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Modo: Corpus Pro

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA RESOLUCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN QUE RESUELVE EL RECURSO DE REVISIÓN Y SOBRESEE EN EL JUICIO DE NULIDAD. SE SURTE EN FAVOR DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN AMPARO DIRECTO, POR TRATARSE DE UNA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO, AUN CUANDO ÉSTA CORRESPONDA A UN RECURSO INTERMEDIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21071
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Julio de 2008, , Pág. 473.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 64/2008-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo octavo y 107, fracción XIII, constitucionales, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero (en sentido contrario) y cuarto, del Acuerdo General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia administrativa en la que se encuentra especializada esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito que sustenta uno de los criterios entre los que se suscita la posible contradicción.

TERCERO. En relación con la resolución dictada el veintiuno de febrero de dos mil ocho en el amparo directo 327/2007, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer del presente juicio de amparo directo, conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso b) de la Constitución General de la República, 44, 46, párrafo primero y 158 de la Ley de Amparo, y los artículos 37, fracción I, inciso b), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 47/2003 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, expedido mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de julio de dos mil tres, ya que se reclama una sentencia definitiva dictada por un tribunal administrativo con sede en este cuarto circuito.

"...

"QUINTO. El concepto de violación primero, en la parte que se precisa, es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. En él la parte quejosa sostiene, en sustancia, que la autoridad responsable violenta en su perjuicio los principios que rigen la prosecución del juicio contencioso administrativo, toda vez que emitió una resolución de sobreseimiento sin encontrarse en el estadio procesal oportuno. Manifiesta que el tribunal responsable al resolver el recurso de revisión que le fue propuesto, sólo estaba vinculado a pronunciarse respecto de los agravios formulados por la autoridad recurrente, en relación con la suspensión otorgada a los actores por la Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria (mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil siete); es decir, acorde con las facultades que le otorga el artículo 20, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, aquél debió resolver ese recurso en los términos en que le fue planteado, decidiendo si fue o no correcta la decisión de otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio de nulidad, más aún porque los agravios formulados al respecto no prejuzgaban sobre las cuestiones de ilegalidad planteadas en la demanda, ni sobre las pruebas ofrecidas. En ese orden de ideas, concluye, la responsable aplicó indebidamente los artículos 17, último párrafo, 20, fracción I, y 57 fracción II, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, así como las tesis de jurisprudencias y criterios insertas en su resolución. El concepto de violación cuya síntesis precede, se atenderá de conformidad con el principio de que no es necesario que reúna formalidades rígidas y solemnes, pues la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en conjunto, por lo que es dable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que con tal contenido aparezcan en dicho ocurso y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que es suficiente que se exprese con claridad la causa de pedir. Avala lo anterior, la jurisprudencia número 68/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... al tenor del epígrafe y sinopsis subsecuentes: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR.’ (se transcribe). Pues bien, este Tribunal Colegiado de Circuito conviene con la parte quejosa en torno a que la Sala Superior responsable no se encontraba en posibilidad jurídica de decretar de oficio el sobreseimiento del juicio contencioso administrativo, dada la materia del recurso de revisión que abrió su jurisdicción. Hay que referenciar que los aquí amparistas promovieron la demanda de nulidad génesis del asunto, con el objeto de reclamar una orden de visita de inspección, el acta circunstanciada que se levantó con motivo de dicha orden, así como las consecuencias y efectos que deriven de esos actos. En forma colateral, solicitaron la suspensión de los actos reclamados en lo que respecta a la aplicación de medidas de seguridad, clausura e imposición de multas que pudieran proceder. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil siete, el Magistrado instructor de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, admitió a trámite la demanda de nulidad, ordenando el emplazamiento a las autoridades demandadas, y entre otras cuestiones, determinó conceder la suspensión de los actos impugnados. Consta que con fecha veintitrés de marzo de dos mil siete, la autoridad demandada secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León, se inconformó con el otorgamiento de la medida cautelar de trato, vía recurso de revisión en términos del artículo 90, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado. Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil siete, la citada Sala Ordinaria tuvo por presentado el aludido medio de impugnación, ordenando la remisión a la alzada de las constancias respectivas, así como el emplazamiento a las demás partes para que acudieran a exponer lo que a su derecho convenga. Mientras se efectuaba el trámite y resolución del recurso de revisión propuesto contra el otorgamiento de la suspensión de los actos impugnados, las autoridades demandadas rindieron su contestación en el juicio principal, donde a la par de otros aspectos, solicitaron la incorporación de terceros perjudicados, así como que se señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, y que en su oportunidad se dicte la sentencia que efectúe el estudio de las causas de improcedencia invocadas y aun las de oficio, por ser una cuestión de orden público. A través del acuerdo de veinte de julio de dos mil siete, se reconoció el carácter de tercero perjudicada a María Teresa Araiza Aguilar, a quien se le recibió su contestación de la demanda, donde concretamente pidió se señalara fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley, así como que en su oportunidad se dicte la sentencia correspondiente declarando la improcedencia del juicio. Por otro lado, con fecha treinta de julio de dos mil siete, la Sala Superior del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado dictó fallo mediante el cual resolvió el recurso de revisión que en su momento interpuso el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León -contra el otorgamiento de la suspensión de los actos impugnados-, y al efecto determinó decretar oficiosamente el sobreseimiento en el juicio anulatorio, acorde a las consideraciones que se reproducen en el considerando segundo de esta ejecutoria, a las cuales se remite este tribunal en obvio de repeticiones innecesarias. La conducta procesal desplegada por la Sala Superior responsable, no es acorde a la legalidad, en función básica de que ejerció una atribución que no estaba a su alcance virtud de la materia del medio de impugnación que abrió su jurisdicción. En efecto, el artículo 90, fracción VI, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, con fundamento en el cual se interpuso el recurso de revisión que dio origen a la sentencia aquí reclamada, dispone: ‘El recurso de revisión es competencia de la Sala Superior y es procedente contra las resoluciones de los Magistrados de las Salas Ordinarias que: ... VI. Concedan, nieguen, modifiquen o revoquen la suspensión de los actos impugnados.’. En ese caso, es de lógica jurídica que el efecto del recurso de revisión que se interponga con apoyo en esa específica hipótesis de procedencia, será el de confirmar, modificar o revocar las determinaciones de los Magistrados de las Salas Ordinarias que versen sobre la suspensión de los actos controvertidos en la demanda de nulidad; sin que exista la posibilidad de que se involucren y resuelvan cuestiones atinentes a la improcedencia del juicio principal, toda vez que para ese tema la propia legislación en consulta prevé diferentes momentos y vías que permiten abordarlo con toda oportunidad. Verídico, el artículo 48, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, estatuye que se desechará la demanda si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia. De no ser así, el precepto 49 dispone que se admitirá la demanda y correrá traslado de ella a la parte demandada y a los terceros, emplazándolos para que la contesten. Si se estima prudente, en el mismo acuerdo se citará para la audiencia del juicio que deberá celebrarse en plazo no mayor de diez días, contados a partir de que concluya el término del emplazamiento, y se dictarán las demás providencias que procedan con arreglo a la ley. Por su parte, el artículo 57, fracción II, de la misma legislación, señala que procede el sobreseimiento del juicio cuando durante éste apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia legalmente previstas. El diverso dispositivo 90, fracción II, contempla la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio. Todos esos preceptos legales analizados en forma sistemática, arrojan diferentes instantes en que se puede válidamente abordar el tema de la improcedencia del juicio contencioso administrativo, a saber: 1. Desde la presentación de la demanda, si existe la actualización de una causal de improcedencia notoria e indudable. 2. Durante la tramitación del juicio, ya sea que la causal apareciere o sobreviniere (piénsese que con motivo de las contestaciones de la parte demandada o de terceros, así como por factores que incidan en la subsistencia, constitución o alcances de los actos impugnados). 3. Al dictarse la sentencia de primer grado. 4. Al resolverse el recurso de revisión interpuesto contra: a) la admisión o desechamiento de la demanda; y, b) las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento durante el juicio o en la propia sentencia. En ese orden de ideas, debe discurrirse que la aptitud para examinar la improcedencia del juicio, vía oficiosa o a petición de parte, debe ejercerse necesariamente en algunos de esos momentos, y no así, como en el caso aconteció, al resolverse un recurso instaurado ex profeso para dilucidar una cuestión accesoria y diferente a las que competen al juicio principal. De no estimarlo de esa manera, se propiciaría: Primero, que se desatienda el lineamiento del legislador de que fuese siempre una Sala Ordinaria, y no la Superior, la que en primer término decida la suerte del juicio, ya sea a través de un desechamiento, sobreseimiento o resolviendo el fondo del asunto, pues de no respetarse esa circunstancia, ello sin duda trascendería en la eliminación de una instancia con la consecuente merma en la posibilidad defensiva de las partes. Y segundo, que se desnaturalice el recurso de revisión, pues so pretexto de que el tribunal de alzada puede en todo tipo de asunto valorar de oficio la procedencia del juicio, ese medio de impugnación se utilizaría sin distingo de las hipótesis que genuinamente le abren paso, con el objeto de alcanzar un decreto de sobreseimiento, lo cual no es jurídicamente concebible, dado que el legislador, como ya se precisó, estipuló diversos momentos y vías para obtener ese mismo fin, al margen que ello sin duda viola la garantía de defensa. De ahí que, como bien lo manifiesta la parte quejosa en la demanda de amparo, la Sala Superior responsable debió avocarse a resolver el recurso de revisión interpuesto por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León, únicamente en lo que ve al tema de suspensión de los actos impugnados, dado que fue ese el supuesto legal que en exclusiva abrió su jurisdicción. Es factible invocar, por analogía y en lo pertinente de sus consideraciones, las tesis de sucesiva inserción: ‘REVISIÓN INCIDENTAL, AGRAVIOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN LA. CASO EN QUE SON INFUNDADOS.’ (se transcribe). ‘SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. LOS AGRAVIOS ESGRIMIDOS EN LA REVISIÓN INTERPUESTA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, SON INATENDIBLES SI PLANTEAN LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.’ (se transcribe). Visto el resultado al que se arribó con el estudio del concepto de violación previamente examinado, deviene innecesario abordar los diversos que se hacen valer, toda vez que cualquiera que fuera el resultado de su examen, en nada variaría el sentido de este fallo. La aserción que antecede se sostiene en términos de lo dispuesto por la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... cuyo rubro y texto dicen: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, acorde a lo que dispone el artículo 80 de la Ley de Amparo, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la resolución reclamada, y hecho lo anterior, siguiendo las directrices que se contienen en la presente ejecutoria, emita una nueva en la que prescinda de las consideraciones que aquí se apreciaron como inoportunas, y con plenitud de jurisdicción determine lo que en derecho corresponda con relación al recurso de revisión interpuesto contra el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados."

CUARTO. En torno de la resolución dictada el veinte de diciembre de dos mil siete en el amparo directo 257/2007, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:

"ÚNICO. Es innecesaria la transcripción de la sentencia reclamada, así como los conceptos de violación que se hacen valer en su contra, toda vez que este cuerpo colegiado advierte que es incompetente por razón de grado para conocer del presente juicio de garantías, presupuesto procesal que al ser de orden público no sólo puede sino que debe ser examinado en cualquier instancia. Primeramente, es indispensable analizar las disposiciones que regulan la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, por lo cual, es necesario precisar lo que al respecto establecen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política del país, que en lo conducente dicen: ‘Artículo 103. ... I.’ (se transcribe). ‘Artículo 107. ... V.’ (se transcribe). Por su parte, el artículo 158 de la Ley de Amparo, en armonía con los anteriores preceptos dispone: ‘Artículo 158.’ (se transcribe). Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, administrativos o de trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. A su vez, los numerales 44 y 46 del propio ordenamiento legal, señalan: ‘Artículo 44.’ (se transcribe). ‘Artículo 46.’ (se transcribe). Al respecto, el tratadista Ignacio Burgoa Orihuela, en su obra ‘El Juicio de Amparo’ ... aborda el tema relativo a la procedencia del juicio de amparo directo, y a efecto de determinar la naturaleza de los actos enunciados en el artículo 46 de la Ley de Amparo, respecto de los que procede dicho juicio, señala los elementos que necesariamente deben concurrir para calificar a una resolución como sentencia definitiva impugnable en amparo directo, entre los que se encuentra el siguiente: ‘Que decida la controversia fundamental o principal en el juicio en que se dicte. Conforme a este elemento, no son, por ende, sentencias definitivas, las resoluciones que diriman una cuestión incidental o accesoria dentro de un procedimiento jurisdiccional, o sea, las sentencias interlocutorias, aunque pongan fin a la contienda, puesto que no dilucidan las pretensiones primordiales de las partes. Debemos insistir en que desde el punto de vista de su materia decisoria, la definitividad de un fallo consiste en que éste dirima la contienda fundamental, diciendo el derecho sobre la acción y sobre las defensas y excepciones opuestas ...’. Por su parte, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterio respecto a que la expresión decidan el juicio en lo principal, contenida en el artículo 46 de la Ley de Amparo, significa que sólo se considerarán sentencias definitivas las que, versando sobre la materia misma del juicio, resuelvan la controversia principal motivada por la litis y condenen o absuelvan según proceda, en forma tal que la materia misma del juicio quede ya definitivamente juzgada por la autoridad común, según se advierte de la tesis aislada ... que se transcribe a continuación. ‘SENTENCIA DEFINITIVA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO DIRECTO.’ (se transcribe). Ahora, de las constancias que obran en el juicio de nulidad, se advierten los antecedentes siguientes: I. Roberto González Domínguez y Alicia Guerra de González, el veintitrés de febrero de dos mil siete, promovieron demanda de nulidad, en contra del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; director de Control Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; coordinador jurídico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; y, síndico segundo, todos del Municipio de Monterrey, Nuevo León, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, señalando como actos reclamados los siguientes: ‘ACTO IMPUGNADO. Lo constituye el acuerdo oficio ... emitido el ocho de febrero de dos mil siete, por el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología de Monterrey, Nuevo León dentro del expediente administrativo ... y que a través de instructivo se notificó, mismo que ordena se practique una visita de inspección en el inmueble ubicado en ... identificado con el expediente Catastral No. ... REQUIRIENDO SUSPENDER DE INMEDIATO ACTIVIDADES, AMENAZANDO de APLICARNOS SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD contra los actores. Asimismo, impugnamos el ACTA CIRCUNSTANCIADA levantada en fecha quince de febrero de dos mil siete, por ... en su supuesto carácter de inspector adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, dentro de la cual se notifica la orden de inspección antes descrita, misma que se realizó y levantó en forma ilegal, y fuera de la realidad por las demandadas, por lo que se encuentra plagada de causales de anulación previstas en la Ley de Justicia Administrativa, causando agravio personal y directo contra los suscritos, al igual que el REQUERIMIENTO DE SUSPENDER DE INMEDIATO ACTIVIDADES, amenazando de APLICAR SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD contra los actores no obstante que los actores suscritos contamos con las autorizaciones respectivas otorgadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como lo demostraremos en el transcurso de esta demanda. Por último impugnamos las consecuencias derivadas del oficio ... respecto a las AMENAZAS de APLICACIÓN DE SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.’. II. El veintiocho de febrero de dos mil siete, la Magistrada de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado, dictó un auto en el que acordó lo siguiente: a) Admitió la demanda presentada por Roberto González Domínguez y Alicia Guerra de González, en términos de los artículos 45, 46, 47 y 49 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León; b) Requirió a los comparecientes para que proporcionaran diversa documentación; c) Concedió la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encontraban hasta en tanto se pronunciara sentencia, en virtud de que no se seguía perjuicio al interés social ni se contravenían disposiciones de orden público o se dejaba sin materia el juicio; d) Tuvo a los comparecientes nombrando como representante común a ... y, e) Finalmente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por los actores en su demanda, y como abogados autorizados a los ahí nombrados. III. En contra de dicho auto, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer a la Magistrada de la Sala Superior y presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Nuevo León, quien el seis de julio de dos mil siete, resolvió el recurso de mérito, sobreseyendo el juicio contencioso administrativo, al advertir de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 56, fracción IX, en relación con el 17, fracción X, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, la cual estimó actualizada al considerar lo siguiente: ‘Por lo que en razón de lo anterior, resulta evidente que en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia contenida en el citado artículo 56 fracción IX, en relación con el 17, fracción X, ambos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, ya que de un análisis de la demanda y anexos se aprecia que la acción intentada por el justiciable la constituye: ... De lo cual, a la luz de los transcritos numerales, advierte la suscrita Magistrada, que los actos que se están impugnando dentro del juicio de nulidad del cual deriva el presente recurso, consistentes en, la orden de visita de inspección de fecha ocho de febrero de dos mil siete y el acta circunstanciada levantada en fecha quince del citado mes y año, así como las consecuencias derivadas del oficio ... no son susceptibles de ser impugnados ante este tribunal, de conformidad con el numeral antes transcrito, ya que no constituyen un acto definitivo; lo anterior en virtud de que, si bien es cierto que las mismas forman parte de un procedimiento administrativo que las autoridades municipales llevan a cabo a fin de hacer cumplir las disposiciones contenidas en la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano del Estado, por quienes estén obligados a ello, por sí solos no ponen fin a un pronunciamiento (es decir, no constituyen acto definitivo) por sólo contener una relación de hechos que sólo servirían para ilustrar y aportar los datos necesarios para que la autoridad municipal competente pudiera emitir la resolución definitiva respecto a determinada situación, teniendo, por ende, sólo el carácter de actos instrumentales; según consta en documentos agregados que se pretenden impugnar en autos del juicio principal aportados por la parte actora y a los cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 81, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa en vigor. Aunado a lo anterior, advierte la suscrita Magistrada, que el contenido del acta circunstanciada levantada en fecha quince de febrero de dos mil siete, por el inspector adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León, la cual ha quedado debidamente valorada en el párrafo anterior, no afecta en este momento la esfera jurídica de los demandantes, ya que no se desprende que durante el desahogo de la misma se hayan hecho efectivos los apercibimientos contenidos en el acuerdo impugnado de fecha ocho de febrero del presente año, a decir, el requerimiento a la persona con la que se entendiera la diligencia para que voluntariamente suspendiera de inmediato las actividades ahí realizadas, el cual a consideración de esta Sala Superior, no es un imperativo pues como se aprecia, se ordena al inspector autorizado, que para el caso de que el visitado no cuente con las licencias, le solicite que en forma voluntaria suspenda los trabajos; así como tampoco se efectuó requerimiento, en el sentido de que, en caso de no comprobar contar con las licencias correspondientes dentro del plazo concedido, se les aplicarían las sanciones y medidas de seguridad contenidas en los artículos 275, 276, 277, 278, 279 y demás relativos de la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano en el Estado; reiterándose en razón de lo anterior, el hecho de que los actos que por esta vía se pretendían impugnar no tienen el carácter de definitivos; sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que los mismos podrían ser recurridos ante este tribunal, como un antecedente, del acto que en forma definitiva, en su caso, emitan las autoridades demandadas, con relación al expediente número ... que tramitan las autoridades demandadas. ...’. IV. En contra de tal determinación Roberto González Domínguez y Alicia Guerra de González, acudieron a promover juicio de amparo directo. En ese orden de ideas, al confrontar las hipótesis legales con los hechos que se analizan, resulta claro que este Tribunal Colegiado carece de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que el acto (sic) que combaten los quejosos (la orden de visita de ocho de febrero de dos mil siete y, el acta de inspección de quince de febrero siguiente) en el juicio de origen, no tienen el carácter de definitivos, pues a través de esos actos no se decide el juicio en lo principal, mucho menos sin decidirlo en lo principal lo da por concluido, sino que se trata de actos que fueron emitidos por las autoridades municipales a fin de cumplir la Ley de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; supuesto que este tribunal estima encuadra dentro de la hipótesis del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, ya que se trata de un acto dictado en juicio que tiene una ejecución de imposible reparación. Entonces, como la resolución impugnada no se trata de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio y, por consecuencia, no se actualizan las hipótesis contenidas en los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, que definen cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Por tanto, se estima que este Tribunal Colegiado no es legalmente competente para conocer del asunto, porque conforme a lo dispuesto en los citados preceptos, se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no concedan recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no concedan recurso ordinario alguno. Lo que en el caso no se actualiza, pues se trata de actos no definitivos; de ahí que en contra de ellos, en su caso, procede el amparo indirecto en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, como ya se precisó. Por las razones expuestas, el Tribunal Colegiado carece de competencia por razón de grado para conocer de la sentencia dictada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en el Estado de Nuevo León, en un juicio de nulidad en que se reclamó la orden de visita de ocho de febrero de dos mil siete, y el acta de inspección de quince de febrero siguiente, pues como se dijo, no decidió el juicio en lo principal ni le puso fin, ya que decidió sobreseer el juicio contencioso administrativo, al advertir de oficio la causa de improcedencia prevista en el artículo 56, fracción IX, en relación con el 17, fracción X, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, por lo que deberá remitirse la demanda de garantías y los anexos relativos al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno en el Estado, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa de este circuito. En relación con el trámite a seguir cuando se estima que un tribunal carece de competencia legal para conocer de una demanda, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 40/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ... que a la letra dice: ‘DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21071-0b426f1d/competencia-para-conocer-de-la-resolucion-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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