VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA LABORAL. LA CONSTITUYE LA FALTA DE FIRMA DEL SECRETARIO DE LA JUNTA EN LAS ACTUACIONES TRASCENDENTES (AUTO DE RADICACIÓN, ACUERDOS DE ADMISIÓN O DESISTIMIENTO DE PRUEBAS, AUTO POR EL QUE SE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS) LO QUE PROVOCA SU INVALIDEZ Y LA DE LAS ACTUACIONES SUBSECUENTES.
AMPARO DIRECTO 462/2017. 12 DE ABRIL DE 2018. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GABRIELA GUADALUPE HUÍZAR FLORES. SECRETARIO: FERNANDO COTERO TORRES.
CONSIDERANDO:
NOVENO.—Estudio del asunto.
Análisis oficioso de ausencia de firmas de actuaciones. Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que una de las actuaciones trascendentes que integran el juicio laboral, no fue firmada y autorizada por el secretario de la Junta responsable, lo que se traduce en una violación a las normas que rigen el procedimiento, afectando la validez de la misma, por sustanciarse el juicio laboral incorrectamente, pues se precisa que en los juicios laborales se considerará que se violaron las normas que rigen el procedimiento y que se afectan las defensas de la quejosa, cuando se practiquen diligencias judiciales en forma distinta a la prevista por la ley, pues así lo señala la fracción XI del artículo 172 de la Ley de Amparo.
En primer lugar, se precisa que resulta aplicable la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del uno de diciembre del año dos mil doce, en razón de que la demanda laboral se presentó ante la autoridad responsable el doce de abril del año dos mil trece.
Luego, la constancia que carece de la firma del funcionario, es la actuación de veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, relativa al cierre de la instrucción en el juicio laboral, así como la certificación en que se sustentó dicha conclusión del procedimiento de origen, en la que no obra la firma del secretario de Acuerdos, como se advierte de la imagen siguiente:
Ver imagen
(Páginas 543 a 546 del juicio laboral).
No pasa inadvertido que en la actuación de mérito obra la firma estampada por el presidente auxiliar de la Junta responsable; sin embargo, al no obrar la firma de la persona que fungió como secretario de Acuerdos de la Junta, tal actuación resulta inválida, pues dicho funcionario es quien autoriza y da fe de los acuerdos tomados en la misma.
Al respecto, conviene tener presente el contenido de los siguientes artículos de la Ley Federal del Trabajo:
"Artículo 609. Las Juntas Especiales se integrarán:
"I. Con el presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el presidente de la Junta Especial en los demás casos; y
"II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones."
"Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:
"I. En el Pleno se requiere la presencia del presidente de la Junta y de la mayoría de los representantes de los trabajadores y de los patrones, respectivamente. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad;
"II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:
"a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica, bastará la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación.
"Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
"Si no está presente ninguno de los representantes, el presidente o el auxiliar dictará las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón. El mismo presidente acordará que se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.
"b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la fracción siguiente.
"c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos.
"d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al del presidente o al del auxiliar;
"III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia del presidente o del presidente especial y de cincuenta por ciento de los representantes de los trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si concurre menos de cincuenta por ciento, el presidente señalará nuevo día y hora para que se celebre la audiencia; si tampoco se reúne la mayoría, se citará a los suplentes, quedando excluidos los faltistas del conocimiento del negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el presidente de la Junta o el de la Junta Especial dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social para que designe a las personas que los sustituyan. En caso de empate, el presidente tendrá voto de calidad."
"Artículo 623. El Pleno se integrará con el presidente de la Junta y con los representantes de los trabajadores y de los patrones.
"La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las facultades del presidente de la República y del secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los gobernadores de los Estados y en el caso del Distrito Federal, por el propio presidente de la República y por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, respectivamente."
"Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, secretarios auxiliares, secretarios generales y presidentes de Junta Especial.
"La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades Federativas y el jefe de Gobierno del Distrito Federal, determinarán el número de personas de que deba componerse cada Junta."
"Artículo 641. Son faltas especiales de los secretarios:
"I. Retardar la tramitación de un negocio sin causa justificada;
"II. No dar cuenta oportunamente a la Junta de las promociones;
"III. No dar cuenta inmediata al presidente de los depósitos hechos por las partes;
"IV. No autorizar las diligencias en que intervenga o no hacer las certificaciones que les corresponda;
"V. Dar fe de hechos falsos;
"VI. Entregar algún expediente a los representantes de los trabajadores o de los patrones, sin exigir el recibo correspondiente;
"VII. No requerir oportunamente a los representantes para que firmen las resoluciones;
"VIII. No informar oportunamente al presidente de los hechos a que se refiere la fracción anterior;
"IX. No levantar las actas de las diligencias en que intervengan o asentar en ellas hechos falsos;
"X. No engrosar los laudos dentro del término señalado en esta ley;
"XI. Engrosar los laudos en términos distintos a los consignados en la votación; y
"XII. Las demás que establezcan las leyes."
"Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes."
"Artículo 837. Las resoluciones de los tribunales laborales son:
"I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan cualquier cuestión dentro del negocio;
"II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o fuera de juicio un incidente; y
"III. Laudos: cuando decidan sobre el fondo del conflicto."
"Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de ellas y por el secretario el día en que las voten, en los términos del artículo 620 de esta ley."
De los anteriores numerales se advierte que en las actuaciones de mero trámite, en los juicios laborales ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, bastará para su validez la presencia de su presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia, hasta su terminación, salvo que se trate de los casos de excepción –que versen sobre personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón–, en cuyo caso será necesaria la intervención del órgano en forma colegiada.
Además, que el secretario de la Junta debe autorizar todas las actuaciones, salvo las encomendadas a otros funcionarios, y realizar las certificaciones correspondientes, so pena de incurrir en responsabilidad.
Ahora bien, conviene tener presentes las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el tema de la necesidad de la firma del secretario de la Junta de Conciliación y Arbitraje; al efecto se transcriben las jurisprudencias 2a./J. 148/2004(6) y 2a./J. 147/2004,(7) de rubro y texto siguientes:
"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EL SECRETARIO DE ACUERDOS DA FE DE QUE LA JUNTA ESTÁ DEBIDAMENTE INTEGRADA, PERO EL ACTA RELATIVA A LA ADMISIÓN DE AQUÉLLAS NO ESTÁ FIRMADA POR EL REPRESENTANTE DE TRABAJADORES O PATRONES, SE ENTIENDE QUE ESTÁN CONFORMES CON ELLA.—El artículo 620, fracción II, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo establece que en la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza jurídica ante las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje, basta la presencia del presidente o del auxiliar, quien llevará adelante la audiencia hasta su terminación, y si los representantes de los trabajadores y patrones están presentes, las resoluciones se tomarán por mayoría de votos; sin embargo, esta forma de proceder no es aplicable cuando se trata de la admisión de pruebas, caso en el que el presidente de la Junta debe citar a dichos representantes a una audiencia para la resolución correspondiente, y el acta relativa debe ser firmada por los representantes de los trabajadores y de los patrones. Ahora bien, si en el juicio laboral consta el levantamiento de esa acta y el secretario da fe de que la Junta estuvo debidamente integrada, pero al final no constan las firmas correspondientes, en términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, esa omisión hace presumir que los representantes están de acuerdo con ella; supuesto distinto al que prevé el artículo 846 de la ley laboral, en el cual los representantes de trabajadores o patrones se niegan a firmar aquélla, pues en este caso el secretario de la Junta deberá requerirlos para tal efecto."
"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI EN EL ACTA RELATIVA A SU ADMISIÓN EL SECRETARIO DE ACUERDOS DA FE DE QUE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SE ENCUENTRA INTEGRADA, SE ENTIENDE QUE ESTÁ CONFORMADA POR EL PRESIDENTE O AUXILIAR, EL SECRETARIO Y LOS REPRESENTANTES DE TRABAJADORES Y PATRONES.—El artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo establece que el secretario de la Junta deberá autorizar todas las actuaciones procesales, con excepción de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; por su parte, los artículos 641, fracciones IV y V y 645, fracción II, de la ley citada prevén, respectivamente, como faltas especiales de los secretarios no autorizar las diligencias en que intervengan o no hacer las certificaciones que les correspondan, y como causas especiales de su destitución que den fe de hechos falsos y alteren sustancial o dolosamente los hechos en la redacción de las actas que autoricen. En ese sentido, si el secretario de Acuerdos que autoriza la actuación correspondiente en la que se acuerda sobre la admisión de pruebas, da fe de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se encuentra integrada, ello da certeza de que está debidamente conformada por el presidente o auxiliar, el secretario y los representantes de trabajadores y patrones, en términos de los artículos 620, fracción II, inciso a) y 609 del ordenamiento legal indicado."
De lo establecido en los citados numerales y criterios jurisprudenciales invocados, puede concluirse que la firma del secretario resulta indispensable en cualquier clase de actuación, sea de las de mero trámite o de aquellas que, conforme a la ley, deben ser tomadas en forma colegiada; pues en todo caso, dicho funcionario deberá autorizarlas y dar fe, así como realizar las correspondientes certificaciones; incluso, se observa que puede hacer constar que la Junta se encuentra integrada en forma colegiada a fin de llevar a cabo determinada actuación, en cuyo caso, aun cuando no obre la firma de alguno de sus integrantes, en términos del artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo, deberá tenerse como válidamente integrada, ante la certificación del secretario de que estaba legalmente integrada.
De ahí la trascendencia de la firma del secretario de la Junta en todas las actuaciones, a efecto de su validez legal.
En tal sentido, si de la actuación destacada se advierte que es relativa al auto en el que se declaró cerrada la instrucción del juicio laboral, así como la certificación en que se sustentó dicha conclusión del procedimiento de origen, resulta inconcuso que, la ausencia de firma del secretario provoca su invalidez, en el entendido de que en caso de falta de firma de alguno de sus integrantes, se insiste, bastará la certificación del secretario de que estuvo válidamente integrada.
Lo que en la especie no ocurrió, pues en ellas no se plasma la firma del secretario de la Junta responsable, y con ello se evidencia la citada irregularidad en el desarrollo e integración del juicio laboral, específicamente en que al no estar firmadas dichas constancias, no existió el cierre de la instrucción del juicio laboral, cuya circunstancia es la base fundamental para la emisión del proyecto de laudo, como así lo dispone el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, que dispone:
"Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes.
"Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta ley.
"I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma;
"II. El señalamiento de los hechos controvertidos;
"III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;
"IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y
"V. Los puntos resolutivos."
Circunstancia que constituye una transgresión a la formalidad de autorizar expresamente la elaboración del proyecto de resolución del cual emerge legalmente la emisión del laudo, al incurrir en inobservancia a lo establecido en la ley de la materia, situación que impide jurídicamente que lo resuelto por la Junta tenga la categoría de laudo.
Al respecto, se invocan las tesis VIII.3o. J/23(8) y XI.2o.33 L,(9) del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, que se comparten y que respectivamente, dicen:
"VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA, DEL AUXILIAR Y DEL SECRETARIO CORRESPONDIENTE DE FIRMAR EL AUTO QUE DECLARA CERRADA LA INSTRUCCIÓN Y ORDENA ELABORAR EL PROYECTO DE LAUDO RESPECTIVO, LO QUE ORIGINA LA CONCESIÓN DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN LO HAYA PROMOVIDO.—Los artículos 839 y 885 de la Ley Federal del Trabajo disponen, respectivamente, que las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por sus integrantes y por el secretario, el mismo día en que las voten; y que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. De ahí que si de las constancias de autos se advierte que el proveído que declara cerrada la instrucción y ordena elaborar el proyecto de laudo respectivo no se encuentra firmado por el presidente de la Junta, por el auxiliar, ni por el secretario correspondiente que da fe, ello se traduce en la inexistencia legal del cierre de la instrucción y, por ende, de la orden para elaborar el proyecto de resolución relativo. Por tanto, el laudo así emitido adolece de un vicio formal y, por consiguiente, de legalidad en sus efectos, al incumplirse con lo establecido en los indicados preceptos legales, lo cual constituye una violación a las leyes del procedimiento laboral que origina la concesión del amparo, independientemente de quién lo haya promovido."
"ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SON NULAS AL NO CONTENER LA FIRMA DE NINGUNO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.—El artículo 721 de la Ley Federal del Trabajo dispone que todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; que lo actuado en las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo; y que cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en que estuvo presente, se entenderá que estuvo conforme con ellas. En tanto que el numeral 609 del propio cuerpo normativo, establece que las Juntas se componen por un presidente y los respectivos representantes de los trabajadores y de los patrones. Por tanto, deviene incontrovertible jurídicamente, que tales actuaciones carecen de valor legal, al no estar autorizadas con la firma de ninguno de los funcionarios que conforme a la ley deben hacerlo, lo que se traduce en la nulidad de dichas actuaciones."
Así, se insiste, al no contener la firma del secretario que autoriza y da fe, se traduce en la inexistencia de la actuación, con sus consecuencias jurídicas, esto es, deja en estado de indefensión a las partes y trasciende en el resultado del laudo, pues se resuelve el juicio laboral sin que se haya instaurado correctamente; habida cuenta que, dichas actuaciones carecen del requisito de validez precisado; por ello, es procedente analizar, incluso de oficio, esas violaciones a las normas que rigen el procedimiento, puesto que al respecto, la Segunda Sala del Alto Tribunal del País ha precisado que su estudio es oficioso, por ser una exigencia de rango constitucional, como se advierte de la jurisprudencia P./J. 7/2015 (10a.),(10) que refiere:
"ACTOS Y RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. PARA DOTARLOS DE VALIDEZ E IDENTIFICAR AL FUNCIONARIO QUE INTERVINO EN SU EMISIÓN, BASTA CON QUE ÉSTE IMPRIMA SU FIRMA O RÚBRICA EN EL DOCUMENTO, SIEMPRE QUE SU NOMBRE, APELLIDOS Y CARGO PUEDAN IDENTIFICARSE EN DIVERSO APARTADO DE LA RESOLUCIÓN O DEL EXPEDIENTE DE QUE SE TRATE, INCLUSIVE POR OTROS MEDIOS. La firma se erige como signo, rúbrica o carácter de autoría de alguien que al estar contenido en determinado documento o acto, se entiende vinculado con sus efectos jurídicos inherentes. Bajo este contexto de función identificadora, para tener como autor de un documento a una persona determinada, su firma o rúbrica colocada al pie es idónea para identificarla; en ese sentido, se entiende que firma y rúbrica son la misma cosa, por tener éstas una función equivalente. Así, se concluye que para dotar de validez a un acto o una resolución jurisdiccionales y, además, para identificar al funcionario que intervino en su emisión, basta con que éste imprima su firma o rúbrica en el documento; de ahí que resulte innecesario que asiente su nombre, apellidos y cargo, al no ser elementos inherentes a ésta, siempre que estos datos puedan identificarse en diverso apartado de la resolución judicial, o del propio expediente, inclusive pudiera ser que a través de otros medios esta información sea determinable para las partes, para los fines que a sus intereses convenga, como pudiera ser denunciar cualquier conducta irregular en que presuntamente hubiesen incurrido los autores de la actuación judicial. Lo anterior, sin perjuicio de que cada entidad federativa en sus respectivas legislaciones, eventualmente, pueda establecer requisitos adicionales, tales como el nombre y el cargo de los funcionarios que intervienen en la emisión del acto."
En este tenor, debe concederse el amparo para que la Junta responsable reponga el procedimiento, a efecto de que repare las violaciones procesales destacadas.
Es decir, respecto de la actuación de veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, de la que se advierte que, se declaró cerrada la instrucción en el procedimiento de origen y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo.
Así, se considera que tal actuación resulta relevante pues, precisamente, la declaratoria del cierre de la instrucción constituye la base para la elaboración del proyecto de laudo; de ahí que lo determinado es susceptible de dejar en estado de indefensión a las partes, trascendiendo al resultado del laudo, lo que provoca la necesidad de reponer el procedimiento a efecto de que la responsable deje insubsistente dicha actuación, con sus consecuencias jurídicas, y proceda a emitir el acuerdo que corresponda.
Los efectos del amparo se hacen extensivos a las autoridades ejecutoras, habida cuenta que lo atribuido a éstas fue solamente en vía de consecuencia.
Sobre el particular, es aplicable la jurisprudencia P./J. 22/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo III, mayo de 1996, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dice:
"AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.—La interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 158 de la Ley de Amparo, así como de los principios de indivisibilidad de la demanda, de celeridad, de concentración y de economía procesal, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de los actos de ejecución de las sentencias definitivas o laudos, cuando se combaten como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a las resoluciones definitivas indicadas. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que la competencia otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva o laudo, igualmente los faculta para conocer y resolver sobre los actos de ejecución respectivos que no se impugnan por vicios propios, debido a que entre la sentencia definitiva o laudo y su ejecución, con las características descritas, existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que la ejecución corra, por derivación necesaria, la misma suerte de aquéllos."
Innecesario analizar los conceptos de violación.
En razón de la violación procesal destacada, este órgano colegiado estima que, por el momento, no es jurídicamente posible ocuparse de cuestiones formales y de fondo.
Es así, porque la autoridad laboral deberá dejar insubsistente el laudo reclamado y ordenar reponer el procedimiento a fin de subsanar la violación procesal y, en su oportunidad, deberá emitir nuevo laudo.
De igual manera, tampoco es viable analizar, aun de forma oficiosa, las restantes violaciones formales posicionadas en el laudo impugnado; ello, en razón de que la violación adjetiva aquí abordada, se situó previo a la emisión de éste; por ende, la trascendencia jurídico-procesal de dejar insubsistente el acuerdo en que se declaró cerrada la instrucción, conlleva verificar de nueva cuenta que el procedimiento de origen se encuentre integrado debidamente para resolver nuevamente, en su integridad, la controversia planteada; en ese tenor, analizar las violaciones procesales cometidas en un laudo anulado, implicaría prejuzgar sobre el actuar de la responsable en la emisión del nuevo laudo, una vez subsanada la violación destacada en el apartado anterior, lo que no resulta admisible.
Ilustran sobre el particular, los criterios sustentados por el otrora Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, así como el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyos criterios se comparten por este órgano de control constitucional, de claves II.T.3 K(11) y I.4o.C.170 C,(12) respectivamente, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente:
"REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO TOTAL O PARCIAL, DERIVA DE LA NATURALEZA DE LA VIOLACIÓN ADJETIVA.—Las violaciones procesales declaradas en el juicio de amparo, producen consecuencias de diversa naturaleza, porque, en algunos casos, la nulidad del proceso dejará insubsistente todo lo actuado, con posterioridad al acto, y en otros, se concretará la misma únicamente al aspecto en el cual se generó. Por ende, existen dos tipos de reposiciones, la total y la parcial. La primera, acontece en cuanto a los actos anteriores al periodo de la contestación de la demanda o en su caso, al acusar la rebeldía y la segunda, tiene efectos relativos, pues no afecta todo el procedimiento, al contraerse el fallo protector a ordenar que se subsanen determinadas irregularidades concretas y no a la nulificación del procedimiento."
"ACTOS PROCESALES DECLARADOS INEFICACES. REPERCUSIÓN EN OTRAS ACTUACIONES Y REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.—De la interpretación jurídica de las diversas disposiciones que regulan los recursos y el incidente de nulidad de actuaciones de un procedimiento judicial, consignados en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, mediante la aplicación de los métodos teleológico, sistemático y el sustentado a base de principios, con amplio apoyo en prestigiada doctrina, se llega al conocimiento de que la revocación, modificación o anulación de un acto de procedimiento, decretada en algún recurso, incidente o cualquier medio de defensa, produce la consecuencia de dejar insubsistente y privar de efectos al acto impugnado, pero sólo en la ineficacia de las actuaciones dictadas o practicadas con posterioridad, que lo reconozcan como presupuesto jurídico indispensable para su existencia, validez y subsistencia dentro del procedimiento al que corresponda, al producir su inocuidad, y en algunos casos obligar a la reposición parcial o total del procedimiento, de modo que, la ineficacia decretada no se comunica invariablemente a otros actos, y la comunicación que se produzca no se extiende fatalmente a todos los actos de dicho procedimiento. Así, en ocasiones la ineficacia sólo opera respecto a la actuación impugnada; en otras, se extiende a unas cuantas actuaciones, y en algunas más afecta a todo el procedimiento, según la función que desempeñe el acto declarado ineficaz, en el procedimiento concreto al que corresponda, y la correlación de interdependencia que guarde con otras determinaciones del mismo. Efectivamente, la finalidad perseguida con el establecimiento de medios impugnativos de control sobre las actuaciones de un proceso jurisdiccional, consiste en garantizar que el concepto vinculado de los actos del procedimiento se encuentre apegado a los requisitos y formalidades esenciales fijados como elementos sine qua non, para el cumplimiento pleno del objeto principal del proceso, consistente en resolver el litigio planteado con apego a la totalidad de elementos que se puedan reunir para acercarse al máximo a la verdad objetiva de los hechos que le dieron origen y ajustado a las disposiciones aplicables al sistema legal que lo rige, pues a través de estos medios impugnativos se depura el procedimiento, excluyendo, y en su caso substituyendo, los que se encuentran afectados en sus elementos definitorios, por lo cual, el resultado de la ineficacia declarada debe alcanzar sólo a los actos que se vean perjudicados en lo esencial con los vicios encontrados al revisar los combatidos en el medio impugnativo correspondiente. Por tanto, si los vicios esenciales sólo dañaron al acto revisado y no a otros, ni directamente ni en forma de consecuencia, la ineficacia recae exclusivamente en aquél. Si el acto privado de efectos sirvió o debe servir de cimiento para la validez de uno o varios actos subsecuentes, éstos resultan dañados por los vicios del primero, y por tanto, también deben quedar sin efectos judicialmente. Por otra parte, si los actos eliminados son legalmente indispensables para la validez jurídica del procedimiento al que pertenecen, será necesaria su reposición, pero si el procedimiento puede subsistir sin ellos válidamente, entonces será suficiente con su inocuidad en la resolución terminal que se emita. Por ejemplo, si revocó la admisión de una prueba, se substituye el proveído por otro que la deseche, y si no se ha dictado sentencia, los actos de preparación y desahogo, y las alegacione
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28080-4c244cca/violacion-a-las-leyes-del-procedimiento-en-materia · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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