SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. AL NO ENCONTRARSE INVESTIDO DE FE PÚBLICA, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE REALICE CARECE DE VALIDEZ PARA TENER POR DEMOSTRADOS LOS HECHOS Y ACTOS EN ÉSTOS CONSIGNADOS, TALES COMO LOS RELACIONADOS CON EL CALENDARIO OFICIAL DE LABORES DE AQUÉLLA.
RECLAMACIÓN 29/2012. 7 DE DICIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. ENCARGADA DEL ENGROSE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIA: YOLANDA RODRÍGUEZ POSADA.
CONSIDERANDO:
CUARTO. Previo al estudio de los agravios, se precisa lo siguiente:
********** y **********, promovieron juicio de amparo directo contra el laudo de veinticuatro de enero de dos mil doce, dictado por la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, el cual se registró bajo el número DT. **********.
Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil doce, la presidencia de este órgano jurisdiccional desechó de plano la demanda de amparo al estimar que se presentó extemporáneamente.
Inconformes con el acuerdo señalado ********** y **********, interpusieron el presente recurso de reclamación.
Los recurrentes sostienen que el acuerdo impugnado les causó agravio, porque se realizó erróneamente la cuantificación del término para la interposición de la demanda establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, ya que si bien era cierto, se calculó el tiempo transcurrido entre la fecha de notificación del acto reclamado y la data última para presentar la demanda de amparo, descontando los días sábados y domingos considerados inhábiles, cierto era también que omitió tomar en consideración los días también inhábiles que la autoridad señalada como responsable determinó que así lo fueran, en la publicación que por boletín laboral realizó el lunes veintiséis de marzo de dos mil doce.
Continúan manifestando los recurrentes que, efectivamente, tal como expusieron en la demanda de amparo, se les notificó el laudo reclamado el tres de abril de dos mil doce, pero la emisora del laudo, mediante publicación del veintiséis de marzo de dos mil doce, que realizó del Boletín Laboral bajo el registro tomo "1" número "9319", que efectuó la secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, licenciada **********, se determinó que los días cuatro, cinco y seis de abril de dos mil doce, serían inhábiles y se suspenderían labores, por lo que los términos procesales no correrían, salvo en materia de huelgas, fundando la publicación en el calendario que rige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 20, sección V, del Reglamento Interior de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, días que no fueron tomados en cuenta para la cuantificación del término para la presentación de la demanda de amparo.
Argumentan, que por lo anterior, tomando en cuenta que los días cuatro, cinco y seis de abril de dos mil doce fueron inhábiles, el término inició el día siguiente hábil, por lo que si el siete y ocho fueron sábado y domingo, respectivamente, el término inició el nueve de abril y feneció el veintisiete del mismo mes, ya que el catorce, quince, veintiuno y veintidós, son inhábiles, por ser sábados y domingos, por lo que si feneció el veintisiete y la demanda se presentó el veinticinco, fue presentada en tiempo y forma, en términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 24, fracción II, de la Ley de Amparo.
Los recurrentes exhibieron adjunto al escrito de expresión de agravios, copia certificada del boletín laboral de veintiséis de marzo de dos mil doce, antes referido.
Son infundados los agravios citados por lo que a continuación se considera.
El recurso de reclamación tiene su origen en la estimación, por parte de quien lo interpone, de que se quebrantaron las normas que rigen la determinación impugnada, por lo que la litis se circunscribe a determinar acerca de la legalidad de los fundamentos y las consideraciones que sustentan los acuerdos de trámite que en el juicio de amparo fueron pronunciados por los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o del presidente de ésta, y que además tiene por objeto que, al revisar el contenido de la resolución, ésta se confirme, revoque o modifique, por lo que, por regla general, debe resolverse atendiendo a las constancias que sirvieron de base para emitir el acuerdo de presidencia y los agravios que se formulan al respecto, no obstante ello, tratándose del desechamiento de una demanda de amparo, sustentado en que ésta no se presentó dentro del plazo legal, por excepción, el recurrente puede, válidamente, corroborar su defensa con la exhibición de la prueba documental concerniente a la oportunidad que tuvo para hacer valer el medio de defensa no admitido, es decir, puede demostrar la ilegalidad del acuerdo relativo con un documento encaminado a probar que la demanda fue presentada en su oportunidad, por lo que en ese supuesto, la prueba aportada debe admitirse y analizarse para advertir debidamente la certeza y legalidad del cómputo que se realizó para desechar la demanda de garantías y, en su caso, revocar el auto de presidencia.
Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada P. XXI/91, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, mayo de 1991, página 13, que dice:
"RECLAMACIÓN, PRUEBAS EN EL RECURSO DE. DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN SI SE ENCAMINAN A PRECISAR LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA RECURRIDA EN REVISIÓN QUE SE TOMÓ COMO BASE PARA DESECHAR ESTE RECURSO. Aunque por regla general no es admisible ningún medio de prueba en el recurso de reclamación, toda vez que el acuerdo impugnado debe analizarse a la luz de las constancias que se tuvieron a la vista para dictarlo, si la reclamante aporta una probanza directamente encaminada a precisar la verdadera fecha de la notificación de la sentencia que se combate, con base en la cual se determina el desechamiento, por extemporaneidad del recurso de revisión interpuesto, en tal hipótesis sí debe tomarse en consideración dicho medio de convicción, ya que, de lo contrario, podría dejarse en estado de indefensión a la parte recurrente, dado que la única oportunidad para demostrar la inexactitud del dato en cuestión la constituye, precisamente, el recurso de reclamación."
El artículo 177 de la Ley de Amparo, prevé que el Tribunal Colegido examinará ante todo la demanda de amparo y, que si encuentra motivos manifiestos de improcedencia, la desechará de plano, debiendo considerarse, por tanto, que con base en lo ahí establecido, en cualquier supuesto que de la propia demanda de amparo se evidencie fehacientemente un impedimento que no se pueda subsanar y por el cual el órgano que conoce del amparo se encuentre impedido para hacer declaración acerca de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, debe desecharse la demanda de amparo apoyándose en ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia.
En el presente caso, el presidente de este Tribunal Colegiado, mediante acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil doce, en uso de las facultades que le confiere el artículo 177 de la referida Ley de Amparo, determinó desechar de plano la demanda de amparo, considerando al efecto que se actualizó la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, al tratarse de un acto tácitamente consentido, toda vez que era extemporánea la promoción del juicio de amparo, en virtud de que el acto reclamado se hizo consistir en el laudo de veinticuatro de enero de dos mil doce, el cual señaló la parte quejosa le fue notificado el tres de abril de dos mil doce, lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se ubicaba en la primera hipótesis prevista en este numeral, de donde se desprendía que el término de quince días que tenía para promover el amparo, inició el miércoles cuatro y concluyó el martes veinticuatro de abril de dos mil doce, excluyéndose los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós de abril, por haber sido sábados y domingos, por lo que si la demanda se presentó hasta el miércoles veinticinco de abril de dos mil doce, la resolución impugnada se trataba de un acto tácitamente consentido, de conformidad con el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, al ser extemporánea la promoción del juicio de amparo.
Este tribunal estima que fue correcta la determinación de su presidente al haber desechado la demanda de amparo a los ahora recurrentes.
Es así, en virtud de que, efectivamente, en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que señala:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"...
"XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218. ..."
Para evidenciar lo anterior se precisa lo siguiente:
El artículo 21 de la Ley de Amparo, dispone:
"Artículo 21. El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos."
De dicho precepto se desprenden tres supuestos a efecto de computar el término para la interposición de la demanda de amparo.
1. Al día siguiente al en que haya surtido efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución del acuerdo que reclame.
2. Al día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución y,
3. Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis jurisprudencial 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, Materia Común, página 286, que dice:
"DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por boletín judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto."
De lo que se colige que existen tres momentos diferentes e independientes para computar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo.
En la especie se aprecia que los recurrentes manifestaron en la demanda de amparo que les fue notificado el laudo, el tres de abril de dos mil doce; por lo que de conformidad con lo ya precisado, nos encontramos en el tercero de los supuestos del artículo 21 de la Ley de Amparo, toda vez que en esa fecha se ostentaron sabedores del laudo reclamado; por lo que el término para computar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo comenzó al día siguiente de la data en mención.
Así, debe tomarse como base para contar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo el martes tres de abril de dos mil doce, por lo que empezó a correr a partir del día siguiente de esa fecha, por tanto, inició el miércoles cuatro y concluyó el martes veinticuatro, ambos de abril del mencionado año; de ese lapso se excluyen los días siete, ocho, catorce, quince, veintiuno y veintidós del citado mes y año, por haber sido sábados y domingos.
En consecuencia, como la demanda de amparo, origen de este expediente fue presentada el miércoles veinticinco de abril de dos mil doce, según se advierte del reloj fechador de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, el cual consta en la primera hoja de la demanda de amparo en cita, pues cabe recordar que en la demanda de que se trata los ahora recurrentes también señalaron como actos reclamados las notificaciones, emplazamientos y razones actuariales, dictados en el expediente laboral **********, del índice de la Junta Especial Número Trece de la Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en el Distrito Federal, a quien correspondió su conocimiento, se reservó remitir la demanda original y sus anexos, con motivo de la incompetencia planteada por ese Juzgado de Distrito, en lo relativo al laudo dictado en el expediente laboral de referencia, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo en el Distrito Federal; es claro que el término de quince días a que se refiere el artículo 21 de la Ley de Amparo, corrió en exceso, de ahí que la demanda de amparo sea extemporánea y, por consiguiente, tal y como se estableció en el acuerdo impugnado, se actualiza la causal de improcedencia consignada en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo.
Dado lo expuesto, es infundado lo que argumentan los recurrentes, tocante a que el término para la interposición de la demanda empezó el lunes nueve de abril de dos mil doce y concluyó el viernes veintisiete del mismo mes y año, así como que deberían excluirse los días miércoles cuatro, jueves cinco y viernes seis de abril del mismo año, en que dicen suspendió labores la Junta responsable, de acuerdo con la publicación del veintiséis de marzo de dos mil doce, que se realizó del Boletín Laboral bajo el registro tomo "1" número "9319", que efectuó la secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, licenciada **********, en que se determinó que los días cuatro, cinco y seis de abril de dos mil doce, serían inhábiles y se suspenderían labores, por lo que los términos procesales no correrían, salvo en materia de huelgas, fundando la publicación en el calendario que rige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el artículo 20, sección V, del Reglamento Interior de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
En efecto, es infundado tal alegato, si bien, de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Amparo, deben excluirse los días declarados inhábiles, para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo entre los que se encuentran aquellos en que la autoridad responsable no haya laborado, como se aprecia de dicho precepto, así como de las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal y la Segunda Sala, P./J. 5/95 y 2a./J. 18/2003, en que se ha sostenido que entre los días que deben excluirse para determinar la oportunidad de la presentación de una demanda de amparo se encuentran aquellos en que la autoridad responsable no haya laborado, pues así se aprecia de dichos criterios, los cuales están publicados, el primero de ellos, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 86-2, febrero de 1995, página 11, que dice:
"DÍAS INHÁBILES. PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN EXCLUIRSE TANTO LOS QUE CONTEMPLA LA LEY DE AMPARO AUNQUE HAYAN SIDO LABORABLES PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, COMO LOS CONTEMPLADOS COMO HÁBILES POR LA PROPIA LEGISLACIÓN CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SUSPENDIERON SUS LABORES. Una correcta interpretación de los artículos 21 y 23 de la Ley de Amparo, conduce a estimar que del plazo para interponer la demanda respectiva, deben excluirse los días que expresamente se encuentran consignados como inhábiles en la citada ley, aun cuando hayan sido laborables para las autoridades responsables ante quienes deba hacerse la promoción, puesto que dichas disposiciones provienen de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales que por ser la especializada en la materia es de observancia obligatoria para el trámite del juicio de amparo; lo cual no impide que en concordancia con el contenido de los diversos artículos 24 y 26 de la misma legislación, deban además excluirse de dicho término los días que aunque contemplados como hábiles por el citado artículo 23, hubiesen suspendido las labores el juzgado o tribunal en el que deba hacerse la promoción."
El segundo se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de 2003, página 243, que dice:
"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. PARA DETERMINAR LA OPORTUNIDAD EN SU PRESENTACIÓN, EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO DEBE COMPUTARSE TOMANDO EN CUENTA COMO HÁBILES TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, CON EXCEPCIÓN DE LOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 23 DE LA CITADA LEY Y 163 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA LABORADO. Del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 5/95, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-II, febrero de 1995, página 40, se desprende que para determinar la oportunidad en la presentación de una demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictada por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, no deben excluirse del cómputo respectivo, los días hábiles en que el Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento haya suspendido labores, ya que sólo deben excluirse los días que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señalan como inhábiles, aunque los haya laborado la autoridad responsable y los días en que no haya laborado la autoridad responsable. No es óbice a lo antes expuesto lo previsto en el artículo 26 de la ley de la materia, en el sentido de que no se computarán los días hábiles no laborados por ‘el juzgado o el tribunal en que deban hacerse las promociones’, toda vez que tal disposición debe entenderse referida únicamente a los días hábiles en que la autoridad responsable haya suspendido sus labores, en tanto que es a ésta a la que le corresponde recibir la demanda de garantías por disposición expresa del artículo 163 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales."
Lo cierto es que para descontar esos días, miércoles cuatro, jueves cinco y viernes seis de abril de dos mil doce, del término de quince días a que alude el artículo 21 de la Ley de Amparo, para determinar la oportunidad de la presentación de la demanda de amparo, es necesario tener la certeza de que la responsable no laboró en esas fechas; sin embargo, de la certificación de la demanda de amparo, realizada por el secretario de Acuerdos de la Secretaría Auxiliar de Amparos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, no se desprende que dichos días hayan sido considerados como inhábiles, pues únicamente se certificó que no mediaron días inhábiles a partir de la notificación del laudo realizada por esa Junta, lo cual ocurrió el cuatro de septiembre de dos mil doce (foja doscientos diecinueve y vuelta del expediente laboral **********, del que deriva el laudo reclamado en la demanda de amparo), por lo que los días que fueron inhábiles con anterioridad a esa fecha no se certificaron.
Asimismo, debe decirse que no se está en el caso de tomar en cuenta la copia del boletín laboral que exhibieron los recurrentes en este recurso, a efecto de tener por acreditado que los días cuatro, cinco y seis de abril de dos mil doce, fueron inhábiles para la responsable, de acuerdo con la publicación del veintiséis de marzo de dos mil doce, que se realizó del Boletín Laboral bajo el registro tomo "1" número "9319", que efectuó la secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, licenciada **********, en que se determinó que los días cuatro, cinco y seis de abril de dos mil doce, serían inhábiles y se suspenderían labores; atento a las consideraciones siguientes:
Para arribar a esta determinación, es menester precisar que de acuerdo con su naturaleza jurídica, la fe pública es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su potestad de imperio, que se ejerce a través de los órganos estatales, pues la fe pública se recibe por disposición de la ley, mediante la autorización respectiva y por medio de ella el Estado garantiza que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho, salvaguardando la seguridad jurídica, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica.
Esta consideración encuentra apoyo en la tesis 1a. LI/2008, emitida por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de 2008, página 392, que dice:
"FE PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA. La fe pública es originalmente un atributo del Estado, en virtud de su imperio, que se ejerce a través de los órganos estatales, pues por disposición de la ley los fedatarios la reciben mediante la patente respectiva, y aunque conforme al sistema jurídico mexicano no forman parte de la organización del Poder Ejecutivo sí son vigilados por éste. Así, por medio de la fe pública el Estado garantiza que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; de ahí que deba considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario tanto al Estado como al particular, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica."
Conforme a lo anterior, un funcionario público tendrá facultad para expedir certificaciones de documentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, si la ley correspondiente lo autoriza para ello, respecto de los documentos que obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia, lo que implica que no por el solo hecho de ser un funcionario o servidor público que ejerza una función pública, tiene la facultad para emitir actos de fe, es decir, para autenticar en términos de ley los documentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, imprimiéndoles, al ser certificados por el funcionario público, efectos generales, toda vez que para ello se requiere que esté investido de fe pública, que le es conferida por la ley, en virtud de las funciones que realiza, para poder otorgar certeza y seguridad jurídica a los destinatarios de la norma, en beneficio del interés público.
Así, el artículo 795 de la Ley Federal del Trabajo, dispone:
"Artículo 795. Son documentos públicos aquellos cuya formulación es la encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus funciones.
"Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización."
En el caso, de la copia de la carátula del boletín laboral que obra en los autos del expediente de amparo del que deriva este recurso, a fojas ochenta y siete a noventa y siete y vuelta, se advierte el aviso en el que se declararon inhábiles los días que refieren los recurrentes, en los siguientes términos:
"Boletín Laboral
"México, D.F., lunes 26 de marzo de 2012.
"Tomo Número Costo
"1 9319 $8.00 pesos
"Aviso
"Se hace del conocimiento del personal, litigantes y público en general que, de conformidad con el calendario de labores que rige a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación y al artículo 20, Sección V, del Reglamento Interior de esta Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal; se suspenderán las labores los días 4, 5 y 6 de abril del año en curso, por lo que no correrán los términos procesales, salvo en materia de huelgas.
"Ciudad de México, lunes 26 de marzo de 2012.
"La C. Secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F.
"Lic. **********."
Al reverso de la última hoja de la copia del boletín de mérito, aparece la siguiente leyenda:
"La secretaria general de Asuntos Individuales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 31, fracción XIII, del reglamento interior de la misma.
"Certifica: que la presente copia fotostática, constante de once fojas útiles, escritas por ambos lados, son copia fiel y exacta de su original, que se tuvo a la vista y que obra en la Subdirección de Estadística, Biblioteca y Centro de Documentación de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal. Doy fe. México, Distrito Federal, a uno de octubre de dos mil doce. Conste. Lic. ********** (Firma ilegible)."
De lo anterior se aprecia que la aludida certificación se realizó de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el dieciocho de abril de dos mil, cuya última reforma se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintiocho de mayo de dos mil uno.
La emisión del reglamento encuentra su fundamento en la Ley Federal del Trabajo, particularmente en lo dispuesto en el artículo 614, fracción I, que señala que el Pleno de la Junta tiene, entre otras facultades y obligaciones, la de expedir el Reglamento Interior de la Junta y el de las Juntas de Conciliación.
De acuerdo con la exposición de motivos del Reglamento Interior de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, éste tiene como objetivo fundamental, modernizar el marco legal que rige la vida interna del tribunal, así como complementar y precisar funciones, atribuciones y obligaciones que la Ley Federal del Trabajo le confiere a los órganos que la conforman.
El artículo 1o. de dicho reglamento, establece:
"Artículo 1o. El presente reglamento norma la estructura, organización y funciones administrativas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, así como el despacho de los asuntos que se tramitan ante la misma y, determina las facultades y obligaciones del personal jurídico y administrativo que en ella presta sus servicios, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley Federal de Responsabilidades para los Servidores Públicos, así como las Condiciones Generales de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal."
El artículo 5o. (de acuerdo con la última reforma, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el veintiocho de mayo de dos mil uno) del reglamento en cita, dispone:
"Artículo 5o. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, cuenta con la siguiente estructura básica:
"I. El Pleno.
"II. El presidente.
"1. La secretaría particular;
"2. La coordinación de asesores;
"3. Coordinación de informática y sistemas;
"4. La unidad jurídica de oficialía de partes;
"5. La unidad jurídica de peritos;
"6. La coordinación general de administración;
"6.1 Coordinación de recursos materiales;
"6.2 Coordinación de recursos humanos;
"6.3 Coordinación de recursos financieros;
"A) La secretaría general de asuntos individuales;
"1. Las Juntas Especiales;
"2. La secretaría auxiliar de amparos;
"3. La secretaría auxiliar de conciliadores;
"B) La secretaría general de asuntos colectivos;
"1. La secretaría auxiliar de huelgas;
"2. La secretaría auxiliar de contratos colectivos;
"3. La secretaría auxiliar de conflictos colectivos;
"4. La secretaría auxiliar de registro y actualización sindical;
"C) La contraloría de la Junta Local.
"1. La subcontraloría de auditoría;
"2. La subcontraloría de responsabilidades;
"III. El comité de administración."
El diverso artículo 20 del mismo ordenamiento, establece:
"Artículo 20. El Pleno de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes:
"...
"
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24296-ea431212/secretario-general-de-asuntos-individuales-de-la-junta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE CONVALIDA SI SUSCRIBE EL ACTA DE LA AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN CORRESPONDIENTE (LE (AMPARO DIRECTO)
- VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA LABORAL. LA CONSTITUYE LA FALTA DE FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA EN LAS ACTUACIONES TRASCENDENTES (AUTO DE RADICACIÓN, ACUERDO (AMPARO DIRECTO)
- AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DE LAUDO CELEBRADA POR EL AUXILIAR DE LA JUNTA ESPECIAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN SUSTITUCIÓN DE SU PRESIDENTE. PARA DETERMINAR (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EL SECRETARIO DE ACUERDOS DA FE DE QUE LA JUNTA ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA, PERO EL ACTA RELATIVA A LA ADMISIÓN DE AQUÉLLAS NO ESTÁ FIRMADA (CONTRADICCIÓN DE TESIS 85/2004-SS)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- SECRETARIO GENERAL DE ASUNTOS INDIVIDUALES DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL. AL NO ENCONTRARSE INVESTIDO DE FE PÚBLICA, LA CERTIFICACIÓN DE DOCUME (I.13o.T.54 L (10a.))
- JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SUS SECRETARIOS CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS QUE NO EXISTAN EN AUTOS. (s/clave)
- JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. SUS SECRETARIOS CARECEN DE FACULTADES PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS QUE NO EXISTAN EN AUTOS.- (927)
- LAUDO FIRMADO POR EL SECRETARIO AUXILIAR DE LA JUNTA. AL NO ESTAR FACULTADO LEGALMENTE PARA HACERLO CARECE DE VALIDEZ JURÍDICA Y CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIE (XX.2o. J/12)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis