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DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE CUMPLIR CON ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PROCESALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 163 Y 167 A 169 DE LA LEY DE AMPARO, DEBERÁ SER SANCIONADA CON MULTA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 341/2010. · Registro digital (IUS): 22577
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: **********.
Localización: Novena Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, , Pág. 2936.

AMPARO DIRECTO 341/2010. **********.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Resulta innecesario transcribir y examinar las consideraciones sustentadas en el laudo reclamado, así como los conceptos de violación hechos valer en su contra por el quejoso Instituto Mexicano del Seguro Social, en virtud de que este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, una infracción a las formalidades legales en la emisión del mismo, por lo siguiente:

En la especie, se impugna el laudo de fecha diez de febrero de dos mil diez dictado por la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, dentro del expediente administrativo laboral **********, iniciado por ********** en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Como ya se adelantó, de los autos del citado juicio laboral, se aprecia que la autoridad responsable incurrió en una violación a las formalidades que rigen el procedimiento laboral, al pronunciar el laudo materia del acto reclamado, misma que perjudica al solicitante de garantías.

En efecto, los tribunales de amparo deben examinar el acto reclamado en los términos que ordena el artículo 78 de la Ley de Amparo, es decir, tal como quedó probado ante la autoridad responsable, así como también estudiar los requisitos de validez del mismo, pues no sería factible jurídicamente analizar un acto inválido por vicios de forma, para después emitir pronunciamiento sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.

En tratándose de los laudos, los artículos 605, 721, 839 y 890 de la Ley Federal del Trabajo establecen lo siguiente:

"Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

"Habrá uno o varios secretarios generales según se juzgue conveniente."

"Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes."

"Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario, el mismo día en que las voten."

"Artículo 890. Engrosado el laudo, el secretario recogerá en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes."

De los preceptos legales transcritos, se obtiene el conocimiento de que las resoluciones dictadas por las Juntas laborales, como lo es el laudo, deben ser firmadas por los integrantes de dicha autoridad, a lo cual, el secretario de Acuerdos es la persona encargada de recabar tales firmas, para que después el actuario proceda a notificarlo a las partes.

Ahora bien, del análisis del expediente del juicio natural, se observa que el laudo combatido fue firmado por los representantes de la parte obrera y patronal, no así por el presidente de la Junta ni por el secretario de Acuerdos, pues en este último sólo aparecen las siglas "P.A", firma ilegible (foja 62 de autos); sin que conste razón alguna del motivo, por qué una persona firmó por ausencia de ese funcionario; además, no consta que quien antepuso dichas siglas tuviera facultades para sustituir en su ausencia, o bien, por acuerdo al titular de la Secretaría de Acuerdos que debió firmar.

Por tanto, resulta indudable la falta de formalidad del laudo que puso fin al conflicto laboral, dado que la suscripción de los integrantes de la Junta responsable, incluyendo la del secretario de Acuerdos, es requisito esencial del procedimiento, lo que en la especie no se acató, lo cual lleva a declarar la nulidad del mencionado laudo, al carecer éste de las firmas necesarias para atribuirle eficacia legal a tal acto de autoridad, pues así constituye un simple escrito sin ninguna fuerza legal que obligue a su cumplimiento, porque debido a la falta de firma del presidente de la Junta y del secretario de la misma, no existe certeza de la autenticidad de tal fallo.

En efecto, son necesarias las firmas de cada uno de los integrantes que conforman la Junta laboral responsable y del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe en el laudo combatido, pues ello sirve para dar autenticidad a la actuación de que se trata; omisión que, como se dijo anteriormente, implica una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento laboral; situación que impide jurídicamente que lo resuelto por la Junta del conocimiento tenga la categoría de laudo; por ende, constituye una violación a la garantía de legalidad que establece el artículo 16 constitucional.

Lo anterior, así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 2a./J. 147/2007, consultable en la página 542 del Tomo XXVI, agosto de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes:

"LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DE ALGUNO DE LOS INTEGRANTES DE UN TRIBUNAL DE TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE AUTORIZA Y DA FE, CONDUCE A DECLARAR DE OFICIO SU NULIDAD Y CONCEDER EL AMPARO PARA QUE SEA SUBSANADA TAL OMISIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN PROMUEVA LA DEMANDA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la falta de firma del laudo por parte de alguno de los integrantes de un tribunal de trabajo o, del secretario de Acuerdos, trae consigo su nulidad, sin que para el caso pueda hacerse pronunciamiento sobre su constitucionalidad, pues no debe surtir efecto jurídico alguno, ya que de lo contrario se estaría subsanando el vicio de origen. Conforme a ello, el órgano de control constitucional oficiosamente, sin necesidad de que en la demanda de amparo correspondiente se expresen conceptos de violación sobre tal aspecto e independientemente de quién la promueva, deberá declarar la nulidad del laudo y ordenarle al tribunal que lo emitió subsanar tal formalidad, sin que ello se traduzca en suplir la deficiencia de la queja en un caso no permitido por la Ley de Amparo."

De conformidad con las relatadas consideraciones, lo que procede es conceder al quejoso la protección de la Justicia Federal solicitada para el efecto de que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y proceda a emitir uno nuevo en el que, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, se observen las formalidades legales del caso; esto es, se recaben la totalidad de las firmas de los representantes de la Junta laboral, incluyendo la del secretario de Acuerdos que autoriza y da fe.

QUINTO. Por otra parte e independiente de lo resuelto, es menester destacar la conducta en que incurrió la autoridad responsable emisora del acto reclamado, al no cumplir cabalmente con la obligación procesal prevista por el artículo 169, primer párrafo, de la Ley de Amparo, pues aun cuando remitió la demanda de garantías, los autos originales del juicio laboral y el informe justificado, sin embargo, no hizo lo propio con la copia que correspondía al Ministerio Público Federal adscrito, por lo que se estima que, en el caso, procede la imposición de una multa.

Para arribar a tal decisión se toma en consideración lo dispuesto por los artículos 163, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente:

"Artículo 163. La demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable que lo emitió. Ésta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la falta de la constancia se sancionará en los términos del artículo siguiente."

"Artículo 167. Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad responsable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos."

"Artículo 168. Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el artículo anterior, o no se presentaren todas las necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable se abstendrá de remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión, y mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del término de cinco días. Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable remitirá la demanda, con el informe relativo sobre la omisión de las copias, a dicho tribunal, quien tendrá por no interpuesta la demanda.

"En asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las copias de la demanda de amparo no será motivo para tenerla por no interpuesta. En este supuesto, el tribunal que conozca del amparo mandará sacar las copias oficiosamente."

"Artículo 169. Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo anterior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos originales al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe. Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de los autos originales; evento este en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que deberá remitirse al tribunal de amparo, adicionadas las que la propia autoridad indique.

"La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un plazo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto."

De lo transcrito, en materia laboral, se distingue, lo siguiente:

a) Que la demanda de amparo en contra de laudos o resoluciones que ponen fin al proceso, dictados por tribunales del trabajo, debe presentarse por conducto de la autoridad responsable que emitió el fallo de que se trate;

b) Que dicha autoridad tiene la obligación legal de hacer constar, al pie de la demanda, la fecha en que se notificó la resolución reclamada a la parte quejosa y en la que se presentó la demanda, asentando también los días inhábiles que mediaron entre una y otra fechas;

c) Que con las copias de la demanda que se exhiban, la propia responsable también se encuentra legalmente obligada a emplazar a las partes del juicio constitucional a fin de que, dentro del plazo de diez días, comparezcan ante el Tribunal Colegiado de Circuito;

d) Que si no se presentan las copias necesarias de la demanda, la autoridad responsable, por encontrarse incompletas sus obligaciones, se abstendrá de remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito, así como de proveer lo relativo a la suspensión, previniendo al quejoso para que las exhiba en un plazo de cinco días que, transcurrido sin cumplirse, se enviará informe al Tribunal Colegiado, quien la tendrá por no interpuesta;

e) Que dentro del término de tres días la autoridad responsable debe remitir al Tribunal Colegiado de Circuito la demanda de amparo y copia de la misma para emplazar al Ministerio Público Federal adscrito, así como los autos originales (o en su caso copia certificada de éstos, de existir alguna imposibilidad fundada) y el informe justificado respectivo;

f) Que si no cumple la responsable con el envío completo de la documentación antes señalada, dentro del plazo citado -tres días-, se le impondrá la sanción consistente en una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario; sanción que la Ley de Amparo prevé como ineludible, pues de lo contrario existiría norma de excepción.

Ahora bien, de las constancias procesales del cuaderno de amparo directo se aprecia que, por oficio **********, del catorce de abril de dos mil diez, el presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, en términos del artículo 169 de la Ley de Amparo, remitió la demanda de amparo firmada por la representante del quejoso Instituto Mexicano del Seguro Social, conjuntamente con la certificación ordenada por el diverso 163 de la propia ley; además, rindió el informe justificado y remitió el expediente laboral **********, en el que obra el acto reclamado consistente en el laudo de diez de febrero de dos mil diez.

Por auto de diecinueve de abril de dos mil diez, la presidenta de este Tribunal Colegiado advirtió que, del auto de radicación del veintidós de marzo del año en curso, la autoridad responsable asentó que la demanda de amparo fue recibida en el domicilio particular del secretario de Acuerdos el diecisiete de marzo de dos mil diez; no obstante lo anterior, al efectuar la certificación a que alude el ordinal 163 de la Ley de Amparo, se hizo constar que la demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de la Junta laboral el dieciocho de marzo del año en curso; en atención a lo anterior, mediante oficio ********** del diecinueve de abril del mismo año, le requirió al presidente de la Junta responsable que aclarara la fecha de la presentación de la demanda de amparo, además, que le remitiera la copia que correspondía al agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Tribunal Colegiado, a fin de darle la intervención que le compete.

No obstante lo anterior, en el oficio ********** del veintiuno de abril del año en curso, la citada autoridad persistió en incumplimiento, pues sólo se concretó a informar que la demanda de garantías promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social fue presentada en el domicilio particular del secretario de Acuerdos adscrito a dicha Junta licenciado José Armando Báez Moreno; al efecto, adjuntó copia certificada del escrito de presentación de la demanda, no así la copia de la demanda de amparo que correspondía al agente del Ministerio Público Federal.

Por tanto, si la referida autoridad responsable fue omisa en remitir la citada constancia, es evidente que no dio cabal cumplimiento a la obligación procesal que le impone el artículo 169 de la Ley de Amparo y, en esa medida, debe aplicarse la sanción que establece la parte final de dicho numeral, consistente en el caso, en una multa de veinte días de salario mínimo general que se encontraba vigente en el Distrito Federal, el diecisiete de marzo del presente año, acorde con el primer párrafo del artículo 3o. Bis de la propia ley en cita, en la parte en la que estatuye: "Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se tendrá como base el salario mínimo general vigente en la zona geográfica que corresponda al momento de realizarse la conducta sancionada."

Ello, en atención a que no se advierte de los autos ninguna razón que justificara su incumplimiento a las obligaciones normativamente existentes y el desacato al requerimiento efectuado por la presidenta de este Tribunal Colegiado; además, en términos de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo, la institución del Ministerio Público Federal, en representación de la sociedad, es parte en los juicios de amparo y, por tanto, debe ser llamado a juicio, emplazándolo legalmente con la copia simple de la demanda de garantías de que se trate para estar en aptitud de intervenir y hacer valer sus derechos si, a su criterio, se afecta el interés público; o en caso contrario, abstenerse de intervenir en el procedimiento, ya sea manifestándolo expresamente o simplemente guardando silencio, revelando con ello el desinterés en el asunto; de manera que esa copia era necesaria para correrle traslado a dicha institución.

En esas condiciones, este Tribunal Colegiado considera procedente imponerla a la autoridad responsable, por conducto del licenciado **********, quien ostentó el cargo de presidente de la Junta responsable en la fecha en que el ahora quejoso promovió la demanda de amparo directo que dio origen al juicio en el que se actúa y, por tanto, quien estaba obligado jurídicamente a cumplir la obligación que le impone el artículo 169 de la Ley de Amparo, por ser a él a quien corresponde, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 618, fracción VI, de la Ley Federal del Trabajo, que establece que los presidentes de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje, son los que tienen la obligación de rendir los informes en los amparos interpuestos en contra de los laudos y resoluciones emitidas por las Juntas; de ahí que la omisión de cumplir con dicha obligación es atribuible a su titular.

Respalda lo anterior, por las razones que informan, la jurisprudencia P./J. 29/98 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 5, del tenor siguiente:

"DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL INCUMPLIMIENTO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS TRÁMITES A QUE LA OBLIGA LA LEY DE AMPARO, ES SANCIONABLE CON MULTA. Cuando la autoridad responsable en el juicio de amparo directo, como auxiliar de la Justicia Federal, incurre en omisiones o violaciones al trámite que establecen los artículos 167, 168, 169 y demás relativos de la citada ley con motivo de la presentación de una demanda de amparo directo, y que no sean combatibles a través de la queja establecida en la fracción VIII del artículo 95 de ese ordenamiento, procede que el Tribunal Colegiado de Circuito, a petición de parte interesada, o de oficio, requiera a la citada autoridad para que cumpla, apercibiéndola con la imposición de una multa de veinte a ciento cincuenta días de salario en caso de no hacerlo (artículo 169), y de no obtener respuesta favorable, además de aplicar la sanción señalada, el órgano jurisdiccional se encuentra facultado para hacer uso de los medios de apremio legalmente establecidos, e incluso para fincar la responsabilidad penal a que se refiere el artículo 209 del citado ordenamiento; actuaciones todas ellas que tienen su justificación en la necesidad de acatar el mandato constitucional de administrar justicia de manera pronta, como lo instituye el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

Consecuentemente, deben librarse los oficios respectivos a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, con residencia en esta ciudad, con el objeto de que provea lo conducente a fin de que se haga efectiva la multa que aquí se impone.

En ese aspecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 49/2003 sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación, publicada en la página 226, Tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE.-Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquél en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación."

Por lo expuesto, fundado y, con apoyo en los artículos 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

PRIMERO.-La Justicia de la Unión ampara y protege al Instituto Mexicano del Seguro Social contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, consistente en el laudo de diez de febrero de dos mil diez dictado dentro del expediente laboral número **********, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

SEGUNDO.-Se impone al licenciado **********, presidente de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, la multa consistente en veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, el diecisiete de marzo de dos mil diez. Gírense los oficios respectivos a la Administración Local de Recaudación de esta ciudad, a fin de que, en auxilio de este Tribunal Colegiado, haga efectiva la sanción aquí impuesta en términos del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el asunto como concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, María Lucila Mejía Acevedo, Emmanuel G. Rosales Guerrero y José Javier Martínez Vega; siendo presidenta la primera de los nombrados y ponente el citado en segundo término.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracciones II y XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 13, 14, 18, fracción II y 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22577-f7be358c/demanda-de-amparo-directo-si-la-autoridad-responsable · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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