Corpus
Modo: Corpus Pro

ORDEN DE TRASLADO DE INTERNOS DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO LO NIEGAN, PERO DE AUTOS SE EVIDENCIA QUE EL QUEJOSO SE ENCUENTRA EN UN LUGAR DISTINTO AL DE SU RECLUSIÓN ORIGINAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR DE OFICIO LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE DICHO ACTO, DE LO CONTRARIO, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 1003/2017. · Registro digital (IUS): 28038
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-09-07
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Pág. 2419.

AMPARO EN REVISIÓN 1003/2017. 17 DE MAYO DE 2017. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: DAVID GUSTAVO LEÓN HERNÁNDEZ. PONENTE: MARCO ANTONIO GUZMÁN GONZÁLEZ. SECRETARIO: JUAN CARLOS HERRERA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Antecedentes.

El análisis de las constancias del juicio de amparo indirecto(11) permiten conocer lo siguiente:

1. El quejoso presentó su demanda de amparo indirecto, en la que reclamó:

a) Del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, la orden de traslado del Cereso No. 2, ubicado en Nogales, Sonora, al Cefereso No. 13 "CPS-Oaxaca", sito en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca;

b) Del Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Sonora con sede en Nogales, el que una vez que tuvo conocimiento de que había sido trasladado del Cereso No. 2, ubicado en Nogales, Sonora, al Cefereso No. 13 "CPS-Oaxaca", no haya impedido salvaguardar su derecho humano a purgar la pena de prisión en el centro penitenciario más cercano al lugar en el que residen sus familiares; y,

c) Del director general del Centro de Reinserción Social Número 2, ubicado en Nogales, Sonora, el que haya solicitado su traslado, sin ningún motivo justificado, al titular del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.

2. Seguido el juicio por su trámite, en audiencia constitucional de once de septiembre de dos mil diecisiete, la Juez de Distrito dictó sentencia, en la cual sobreseyó en el juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues consideró que los actos reclamados del comisionado y director responsables, y la omisión reclamada al Juez responsable, no existen, dado que dichas autoridades negaron su existencia, sin que el quejoso aportara alguna prueba para desvirtuar dicha negativa;

3. Inconforme con tal resolución, el quejoso interpuso el presente recurso de revisión.

SÉPTIMO.—Reposición del procedimiento.

En una parte de sus agravios el quejoso, ahora recurrente, sustancialmente señala que considera que se transgredieron en su perjuicio no sólo los principios de congruencia y exhaustividad que por imperativo constitucional, convencional y legal deben sustentar cualquier resolución o sentencia judicial, sino también los diversos principios de fundamentación y motivación, en virtud de que además de habérsele transferido injustamente la carga de la prueba, no obstante que es obligación de las autoridades el demostrar fehacientemente la legalidad de sus actos, no se atendió a cabalidad la causa de pedir.

Aduce que es un hecho notorio no sólo el hecho de que se encuentra actualmente privado de la libertad en el Cefereso No. 13 "CPS-Oaxaca", el cual fue inaugurado en el mes de junio de dos mil trece, cumpliendo una pena de diez años de prisión, al haber sido encontrado penalmente responsable de la comisión de un ilícito en los autos de la causa penal **********, del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sonora, sino también la circunstancia de que el citado comisionado es una autoridad carcelaria.

Por tal razón, afirma, resulta lógico que en la anualidad en que se dio inicio a su causa penal, dicho centro de reclusión federal aún no iniciaba operaciones, por lo que en algún momento y por órdenes de alguien, debió ser trasladado, pero ignora qué autoridad emitió dicha orden.

Aduce que le causa un grave perjuicio que el Juzgado de Distrito le imponga la carga de demostrar que fue el comisionado quien ordenó su traslado del Cereso Número 2, de Nogales, Sonora, al Cefereso No. 13 "CPS-Oaxaca", sin la autorización de una autoridad judicial y sin cumplir con los requisitos y las condiciones establecidas en el artículo 18 constitucional, soslayando que no tiene forma alguna de acceder a sus archivos, y que toda información relativa al traslado de reos tiene el carácter de confidencial.

Dichos motivos de inconformidad son sustancialmente fundados y adicionalmente se suple la deficiencia de la queja de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

Empero, en el presente asunto no es dable abordar el estudio en cuanto al fondo, ante la falta de constancias y así poder atender la intención del quejoso al ocurrir al juicio de amparo indirecto, pues se advierte la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo cual amerita su reposición, previa revocación de la sentencia sujeta a revisión, con apoyo en la fracción IV del artículo 93 de la Ley de Amparo.

En efecto, la porción normativa en cita dispone:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"...

"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento."

El análisis del precepto transcrito pone de manifiesto que las autoridades competentes, para conocer del recurso de revisión, podrán ordenar la reposición del procedimiento, si por acción u omisión el Juez de Distrito que conozca del amparo, vulneró las reglas fundamentales que lo rigen, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo.

Lo anterior obedece a que el legislador contempló que no puede tener validez la sentencia relativa cuando el procedimiento carezca de alguna actuación trascendental al resultado del fallo que debió desarrollar, por imperativo legal, dicho órgano de control jurisdiccional.

Se destaca que las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo, son aquellas como las definió (sic) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2012: "las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo son aquellas que se disponen en la propia ley, las cuales establecen las mínimas exigencias que deben ser colmadas para que la actuación de la autoridad se atribuya y adquiera plena eficacia".(12)

Así, esas reglas deberán acatarlas los órganos de control constitucional, por disposición expresa o implícita de las distintas leyes que regulan a dicho juicio, para integrar correctamente el procedimiento, de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado o con la persona que solicitó la protección constitucional, esto es, son el total de las obligaciones que se encuentran sistematizadas en los cuerpos normativos que rigen al juicio de amparo, y que deben ser colmadas para que el juicio constitucional adquiera plena eficacia.

Las que, por cierto, se distinguen de las cargas procesales impuestas a las partes, porque las primeras revisten el carácter de oficiosas y, en las segundas, se requiere indefectiblemente la intervención de las partes para hacer efectivas las prerrogativas enunciadas en tales leyes; además, están sujetas al principio de preclusión en el caso de no ejercerse dentro del plazo previsto para tal efecto, lo que no acontece tratándose de las precisadas obligaciones.

Así las cosas, se advierte que la Juez de Distrito omitió cumplir una regla importante del juicio de amparo, esto es, el recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante las autoridades responsables y las actuaciones que estimara necesarias para la resolución del asunto.

Lo cual constituye una obligación para el órgano jurisdiccional de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe:

"Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.

"El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. En materia penal, se estará a lo dispuesto en la última parte del párrafo anterior."

Realizada tal precisión, de las constancias que integran el expediente relativo al juicio de amparo en estudio, se advierte que las autoridades responsables negaron la existencia de la orden de traslado del quejoso del Centro de Readaptación Social Número 2, ubicado en Nogales, Sonora, al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca.

Sin embargo, en el capítulo de antecedentes de su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, el quejoso manifestó:

• Que el ocho de junio de dos mil once fue detenido, y el ocho de febrero de dos mil doce sentenciado en la causa penal **********, del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de Sonora, con residencia en Nogales (foja 2 vuelta del expediente de amparo), –lo cual corroboró el Juez responsable en su informe justificado– (foja 16 ibídem); y,

• Que el once de junio de dos mil once fue ingresado al Centro de Readaptación Social Número 2, ubicado en Nogales, Sonora y, posteriormente, el trece de junio de dos mil trece, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. (foja 3 ibídem)

Por otra parte, resultaba un hecho notorio para el Juzgado de Distrito, en términos de lo que dispone el artículo 88(13) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o., que durante la tramitación del juicio de amparo, el quejoso se encontraba interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pues desde el auto de inicio se ordenó que fuera notificado de manera personal, en ese lugar de reclusión, lo cual se realizó por conducto del actuario judicial adscrito al órgano jurisdiccional, durante la tramitación del juicio de amparo. (fojas 8 vuelta, 9, 15, 18, 19, 20, 23, 24, 30, 31, 32, 44, 48, 53, 58, 64 y 65 del expediente de amparo)

Incluso, durante el trámite de este recurso de revisión, también se notificó al quejoso, mediante despacho, el contenido del auto de inicio, lo cual tuvo lugar en el interior de dicho centro federal de reclusión. (foja 33 del toca)

En ese contexto, es evidente que no obstante que las autoridades responsables negaron la existencia de la orden de traslado, lo cierto es que existen indicios de que sí existió dicha orden, pues se encuentra acreditado que el quejoso se encuentra recluido en el mencionado Centro Federal de Readaptación Social con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y según el quejoso, ahora recurrente, fue recluido en primer lugar en Nogales, Sonora, y luego trasladado al mencionado centro de reclusión federal, ubicado en esta entidad federativa.

Ello, en atención a que en su informe justificado el Juez responsable manifestó que en la causa penal ********** se dictó sentencia en contra del quejoso el ocho de febrero de dos mil doce, en la cual se le impuso la pena de diez años de prisión, que se computa a partir del ocho de junio de dos mil once.

Lo cual implica que si desde esa última fecha el quejoso se encuentra en reclusión, es evidente que desde entonces no se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, pues es un hecho notorio que este centro se incorporó al Sistema Penitenciario Federal a partir del siete de junio de dos mil trece.(14)

Es decir, desde la fecha en que empezó a computarse la pena de prisión (ocho de junio de dos mil once), el mencionado centro de reclusión no se encontraba en funcionamiento.

En ese contexto, es lógico y jurídico deducir que sí existe el traslado reclamado, pues en algún momento fue trasladado el quejoso del lugar donde se encontraba recluido a partir del ocho de junio de dos mil once, compurgando la pena de prisión de que se trata, al mencionado Centro Federal de Readaptación Social Número 13, y es evidente que tal traslado fue ordenado por alguna autoridad.

De no ser así, no es explicable cómo se encuentra en un lugar ajeno a donde originalmente se encontraba recluido.

De ahí que, dada la naturaleza de los actos reclamados, para la resolución del asunto, y para darle al quejoso el acceso completo a la justicia constitucional, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Federal, a fin de conocer quién ordenó su ingreso al centro de reclusión donde se encuentra, resultaba menester que la Juez de Distrito recabara las constancias necesarias para determinar qué autoridad ordenó la reclusión del quejoso en el citado centro federal de readaptación social.

Y, de advertir la intervención de diversas autoridades en el acto reclamado, debía prevenir al agraviado para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda, a efecto de señalar como autoridad responsable a quien, en su caso, hubiere ordenado el traslado reclamado.

Es importante destacar que en el caso no se pretende revertir la carga de la prueba que el quejoso tiene para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables respecto a la existencia del acto reclamado, toda vez que no se trata de que se desvirtúe dicho informe, pues bien pudiera ser que efectivamente dichas autoridades no hubieren emitido el acto reclamado.

Sino lo que se advierte es la omisión de la Juez de Distrito de recabar oficiosamente las actuaciones necesarias para la resolución del asunto conforme a derecho, esto es, para determinar qué autoridad fue la que emitió el acto reclamado, consistente en la orden de traslado, pues ese acto es el que pretende impugnar la parte quejosa.

Lo cual, como se indicó, constituye una obligación para el órgano jurisdiccional de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo.

Por tanto, al no proceder la a quo en ese sentido, violó las normas que regulan el procedimiento de amparo, previstas en el invocado normativo 75 de la ley de la materia, lo cual trascendió al resultado del fallo, ya que resolvió el juicio sin recabar las constancias que justificaran la reclusión del quejoso en el mencionado centro federal de readaptación social y, en su caso, sin prevenirlo para la ampliación de la demanda, lo cual resultaba menester, a fin de resolver la litis constitucional de manera integral, y así atender la intención del quejoso al promover el juicio de amparo indirecto.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 65/99,(15) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se transcribe:

"PROCEDIMIENTO, REPOSICIÓN DEL. SÓLO CUANDO LA VIOLACIÓN TRASCIENDA AL RESULTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES PROCEDENTE.—Es cierto que conforme al artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, si en la revisión de una sentencia definitiva apareciere una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o bien, que se incurrió en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, se deberá ordenar la reposición del procedimiento; sin embargo, tal disposición debe interpretarse en el sentido de que la reposición únicamente cabe decretarla cuando la violación relativa efectivamente trascienda al resultado de la sentencia definitiva y cause perjuicio a la parte recurrente, pues de lo contrario, se llegaría al extremo de retardar el trámite y solución de los juicios de amparo sin ningún resultado práctico."

Máxime que también debe tomarse en cuenta que el hecho de que el quejoso se encuentre privado de la libertad personal, es una circunstancia adicional que lo ubica en una situación de vulnerabilidad y, al respecto "Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad"(16) señalan, en su artículo 10, numerales 22 y 23,(17) a la privación de la libertad ordenada por autoridad competente, como causa de vulnerabilidad, por poder generar dificultades para ejercer ante el sistema de justicia el resto de derechos, siendo que lo que se pretende es que se le brinde un proceso justo.

Asimismo, conforme a la regla 1a., numerales 1 y 2,(18) de "Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad", el objetivo de dicha normatividad es garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial, así como que los servidores y operadores del sistema de justicia otorguen a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares.

En ese sentido, dado que el quejoso se encuentra privado de la libertad personal, atendiendo a su situación de vulnerabilidad y su imposibilidad para que tenga conocimiento qué autoridad ordenó su traslado al centro de reclusión federal donde actualmente se encuentra, se estima que, para resolver de manera completa la litis constitucional, la juzgadora federal debe recabar las constancias necesarias que justifiquen la razón por la cual se encuentra allí recluido, y no en el lugar en que fue juzgado.

Ello, porque sólo así se garantiza al quejoso un cabal cumplimiento al derecho fundamental de acceso a la justicia tutelado en el artículo 17 constitucional.

Se invoca en apoyo, la tesis 1a. CXCIV/2016 (10a.),(19) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título, subtítulo y texto:

"DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN. SU CONTENIDO ESPECÍFICO COMO PARTE DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y SU COMPATIBILIDAD CON LA EXISTENCIA DE REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE UNA ACCIÓN. De la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a./J. 42/2007, (1) de rubro: ‘GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.’, deriva que el acceso a la tutela jurisdiccional comprende tres etapas, a las que corresponden tres derechos que lo integran: 1) una previa al juicio, a la que atañe el derecho de acceso a la jurisdicción; 2) otra judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y, 3) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. En estos términos, el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción debe entenderse como una especie del diverso de petición, que se actualiza cuando ésta se dirige a las autoridades jurisdiccionales, motivando su pronunciamiento. Su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual corresponde al Estado mexicano impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto. Así, es perfectamente compatible con el artículo constitucional referido, que el órgano legislativo establezca condiciones para el acceso a los tribunales y regule distintas vías y procedimientos, cada uno de los cuales tendrá diferentes requisitos de procedencia que deberán cumplirse para justificar el accionar del aparato jurisdiccional, dentro de los cuales pueden establecerse, por ejemplo, aquellos que regulen: i) la admisibilidad de un escrito; ii) la legitimación activa y pasiva de las partes; iii) la representación; iv) la oportunidad en la interposición de la acción, excepción o defensa, recurso o incidente; v) la competencia del órgano ante el cual se promueve; vi) la exhibición de ciertos documentos de los cuales depende la existencia de la acción; y, vii) la procedencia de la vía. En resumen, los requisitos de procedencia, a falta de los cuales se actualiza la improcedencia de una acción, varían dependiendo de la vía que se ejerza y, en esencia, consisten en los elementos mínimos necesarios previstos en las leyes adjetivas que deben satisfacerse para la realización de la jurisdicción, es decir, para que el juzgador se encuentre en aptitud de conocer la cuestión de fondo planteada en el caso sometido a su potestad y pueda resolverla, determinando los efectos de dicha resolución. Lo importante en cada caso será que para poder concluir que existe un verdadero acceso a la jurisdicción o a los tribunales, es necesario que se verifique la inexistencia de impedimentos jurídicos o fácticos que resulten carentes de racionalidad, proporcionalidad o que resulten discriminatorios."

En resumen, como el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo prevé la obligación del órgano jurisdiccional de recabar de oficio las constancias necesarias para la resolución del asunto, ello implica que, ante la negativa de las autoridades responsables de ordenar el traslado reclamado, deberá recabar las que resulten necesarias para verificar la existencia de dicho acto, cuando resulte evidente que el quejoso se encuentra en un lugar distinto al de su reclusión original. Ello atendiendo, además, al hecho de que al encontrarse privado de la libertad personal, es una circunstancia adicional que lo ubica en situación de vulnerabilidad conforme a la regla 1a., numerales 1 y 2, de "Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad", ante la imposibilidad para conocer qué autoridad ordenó su traslado al centro de reclusión donde actualmente se encuentra.

Por ende, procede revocar la sentencia sujeta a revisión y ordenar la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, para que la Juez de Distrito:

1. Deje insubsistente la audiencia constitucional, así como la sentencia recurrida;

2. Requiera al director del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-Oaxaca", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a efecto de que le informe qué autoridad ordenó el ingreso del quejoso a dicho centro federal de reclusión, y si provenía de otro diverso, esto es, si dicha reclusión obedeció a una orden de traslado;

3. Prevenga al quejoso, en caso de que advierta la intervención de diversas autoridades, para que manifieste si amplía su demanda respecto de ellas; y,

4. Continúe con la secuela procesal.

Por lo expuesto y fundado; se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 848/2017, del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, en los términos precisados en el considerando último de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese este toca como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, Marco Antonio Guzmán González (presidente) y José Luis Legorreta Garibay, contra el voto particular del Magistrado David Gustavo León Hernández.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 24/2012 citada en esta ejecutoria, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 441.

___________________

11. Con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 2o.

12. Contradicción de tesis suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito. 20 de junio de 2012; la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 464.

13. "Artículo 88. Los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes."

14. Según acuerdo de trece de mayo de dos mil trece, suscrito por el secretario de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil trece.

15. Localizable en la página 336 del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, noviembre de 1999, materia común, registro digital: 192981.

Las jurisprudencias aquí invocadas, donde se interpretan disposiciones de la Ley de Amparo actualmente abrogada, son aplicables al caso, aunque en este asunto se aplique la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, reformada el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, porque así se autoriza en el artículo sexto transitorio del decreto donde se publicó la Ley de Amparo en vigor.

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que contiene la Ley de Amparo, vigente a partir del día siguiente, en cuyo artículo sexto transitorio se establece: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

16. Estas reglas, si bien no constituyen propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la función jurisdiccional, pueden resultar una herramienta de gran utilidad para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a la justicia.

17. "10. Privación de libertad

"(22) La privación de la libertad, ordenada por autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los apartados anteriores.

"(23) A efectos de estas Reglas, se considera privación de libertad la que ha sido ordenada por autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo."

18. "Capítulo I: Preliminar

"Sección 1a. Finalidad

"(1) Las presentes Reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial.

"(2) Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Los servidores y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares."

19. Visible en la página 317 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 32, Tomo I, julio de 2016, registro digital: 2012051 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de julio de 2016 a las 10:15 horas».

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28038-d1a9ef66/orden-de-traslado-de-internos-de-un-centro · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.