a veintiséis autoridades responsables, entre ellas, a las que se señalaron como ejecutoras en el resultando 1 de esta determinación.
Por tanto, resulta palmario que no se actualiza la improcedencia que se invoca, pues al tenor de la fijación de los actos reclamados que se hizo con antelación en lo que corresponde a este asunto, se evidencia que en ambos juicios no se combatieron los mismos actos reclamados, ni tampoco son las mismas autoridades responsables, sino que en realidad son distintos, ya que:
Mientras en el juicio 779/2017, el quejoso controvirtió el traslado –administrativo– ejecutado en su perjuicio, del Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta Ciudad de México, al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México; acto que ocurrió con antelación a lo reclamado a través de esta litis constitucional.
En el juicio 910/2017, o sea, en el que se está revisando, el quejoso impugna dos pronunciamientos emitidos por una autoridad judicial que no fue señalada como responsable en el diverso asunto que se confronta; además, ninguno de los actos consiste en el traslado –administrativo– ejecutado en su contra, pues consiste en la audiencia que se realizó dentro del procedimiento de extradición en la que: a) se le impuso como medida cautelar la "prisión preventiva oficiosa"; y, b) la negativa a que el quejoso fuera trasladado del lugar donde actualmente se encuentra (Altiplano), al Reclusorio Preventivo Varonil Sur de esta ciudad y, por tanto, que permaneciera en aquel centro de reclusión. Con lo que se colige que los actos reclamados en la contienda constitucional que se revisa, son posteriores a lo acontecido y combatido en el diverso 779/2017.
De ahí que se deba desestimar la improcedencia alegada.
En otro orden de ideas, en el agravio sintetizado con el número 3.1,(18) se aduce que el presente juicio de amparo es improcedente, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso "b)" (sic), todos de la ley de la materia, ya que lo que impugna el impetrante son actos intraprocesales, por lo que debió haber acudido a la sede constitucional hasta que se dictara la resolución definitiva que recayera al procedimiento –de extradición– que se sigue en forma de juicio.
Es infundado.
No obstante, es necesario hacer la precisión que de conformidad con los argumentos con los que el recurrente arropa a dicha causal, se advierte que se está refiriendo a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo prevista en el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la ley reglamentaria de la materia, y no al inciso b) que citó en sus agravios, pues precisamente en el inciso a) se alude a la procedencia del juicio de control constitucional contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de éstas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Último aspecto que en el agravio se alega que no se satisface (al decir que el quejoso no combatió la resolución definitiva dictada en el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio) y, por tanto, que la litis deviene improcedente.
Sin que lo anterior signifique que se le esté supliendo la deficiencia de la queja al recurrente respectivo (agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado de amparo), pues sólo se está haciendo una precisión normativa a la luz de los argumentos vertidos en vía de agravios por dicho recurrente, pero sin cambiarlos, modificarlos o mejorarlos, lo cual además de que este Tribunal Colegiado tiene la facultad para hacerlo en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, también la precisión normativa señalada permitirá dar respuesta más puntual al agravio en estudio.
Pues bien, aclarado lo anterior, ahora debe decirse que en tratándose de un procedimiento de extradición, como en el que tuvieron contexto los actos reclamados en esta litis de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que se trata de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, que inicia con la presentación de la petición formal de extradición por parte del Estado requirente, con los requisitos que establezca el tratado correspondiente y la propia ley de la materia, según sus artículos 19, 20 y 21, pues es cuando se brinda al reclamado el derecho de audiencia ante un Juez de Distrito; y que concluye con el dictado de la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que concede o rehúsa la extradición, tal y como lo expone la tesis P. XXXVI/2004,(19) que dice:
"EXTRADICIÓN. ES UN P
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28122-5a67ec79/audiencia-de-conocimiento-de-la-peticion-formal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA V (II.1o.18 P (10a.))
- ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO LO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE ORDENA AL JUEZ LA REGULARIZACI (I.9o.P.1 P (11a.))
- SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO EMITIDA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. AL CONCEDERLA, EL JUEZ DE AMPARO PUEDE ESTABLECER SUPUESTOS DE EXCEPCIÓN JURÍ (II.2o.P.100 P (10a.))
- ORDEN DE APREHENSION, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO CONTRA LA, QUE FUE MATERIA DE OTRO AMPARO PROMOVIDO POR EL MISMO QUEJOSO, CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y EL PROPIO ACTO RECLAMADO. (s/clave)
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