RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. LA LEY RELATIVA ES APLICABLE PARA DETERMINAR EL PLAZO PARA EMITIR LA RESOLUCIÓN DE SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DE LOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 49/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo, tercero y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, dado que se trata de la posible contradicción de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa al resolver los amparos en revisión cuyo conocimiento corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, conforme a lo dispuesto en el artículo 197-A, de la Ley de Amparo, toda vez que la realiza Fernando Abel Macías Casillas, autorizado en términos amplios conforme al artículo 27 de la Ley de Amparo por Sebastián Echeverría Preciado, quien es quejoso en el juicio de amparo 50/2007-5, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, origen del toca de revisión principal 119/2007, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
TERCERO. A fin de verificar la existencia de la contradicción de tesis, se estima necesario atender a los antecedentes que informan el contenido de las resoluciones emitidas por los tribunales contendientes.
Al respecto, debe señalarse que en relación con el recurso de revisión 119/2007, resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, los antecedentes que dieron lugar al mismo, son los que a continuación se indican.
a) Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis, Óscar Manuel García González y Juan Carlos Alatorre Nava presentaron formal queja en contra de Sebastián Echeverría Preciado y otros.
b) El veinticinco de septiembre de dos mil seis, con motivo de los hechos denunciados, el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco, levantó acta administrativa con la finalidad de que se investigaran éstos.
c) Con esta fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis, el secretario de la Comisión de Honor y Justicia y subdirector jurídico de esa Comisión, emitió "acuerdo de avocamiento" en el que tuvo por recibida el acta administrativa, ordenó recabar los informes, documentos y diligencias necesarios, y en su oportunidad, remitir el expediente a la Comisión de Honor y Justicia.
d) El cinco de octubre de dos mil seis, Sebastián Echeverría Preciado, primer oficial de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco, compareció ante la citada Dirección de Seguridad Pública de esa entidad, para manifestar lo conveniente a su interés con relación a los hechos contenidos en la queja y, posteriormente, ofreció diversos medios de prueba.
e) Una vez integrado el expediente, con fecha ocho de diciembre de dos mil seis la Comisión de Honor y Justicia, dictó resolución en la queja ciudadana número 120/2006, en la que determinó:
"Esta comisión determina sancionar a los tres encausados por no haberse realizado con desempeño (sic) sus labores inherentes a su rango, esto es, con cuidado, esmero, eficiencia y eficacia, lo anterior con fundamento en el artículo 42, en sus fracciones I, IV y VI, del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque; por lo que se ordena decretar y se decreta suspender a los dos (sic) servidores públicos encausados, lo anterior de conformidad a lo señalado en el presente considerando y con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 42, en sus fracciones I, II, IV, VI y X, 50, 51, 55, 58, en su fracción III y 62 en su fracción IV, relativos al mismo ordenamiento. =proposiciones:= Primero. Ha lugar a decretar y se decreta suspender por 3 tres meses, sin goce de sueldo, sin responsabilidad alguna para esta dependencia, a partir del día siguiente del que sean notificados de la presente resolución a los servidores públicos Sebastián Echeverría Preciado ..."
f) Inconforme con esta resolución, Sebastián Echeverría Preciado promovió por propio derecho, demanda de amparo, de la que conoció el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco con el número 50/2007-5, cuyo titular dictó sentencia el catorce de marzo de dos mil siete, en la que resolvió negar el amparo al quejoso, respecto del acto reclamado que hizo consistir en la discusión, aprobación y aplicación del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Tlaquepaque, Jalisco; y, conceder el amparo con relación a los demás actos reclamados.
g) No conformes con esta determinación, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, del que conoció por razón de turno el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con el número 119/2007, quien dictó sentencia el día trece de marzo de dos mil ocho, en la que resolvió en lo conducente:
"QUINTO. ... Como se anticipó, asiste razón a las autoridades recurrentes. De la demanda de amparo se advierte que el quejoso se ostentó: ‘Primer Oficial de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco’, lo que se corrobora con las documentales integradas en autos, en específico, los recibos de pago y la propia resolución que sanciona al agente policiaco municipal. Luego, al prestar el peticionario de garantías su servicio como agente de la Policía Municipal, adscrito a la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tlaquepaque, Jalisco -integrado a una corporación policial-, desde luego forma parte de un cuerpo de seguridad pública. Por tanto, el quejoso mantiene una relación de naturaleza administrativa con el Municipio, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor: ‘XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. ... Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Colegiado-. Disposición inmediata anterior, que se reproduce en el artículo 14, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, al tenor: ‘Artículo 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos servidores públicos’ -lo resaltado es de este órgano federal-. Como se advierte de los transcritos preceptos legales, los cuerpos de seguridad pública -del que forma parte el quejoso-, por disposición constitucional se regirán por sus propios reglamentos. En el caso concreto, de las constancias de autos se advierte que el peticionario del amparo reclama la resolución dictada por la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, al resolver la queja ciudadana número 120/2006, interpuesta en contra de, entre otros, el quejoso Sebastián Echeverría Preciado -en su cargo de primer oficial-. En la citada resolución, la autoridad municipal sostuvo: ‘Esta comisión determina sancionar a los tres encausados por no haberse (sic) realizado con desempeño (sic) sus labores inherentes a su rango, esto es, con cuidado, esmero, eficiencia y eficacia, lo anterior con fundamento en el artículo 42, en sus fracciones I, IV y VI, del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque; por lo que se ordena decretar y se decreta suspender a los dos (sic) servidores públicos encausados, lo anterior de conformidad a lo señalado en el presente considerando y con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 42, en sus fracciones I, II, IV, VI y X, 50, 51, 55, 58, en su fracción III y 62 en su fracción IV, relativos al mismo ordenamiento.= proposiciones:= Primero. Ha lugar a decretar y se decreta suspender por 3 tres meses, sin goce de sueldo, sin responsabilidad alguna para esta dependencia, a partir del día siguiente del que sean notificados de la presente resolución a los servidores públicos Sebastián Echeverría Preciado ...’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Colegiado- (fojas 162 a 163 del expediente de amparo). Procedimiento de queja que concluyó con la determinación sancionatoria inmediata anterior, el cual se substanció conforme al Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, pues al avocarse la Comisión de Honor y Justicia al conocimiento de la queja ciudadana de que se trata, sostuvo: ‘... se considera que existen elementos suficientes de responsabilidad del elemento policiaco involucrado en los hechos que se investigan, por lo que en cumplimiento a lo ordenado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 50, 51, 58, 59, 61, 62, fracción IV y segundo transitorio del Reglamento Interno de esta Dirección de Seguridad Pública ... se instaura procedimiento administrativo interno en contra de los CC. Sebastián Echeverría Preciado ... (foja 75 ídem).’. Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, que en lo conducente, dispone: ‘Artículo 1o. Este reglamento es de orden público, se expide con fundamento en lo previsto por los artículos 115, fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 73, fracción IX, de la Constitución del Estado de Jalisco; y artículo 37, fracción II de la Ley de Gobierno y la Administración Municipal y tiene por objeto reglamentar el funcionamiento, conforme a las leyes de la materia, la organización, administración y funcionamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.’. ‘Artículo 2o. Este reglamento será de observancia general para todo el personal que conforma esta Dependencia de Seguridad Pública y su incumplimiento implicará las sanciones que el mismo prevé.’. ‘Artículo 3o. Las bases contempladas por el presente ordenamiento para la organización y funcionamiento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tenderá a salvaguardar la paz y la tranquilidad social garantizando el respeto absoluto a los derechos humanos y a la dignidad personal de los infractores.’. ‘Artículo 4o. La disciplina es la norma de conducta que observará todo el personal de la corporación y se identificarán con los conceptos de: honradez, valor y lealtad, en los cuales descansa la (sic) rectora de esta institución.’. ‘Artículo 16. Será motivo de cese para todo servidor público de la dependencia, que solicite o reciba por parte de los infractores o de sus familiares, gratificaciones en efectivo o en especie por el trabajo al que le obliga el cargo de la corporación. Así como revelar información de la institución o dar a conocer decisiones tomadas por la superioridad y cuando para ello no esté autorizado.’. ‘Artículo 44. Se prohíbe toda conducta que implique el uso de violencia física, moral, psicológica o procedimientos que provoquen cualquier tipo de lesión o menoscaben la dignidad de los infractores.’. Capítulo XIII. De la Comisión de Honor y Justicia. ‘Artículo 50. La Comisión de Honor y Justicia será presidida por el director general e integrada por las siguientes personas: I. Subdirector administrativo. II. Subdirector operativo. III. Subdirector jurídico. IV. Subdirector de Trabajo y Prevención Social. La Secretaría de la Comisión recaerá en el subdirector jurídico.’. ‘Artículo 51. Son atribuciones de la Comisión de Honor y Justicia: I. Velar por el respeto a los principios éticos y profesionales que rigen la conducta del personal de la corporación, en consecuencia, conocer de las faltas de carácter administrativa, proponiendo, en su caso, al subdirector administrativo las sanciones que correspondan. II. Reconocer los servicios relevantes de los servidores públicos de esta dependencia, mediante el otorgamiento de reconocimientos a quienes se hagan merecedores a ello. III. Promover al empleado público de la institución, por sus servicios relevantes y méritos especiales.’. Capítulo XIV. De las sanciones. ‘Artículo 58. Para los efectos de este reglamento, sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, o de la comunicación a la autoridad competente, cuando la falta cometida constituya delito, se aplicará al personal que incurra en faltas en el desempeño de su servicio, las siguientes: I. Amonestación. II. Arresto. III. Suspensión. IV. Degradación. V. Cese o destitución en su empleo. ‘Artículo 59. La facultad para imponer las sanciones a que se refieren las fracciones I y II del artículo anterior, corresponde al director general o al subdirector operativo con el visto bueno del primero de los mencionados, y las restantes serán responsabilidad de la Comisión de Honor y Justicia.’. ‘Artículo 62. La suspensión de sueldos y de funciones, sin responsabilidad alguna para la Dirección de Seguridad Pública Municipal, procederá en los casos en que el servidor público se encuentre sujeto a investigación administrativa o averiguación previa, por actos u omisiones de los que puedan derivarse presunta responsabilidad. Además de los casos señalados en el párrafo anterior también serán los siguientes: I. Por acumular tres arrestos en un período de noventa días naturales. II. Por desempeñar con morosidad o descuido manifiestos las obligaciones y responsabilidades que se le asignen. III. Por incumplimiento de la sanción de arresto, en los términos en que hubiese sido ordenada. IV. Por faltas que siendo graves no constituyan conforme a la ley causal de cese o destitución. La suspensión subsistirá hasta que el asunto de que se trate quede total y definitivamente resuelto, ésta podrá ser de tres días a tres meses.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Federal-. Como se advierte de los preceptos legales citados con antelación, la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, es un órgano interno del propio Municipio, encargado de velar por el respeto a los principios éticos y profesionales que rigen la conducta del personal de la corporación, en consecuencia, conocer de las faltas administrativas. Pues bien, contrario a la apreciación interpretativa sostenida en la sentencia recurrida, en la especie, este Tribunal Colegiado advierte que en la resolución reclamada, la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, al substanciar y resolver la queja ciudadana número 120/2006, aplicó los artículos 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones I, IV y VI, 50, 51, 58, 59, 61, 62, fracción IV, del Reglamento Interno de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque. No así, como lo apreció el Juez a quo, que en el caso concreto la responsable hizo uso del ‘marco jurídico que rige la imposición de sanciones de naturaleza laboral a los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco ... las sanciones por mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado de los deberes, entre las que se encuentra la suspensión hasta por treinta días, se rigen por lo dispuesto en el artículo 25 de la ley burocrática estatal y los lineamientos que prevé el artículo 26 de la ley en comento.’. Que por tanto, sostuvo el Juez Federal ‘la única limitación temporal a la que se encuentra sujeta la imposición de la suspensión es la prevista en el artículo 106, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, acerca de que la facultad de los titulares de las entidades públicas, para disciplinar las faltas de éstos, prescribe en un plazo de treinta días.’. La determinación inmediata anterior la sustentó el a quo, en el criterio de rubro: ‘SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE ES ILEGAL SI SE NOTIFICA FUERA DEL PLAZO DE 30 DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 106, FRACCIÓN III, DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.’. En cuyo criterio, la superioridad interpretó los artículos 25 y 26 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, atinente a ‘la facultad de los titulares de las dependencias o entidades públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios para imponer a los servidores públicos sanciones por mal comportamiento, irregularidades o incumplimiento injustificado en el desempeño de sus labores, entre las que se encuentra la suspensión hasta por un mes en el empleo, cargo o comisión.’. Así como el precepto 106, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, respecto del término de treinta días con el que cuenta la autoridad para emitir la resolución en la que sancione al servidor público hasta por un mes. Empero, en el caso concreto, la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tlaquepaque, Jalisco, al substanciar y resolver la queja ciudadana número 120/2006, aplicó los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones I, IV y VI, 50, 51, 58, 59, 61 (sic) 62, fracción IV, del Reglamento Interno (sic) de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque. Cierto, la responsable substanció el procedimiento de queja de que se trata, conforme al Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, al tenor: ‘... se considera que existen elementos suficientes de responsabilidad del elemento policiaco involucrado en los hechos que se investigan, por lo que en cumplimiento a lo ordenado y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 50, 51, 58, 59, 61, 62, fracción IV y segundo transitorio del Reglamento Interno (sic) de esta Dirección de Seguridad Pública ... se instaura procedimiento administrativo interno en contra de Sebastián Echeverría Preciado ...’ (foja 75 ídem). Procedimiento que concluyó con la resolución, en la que la autoridad municipal sostuvo: ‘Esta comisión determina sancionar a los tres encausados por no haberse (sic) realizado con desempeño sus labores inherentes a su rango, esto es, con cuidado, esmero, eficiencia y eficacia, lo anterior con fundamento en el artículo 42, en sus fracciones I, IV y VI, del reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque; por lo que se ordena decretar y se decreta suspender a los dos (sic) servidores públicos encausados, lo anterior de conformidad a lo señalado en el presente considerando y con fundamento en los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 42, en sus fracciones I, II, IV, VI y X, 50, 51, 55, 58, en su fracción III y 62 en su fracción IV, relativos al mismo ordenamiento.= proposiciones:= Primero. Ha lugar a decretar y se decreta suspender por 3 tres meses, sin goce de sueldo, sin responsabilidad alguna para esta Dependencia, a partir del día siguiente del que sean notificados de la presente resolución a los Servidores Públicos Sebastián Echeverría Preciado ...’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Colegiado- (fojas 162 a 163 del expediente de amparo). De ahí que, en la especie, no resulta dable considerar aplicable, como incorrectamente así aconteció en la sentencia recurrida, la jurisprudencia que sirvió de sustentó al a quo para conceder el amparo solicitado, en la medida que en dicho criterio se interpretó los artículos 25 y 26, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, con relación a ‘la facultad de los titulares de suspender hasta por un mes en el empleo, cargo o comisión’ al servidor público y el término previsto en la fracción III, del artículo 106, del citado ordenamiento legal, para emitirla. En tanto que, en el caso, la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, sancionó al servidor público quejoso con una suspensión de tres meses, conforme a lo dispuesto en el propio Reglamento de la Dependencia de Seguridad Pública Municipal: artículo 62, del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque. Tan es así, que de la demanda de amparo se advierte que el propio quejoso reclamó, precisamente, la inconstitucionalidad del artículo 62 del Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco, acto respecto del cual se negó el amparo solicitado, negativa que, como quedó apuntado en el considerando anterior, no es materia de la presente resolución. Esto es, la responsable: Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, substanció y resolvió la queja ciudadana en contra del servidor público quejoso, conforme a lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, conforme lo permite el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor: ‘XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.’ -lo resaltado corresponde a este Tribunal Colegiado-. Disposición inmediata anterior que se reproduce en el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, al tenor: ‘Artículo 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos servidores públicos’ -lo resaltado es de este órgano Federal-. En consecuencia, ante lo fundado de los agravios examinados, procede revocar la sentencia recurrida y, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo que dice: ‘... los Tribunales Colegiados de Circuito ... examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son fundados deberán considerar los conceptos de violación que omitió el juzgador’, se procede a examinar los conceptos de violación que no fueron analizados por el Juez de primer grado. Dado el sentido de la presente resolución, queda atendido el pedimento formulado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como los alegatos planteados por el quejoso. SEXTO. Los conceptos de violación que no fueron examinados en la sentencia recurrida, son del tenor siguiente: ... SÉPTIMO. Los conceptos de violación antes transcritos son jurídicamente ineficaces. No asiste razón al quejoso cuando alega, en síntesis, que la responsable dentro de ‘una simple queja ciudadana, y aún mas, me hubiese suspendido por 3 tres meses sin goce de sueldo, en una simple queja ciudadana, sin haberme instaurado un procedimiento administrativo en forma en donde se me hubiese respetado a cabalidad mi garantía de audiencia y defensa.’. En efecto, deviene ineficaz tal argumento de inconformidad, en tanto que, de las constancias de autos, en específico, de las copias certificadas del expediente relativo a la queja ciudadana número 120/2006 -valoradas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, se advierten las siguientes actuaciones: ... Del relato inmediato anterior, deriva la ineficacia de lo aducido por el quejoso en el concepto de violación en examen. Ello es así, toda vez que, contrario a lo alegado por el servidor público peticionario de garantías, es inexacto que la responsable no hubiera ‘instaurado un procedimiento administrativo en forma, en donde se me hubiese respetado a cabalidad mi garantía de audiencia y defensa.’. Cierto, ante la formal queja presentada por Óscar Manuel García González y Juan Carlos Alatorre Nava, en contra del quejoso, el presidente de la Comisión de Honor y Justicia y (sic) Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco, levantó acta administrativa, la cual remitió al secretario de la Comisión de Honor y Justicia y subdirector Jurídico de esa Dirección, el cual emitió el acuerdo de avocamiento respectivo y se citó al ahora quejoso para que compareciera a manifestar lo que a su interés correspondiera. Así, el cinco de octubre de dos mil seis, el servidor público Sebastián Echeverría Preciado, compareció ante el subdirector jurídico de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco a la audiencia de defensa, en la que expresó: Posteriormente, mediante escrito de once de octubre de dos mil seis, dirigido a la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, el peticionario de garantías expresó: ... Probanzas que se admitieron y se desahogaron, en específico, las documentales integradas en autos (fojas 112 a 113) y la testimonial desahogada a foja 138 del sumario. Incluso, a petición expresa del propio servidor público, ahora quejoso, el subdirector jurídico de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, solicitó al armero del sector III, ‘informe a la brevedad posible si Sebastián Echeverría Preciado, debe algún cartucho y en caso de qué tipo de arma con fecha del 23 de septiembre del presente año, lo anterior en virtud de serme necesario para el esclarecimiento de la queja ciudadana ...’ (foja 139 de autos). De ahí que, evidentemente, contrario a lo alegado por el quejoso, resulta dable arribar a la conclusión (sic) que la responsable no violentó, en perjuicio del servidor público peticionario del amparo, las garantías de audiencia y defensa dentro de la substanciación de la queja ciudadana de que se trata. En tanto que, como quedó apuntado, la Comisión de Honor y Justicia responsable concedió oportunidad al agente policiaco de que manifestara, dentro del procedimiento de queja, lo que a su derecho correspondiente (sic) y ofreciera las pruebas que estimara pertinentes para su defensa. Por tanto, conforme lo dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo, no resultan aplicables para el fin pretendido las tesis que citó el quejoso, de rubros: ... Ello se estima así, toda vez que, en principio, tales criterios versan en torno al cese de servidores públicos en los que no se les concedió garantía de audiencia previa lo que, como quedó apuntado, en el caso no acontece; empero además, como quedó establecido, en la especie, la responsable sí substanció un procedimiento -con sus fases respectivas- en el que se concedió al quejoso oportunidad de defenderse. Máxime que, como quedó apuntado, la queja ciudadana en cuestión, se instauró y resolvió conforme al reglamento de la propia autoridad municipal responsable. De ahí la ineficacia de los conceptos de violación examinados. Finalmente no pasa inadvertido que en el capítulo de ‘Actos reclamados’, el quejoso aduce: ‘en su mayoría las actuaciones que integran la queja ciudadana número 120/2006 no cuenta con el sello oficial de la dependencia que emite el acto administrativo’; empero, tal argumento, a mas de que se advierte inexacto, toda vez que de las constancias de autos se aprecia que las fojas que integran la queja en cuestión tienen impreso un sello del tenor: ‘Policía Tlaquepaque. Subdirección Jurídica’, el quejoso no explica en qué trasciende al resultado de la resolución reclamada. Por tanto, deviene ineficaz tal manifestación. Consecuentemente, ante la ineficacia jurídica de los conceptos de violación en examen, lo procedente es negar el amparo solicitado por el quejoso Sebastián Echeverría Preciado dentro del juicio de garantías 50/2007, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco."
Por otra parte, en relación con el recurso de revisión de amparo 149/2007, resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, ocurrió lo siguiente:
a) Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis, Óscar Manuel García González y Juan Carlos Alatorre Nava presentaron formal queja ante el director de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco, en contra de José Ramón Martínez Valle.
b) Con motivo de los hechos denunciados el presidente de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública de Tlaquepaque, Jalisco, levantó acta administrativa con la finalidad de esclarecer estos hechos.
c) Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil seis, el secretario de la Comisión de Honor y Justicia y subdirector Jurídico de esa dirección, emitió "acuerdo de avocamiento" en el que tuvo por recibida el acta administrativa, ordenó recabar los informes y documentos; y en su oportunidad, remitir el expediente a la Comisión de Honor y Justicia para
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21015-45015072/responsabilidades-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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