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Modo: Corpus Pro

LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE CONVALIDA SI SUSCRIBE EL ACTA DE LA AUDIENCIA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN CORRESPONDIENTE (LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 66/2023. · Registro digital (IUS): 31821
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2023-10-06
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo V, Pág.5073.

AMPARO DIRECTO 66/2023. 27 DE ABRIL DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: CECILIA PEÑA COVARRUBIAS. PONENTE: JULIO EDUARDO DÍAZ SÁNCHEZ. SECRETARIO: ISAÍAS MAXIMILIANO PULIDO DEL MAZO.

CONSIDERANDO:

SEXTO.—Estudio de los conceptos de violación. Resulta procedente estudiar los conceptos de violación en un orden distinto al propuesto por la parte quejosa, atento a su contenido y a la relación lógica que existe entre ellos, en especial, aquellos que se refieren a la valoración de pruebas relacionadas con la existencia de la relación de trabajo.

En esa tesitura, la parte quejosa aduce lo siguiente:

1. Que el acto reclamado viola las garantías del debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, en virtud de los ilegales emplazamientos que obran en autos.

1.1. Que el emplazamiento es ilegal por haberse realizado en domicilio distinto al que la responsable ordenó notificar, sin que hubiera tenido el notificador los medios para cerciorarse de tal circunstancia.

1.2. Que en actuación de catorce de agosto de dos mil diecisiete se advierte que la responsable ordena notificar en el domicilio de **********, número **********, Municipio de **********, Jalisco, siendo que el actuario no expresó los medios que tuvo a la vista para cerciorarse del domicilio, en términos del artículo 743, fracción VI, Ley Federal del Trabajo.

1.3. Que a fojas 49 del expediente laboral la quejosa acreditó la propiedad del domicilio sito en ********** número **********, colonia **********, Municipio de **********, Jalisco, con la licencia municipal.

1.4. Que si el actuario no tuvo en ningún momento certeza, ni se cercioró adecuadamente de que el domicilio a emplazar era el correcto, debe concederse el amparo por incumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento.

1.5. Que el emplazamiento no satisface los requisitos del artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues no hay medio por el cual el actuario se haya cerciorado que en el domicilio se encuentra a quien debe practicarse la diligencia.

2. Que el acto reclamado viola las garantías del debido proceso, seguridad jurídica y el principio de legalidad en virtud de los ilegales emplazamientos.

2.1. Que el emplazamiento se realizó en domicilio distinto al en que la responsable ordenó practicarlo, pues en ningún momento contó con los medios idóneos para cerciorarse de la existencia del domicilio en la respectiva diligencia.

2.2. Que la autoridad responsable ordena en actuación de catorce de agosto de dos mil diecisiete notificar en ********** número **********, colonia ********** Municipio de **********, Jalisco.

2.3. Que en términos del artículo 743, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, el emplazamiento a juicio debe contener la razón clara en autos de cómo el actuario se cercioró del domicilio.

2.4. Que a fojas 48 del expediente laboral se observa, que cuando la quejosa comparece, acredita la propiedad del domicilio ubicado en ********** número **********, colonia **********, Municipio de **********, Jalisco, siendo éste distinto en la nomenclatura y calle al que señaló la autoridad responsable.

2.5. Que de conformidad con el artículo 640 de la Ley Federal del Trabajo, es una falta grave de los actuarios no hacer las notificaciones con apego a la ley.

2.6. Que el emplazamiento no satisface los requisitos del artículo 742, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, pues el actuario no se cercioró debidamente que en el domicilio se encontró la persona a quien debió emplazarse, y ni siquiera de la existencia del domicilio.

Los argumentos anteriores son inoperantes, pues de autos se advierte que la quejosa consintió la violación derivada del supuesto ilegal emplazamiento, ya que no impugnó oportunamente dicho emplazamiento.

Empero, la parte quejosa compareció a juicio al presentar en la Junta del conocimiento sus escritos de contestación a las demandas de cada trabajadora;(4) además, es inconcuso que estuvo en oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas en igualdad procesal, por lo que no es dable considerar que la quejosa quedó sin defensa como consecuencia de las irregularidades del citatorio y posterior emplazamiento.

Asimismo, se advierte que la quejosa no impugnó en un primer amparo directo el citatorio y posterior emplazamiento, ni tampoco hizo valer concepto de violación alguno en contra de tal violación en el amparo adhesivo relacionado con el principal número ********** del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, por lo que debe tenerse por consentida la violación procesal que pretende evidenciar.

Ante la imposibilidad de abordar el estudio de los argumentos anteriores, éstos deben declararse inoperantes; pensar lo contrario implica aceptar que la quejosa pueda impugnar el emplazamiento en cualquier etapa del proceso cuando haya adquirido la calidad de parte en el juicio original.

En ese sentido, se justifica que no proceda el análisis de violaciones procesales respecto de las cuales no se hubieren agotado los recursos o medios de defensa ordinarios, ya que no sería válido combatir en amparo una violación procesal sobre la cual ya no se tiene derecho de impugnación, según las reglas del procedimiento del que emana el acto reclamado. Además, cuando la falta de impugnación se traduce en el consentimiento de la violación cometida, el vicio quedaría purgado.

Lo anterior encuentra sustento en el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente:

"VIOLACIONES PROCESALES. EL ARTÍCULO 171 DE LA LEY DE AMPARO, QUE IMPONE SU PREPARACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, NO ES IRRACIONAL NI VULNERA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. El precepto citado establece que al reclamarse en amparo directo la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio deben hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Lo anterior resulta constitucional pues no transgrede los derechos fundamentales del quejoso, ya que el requisito previsto para analizar las violaciones procesales obedece a la naturaleza del juicio de amparo como medio extraordinario para el mantenimiento del orden constitucional. Conforme a dicha naturaleza, no se justifica acudir al juicio de amparo para la reparación de violaciones cometidas en el procedimiento si en las leyes ordinarias se prevé algún remedio legal por el cual puedan repararse, ya que, en tal caso, la parte tiene la carga de agotar tales medios ordinarios o de lo contrario, su derecho de impugnación precluye. Esto es lo que justifica que no proceda el análisis de violaciones procesales respecto a las cuales no se hubieren agotado los recursos o medios de defensa ordinarios, ya que no sería válido combatir en amparo una violación procesal sobre la cual ya no se tiene derecho de impugnación, según las reglas del procedimiento del que emana el acto reclamado. Además, cuando la falta de impugnación se traduce en el consentimiento de la violación cometida, el vicio quedaría purgado. De ahí que la norma no sea arbitraria ni constituya un obstáculo irracional para la procedencia del estudio de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo."(5)

3. Que el acto reclamado es violatorio de los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, por hacer efectivos los apercibimientos en contra de la quejosa con motivo de la prueba de inspección ocular que ofertó la parte actora.

3.1. Que la responsable valoró incorrectamente la prueba de inspección ocular que se desahogó a fojas 136 de autos, pues concluyó que ante la omisión de las demandadas se presumen ciertos los hechos a probar.

3.2. Que la inspección ocular es insuficiente para acreditar la relación de trabajo en el presente asunto, pues cabe señalar que la quejosa ********** negó la relación de trabajo con ********** y **********, negó la relación de trabajo con ambas accionantes.

3.3. Que los apercibimientos contenidos en el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo deben ser condicionados cuando se niegue la relación laboral. En el presente asunto la negativa se hace valer por la codemandada **********.

3.4. Que de ninguna de las pruebas ofertadas por las accionantes se desprende la presunción de las relaciones de trabajo. Esto es una violación que trasciende al fondo y que amerita la concesión del amparo.

Lo anterior es infundado, en atención a las consideraciones siguientes.

El problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso la presunción derivada de la inspección ocular que ofertaron las trabajadoras es suficiente para tener por acreditada la relación de trabajo.

En efecto, el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo(6) dispone que la parte patronal tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos consistentes en contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato-ley aplicable; listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo, o los recibos de pago de salarios; controles de asistencia, también cuando se lleven en el centro de trabajo, así como los comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos y primas a que se refiere dicha ley.

En relación con lo anterior, la ley laboral permite ofrecer la prueba de inspección ocular respecto de aquellos documentos. Si el patrón no cumple la obligación de exhibirlos, genera la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario.

Por tanto, cuando la patronal niega la relación de trabajo revierte la carga de la prueba al trabajador; y si este último ofrece la inspección ocular respecto de los contratos individuales a que se refiere el citado numeral 804, sin que la patronal exhiba en juicio tales documentos, la presunción derivada del artículo 805 de la ley en comento es suficiente para tener por cierta la existencia de la relación laboral.

Lo anterior se fundamenta en la tesis jurisprudencial con clave 2a./J. 12/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente:

"RELACIÓN LABORAL. LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA PRUEBA DE INSPECCIÓN SOBRE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y QUE NO PRESENTÓ, ES SUFICIENTE POR SÍ SOLA PARA ACREDITAR DICHA RELACIÓN SI NO APARECE DESVIRTUADA POR OTRA PRUEBA. La inspección es uno de los medios de prueba permitidos por la ley para que el juzgador pueda llegar al conocimiento real de la verdad de los hechos expuestos por las partes, y tiene por objeto que el tribunal verifique, por conducto del funcionario facultado para ello, hechos que no requieren de conocimientos técnicos, científicos o artísticos especiales, esto es, la existencia de documentos, cosas o lugares y sus características específicas, perceptibles a través de los sentidos. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio, entre otros documentos, los contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato-ley aplicable; las listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo, o los recibos de pago de salarios; los controles de asistencia, también cuando se lleven en el centro de trabajo, así como los comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos y primas a que se refiere dicha ley; a su vez, el artículo 805 del propio ordenamiento legal prevé que el incumplimiento a lo dispuesto en el citado artículo 804, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo prueba en contrario. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 38/95, que aparece publicada en la página 174 del Tomo II, correspondiente al mes de agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo que la presunción de la existencia de la relación laboral se actualiza, si para el desahogo de una prueba de inspección, el patrón no exhibe los documentos que conforme a la ley está obligado a conservar. Por tanto, atendiendo a lo anterior y a los principios tuteladores que rigen en materia de trabajo a favor de quien presta sus servicios a un patrón, necesariamente ha de concluirse que cuando la referida presunción no se encuentre desvirtuada con medio alguno de prueba aportado por el patrón, por sí sola resultará suficiente para acreditar la existencia de la relación laboral."(7)

En la especie, se advierte que la hoy quejosa y codemandada **********, negó la relación de trabajo respecto de la actora **********,(8) mientras que la otra codemandada **********, negó la relación de trabajo con las dos trabajadoras.

En su escrito de ofrecimiento de pruebas, el apoderado común de ambas trabajadoras ofreció como prueba la inspección ocular respecto de todos los documentos correspondientes a la plantilla de trabajadores de las demandadas ********** y **********, del periodo que se comprendió del siete de febrero de dos mil dieciséis al veintisiete de junio de dos mil diecisiete. Dicha prueba tuvo por objeto acreditar la relación de trabajo con ambas codemandadas.(9)

En audiencia de once de junio de dos mil dieciocho, se desahogó la inspección ocular. En la misma audiencia la parte demandada solamente ofreció un legajo de nóminas correspondientes al periodo de mayo de dos mil dieciséis a mayo de dos mil diecisiete, así como los documentos relacionados con el pago de aguinaldo correspondiente al dos mil diecisiete. Situación que llevó a la Junta responsable a tener por presuntivamente ciertos los hechos objeto de la prueba por la no exhibición de documentos a cargo de las demandadas.(10)

En el laudo, la Junta del conocimiento tuvo por acreditada la relación de trabajo entre ********** y **********. En lo referente a las relaciones de trabajo entre ********** con ********** y ********** con ********** y **********, la Junta estableció el débito probatorio a cargo de las actoras.

La Junta concluyó que la presunción derivada de la inspección ocular rindió beneficio a sus oferentes para demostrar la relación de trabajo de cada una de las partes.(11)

Consideraciones de la Junta responsable que son correctas a juicio de este Tribunal Colegiado de Circuito, pues la presunción derivada de la no exhibición de documentos a cargo de las patronales a que se refiere el artículo 805 de la Ley Federal del Trabajo, es suficiente para tener por demostrada la existencia de la relación de trabajo entre ambas trabajadoras y las codemandadas.

Ello, pues ambas trabajadoras ofrecieron en términos claros y precisos la inspección ocular respecto de los documentos que se encuentran en poder de las demandadas. Luego entonces, el resultado de la prueba es útil para tener por ciertas las relaciones de trabajo entre ********** con ********** y ********** con ********** y **********, sin que se contraponga dicha presunción con prueba en contrario.

Es así que al presente caso le resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 12/2001, puesto que la falta de exhibición de los contratos individuales de trabajo que tienen obligación de conservar y exhibir ambas codemandadas es suficiente para que se presuma la existencia de las relaciones de trabajo en cuestión.

No pasa inadvertido que la quejosa aduce que la inspección ocular debe ser condicionada en relación con cada una de las negativas de la existencia de la relación de trabajo en particular. Sin embargo, no le asiste razón, pues como ya se indicó en líneas precedentes, los términos en que se ofreció la prueba fueron específicos en relación con todas las codemandadas, por lo que los resultados de dicha prueba tienen el alcance suficiente para desvirtuar todas las negativas de vínculos de trabajo que integran la litis.

Por tanto, al resultar infundados los argumentos de la quejosa, debe prevalecer la valoración de la prueba de inspección ocular que realizó la Junta responsable respecto de las negativas de la relación de trabajo de cada codemandada.

4. Que el acto reclamado viola los artículos 14, 16 y 17 constitucionales en relación con el artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

4.1. Que el desahogo de las pruebas confesionales efectuado el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho (visible a fojas 127 a 134 del expediente laboral) debió efectuarse conforme a los parámetros constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos para personas mayores.

4.2. Que en términos del artículo 31 de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la responsable debió realizar ajustes al procedimiento respecto de la confesional a cargo de ********** y que ofertó **********, por ser una persona que contaba con setenta y tres años.

Los conceptos de violación en cita son inoperantes, pues en ellos la parte quejosa pretende combatir una violación de procedimiento que se verificó con anterioridad a la emisión del primer laudo, y que no impugnó oportunamente en amparo principal contra dicha resolución, ni a través del amparo adhesivo que promovió en relación con el principal ********** del índice de este órgano jurisdiccional.

Lo anterior es así, porque la supuesta violación consistente en la omisión de realizar ajustes al procedimiento en el desahogo de la confesional a cargo de **********, se suscitó el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho,(12) por lo que al no haberla hecho valer en amparo principal o en adhesivo, precluyó el derecho a reclamarla en el presente juicio, ya que tal cuestión que no formó parte de la litis constitucional, habrá quedado firme sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen.

Al respecto, cobra aplicación la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE. Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales."(13) No obstante que la parte quejosa, en su momento, promovió amparo adhesivo al principal **********, del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito, de su contenido se advierte que no esgrimió concepto de violación alguno tendente a combatir la violación procesal que aquí se expone, por lo que ante dicha omisión impugnativa, se reafirma que precluyó su derecho para hacerlo valer a través del presente juicio constitucional; de ahí, lo inoperante de sus argumentos.

4.3. Que debe analizarse la posición marcada con el número veintiocho de las que ofertó **********, de conformidad con la aludida convención, pues a partir de ella se condenó de manera conjunta y solidaria a las demandadas.

La posición en comento dice: "28. Que las relaciones laborales entre las trabajadoras actoras y usted siempre fueron cordiales."

4.4. Que tal posición resulta insidiosa por el hecho de que a través de las palabra "actora" se busca ofuscar la inteligencia de la absolvente persona mayor que no practica la profesión jurídica.

De igual forma, en dicha posición resulta insidioso el término "relaciones laborales" y "fueron cordiales", pues en virtud del carácter público de las audiencias, la absolvente persona mayor pudo haberse confundido, por lo que debió hacerse un ajuste razonable al procedimiento para evitar abuso al procedimiento.

4.5. Que tal posición es inútil puesto que no tiene como fin procesal acreditar algún supuesto, sino que se limita única y exclusivamente a confundir, pues su objeto es probar la supuesta cordialidad.

Los motivos de disenso anteriores son inoperantes, pues de su contenido se advierte que se refieren a una circunstancia en el juicio de origen que no causa perjuicio a la hoy quejosa, por referirse a hechos que no le son propios.

En efecto, la confesional a la que alude la quejosa perjudica a su codemandada ********** en lo que respecta a la existencia de la relación de trabajo con las dos trabajadoras actoras. En este sentido la parte legitimada para inconformarse es **********, ya que fue ella la absolvente del interrogatorio.

Es un hecho notorio que la codemandada ********** comparece como quejosa en el relacionado juicio de amparo ********** del índice de este Tribunal Colegiado de Circuito y hace valer el mismo motivo de disenso, por lo que su estudio debe ser materia propiamente de aquel amparo en función del agravio que le causa a ésta, a efecto de evitar la emisión de resoluciones contradictorias o reiterativas.

5. Que el acto reclamado viola las garantías del debido proceso, pues la responsable no le dio valor probatorio a la documental de informes que rindió el Instituto Mexicano del Seguro Social (visible a foja 171). Del informe en cita se desprendió que ********** no cuenta con registro como patrona ante el instituto en mención; en consecuencia, el informe robustece la negativa de la relación de trabajo de ********** y el reconocimiento del vínculo entre ********** con **********.

5.1. Que se refuerza la negativa de la relación de trabajo, porque los patrones están obligados a darse de alta ante el IMSS; por ende, debió otorgársele valor probatorio pleno para no condenar de manera conjunta y solidaria a las demandadas.

Los motivos de disenso anteriores son inoperantes.

En su planteamiento, la quejosa se refiere a dos aspectos: el débito probatorio de su codemandada ********** y la certeza de la relación de trabajo entre la quejosa y la actora **********.

En cuanto al primer aspecto, no es posible abordar el estudio de los conceptos de violación por no ser una cuestión que le produzca un agravio personal y directo a la quejosa. Ello se afirma en razón de que es ********** la parte que ofreció el informe a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social para desvirtuar la existencia de la relación de trabajo.

Por lo tocante al segundo aspecto, a nada útil lleva estudiar el resultado de la prueba documental en vía de informe respecto a la relación de trabajo entre ********** y **********, pues es un hecho que se tuvo por acreditado a través de la documental consistente en el contrato individual de trabajo. Por ende, las conclusiones que se derivan de dicha documental privada no pueden ser afectadas o modificadas por el informe a cargo del referido instituto de seguridad social.

6. Que el acto reclamado viola los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en relación con el 610 de la Ley Federal del Trabajo, por la falta de firma del secretario general adscrito a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.

6.1. Que la falta de firma del funcionario en comento es una violación procesal que trasciende al resultado del fallo por dotar de certeza jurídica la instrucción del procedimiento laboral, además de que no puede convalidarse dicha omisión.

Lo anterior es infundado, atento al razonamiento siguiente:

El problema jurídico por resolver consiste en determinar si la falta de firma del secretario general de la Junta responsable en el laudo es una violación procesal que trascendió al resultado del fallo por la falta de certeza jurídica que produce en la quejosa y, por ende, amerita la reposición del procedimiento; ello, teniendo en cuenta que la firma del secretario en comento aparece inserta en el acta de la sesión de discusión de votación de laudo que se celebró el veinticuatro de junio de dos mil veintidós.

En efecto, de la interpretación literal y sistemática de los artículos 691, fracción II, 620 fracción III, 839, 886 a 890 de la Ley Federal del Trabajo(14) se desprende que el secretario general de la Junta es el funcionario que cuenta con la facultad de dar fe a las actuaciones procesales en materia laboral. Entre esas actuaciones se contempla a la audiencia de discusión y votación del laudo, la cual constituye el momento procesal exacto en el cual los integrantes de la Junta deben firmar dicha resolución después de agotar las fases previas. Lo anterior para el efecto de que el laudo alcance la categoría de ejecutoriado y adquiera fuerza vinculante respecto de las partes.

En la especie, se constata que el laudo que se pronunció en fecha uno de junio de dos mil veintidós no contiene la firma del secretario general, de nombre **********.(15)

No obstante, el referido secretario general sí firmó el acta de la sesión de discusión y votación del laudo que se celebró el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en la cual los miembros de la Junta responsable aprobaron por unanimidad de votos el proyecto de laudo y lo elevaron a la categoría de ejecutoriado.(16)

Lo anterior se puede apreciar claramente de la impresión fotográfica del acta de la sesión de discusión y votación del laudo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, que se inserta a continuación:

Se suprime imagen

Expuesto lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que la falta de firma en el laudo que alega la quejosa no constituye una violación procesal trascendente, pues a juicio de este órgano jurisdiccional, basta que la firma del secretario general de la Junta responsable se inserte en la audiencia de votación, discusión y aprobación del laudo para dotarlo de certeza jurídica, pues es precisamente después de esa aprobación en que el laudo reclamado se le dará a conocer a las partes a través de su notificación y, por tanto, podrá surtir efectos en la esfera jurídica de los contendientes.

Es cierto, por regla general y práctica común de los Tribunales Colegiados de Circuito, la falta de firma en el laudo de los servidores públicos de la Junta responsable que deben intervenir en la suscripción de tal resolución es una violación procesal que amerita la reposición del procedimiento, pues se considera que tal omisión de la Junta trasciende al resultado del fallo en virtud de que el laudo no puede surtir efectos, derivado de tal vicio formal, ya que carece de autenticidad y certidumbre jurídica.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 147/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente:

"LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO, CUANDO FUNCIONA EN JUNTA ESPECIAL O EN SALA, O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de un tribunal de trabajo o, del secretario de acuerdos, trae consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello, el órgano de control constitucional oficiosamente, sin necesidad de que en la demanda de amparo correspondiente se expresen conceptos de violación sobre tal aspecto e independientemente de quién la promueva, deberá declarar la nulidad del laudo y ordenarle al tribunal que lo emitió subsanar tal formalidad, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo."(17)

No obstante lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito considera que cuando el laudo carece de la firma del secretario general, pero el acta de la sesión de discusión y votación del laudo sí contiene la firma de todos los integrantes de la Junta y del secretario general, no se configura la violación procesal a la que hace referencia la tesis jurisprudencial de mérito, puesto que si el artículo 839 de la Ley Federal del Trabajo establece como requisito de validez del laudo que se inserte la firma de los integrantes y del secretario general el día en que la voten, se concluye que basta que se firme el acta de votación, discusión y aprobación para que el laudo tenga validez, e incluso, admitir que se convalide en tal acto la falta de fi

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31821-26502910/laudo-la-falta-de-firma-del-secretario-general · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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