CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO SÓLO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE EL LAUDO.
AMPARO DIRECTO 887/2016. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO. 9 DE MARZO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ. SECRETARIO: MARTÍN VILLEGAS GUTIÉRREZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.-El análisis de los conceptos de violación y de las constancias procesales que informan el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, permite arribar a las siguientes consideraciones jurídicas.
En principio, es oportuno señalar que el juicio de amparo directo de que se trata, es promovido en favor de quien figura como parte asimilada a la patronal en el juicio burocrático laboral de origen; por ende, opera el principio de estricto derecho y, en atención a ello, la constitucionalidad del laudo reclamado se examinará, exclusivamente, a la luz de lo alegado en los conceptos de violación, porque son éstos, en el caso, los que proporcionan la dimensión y materia del estudio en el juicio constitucional, dado que la suplencia de la deficiencia de la queja, en términos de lo normado por la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo, opera sólo en favor de la clase trabajadora, supuesto que en la especie no se actualiza.
Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 158/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se transcribe:
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97, en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, y en consecuencia, la circunstancia de que sólo opere en beneficio del trabajador, no vulnera el de igualdad y no discriminación, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, ya que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal." Época: Décima Época. Registro digital: 2010624. Instancia: Segunda Sala. Tipo de tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Materia(s): Constitucional.
Precisado lo anterior, el estudio integral y sistemático de los conceptos de violación, en términos de lo previsto en los artículos 74, 76, 182 y 189 de la Ley de Amparo, conduce a realizar las siguientes consideraciones jurídicas.
Es fundado, pero a la postre inoperante, por las razones que más adelante se expondrán, el concepto de violación hecho valer, en el que se alega que en el juicio laboral primigenio, el tribunal responsable dejó de aplicar lo previsto por el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo cual opera la caducidad en el proceso burocrático laboral; cuando se alega que del veinte de mayo de dos mil quince en que se cerró la instrucción, al veintiséis de mayo de dos mil dieciséis en que se dictó el laudo, transcurrió en exceso el término contemplado en el precepto legal citado.
Cierto, de las constancias procesales se desprende que el tribunal del conocimiento omitió pronunciarse acerca de si en el justiciable operaba o no la caducidad en el proceso laboral primigenio; sin embargo, tal irregularidad ninguna relevancia tiene, si como se verá, en la especie, no opera dicha figura jurídica.
Para llegar a dicha convicción, se hace necesario tener en cuenta que el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, establece:
"Artículo 138. La caducidad en el proceso se producirá, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada, o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada."
Sobre el tema de que se trata, conviene mencionar que, al fallar la contradicción de tesis 224/2012, en sesión del quince de agosto de dos mil doce, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupó de analizar la figura jurídica de la caducidad, prevista por el invocado artículo 138 de la legislación burocrática del Estado de Jalisco, y concluyó que ésta no opera cuando se encuentra pendiente el dictado del laudo, pues a diferencia de la etapa de instrucción, en dicho estado procesal se hace innecesario presentar promoción alguna tendente a interrumpir la caducidad, puesto que la emisión del laudo es una obligación que sólo compete a la autoridad responsable.
En efecto, no obstante que al fallar dicha contradicción de tesis 224/2012, la referida Segunda Sala del Máximo Tribunal del País declaró inexistente la misma; lo cierto es que de la ejecutoria correspondiente se observa que emitió consideraciones relativas al tema que nos ocupa; pues indicó:
"...El estudio de las ejecutorias de los Tribunales Colegiados Tercero y Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, permite concluir que no existe la contradicción de tesis denunciada, debido a que el criterio de cada órgano jurisdiccional derivó del análisis de elementos fácticos distintos, lo que representa un factor fundamental que imposibilita unificar un criterio que resuelva simétricamente la problemática a la que se enfrentaron los citados Tribunales Colegiados; veamos por qué:
"En el juicio laboral que analizó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento de pruebas, reservándose a acordar la admisión de las pruebas. De tal forma, que la inactividad procesal estuvo motivada por la falta de acuerdo que resolviera sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas que las partes habían propuesto en la etapa respectiva.
"Posterior a la fecha de esa audiencia (tres de septiembre de dos mil diez), el actor presentó un escrito designando domicilio para oír y recibir notificaciones (diecinueve de enero de dos mil once); y luego, promovió incidente de falta de personalidad (veinticuatro de mayo de dos mil once).
"Mientras tanto, en el juicio laboral que estudió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón desahogó todas las etapas del procedimiento y dictó un acuerdo donde se citaba a las partes para el dictado del laudo; de ahí que la aparente inactividad procesal se generó una vez cerrada la instrucción del juicio (veinticuatro de octubre de dos mil uno).
"Posteriormente, el actor presentó promoción designando domicilio (veintiocho de febrero de dos mil dos); y luego solicitó el dictado del laudo (diecinueve de julio de dos mil dos).
"Ahora, si bien el punto de discordancia entre los Tribunales Colegiados contendientes surgió porque existe discrepancia en cuanto determinar si el escrito de una de las partes mediante el cual designa domicilio para oír y recibir notificaciones interrumpe o no el plazo de caducidad, a que se refiere el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; lo cierto es que esta Segunda Sala no puede desatender que la inactividad procesal se generó en dos etapas del procedimiento disímiles y esto imposibilita unificar los criterios en oposición, pues la legislación del Estado de Jalisco, que necesariamente tendría que estudiarse para resolver la problemática anunciada, contiene una norma jurídica que define la obligación del Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dictar el laudo una vez que se haya cerrado la instrucción, lo que distingue los efectos del tratamiento de la caducidad en otras etapas del juicio.
"En efecto, el artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente en el momento en que se resolvieron los juicios laborales, dispone:
"‘Artículo 135. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de pruebas. Los servidores públicos autorizados de las entidades públicas, pondrán a disposición del tribunal los documentos, archivos y constancias que se refieran o se relacionen con los hechos investigados en el procedimiento, sin perjuicio de que envíen las copias que les solicite el Tribunal. Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles.’
"Como puede advertirse, la anterior norma obliga al Tribunal de Arbitraje y Escalafón a dictar laudo en un plazo de veintidós días, una vez que se concluya la instrucción de juicio; lo que significa que en esta etapa del procedimiento se hace innecesario presentar promoción alguna tendente a interrumpir la caducidad prevista en el artículo 138 de la misma ley burocrática estatal, el cual enseguida se reproduce:
"‘Artículo 138. La caducidad en el proceso se producirá, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad, aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de parte interesada, o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se estime consumada.’
"Al respecto, esta Segunda Sala ya se pronunció en un caso similar, al resolver la contradicción de tesis 210/2010, de donde surgió la jurisprudencia siguiente:
"‘Registro: 163,407
"‘Novena Época
"‘Instancia: Segunda Sala
"‘Jurisprudencia
"‘Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"‘Tomo: XXXII, diciembre de 2010
"‘Materia(s): Laboral
"‘Tesis: 2a./J. 127/2010
"‘Página: 197
"‘CADUCIDAD DE LA ACCIÓN EN EL JUICIO LABORAL DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE CHIAPAS. ES IMPROCEDENTE DECRETARLA CUANDO SÓLO ESTÁ PENDIENTE DE DICTARSE EL LAUDO.-De la interpretación sistemática de los artículos 84, 87, 89, 90, 95 y 97 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, se advierte la imposibilidad jurídica para el tribunal de decretar la caducidad de la acción y de la demanda por falta de promoción de las partes, cuando habiendo concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas y, en su caso, formulados los alegatos de las partes, sólo esté pendiente de dictar el laudo, porque el último de los preceptos condiciona este supuesto a que sea necesaria promoción de parte interesada, dado que el plazo de 180 días referido para dictar el laudo, conforme al artículo 95 de la citada ley, se contabiliza a partir de la celebración de la citada audiencia sin necesidad de solicitud de parte, por lo que no se actualiza el supuesto previsto en el mencionado artículo 97 para decretar la caducidad de la instancia por inactividad procesal.’
"La jurisprudencia anterior motivaría a seguir el mismo criterio, por tratarse de elementos normativos similares; por tanto, no puede proponerse una solución que unifique los criterios, porque dicha (sic) llegaría a adoptarse, en cuanto a decidir si la promoción que designa domicilio para oír y recibir notificaciones interrumpe la caducidad, no serviría para resolver los dos escenarios que se presentaron ante los Tribunales Colegiados, porque en uno de ellos no se requeriría esa exigencia.
"Lo anterior, pone en evidencia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de manera innecesaria analizó si la promoción mediante la cual se designa domicilio para oír y recibir notificaciones interrumpía la caducidad, pues en la etapa en que se originó la aparente inactividad procesal, no se exigía promoción alguna.
"En suma, como el criterio de cada uno de los Tribunales Colegiados derivó del análisis de elementos fácticos distintos, lo que representa un factor fundamental que imposibilita unificar un criterio que resuelva simétricamente la problemática a la que se enfrentaron; es inconcuso que no existe la contradicción de tesis denunciada." (Lo resaltado corresponde a la relatora).
Las consideraciones trasuntas, ponen de manifiesto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la caducidad prevista por el artículo 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, no opera cuando únicamente se encuentra pendiente la emisión del laudo por parte del tribunal responsable; de manera que si en la especie, de las constancias procesales inherentes consta que la alegada inactividad procesal de más de seis meses de las partes se suscitó cuando en el asunto únicamente se encontraba pendiente el dictado del laudo; entonces, en la especie, no opera la alegada caducidad; de ahí que la omisión en el estudio de dicha figura jurídica, finalmente deviene intrascendente.
No constituye obstáculo para arribar a la conclusión anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 156/2012 (10a.), de rubro: "CADUCIDAD EN EL PROCESO LABORAL. SE ACTUALIZA AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN RESPONSABLE SE RESERVE LA FACULTAD DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIÓN O DESECHAMIENTO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS Y HAYA TRANSCURRIDO UN PLAZO MAYOR DE 6 MESES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO)."
Puesto que este órgano de control constitucional considera que dicha jurisprudencia no resulta aplicable en el asunto que nos ocupa, dado que el análisis efectuado en la misma por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se refirió a la etapa de instrucción del juicio burocrático, específicamente en el periodo de admisión de pruebas, mientras que en el presente caso se consideró que no opera la caducidad en diversa fase del procedimiento, esto es, una vez cerrada la instrucción, donde -como ya se dijo- sólo resta por dictar el laudo, obligación procesal que sólo compete al tribunal instructor.
Con base en las consideraciones previas, se concluye que la parte de los conceptos de violación en estudio, deviene inoperante.
Al respecto, es aplicable la tesis III.1o.T.29 L (10a.), sustentada por este órgano colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que aparece visible con el registro digital: 2013314, de la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica:
" De una interpretación sistemática de los artículos 135 y 138 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se advierte que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de dicha entidad, tiene la obligación de dictar laudo una vez que se haya cerrado la instrucción del juicio, por lo tanto, en esta etapa, es decir, cuando únicamente está pendiente la emisión del laudo correspondiente, no puede declararse la caducidad prevista en el segundo de esos dispositivos, pues una de las condiciones para que no se materialice tal figura jurídica, relativa a la promoción o impulso procesal de las partes en un periodo no mayor a seis meses, no puede aplicarse en iguales términos cuando el juicio ya llegó al estado de resolución, ya que, de lo contrario, se desatendería la invocada obligación del tribunal laboral para dictar el fallo cuando ha terminado la etapa instructiva; obligación que no pesa de manera alguna sobre las partes del juicio, por lo que, además, en forma correlativa, de suscitarse una inactividad procesal mayor a seis meses en ese estado del juicio, no podría concluirse a partir de ello que ha mermado el interés de las partes en obtener una resolución del conflicto laboral."
Por otro lado, se estima inoperante la parte de los conceptos violatorios a través de los cuales se aduce que existe ilegal condena al pago de prima vacacional y aguinaldo reclamadas por el periodo del uno de enero al diez de febrero de dos mil catorce, dado que existe omisión de la responsable en analizar las pruebas ofrecidas por la demandada, ya que se trata de simples afirmaciones dogmáticas, generales e imprecisas porque omite expresar argumentaciones tendentes a hacer ver de qué manera sufrió afectación con ese proceder de la responsable, menos de qué manera ello ocasionó se le dejara en estado de indefensión.
En lo conducente, es pertinente citar en apoyo del tema que se aborda en este apartado, la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 81 y siguiente, del tomo de Precedentes que no han integrado jurisprudencia 1969-1986, así como la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 61, Tomo XVI, diciembre de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que en su orden son del tenor literal siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, VAGUEDAD DE LOS.-Si en los conceptos de violación se dice que la autoridad responsable no tomó en cuenta para dictar su laudo la prueba de actuaciones y constancias, ni las presunciones legales y humanas ofrecidas por la quejosa, pero no precisa qué constancia o actuación le favorece ni qué presunción legal o humana no tomó en cuenta la responsable, el concepto de violación es vago y no reúne las condiciones que la técnica jurídica procesal señala para entrar a su estudio." y "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir; obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse."
Por otro lado, se aduce que es ilegal la condena impuesta al pago de la prima vacacional generada durante la tramitación del juicio, porque la responsable se funda en los numerales 784 y 804 de la ley obrera, pero esas disposiciones van (sic) en contradicción a lo establecido en el artículo 40 de la ley burocrática jalisciense, ya que en este numeral se prohíbe el pago de vacaciones, además de que también se desprende que las vacaciones se disfrutan, no se pagan.
Dicho aspecto debe conceptuarse inoperante, porque como se aprecia, se trata de un argumento nuevo que no se hizo valer ante la autoridad responsable en la etapa procesal correspondiente, lo que provoca que al ser ajeno a la litis natural suscitada en el justiciable, jurídicamente no puede formar parte de la litis constitucional, en virtud de que en la sentencia de amparo sólo pueden tomarse en cuenta las cuestiones planteadas ante la responsable.
Ciertamente, como se puede constatar del juicio laboral del que emana el acto impugnado, se advierte que la inconforme ninguna manifestación realizó respecto a la prestación en cuestión en el juicio natural, de la manera como ahora lo hace, puesto que sobre el particular se concretó a oponer la excepción de pago y por ser accesoria a la acción principal ejercida en el justiciable.
De modo que las manifestaciones que ahora realiza no formaron parte de la litis, la que dicho sea de paso, queda conformada, en esencia, con los diversos puntos que constituyen la controversia suscitada entre las partes ante el órgano jurisdiccional; es decir, por un lado, con las pretensiones de la parte demandante, los argumentos de hecho y de derecho que expone al demandar y, por otro, con la oposición a lo pretendido por la accionante, expuestos por la patronal, al controvertir la reclamación en la etapa procesal respectiva, conforme a las excepciones o defensas estructuradas en razones o argumentos de hecho y de derecho; luego, entonces, es claro que ahora no pueden ser motivo de estudio, al no figurar como parte de la litis planteada.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 290, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 190, Tomo V, Materia de Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor literal siguiente:
"LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.-Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."
Igualmente, resultan aplicables la jurisprudencia III.T. J/36, que aparece publicada en la página 83, tomo 61, enero de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, así como la tesis, visible en la página 321, Tomo IV, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1989, materia laboral, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, ambas emitidas por este órgano colegiado, entonces único, que en su orden dicen:
"LITIS LABORAL. ASPECTOS QUE LA CONFORMAN.-La litis es la esencia de los diversos puntos que constituyen la controversia suscitada entre las partes ante el órgano jurisdiccional y queda configurada, por un lado, con las pretensiones del demandante, los argumentos de hecho y de derecho que expone al demandar y por otro, con la oposición a lo pretendido por el accionante, expuesto por la demandada, al controvertir la reclamación, en la etapa procesal respectiva, conforme a las excepciones o defensas estructuradas en razones o argumentos de hecho y de derecho." y "LITIS, INTEGRACIÓN DE LA.-La litis en materia laboral, se fija no sólo con lo expuesto en la demanda y su contestación, sino también con lo aducido al replicar y contrarreplicar."
En cambio, los motivos de disenso en los que la parte quejosa se duele de la incorrecta estimación por parte del tribunal responsable, del argumento relativo a la prescripción de la facultad de la secretaría demandada para sancionarlo, es sustancialmente fundada y suficiente para declarar la inconstitucionalidad del laudo reclamado y, por ende, a la concesión del amparo impetrado.
En relación con ello, se aduce que el término prescriptivo de treinta días a que se refiere el artículo 106 bis, fracción I, de la ley burocrática jalisciense, en vigor a partir del veintiséis de septiembre de dos mil doce, debió computarse a partir de la última falta que se le atribuyó, por lo que si ésta aconteció el veintiuno de octubre de dos mil trece al diecinueve de noviembre de ese mismo año (y no el veintiuno de dicho mes y año como con error lo destaca el jurisdicente), en que se remitió y fue recibida el acta administrativa levantada con motivo del procedimiento administrativo levantado en contra del servidor público actor, no transcurrió el término de treinta días naturales a que se refiere el referido numeral.
Luego, el tribunal responsable consideró que el término de referencia comienza a contar una vez que el titular de la entidad pública tiene conocimiento de la falta atribuida al trabajador actor y que, en esas condiciones, si el veintiuno de octubre de dos mil trece fue la fecha en que el accionante incurrió en la cuarta inasistencia a sus labores, a partir de esa fecha es que la entidad demandada se hizo conocedora de los hechos irregulares que se le imputaron al accionante y si el titular de la secretaría demandada conoció de las faltas de asistencia atribuidas al servidor público el veintiuno de noviembre del referido año, cuando se remitió el acta administrativa al superior jerárquico, era evidente que transcurrió en exceso el término de treinta días y, por ende, que sí opera la prescripción.
Sentado lo anterior, la prescripción hecha valer por el actor, contrario a lo sostenido por el resolutor ordinario y como con acierto se alega, es improcedente, en atención a que es inexacto que haya prescrito para la entidad demandada la facultad para cesar al servidor público, según se explicará.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 106-Bis, fracción I, de la ley burocrática estatal, en vigor a partir del veintiséis de septiembre de dos mil doce, prescribe en treinta días naturales la facultad de los titulares de las entidades públicas para levantar y remitir el acta administrativa, contando el término a partir de la fecha en que el superior jerárquico o a quien haya facultado, mediante oficio facultativo, tenga conocimiento de los hechos presuntamente irregulares.
De ahí que dicho conocimiento no puede ser a priori, dado que la naturaleza de las faltas que se atribuyen al trabajador tienen como consecuencia, de acuerdo con la legislación aplicable, sancionarlo con una medida extrema, como lo es el cese de labores sin responsabilidad para la patronal.
En efecto, el artículo 26 de la referida legislación, dispone que ningún servidor público de base podrá ser sancionado en su empleo, sino por causa justificada y plenamente comprobada, remitiendo enseguida al procedimiento administrativo que obliga el artículo 23 de la propia ley cuando la falta pudiere ameritar cese, por su gravedad. Así pues, el conocimiento por parte del patrón de faltas que se imputan al demandante debe ser pleno, por lo que es hasta entonces cuando debe empezar a correr el término para la prescripción.
Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por este órgano colegiado, entonces único en materia de trabajo del tercer circuito, que aparece visible en la página 144, Volúmenes 217-228, Sexta Parte, enero a diciembre de 1987, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica:
"CESE, INVESTIGACIÓN PREVIA AL. PRESCRIPCIÓN DEL DERECHO DEL PATRÓN PARA EFECTUARLO. LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.-Es inexacto que deba considerarse que el término de 30 días que para la prescripción prevé el artículo 106, fracción IV, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, empieza a contar desde el momento que el patrón tiene ‘conocimiento de los hechos motivo de la sanción impuesta al actor’, ya que si bien ese precepto establece que prescribirá en 30 días la facultad de los titulares de las entidades públicas, para cesar a los servidores públicos, contando el término desde que sean conocidas las causas, dicho conocimiento no puede ser a priori, dada la naturaleza de las faltas graves que se atribuyen al trabajador, a efecto de sancionarlo con una medida extrema, como lo es el cese de labores. Y tan cierto es ello, que el diverso artículo 26 de la referida Ley para los Servidores Públicos, dispone que ningún servidor público de base podrá ser sancionado en su empleo, sino por causa justificada y plenamente comprobada, remitiendo enseguida al procedimiento administrativo que obliga el artículo 23 de la propia ley, cuando la falta pudiere ameritar cese, por su gravedad. Así pues, el conocimiento por parte del patrón de las faltas graves que se imputan al demandante, debe ser pleno, por lo que es hasta entonces cuando debe empezar a correr el término para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27119-52b21a1f/caducidad-en-el-proceso-laboral-del-conocimiento-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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