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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN TEMPORAL EN EL EMPLEO, CARGO O COMISIÓN. LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE ES ILEGAL SI SE NOTIFICA FUERA DEL PLAZO DE 30 DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 106, FRACCIÓN III, DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2005-SS. · Registro digital (IUS): 19014
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Agosto de 2005, , Pág. 751.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 44/2005-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.

SECRETARIA: FABIANA ESTRADA TENA.

CONSIDERANDO:

TERCERO. En el juicio de amparo directo 223/2001, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el acto reclamado consistió en el laudo dictado por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en el juicio laboral 209/2000-A, instaurado en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, por el procedimiento administrativo que concluyó con la suspensión temporal de la quejosa en su cargo.

En los conceptos de violación, la quejosa argumentó que había prescrito la facultad del titular para imponerle la sanción de suspensión por treinta días, toda vez que la resolución administrativa correspondiente le fue notificada fuera del plazo de diez días que prevé el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En sesión de veintiocho de junio de dos mil uno, el Tribunal Colegiado resolvió, en lo que interesa, lo siguiente:

"TERCERO. Los anteriores conceptos de violación son infundados, de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas. Para comprensión del asunto, primeramente se realizan los siguientes apuntamientos: A) La servidora pública quejosa reclamó a la Secretaría de Finanzas del Estado, la anulación de la resolución del procedimiento administrativo número 9498/PAM/12/99, instaurado en su contra y el pago de treinta días de salario; sustentando tales acciones en esencia en que prescribió la facultad del titular de dicha entidad pública para suspenderla temporalmente, en razón de que la resolución respectiva fue emitida el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y la actora fue notificada de su contenido hasta el dos de marzo del año dos mil; para lo que apoyó sus pretensiones en la jurisprudencia número 17, sustentada por este Tribunal Colegiado entonces único en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 458, de título: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. PRESCRIPCIÓN, TÉRMINO PARA LA INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA E IMPOSICIÓN DE SANCIONES O CESES’ (folios 1 y 2). B) Por su parte la entidad gubernamental demandada al producir contestación negó que haya prescrito la sanción impuesta a la servidora pública y que se hubiere excedido en el término para notificar la referida resolución, ya que conforme el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios sólo en los casos de cese se está obligado a notificar al servidor público dentro de los diez días siguientes a la fecha de la resolución (folios 14-16). C) En el laudo que constituye el acto reclamado el tribunal responsable declaró improcedente la perentoria de mérito, en los términos que enseguida se insertan: ‘... Del análisis hecho por este tribunal a la documental consistente en el procedimiento administrativo 9498/PAM/12/99 seguido en contra de la ahora demandante y conforme al contenido de la jurisprudencia referida, se advierte que la patronal se ajustó a los términos que ahí se consignan en virtud de que el titular de la demandada licenciado José de Jesús Ley García tuvo conocimiento de los hechos imputados a la actora el día 7 de septiembre de 1999, como se desprende del oficio folio número 00966 que le dirigió el licenciado David Alarcón Menchaca como procurador fiscal ordenando el titular de la patronal instaurar el procedimiento administrativo correspondiente a la demandante el 13 de septiembre de 1999, como se desprende de la actuación de dicha fecha; concluyendo la audiencia de defensa el 5 de octubre del reiterado 1999, dictándose la resolución en que se suspendió a la ahora demandante el 4 de noviembre de 1999. Por lo que puede apreciarse que como se dijo la patronal se ajustó a los términos de la citada jurisprudencia. Ahora bien, para todo lo consiguiente es de señalar que dicha determinación le fue notificada a la actora como ella misma lo reconoce con fecha 2 de marzo del año 2000, lo que contrariamente a lo señalado por ésta no invalida dicha determinación, toda vez que conforme a la propia jurisprudencia citada y al artículo 23 de la ley de la materia no consignan el término en que deba notificar tal resolución (cabe recordar que la autoridad no puede ir más allá de lo consignado en la propia ley) puesto que como bien lo advierte la patronal, los diez días que menciona el citado artículo 23, es claro que se refiere a la terminación de la relación de trabajo, lo cual es diferente al caso que nos ocupa por tratarse sólo de una suspensión, por lo que dicha resolución como se dijo se ajustó a derecho y por ende se declara improcedente la reiterada excepción de prescripción opuesta por la demandante’ (41 vuelta). Anterior transcripción de la que se advierte que en oposición a lo que arguye la quejosa, el tribunal del conocimiento fundó y motivó su resolución al precisar que la patronal se ajustó a los términos de la jurisprudencia citada en el libelo laboral; asimismo, que la determinación de suspensión de treinta días a la servidora pública le fue notificada con fecha dos de marzo del año dos mil, lo que no invalida dicha determinación, toda vez que el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no consigna sanción alguna porque la notificación de la resolución se realizó fuera del término de diez días a que alude dicha disposición. Tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede ver en la página 49, Volumen CXXXII, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, de literalidad: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.’ (se transcribe). Por otra parte, contra lo que expone la solicitante del amparo la responsable no dejó de observar la fracción III del artículo 106 de la ley burocrática estatal, que establece: ‘Prescripción en 30 días: ... III. La facultad de los titulares de las entidades públicas, para suspender a los servidores públicos, por causas justificadas y para disciplinar las faltas de éstos, contando el plazo desde el momento en que se dé causa para la separación o que sean conocidas las faltas.’. Ello en atención a que se apoyó en la jurisprudencia número 17, sustentada por este Tribunal Colegiado entonces único en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997, página 458, de contenido: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. PRESCRIPCIÓN, TÉRMINO PARA LA INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA E IMPOSICIÓN DE SANCIONES O CESES.’ (se transcribe). De donde se colige, que los treinta días a que se refiere el citado numeral 106, en su fracción III de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, precisamente son aquellos dentro de los cuales se debe iniciar el procedimiento administrativo respectivo, por parte del titular de la entidad pública demandada, luego en nada trasciende ni es aplicable a la notificación de la resolución que se emita, ni significa que dentro de ese lapso deba hacerse del conocimiento de la servidora pública, o que por ello prescriba su facultad para suspenderla. Sin que pase desapercibido, que la suspensión temporal de la servidora pública en el mencionado procedimiento fue emitida el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, y se hizo de su conocimiento hasta el dos de marzo del año dos mil, mas ello, no implica que en el caso operó la prescripción que se alegó en el libelo laboral, ya que por una parte, como así lo consideró el responsable, no existe en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, límite en relación a la notificación de sanciones como la que se le impuso a la actora, y por otra, si bien es cierto, su numeral 23, tercer párrafo, prevé diez días para la notificación en el caso de los empleados que se les decreta la terminación de la relación de trabajo, ese hecho resulta irrelevante en razón de que por sí no hace presumir que la suspensión decretada en contra de la burócrata resulte injustificada y que sea nula la resolución que se emitió, pues de la lectura de ese propio dispositivo se advierte que esa presunción sólo se actualiza ante la ausencia del oficio de notificación; evento que no sucedió en la especie; siendo lo relevante que el apoyo toral de la resolución combatida es precisamente la prescripción comentada. Es decir, que la notificación de la determinación en que se decretó la suspensión temporal a la servidora pública, se excedió en el término que establece la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; sin embargo, la circunstancia de que esa notificación se realice fuera del lapso legal contemplado en la codificación burocrática en comentario, de ninguna forma establece sanción en contra de la entidad pública infractora; por ende, no es válido pretender que esa irregularidad en que incurre la institución pública demandada haga presumir que la suspensión temporal decretada en contra de la servidora pública resulte injustificada, en tanto que del texto del propio dispositivo legal enunciado, sólo se establece esa presunción ante la falta de oficio comunicando la determinación que le afecte. Ilustra al tema por analogía, la tesis TC031050.9LA2, sustentada por este Tribunal Colegiado, visible en la página 1025, diciembre de 1998, Novena Época, Tomo VIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘CESE. LA NOTIFICACIÓN EXTEMPORÁNEA DE LA RESOLUCIÓN EN QUE SE DETERMINA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA PRESUMIR SU INJUSTIFICACIÓN (TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).’ (se transcribe). En las relatadas condiciones, se concluye que el tribunal al pronunciar el fallo que se combate no violó en perjuicio de la impetrante, las garantías constitucionales consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República. Por tanto, al resultar infundados los conceptos de violación en estudio y no existir queja deficiente que amerite suplencia a favor de la servidora pública quejosa, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo solicitado."

CUARTO. En el juicio de amparo directo 392/2004, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el acto reclamado se hizo consistir en el laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco en el juicio laboral 595/2003-B, seguido en contra de la Secretaría de Finanzas del Estado de Jalisco, por el procedimiento administrativo que concluyó con la suspensión por treinta días de la quejosa en su cargo.

Al respecto, la quejosa adujo que la facultad para imponer dicha sanción estaba prescrita, ya que la resolución se notificó fuera del plazo de diez días que establece el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

En sesión de dieciocho de enero de dos mil cinco, el Tribunal Colegiado del conocimiento sostuvo, en lo conducente, lo siguiente:

"CUARTO. Los anteriores conceptos de violación resultan en parte ineficaces y en otra fundados suplidos en su deficiencia, en atención a las siguientes consideraciones: Mediante escrito presentado ante la responsable el dos de septiembre de dos mil tres, el quejoso demandó la nulidad del procedimiento instaurado en el expediente 511/P.07/2002, así como de la resolución pronunciada con fecha dos de octubre de dos mil dos, por virtud de la cual, la dependencia demandada le impuso una sanción consistente en la suspensión del trabajo por el término de treinta días, sin goce de sueldo, reclamando también el pago de los salarios que dejó de percibir a partir del quince de septiembre al catorce de octubre de dos mil tres y como consecuencia, también se reclamó el que se cancele cualquier anotación en su expediente personal. En la demanda se expuso que la resolución cuya nulidad se reclama se encuentra prescrita y no puede surtir efectos legales de conformidad con los artículos 23 y 26 de la Ley para Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios, apuntando lo siguiente: ‘El día 8 de julio del 2002, conoce el asunto el secretario de finanzas, a través de la Procuraduría Fiscal, citando a declarar al respecto a nuestro representado a las 12:00 horas del día 27 de agosto del año 2002, para celebrarse audiencia y defensa en la Oficina de Recaudación Fiscal Número 006, ubicada en Ameca, Jalisco. Toda vez que al mismo se le atribuyó el haber realizado un trámite de un vehículo extranjero a nombre del H. Ayuntamiento de la localidad, es decir, de Ameca, Jalisco, puesto que carece del documento que acredite la regularización y legal estancia en el país. Situación que quedó debidamente aclarada en el proceso administrativo de referencia, toda vez que, recibo faltante de forma FGJFI-126-M, ya que fue localizado en la Dirección de Contabilidad, cuyas constancias y oficios se exhibieron en ese momento de la celebración de audiencia y defensa, que se celebró en la Oficina de Recaudación Fiscal Número 006, del día 27 de agosto del 2002, copias al carbón y fotostáticas con firmas y sellos originales, así como del propio recibo de folio M-1088537; oficios bajo números 493/2002, 593/2002, 594/2002, 590/2002 y 591/2002 de fechas 25 de julio, 23, 26, 19 y 19 (sic) de agosto del año 2002, suscritos por nuestro representado y dirigidos al director general de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, a excepción de los dos últimos que fueron dirigidos al director de Recaudación Foránea, mediante los cuales se acreditó las solventaciones hechas a los cargos y observaciones administrativas referentes a trámites de altas y de vehículos, al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, cargos de glosa pendientes de solventar de los años 1197 (sic) a 2002 y cargos y observaciones determinadas en auditorías anteriores de los años 1998, 1999 y 2000; se exhibieron también los originales de los recibos M-1100834 y M-1100835 con los que se cubrieron también los cargos de glosa, de los cuales se solicitó se sacara una copia de los mismos para que se compulse y coteje con los originales, para que fueran certificadas por la Procuraduría Fiscal. Igualmente, en ese momento exhibió los originales de los avisos preventivos que se les hicieron llegar a diversos contribuyentes para que se presenten a pagar adeudos pendientes relacionados con los cargos y observaciones que se le hacen, por trámites de vehículos de motor, los cuales allegó con carácter devolutivo. Asimismo, en cuanto a los convenios de prórroga para el pago de los créditos fiscales ya fue totalmente cubierto, como lo demostró con el convenio que exhibió en ese momento con el carácter de devolutivo, en el que aparece recibo que de la factura original hizo la contribuyente Carmen Luz Lías Castellanos, a la cual se tenía retenida la factura original de su vehículo como garantía. Con fecha 2 de octubre del 2002, es decir, 36 treinta y seis días después de la audiencia, se resuelve el caso, determinando en contra de mi representado una suspensión por 30 días sin goce de sueldo. Así las cosas con fecha 15 de agosto del 2003, a las 14:15 horas mediante oficio 01680, sin fecha y signado por el Lic. David Alarcón Menchaca, se le notificó la resolución de fecha 2 de octubre del 2002, después de 317 días después. Y aun a pesar de que al inicio de la resolución de fecha 2 de octubre del 2002, se responsabiliza a mi representado de un trámite de vehículo extranjero a nombre del H. Ayuntamiento de la localidad, el que carece de documento que acredite la regularización y legal estancia en el país. De lo cual solicitamos la nulidad del procedimiento administrativo y de la resolución de fecha 2 de octubre del año 2003. Toda vez que a todas luces se demuestra que la misma está prescrita, ya que se notifica fuera de término, de acuerdo a lo que se estipula en la Ley para los Servidores Públicos en el Estado de Jalisco y sus Municipios en el cual hablan de un total de 90 días para iniciar y terminar el proceso administrativo en contra del servidor público involucrado en el mismo. Ante la carencia de los principios sustanciales como lo son de legalidad (de conformidad con la normatividad jurídica, jerarquía normativa, igualdad jurídica y racionalidad); de defensa misma que integra el derecho de audiencia y defensa, es decir, el derecho de ser oído, de ofrecer y desahogar pruebas, de obtener una resolución fundada y de impugnar dicha resolución. Así como los principios formales como lo es de oficialidad consistente en que la administración de dirigir e impulsar el procedimiento y ordenar la práctica de actuaciones necesarias para el esclarecimiento y resolución de los asuntos. Se arriba a la anterior conclusión en virtud de los siguientes razonamientos: Primeramente en este apartado se analizará a la prescripción, haciendo énfasis a este H. Tribunal, que para entrar a su estudio se deberá realizar conforme a los lineamientos legales, por lo que se deberá tener presente, que cuando una entidad pública instaura un procedimiento administrativo de conformidad a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios a dicha entidad le empieza a correr el término prescriptivo para iniciar y resolver el procedimiento a partir de que el titular tiene conocimiento de la resolución dictada por la demandada dentro del procedimiento administrativo interno número 511/P.07/2002, se desprende que a la entidad pública demandada le prescribió el derecho para exigir la responsabilidad administrativa a la actora, toda vez que la demandada, al sancionarlo con la suspensión de 30 días sin goce de sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios la demandada contaba con un término de 90 días de dar inicio al procedimiento, para realizar investigaciones y la conclusión del mismo en el que se dicte la resolución, es decir los primeros 30 días se debe levantar el acta administrativa, los siguientes 30 días para continuar con la investigación y los 30 días restantes para dictar la resolución, esto es que se resuelva si carece de responsabilidad en los hechos atribuidos o bien imponga alguna sanción o cese. Para lo anterior descrito tiene aplicación la siguiente jurisprudencia localizable y bajo el rubro: «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. PRESCRIPCIÓN. TÉRMINO PARA LA INICIACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA E IMPOSICIÓN DE SANCIONES O CESES.». (se transcribe tesis). Cabe señalar que si se realiza el cómputo desde el momento en que el titular de la dependencia demandada tuvo conocimiento, esto es el día 17 de junio de 2002 y resolvió el procedimiento con fecha 2 de octubre del 2002, siendo lo anterior, se demuestra que a la demandada le prescribió el derecho para sancionarlo porque rebasa el término de los 90 días que contaba la demandada para dar inicio y conclusión al procedimiento multirreferido.’. Sobre lo anterior la entidad demandada contestó lo siguiente: ‘Ahora bien, por lo que respecta a la prescripción aludida por el C. José María Díaz Olaiz, niego y es falso que la misma haya operado, por que lo cierto es que, contrario a lo sostenido por el actor, el procedimiento administrativo laboral 511/P. 07/2002 se desarrolló dentro del plazo previsto por el artículo 106, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez lo siguiente: El C. secretario de finanzas tuvo conocimiento del acta de auditoría 026/2002 el día 9 nueve de julio de 2002. Posteriormente con fecha 5 cinco de agosto de 2002 el C. Secretario de Finanzas dictó el acuerdo por el cual ordenó la instauración del procedimiento administrativo laboral en contra del actor y otras personas, entre estas fechas transcurrieron 28 veintiocho días. Del día 5 cinco de agosto de 2002 al día 3 tres de septiembre de 2002, fecha en que se dictó acuerdo del cierre de la investigación administrativa, transcurrieron 30 treinta días. Del día 3 de septiembre de 2002, al día 2 de octubre de 2002, fecha en que el C. secretario de Finanzas dictó la resolución que resolvió el procedimiento administrativo laboral antes aludido y en que se determinó la sanción administrativa impuesta al actor, transcurrieron 30 treinta días. Al respecto cabe precisar que, como lo señalé, el C. Secretario de Finanzas tuvo conocimiento del acta de auditoría número 026/2002 el día 9 nueve de julio de 2002, no el día 17 de junio del mismo año como equivocadamente lo sostiene el actor, ello, tal y como se acredita con el sello de recibido del despacho del C. Secretario de Finanzas, que obra visible en el oficio 550/2002 dirigido al suscrito, y emitido por el C. Director general de Auditoría Interna y Desarrollo Institucional, y es a partir de la fecha en que el C. Secretario de Finanzas tuvo conocimiento (9 nueve de julio de 2002) que comienza a correr el término previsto por el artículo 106, fracción III, de la ley burocrática estatal, que indica: «Art. 106. Prescripción en treinta días: ... III. La facultad de los titulares de las entidades públicas, para suspender a los servidores públicos por causas justificadas y para disciplinar las faltas de éstos, contando el plazo desde el momento en que se dé causa para la separación o que sean conocidas las faltas: ...», lo anterior en relación con los artículos 25 y 26 de la misma ley, que disponen que sólo el titular de la dependencia tiene facultad para imponer correcciones disciplinarias y sanciones, se deriva que es sólo a partir de la fecha en que el C. Secretario de Finanzas tuvo conocimiento de las irregularidades en que incurrió el hoy actor, que comienza a computarse el término para sancionarlo, lo que aconteció en la especie con toda oportunidad, como ha quedado demostrado y se probará en el momento procesal oportuno. De lo anterior, es evidente que el procedimiento administrativo laboral 511/P.07/2002 se desahogó en los términos previstos por el artículo 106 de la ley burocrática estatal y análogamente al criterio establecido por los Tribunales Colegiados en Materia Laboral de este circuito, en consecuencia, es evidente que contrario a lo sostenido por el actor de este juicio, en modo alguno ha operado la prescripción que sostiene mi contraparte, es por ello que ese H. Tribunal deberá desestimar por infundados los alegatos que sostiene en este sentido. De igual forma es desacertada la apreciación de los apoderados especiales del actor que sostienen en el último párrafo de la foja 4 del escrito de demanda inicial, en cuanto a que dentro de los primeros treinta días se debe levantar el acta administrativa, los siguientes treinta para continuar con la investigación y los treinta restantes para dictar la resolución, ello en razón de que interpretan de forma totalmente equivocada y contraria al texto de la norma establecido en el artículo 26 de la ley que rige la materia, ya que el acta administrativa a que alude tal ordenamiento es precisamente aquella que se levanta al momento del desahogo de la audiencia de defensa, pues no es sino hasta entonces en que previamente citado el trabajador presuntamente responsable, se le otorga su garantía de audiencia y defensa, oyendo desde luego al representante sindical en su caso, procedimiento en el que con base en las pruebas aportadas por las partes, se resuelva lo que en derecho corresponda respecto de la responsabilidad imputada, dictando para ello acuerdo fundado y motivado; por tanto, como se dijo es totalmente desacertada su apreciación y por ello deberá desestimarse la misma. Por último, debe aclararse que la jurisprudencia que citan los apoderados del actor a foja 5 de su demanda, es totalmente inaplicable al caso que nos ocupa, ya que el criterio establecido en dicha jurisprudencia es la interpretación del artículo 23 en relación con el 106, fracción IV, de la ley burocrática estatal, que establece la prescripción del titular de una entidad pública para determinar el cese de los efectos del nombramiento, mediante la investigación administrativa que debe practicarse a los servidores públicos establecida en el artículo 23 de dicha ley, por lo tanto es evidente que no tiene aplicación al caso que nos ocupa, ya que como se justificará en su oportunidad procesal por esta parte, la sanción impuesta al actor fue la suspensión de treinta días sin goce de sueldo, hecho que además ya está probado por el dicho del propio actor en su escrito inicial de demanda, y que a mayor abundamiento el procedimiento incluyendo la resolución de que se duele el demandante, se encuentra normado por lo dispuesto por el diverso artículo 26 de la ley de la materia, por todo ello es que son infundados sus alegatos y por tanto, improcedente su acción. Por otro lado, debe decirse también que de la lectura del artículo 26 aludido en último término, no se advierte que la resolución dictada por el titular de una entidad o dependencia pública, deba notificarse dentro de los diez días siguientes como también desafortunadamente lo sostienen los apoderados especiales del actor, y mucho menos se advierte que por el hecho de no llevar a cabo tal notificación, establezca el código burocrático sanción alguna en tal caso, lo cual también hace improcedentes sus reclamos por infundados. De todo lo anterior se desprende que el procedimiento administrativo de responsabilidad laboral instaurado al C. José María Díaz Olaiz se realizó con estricto apego a las disposiciones legales aplicables al caso de que se trata, en virtud de lo cual, procede absolver a ésta a mi cargo por todas las razones asentadas.’. Por su parte la autoridad responsable en el laudo reclamado resolvió lo siguiente: ‘En primer término se analiza la excepción de prescripción que opone la parte actora, misma que se considera improcedente en virtud de lo siguiente. El titular de la demandada tuvo conocimiento de la falta el nueve de julio de dos mil dos, y el cinco de agosto se ordenó iniciar el procedimiento administrativo, dentro de los treinta días previstos en la jurisprudencia citada por la parte actora, y tal procedimiento se concluyó el tres de septiembre de dos mil dos, y la correspondiente resolución se dictó el dos de octubre de dos mil dos, ambos acuerdos también dentro de los treinta días; por lo que el procedimiento administrativo en cuestión se llevó a cabo dentro de los términos legales. Asimismo, en relación a la notificación de la resolución administrativa, si bien es cierto no se llevó a cabo dentro de los diez días que indica el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, también lo es que ello no afecta el procedimiento administrativo, sólo la falta de notificación hace presumir la injustificación del cese.’. Ahora bien, en el caso, cabe destacar el contenido de los siguientes artículos, relativos a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. ‘Artículo 23. Cuando el servidor público incurra en alguna de las causales de terminación a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el titular de la entidad pública o dependencia, o en su defecto, el funcionario que éste designe, procederá a levantar el acta administrativa en la que se otorgará derecho de audiencia y defensa al servidor público en la que tendrá intervención la representación sindical si la hubiere y quisiera intervenir en ésta, con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del servidor afectado y la del representante sindical si intervino, las de los testigos de cargo y de descargo idóneos; asimismo, se recibirán las pruebas que procedan, firmándose las actuaciones administrativas al término de las mismas por los interesados, lo que harán de igual forma dos testigos de asistencia. De no querer firmar los intervinientes se asentará tal circunstancia, debiéndose entregar terminado el acto una copia de la actuación al servidor público, así como a la representación sindical si la solicitare. Cuando el procedimiento administrativo hubiere sido desahogado por el funcionario que se haya designado para tal efecto, éste deberá remitir dichas actuaciones al titular o encargado de la entidad o dependencia pública para que sea este último quien resuelva sobre la imposición o no de alguna sanción. El servidor público que estuviera inconforme con la resolución emitida por la entidad pública al fin de la investigación administrativa que decreta la terminación de su nombramiento y de la relación de trabajo, tendrá derecho a acudir en demanda de justicia al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en un término de 60 días contados a partir del siguiente a aquel en que se le haya dado a conocer por escrito la determinación que le afecte, lo cual se hará, dentro de los diez días que sigan a aquel en que se hubiera decidido la terminación de la relación de trabajo. La falta de oficio comunicando al servidor público la determinación que le afecte, hará presumir la injustificación del cese. El servidor público podrá optar en ejercicio de las correspondientes acciones ya sea por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba, con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas condiciones que no (sic) venía desempeñando o porque se le indemnice con el importe de tres meses de sueldo. Si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad pública la causa de terminación o cese, el servidor público tendrá derecho además a que se le paguen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19014-872cc5e4/suspension-temporal-en-el-empleo-cargo-o-comision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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