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Modo: Corpus Pro

ORDEN DE TRASLADO. NO AFECTA LA LIBERTAD DEL QUEJOSO PROCESADO O SENTENCIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA DICHA ORDEN, ESTÁ SUJETO AL TÉRMINO GENÉRICO DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 226/2011. · Registro digital (IUS): 23692
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Pág. 1997.

AMPARO EN REVISIÓN 226/2011. 15 DE MARZO DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JUAN WILFRIDO GUTIÉRREZ CRUZ. PONENTE: MARÍA EUGENIA ESTELA MARTÍNEZ CARDIEL. SECRETARIO: ALEJANDRO ORDÓÑEZ PÉREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Los agravios del inconforme, son por un lado infundados y por el otro fundado pero inoperante.

Previo a su análisis, resulta conveniente aludir a los antecedentes más relevantes del presente asunto:

a) La agente del Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal, sin detenido, contra el aquí recurrente, por los delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otros.

b) De dicho asunto correspondió conocer al Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, bajo la causa **********, quien el diecisiete de marzo de dos mil cuatro libró orden de aprehensión contra el justiciable respecto de los delitos materia de consignación.

c) Cumplimentado ese mandamiento judicial de captura, el veinticinco siguiente, dicha autoridad dictó auto de formal prisión al inconforme por los ilícitos condignos.

d) En treinta de junio de dos mil diez, se dictó sentencia condenatoria al peticionario; la cual por un lado fue modificada vía apelación el veintiocho de febrero del año subsecuente por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca **********, ordenando la reposición del procedimiento a partir de que se recabó su declaración preparatoria el veinte de marzo de dos mil cuatro; y, por otra parte, fue confirmada respecto de ciertos delitos por los que se le absolvió.

e) El siete de marzo de dos mil once, se recibió la declaración preparatoria del ahora recurrente, en tanto que el diez siguiente el Juez natural le dictó auto de formal prisión por los delitos materia de la reposición en la sentencia.

f) Mediante oficio **********, de veinticuatro del mismo mes y año, el director ejecutivo Jurídico de Derechos Humanos, por ausencia y en suplencia de la subsecretaria del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, ordenó el traslado del inconforme del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, al Centro de Readaptación Social Varonil "Santa Martha Acatitla", ambos de esta ciudad.

Expuestos los antecedentes del presente asunto, enseguida se abordarán los motivos de disenso que son infundados, respecto de los cuales no se advierte motivo de queja suficiente que suplir a favor del justiciable, en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo.

Se afirma lo anterior, porque en la especie la determinación de la Juez de amparo de haber decretado el sobreseimiento por haber estimado actualizada la causal de improcedencia contenida en el precepto 73, fracción XII, de la invocada legislación especial, fue legal.

El precepto en cuestión a la letra establece:

"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:

"...

"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. ..."

Por su parte, el numeral 21 a que se alude en dicho precepto, preconiza:

"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."

Transcripciones de las que se desprende que cuando la demanda de garantías se promueva fuera de los plazos a que se refiere el último artículo señalado (quince días), el juicio es improcedente por consentimiento tácito del acto reclamado, siempre que no se esté en alguno de los casos de excepción a que se refiere el diverso 22 de la propia legislación, es decir, cuando no se afecte la libertad personal del quejoso.

Así, se advierte que la Juez de Distrito estimó que el quejoso recurrente hizo valer a destiempo la acción de amparo contra la orden de traslado aludida en el inciso f) en líneas anteriores, lo cual se estima legal.

Ello, en virtud de que aquél tuvo conocimiento de la existencia material del acto reclamado el veinticuatro de marzo de dos mil once, fecha en que fue trasladado a diverso centro carcelario, por lo que el veinticinco siguiente empezó a correr el término del que disponía para presentar la demanda, acorde a lo dispuesto en el artículo 21 ibídem, en cuanto a que el mismo se contará desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución.

En ese sentido, como de manera legal lo consideró la Juez de amparo, en la especie el plazo de quince días del que disponía el quejoso para presentar la demanda de garantías, transcurrió del veinticinco de marzo referido, al catorce de abril siguiente, con exclusión del veintiséis y veintisiete de ese primer mes; dos, tres, nueve y diez del segundo, por haber sido inhábiles, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 de la ley de la materia, que al respecto dispone:

"Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, sustanciación y resolución de los juicios de amparo, todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 1o. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre."

Así, cabe señalar que el justiciable presentó su demanda de garantías en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, hasta el nueve de agosto, esto es, de manera extemporánea, pues ya había fenecido el término genérico de quince días a que se refiere el invocado artículo 21, con que contaba para ello, sin que se encontrase en el caso de excepción del dispositivo 22 de la propia legislación.

Lo anterior, porque como con acierto la a quo expuso, la orden de traslado contra el quejoso no constituye un acto que implique privación de la vida, ataque a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o de aquellos actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; es decir, no afecta su libertad personal, ya que ésta se encuentra restringida con motivo del proceso que se le instruye y del auto de formal prisión que le fue decretado por el Juez de la causa; de ahí que el agravio hecho valer por el inconforme en ese sentido, sea infundado.

Es aplicable el criterio sustentado por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 4a. VI/94, publicada en la página 125, Tomo XIII, marzo de 1994, materia penal, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época (registro IUS 207728), cuyos rubro y contenido dicen:

"TRASLADO. ORDEN DE. EL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA UNA ORDEN DE TAL NATURALEZA, ESTÁ SUJETO AL TÉRMINO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA. Por acto que ataque la libertad personal debe entenderse aquel que efectivamente implique una restricción de la libertad de un sujeto, y no otros que no tengan esa finalidad, como sucede con la orden de traslado de un detenido de un centro de reclusión a otro, pues en tal caso lo que mantiene restringida la libertad personal de aquél no es la orden de traslado en sí, sino la respectiva resolución judicial que justifica su reclusión. Lo anterior conduce a determinar que el amparo que se pida contra una orden de tal naturaleza, está sujeto al término de quince días que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo."

Sin que este tribunal soslaye los criterios emitidos por la Primera Sala del Máximo Tribunal de Justicia del País, en las jurisprudencias 1a./J. 56/2001, 1a./J. 74/2004 y 1a./J. 164/2007, publicadas en las páginas siete, ciento treinta y siete y ciento noventa y seis, respectivamente, Tomos XIV, XX y XXVII, correspondientes en ese orden a noviembre de 2001, diciembre de 2004 y enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registros 188442, 179889 y 170504), que establecen:

"AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO CUANDO SE RECLAMA LA NEGATIVA A TRAMITAR O A OTORGAR LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA IMPUESTA POR AUTORIDAD JUDICIAL. El derecho que a la libertad personal tiene el hombre, le es propio, y la ley no se lo concede, sino que se lo reconoce y al momento de ser privado de ella por motivos que la propia ley determina, nace el derecho de estar libre mediante ciertos requisitos, por lo que los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial, contienen un presupuesto obvio y elemental que radica en que el sentenciado se encuentre en posibilidad, cumpliendo con ciertos requisitos, de recuperar su libertad personal antes del tiempo de pena fijado en sentencia definitiva, por lo que la resolución que reconozca a los sentenciados alguno de los beneficios de que se trata, aun cuando distinta de la sentencia condenatoria, por no ser una exteriorización de la función jurisdiccional, puede considerarse como un agregado de la misma al constituir una especialización de la pena que favorece al reo. En estas condiciones, cuando se ha solicitado por el reo alguno de los beneficios que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad que le ha sido impuesta por la autoridad judicial y la autoridad correspondiente niega su tramitación o el beneficio mismo, resulta claro que a partir de ese momento su libertad personal se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la negativa de que se trata. Por tanto, es indudable que la resolución en que se niega el trámite, o bien, alguno de los beneficios mismos que el legislador establece para suspender la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta por la autoridad judicial constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando es cierto que la privación de libertad del reo es consecuencia de la sentencia que se dictó en su contra en el proceso penal que se le instruyó, no menos cierto es que continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de esa negativa; por lo que es claro que ese tipo de resoluciones se ubican en el caso de excepción previsto por el legislador en el artículo 22, fracción II, de la Ley de Amparo y contra ellas puede promoverse juicio de amparo en cualquier tiempo."

"INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN ÉL, PUEDE PRESENTARSE LA DEMANDA DE AMPARO EN CUALQUIER TIEMPO, POR TRATARSE DE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO. El Tribunal en Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido el criterio de que la libertad personal de los individuos no sólo se afecta a través de actos de autoridad que tengan como consecuencia material privarlos de la que disfrutan en ese momento, sino también mediante actos que determinen, de alguna manera, la permanencia del gobernado en dicha situación o que modifiquen las condiciones en que tal privación deba ejecutarse. En estas condiciones, cuando el reo promueve el incidente en el que solicita la traslación del tipo y la adecuación de la pena de prisión, por considerar que un nuevo ordenamiento en vigor prevé el mismo tipo penal pero con una pena más benéfica, la resolución que al efecto emita la autoridad correspondiente constituye una posibilidad de que el sentenciado no continúe compurgando la pena de prisión que se le había impuesto, de manera que dicha determinación es un acto que afecta su libertad personal, pues a partir de ese momento se encontrará restringida no sólo por virtud de la sentencia que lo condenó, sino también por la resolución incidental; en consecuencia, esta resolución puede ser impugnada en cualquier tiempo a través del juicio de garantías, por quedar comprendida en la fracción II del artículo 22 de la Ley de Amparo, que prevé los supuestos de excepción al término genérico de quince días para su interposición, establecido por el diverso artículo 21 de la propia ley."; e,

"INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY. La interlocutoria que resuelve el incidente de traslación del tipo y adecuación de las penas constituye un acto que afecta la libertad personal del individuo, pues aun cuando la privación de su libertad es a causa de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal, continuará privado de su libertad como consecuencia positiva de dicha resolución. En ese tenor, se concluye que al afectarse la libertad personal del individuo, la determinación que resuelve el mencionado incidente es impugnable a través del juicio de amparo indirecto sin necesidad de agotar previamente los recursos ordinarios establecidos en la ley, en virtud de que se actualiza la excepción al principio de definitividad, contenida en la fracción XII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 37 de la Ley de Amparo."

Lo anterior, pues dichos criterios están referidos a que los beneficios penales para suspender la ejecución de la sanción privativa de libertad, y los incidentes de traslación del tipo y adecuación de las penas, constituyen actos que sí afectan la libertad personal del quejoso, ya que ésta se encontrará restringida no sólo en virtud de la sentencia que lo condenó, sino por la determinación no favorable a los intereses del promovente de la acción de amparo, que en las decisiones combatidas se pronuncien; por lo que puede promoverse en cualquier tiempo al encontrarse en el supuesto de excepción contenido en el artículo 22, fracción II, de la ley de la materia; sin embargo, no se alude a la orden de traslado de un centro carcelario a otro, acto diverso que por sí mismo y dada su naturaleza no es restrictivo de la libertad, porque la situación que tiene o guarda el peticionario, de un centro de reclusión a otro es la misma, es decir, su libertad está restringida.

Al respecto, este tribunal considera importante destacar que por acto que afecta la libertad personal, se entiende aquel que efectivamente implica restricción de la misma, pues dada su naturaleza jurídica tiene esa finalidad, como acontece tratándose del auto de formal prisión; pero no el emitido una vez que ese derecho fundamental ya se encuentra afectado con motivo precisamente de dicha resolución jurisdiccional que justifica la reclusión del sujeto, como es el caso de orden de traslado, la cual además de no perseguir el apuntado fin restrictivo, no puede jurídicamente coartarla cuando ya se encontraba restringida por ese diverso y anterior acto, a saber, el citado auto de plazo constitucional, máxime cuando aquélla es emitida por cuestiones de control y disciplina al interior del establecimiento de reclusión, mas no con motivo del proceso instaurado contra el reo.

Lo anterior se considera aplicable tanto a procesados como a sentenciados, pues en ambos supuestos la afectación de la libertad personal no derivar de la orden de traslado que la autoridad emita, sino de la resolución de plazo constitucional o de la sentencia correspondiente que el juzgador pronuncie; actos éstos que es evidente tienen esa finalidad restrictiva, pues en el primer caso lo sujeta a proceso y en el segundo a que compurgue la pena impuesta.

Bajo ese orden de ideas, es dable sostener que si la orden de traslado no deriva del proceso instruido al reo, sino que se trata de una medida tendente a preservar la organización, control y orden que debe prevalecer en los recintos carcelarios, no coarta su libertad personal, pues ésta ya estaba restringida en virtud de cualquiera de aquellos actos, según sea el caso.

Así, en la especie se itera que el ahora recurrente tiene la calidad de procesado, lo que no conlleva a considerar mayor grado de restricción en su libertad que si fuese sentenciado, pues en el caso que nos ocupa ésta se encuentra afectada por el auto de bien preso por el que se le sigue proceso, más no por la orden de traslado que no fue emitida en éste ni por el Juez instructor, de ahí que la misma per se, no restrinja su libertad personal; por tanto, la presentación de la demanda de garantías se rige por el término genérico de quince días establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo.

Expuesto lo anterior, a continuación se analiza el agravio que este tribunal considera fundado pero inoperante.

Así, merece tal calificación el formulado en el sentido de que la sentencia recurrida no le fue notificada al recurrente de manera personal.

En efecto, al encontrarse privado de la libertad, las notificaciones en el juicio de amparo deben hacérsele de manera personal, salvo que tenga autorizado para ello, como así lo dispone el artículo 28, fracción II, párrafo segundo, de la ley respectiva, del tenor siguiente:

"Artículo 28. Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los Juzgados de Distrito, se harán:

"...

"II. Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o despacho si se encontraren fuera de él.

"Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para recibir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado. ..."

En el caso se advierte que al justiciable le fue notificada la sentencia aquí recurrida por medio de lista el catorce de octubre último, cuando debió ser de manera personal, no obstante, debe decirse que el recurso de revisión que dio origen al expediente en que se actúa lo hizo valer dentro del plazo legal correspondiente, como así se precisó en el considerando segundo de esta resolución; lo que torna fundado pero inoperante su agravio al respecto.

En las relatadas condiciones, ante lo infundado por una parte y fundado pero inoperante por otra, de los agravios planteados por el quejoso, lo procedente es confirmar la sentencia sujeta a revisión y sobreseer en el juicio de amparo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida, en consecuencia:

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo respecto de los actos reclamados de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, director ejecutivo de Seguridad Penitenciaria de la Secretaría de Sistema Penitenciario, director ejecutivo Jurídico y de Derechos Humanos de la Secretaría de Sistema Penitenciario, director de Seguridad Institucional, director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, titular del cuerpo de seguridad y custodia de dicho centro carcelario (sin precisar el carácter de dichas autoridades), todas del Distrito Federal y Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad, como autoridad ejecutora, precisados en el resultando primero de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, remítanse los autos a su lugar de origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente; en el entendido de que de conformidad con la fracción II y el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, este asunto es susceptible de destrucción y no es de relevancia documental.

Así lo resolvió el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados ponente María Eugenia Estela Martínez Cardiel y Enrique Escobar Ángeles contra el voto particular del presidente Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz, que se agrega a esta ejecutoria.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23692-ddfe2649/orden-de-traslado-no-afecta-la-libertad-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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