Corpus
Modo: Corpus Pro

SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. PROCEDE CUANDO UNA PERSONA INTEGRANTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEMANDA LA NULIDAD DE SU CESE INJUSTIFICADO Y EL PAGO DE LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE SU NOMBRAMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 350/2023. · Registro digital (IUS): 32639
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-08-16
Promovente: FLAVIO HERNÁNDEZ SILVA.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.555.

AMPARO DIRECTO 350/2023. FLAVIO HERNÁNDEZ SILVA. 7 DE FEBRERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS, CON VOTO ACLARATORIO DEL MAGISTRADO GERARDO VÁZQUEZ MORALES. PONENTE: GLORIA AVECIA SOLANO. SECRETARIO: FRANCISCO JAVIER ELIZARRARÁS MONROY.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria correspondiente al día siete de febrero de dos mil veinticuatro.

V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo directo número 350/2023; y,

R E S U L T A N D O

PRIMERO. En escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintitrés ********** ********** **********, por propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal por violación a los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, de la cual reclamó:

"... resolución de fecha 07 siete de septiembre de 2023, dictada dentro del RECURSO DE APELACIÓN ********** derivado del expediente principal ********** [...]"

SEGUNDO. Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, los integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco tuvieron por recibida la demanda de amparo, y ordenaron realizar la certificación en la demanda de amparo, así como el emplazamiento a las autoridades terceras interesadas.

TERCERO. De la referida demanda, por turno, correspondió conocer a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, cuya Presidenta, en auto de dieciocho de octubre de la misma anualidad ordenó registrarla como amparo directo 350/2023, la admitió y dio la vista que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (la que formuló el pedimento **********); de la misma forma, reconoció el carácter de tercero interesada a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco.

CUARTO. Mediante oficio presentado el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, formuló alegatos.

QUINTO. En auto de once de diciembre de dos mil veintitrés, notificado el día hábil siguiente, se ordenó turnar el asunto a la Magistrada relatora Gloria Avecia Solano, en términos del artículo 183 de la Ley de Amparo, para formular proyecto de resolución.

SEXTO. El presente se listó para resolverse en la sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil veinticuatro.

En esta última actuación, y a petición de los Magistrados Jesús de Ávila Huerta y Gerardo Vázquez Morales, este juicio de amparo directo 350/2023 se aplazó, argumentando la conexidad existente con el diverso juicio de amparo directo 381/2023, el cual se aplazó para dar vista a la parte quejosa con la causa de improcedencia que se consideró pudiera actualizarse, con fundamento en el artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo.

El treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, se incluyó en la lista de asuntos a resolverse en sesión de siete de febrero de la propia anualidad.

SÉPTIMO. La sesión de este asunto mediante videoconferencia por este Órgano Colegiado para resolver vía remota, se fundamenta en el punto "CUARTO", artículo 30 del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, que disponen:

"CUARTO. Se reforman los artículos 2, fracciones II, XII a XIV, XX, XXV y XXXI; 3; 4; 9; 10 párrafo primero; 12 párrafo primero; 22; 23; 24; 26; 27 párrafos primero y último; 28, fracción XI; 30; 31, párrafos primero y quinto; 33; 36 párrafos segundo y tercero; 37; 40; 61, párrafo segundo; 62, párrafo primero y fracción I; 64, párrafo tercero; la denominación del Capítulo Séptimo; 68, párrafo primero; 69; 70; la denominación del Capítulo Octavo; 71; 72; 76, último párrafo; 80; 81; 82; 84, último párrafo; 85; 89 último párrafo; 91, último párrafo; 92 párrafo segundo; 95, último párrafo; la denominación del Capítulo Décimo Primero; 101, párrafo primero; 107 párrafo primero; 109; 111, párrafo segundo; y 113; y se adicionan las fracciones VI Bis, XI Bis, XX Bis y XXXI Bis al artículo 2; las fracciones XI y XII al artículo 3; un último párrafo al artículo 14; los artículos 26 Bis; 26 Ter; 41 Bis; 72 Bis; 72 Ter; 77 Bis; 78 Bis; 78 Ter; y se deroga el último párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para quedar como sigue:

...

Artículo 30. Los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del CJF que permita la celebración de videoconferencias, para lo cual deberán atender en lo que corresponda a lo previsto en el presente Acuerdo y en el Anexo Técnico. Con independencia de la solución digital utilizada, en lo relativo a los lineamientos que regulan las sesiones resulta aplicable lo señalado en los Acuerdos Generales 16/2009 y 8/2015; salvo por lo que hace a la presencia física de sus participantes y del público quienes participarán virtualmente en la sesión de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo y su Anexo. ..."

Además, con fundamento en el artículo 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 1 del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión.

Por tanto, en cumplimiento a las referidas disposiciones, es incuestionable que este Tribunal Colegiado está en posibilidad legal para resolver a distancia el presente asunto, a través de la plataforma digital determinada por videoconferencia, por el Consejo de la Judicatura Federal; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia.

Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos siguientes:

Constitucionales: 107, fracciones V, inciso b), y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Reglamentarios: 33, fracción II, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo.

Orgánicos: 38, fracción I, inciso b), 39 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente.

Acuerdos Generales: Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado por el diverso Acuerdo General 33/2014, del mismo órgano.

Vía, materia y territorio: El acto reclamado lo constituye una resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, con sede en Jalisco en el que este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción, en asuntos en materia administrativa.

SEGUNDO. Legitimación.

El amparo se promovió por parte legítima, toda vez que la demanda la suscribió ********** ********** **********, quien promovió el recurso con que se formó el toca de apelación de donde deriva el acto reclamado.

De la misma forma, la sentencia reclamada es adversa a sus intereses, en la medida en que en ésta se modificó la sentencia recurrida, para establecer, en la parte que interesa, que no se acreditó el despido alegado; lo que actualiza la hipótesis prevista en el numeral 6 de la ley de la materia.

Es menester precisar que si bien la Sala responsable declaró que el peticionario del amparo cuenta con derecho para recibir una liquidación, al haber terminado los efectos de su nombramiento, lo cierto es que la parte quejosa sí conserva interés jurídico para alzarse en amparo, como enseguida se verá.

En efecto, en la sentencia reclamada se reconoció la validez de la resolución impugnada, a partir de que la parte actora (aquí quejoso) no demostró el despido de que -indicó- fue objeto; sin embargo, el Tribunal responsable reconoció que sí cuenta con derecho a recibir la liquidación por el tiempo de servicio prestado.

En tanto que el peticionario reitera que sí fue despedido injustificadamente.

En mérito de lo anterior, se pone de manifiesto que la sentencia reclamada le resulta sólo parcialmente favorable o benéfica al particular, pues es evidente que esa forma de fallar deja insatisfecha la pretensión total del demandante en el juicio contencioso administrativo, esto es, lograr la destrucción total e incondicional de la resolución impugnada.

De ahí que la nulidad del acto impugnado no debe considerarse como regulada por el artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, por no haber satisfecho totalmente la pretensión de la quejosa, ya que sí existe la posibilidad de otorgarle un mayor beneficio al ya alcanzado.

Atento a lo expuesto se considera que la quejosa tiene interés jurídico para accionar la vía constitucional, pues intenta lograr un mayor beneficio, a la luz de lo antes expuesto.

En relación con las anteriores consideraciones, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 24/2018 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:

"RESOLUCIÓN FAVORABLE" DICTADA POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU CONCEPTO CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 170 DE LA LEY DE AMPARO. El concepto de "resolución favorable" conforme al precepto citado, para efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, supone el dictado de una sentencia por un Tribunal de lo Contencioso Administrativo que resuelva de manera absoluta la pretensión del actor y le otorgue el máximo beneficio, con independencia del tipo de nulidad declarada."(1)

TERCERO. Precisión del acto reclamado.

En principio se procede a fijar de forma precisa el acto reclamado en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo.

En ese sentido, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló expresamente como acto reclamado el siguiente:

- La sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el recurso de apelación **********, del índice de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

Sentado lo anterior, debe señalarse que es cierto el acto que se atribuye al indicado órgano jurisdiccional, ya que se corrobora tanto del informe justificado como con las constancias que integran el procedimiento de origen, las cuales gozan de pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2o.

CUARTO. Oportunidad.

La demanda de amparo directo se presentó dentro del plazo de quince días, a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, como enseguida se verá.

De la certificación que impuso la autoridad responsable al final de la demanda de garantías, se advierte que la resolución que constituye el acto reclamado fue notificada a la parte aquí quejosa por boletín electrónico el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés; y que la demanda se presentó el cuatro de octubre siguiente.

En términos del artículo 12 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, la indicada diligencia surtió sus efectos al tercer día hábil siguiente al en que se practicó (veintiuno de septiembre); por ende, el plazo de referencia transcurrió del veintiuno de septiembre al dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, excluyendo sábados y domingos (veintitrés, veinticuatro y treinta de septiembre, uno, siete y ocho de octubre), así como veintiocho y veintinueve de septiembre, doce y trece de octubre, por ser inhábiles para la responsable, de acuerdo con la información asentada en la precitada certificación.

De la anterior información se obtiene que la demanda se presentó el séptimo día del lapso en comentario; de ahí que, como se dijo, la acción sí se ejerció en tiempo.

QUINTO. Resolución reclamada y agravios.

Resulta innecesario transcribir tanto las consideraciones que sustentan la sentencia reclamada (de la que se ordena agregar copia certificada a los presentes autos) como los conceptos de violación hechos valer; de conformidad con la tesis XVII.1o.C.T.30 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, así como por la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros respectivamente establecen:

"SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA."(2)

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."(3)

SEXTO. Antecedentes.

Para estar en posibilidad de verter las razones que sustentará el presente fallo, debe hacerse una breve relación de los hechos que se desprenden del expediente administrativo del que deriva el acto reclamado:

a) Por escrito presentado el catorce de abril de dos mil veintiuno,(4) ********** ********** **********, demandó a la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, por la nulidad de las siguientes determinaciones:

"... II.- SEÑALAMIENTO DE LA RESOLUCION O ACTO ADMINISTRATIVO QUE SE IMPUGNA:

1. Oficio de fecha 27 de enero de 2021, signado por ********** ********** ********** **********, quien fungía como DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE JALISCO, donde me hace de mi conocimiento la renovación del nombramiento con fecha de término 31 de enero 2021.

2. Nombramiento con fecha de terminación 31 de enero 2021, en base al cual giraron el oficio de fecha 27 de enero de 2021, con el cual me dieron de baja. Ya que el de la voz inicial mente fui contratado bajo la Ley para los Servidores Públicos para el estado de Jalisco y sus municipios y yo jamás renuncie a los derechos que de mi contratación inicial se derivaron. [...]"

b) De tal demanda correspondió conocer a la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, bajo el índice **********; mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el Magistrado Presidente tuvo por recibida la demanda y la admitió, ordenando emplazar a la autoridades demandadas; reservándose a acordar lo relativo a la prueba testimonial anunciada por el actor.(5)

c) El veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, el Director General Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, produjo contestación de demanda.(6)

d) El catorce de junio de dos mil veintidós, el Magistrado administrativo ordenó el desahogo de la prueba testimonial ofertada por la parte actora, señalando para tal efecto las once horas del dieciocho de agosto siguiente, bajo el apercibimiento de que de no asistir o no presentar a los testigos que ofreció.(7)

e) El diecisiete de agosto de dos mil veintidós el actor presentó escrito por el que informó que uno de los testigos designados hizo de su conocimiento la imposibilidad de asistir al desahogo de la prueba ante amenazas que sufrió; con motivo de ello, designó a un diverso ateste y solicitó el diferimiento de la audiencia.(8)

f) El dieciocho de agosto siguiente, se desahogó la audiencia en comento, en la que se tomó nota de la sustitución del testigo; además, se resolvió que el cambio de testigo no es motivo suficiente para diferir la audiencia; y que, al no presentar a sus testigos así como al sustituto, procedió a declarar por perdido su derecho al desahogo de la misma.(9)

g) Contra tal determinación la actora promovió recurso de reclamación,(10) la cual fue registrada con el número **********.

La Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dictó sentencia el veinte de octubre de dos mil veintidós en la que se desechó el medio de impugnación porque, indicó, se promovió contra un auto que declaró perdido el derecho al desahogo de la prueba testimonial, y que esa determinación no encuadra en las hipótesis previstas en el numeral 89 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.(11)

h) El seis de junio de dos mil veintitrés, el Magistrado administrativo dictó sentencia, bajo los siguientes resolutivos:

"... PRIMERO. La competencia de esta Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, quedó debidamente acreditada.

SEGUNDO. La parte actora no acreditó los elementos constitutivos de su acción, en tanto las demandadas sí justificaron sus excepciones.

TERCERO. No se acredita el despido injustificado materia de este juicio y por tanto se absuelve de la totalidad de las prestaciones reclamadas, a las demandadas del pago reclamado por los motivos y fundamentos contenidos en la presente resolución. [...]".

Lo anterior se apoyó en las siguientes consideraciones:

Que al actor competía acreditar, primero, el carácter que contaba con nombramiento definitivo para ocupar el cargo de Policía de la Secretaría de Seguridad Estatal, para así estar en la posibilidad entonces de reclamar el despido injustificado, del que dice fue objeto, lo que bajo ningún medio de probatorio acreditó.

Que de la resolución impugnada pudo constatar que ésta no contiene el cese del demandante, sino el comunicado de la terminación de la vigencia del nombramiento temporal que le había sido otorgado.

Que conforme a lo previsto en el artículo 83 párrafo primero de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, una de las causas de baja, sin responsabilidad de la dependencia, es la terminación de la relación que guarda con sus elementos de seguridad, al término de su nombramiento. Excepción que, indicó el tribunal, quedó plenamente acreditada con la copia certificada del nombramiento expedido a favor del actor, de cuyo contenido se corrobora, que se expidió por tiempo determinado por el lapso del primero al treinta y uno de enero de dos mil veintiuno.

Que por ello no advirtió que se haya cesado al demandante, y menos aún de manera injustificado, sino que se terminó el contrato que le fue expedido en su momento, y que por ello no existe responsabilidad para las demandadas y en consecuencia tampoco procede ninguna de las acciones accesorias que peticiona, a saber: indemnización, sueldos vencidos, vacaciones, prima vacacional, y aguinaldo, por correr la misma suerte que la acción principal

i) Inconforme con lo anterior, la parte actora promovió recurso de apelación.(12)

j) En proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés se dio trámite al medio de impugnación por el Magistrado Unitario, y se ordenó dar vista a la parte demandada por el plazo de cinco días.

k) En acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, tuvo por recibido el recurso de que se trata, registrándolo con el número **********, y turnó el asunto a ponencia para formular resolución.

l) El siete de septiembre de dos mil veintitrés la Sala Superior dictó sentencia en la que, en la parte que interesa, desestimó los agravios propuestos, con apoyo en las siguientes consideraciones:

- Calificó inoperante el agravio donde se alegó la existencia de diversas violaciones al procedimiento, toda vez que los argumentos fueron genéricos, porque no señaló cuáles fueron esas violaciones procesales o las formalidades que no cumplió la Sala de origen o de qué manera habrían trascendido al sentido de lo sentencia, así como que no explicó qué razonamiento o argumento debió haber sido tomado en consideración. Que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco no prevé la obligación o carga suplir la deficiencia de la queja de las partes en el juicio, evidenciándose con ello la deficiencia del agravio.

- Que la parte actora pretendió demostrar la existencia del cese verbal impugnado con el ofrecimiento de la prueba testimonial identificada con el punto cinco del capítulo correspondiente del escrito inicial de demando; sin embargo, indicó la responsable, a través del acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno la Sala unitaria sí se pronunció respecto la prueba testimonial en el acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintiuno.

Pero que la parte recurrente no dio razonamientos en los que explicara de qué manera habría trascendido el sentido de la sentencia el desahogo de dicha prueba testimonial, toda vez que de las pruebas ofrecidas por lo autoridad le fue posible advertir que el cese que se alega es inexistente, toda vez que se demostró la terminación del nombramiento temporal que se le había otorgado.

Hasta aquí la síntesis de los hechos más relevantes advertidos del expediente del que deriva el acto reclamado.

SÉPTIMO. Estudio del asunto.

Para estar en posibilidad de resolver el presente asunto, es necesario hacer la siguiente precisión:

Si bien tiene razón la responsable al señalar que la Ley adjetiva local que rige su actuar no prevé la figura de la suplencia de la queja, ello no es obstáculo para acudir a tal institución en el presente asunto.

En efecto, debe tenerse presente que la demanda fue promovida por un elemento de seguridad pública que alegó que fue separado injustamente de su cargo, con motivo de que la autoridad se escudó en un nombramiento que culminó el treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, cuando, dijo el último nombramiento culminaba hasta el quince de abril del mismo año.

Al efecto, es pertinente señalar que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: [...]

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores: [...]

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes. [...]"

Del precepto transcrito, se desprende que los miembros de las instituciones de seguridad pública se regirán por sus propias leyes y reglamentos, con lo cual se les excluye —lo mismo que a los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y peritos— del régimen legal que regula al resto de los servidores públicos del Estado; por tanto, no se les puede considerar como trabajadores sino que la relación existente entre éstos y el Estado es de naturaleza administrativa.

Por su parte, el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:

"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: [...]

VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. [...]"

Cierto, de la interpretación armónica de los preceptos transcritos se desprende el imperativo que tienen las Legislaturas de los Estados para regular las relaciones de trabajo entre los trabajadores del Estado y sus Municipios, pero siempre acatando las bases establecidas en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus disposiciones reglamentarias; por lo que en el caso de los miembros o agentes de las instituciones policiales y de seguridad pública, se encuentra expresamente señalado en el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Ley Fundamental, como especial y fuera del ámbito laboral; al referirse el Constituyente a que "se regirán por sus propias leyes", está creando para las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o agentes de seguridad pública y el Estado un status jurídico diverso al laboral y que no puede ser de otra naturaleza que administrativa; consideración constitucional de sustracción que aplica a los cuerpos policiacos de los Estados y Municipios, pues la misma Constitución establece su observancia por la legislación estatal, al estar ésta supeditada a los principios establecidos en el invocado artículo 123 de la Constitución Federal, según se desprende del diverso 116 de la Carta Magna, donde se encuentra mencionado el de exclusión de los miembros de las instituciones policiales de las relaciones laborales del Estado.

Así que debe concluirse que lo reclamado en la demanda en comentario, no se trata de pretensiones laborales sino administrativas.

De ahí que es válido concluir que la naturaleza entre un policía y el demandado es de naturaleza administrativa; aspecto que ya fue analizado desde el punto de vista constitucional por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia 24/95, que establece:

"POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA. La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la Policía Municipal o Judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito."

Además, el principio de apartamiento de los integrantes de los cuerpos policiacos en las relaciones laborales del Estado para con sus servidores públicos, al ser un principio constitucional que deben observar las Legislaturas de los Estados, debe reflejarse en sus marcos legales respectivos, por así señalarse en la misma Constitución Federal, y en el caso esto se da en la legislación del Estado de Jalisco, en específico en el artículo 14 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que rige las relaciones de trabajo entre el Estado de Jalisco y sus Municipios con sus servidores públicos, el cual textualmente dice:

"Art. 14. El personal operativo de las fuerzas de seguridad del Estado y Municipios, que no desempeñen funciones administrativas, se regirán por sus propios reglamentos, los cuales deberán contener las disposiciones adecuadas para proteger los derechos que correspondan a estos Servidores Públicos."

Por tanto, al excluirse expresamente por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios su aplicación directa sobre el personal operativo de los cuerpos policiacos que no desempeñan funciones administrativas, es inconcuso que ello es en observancia a la disposición constitucional de que la relación entre éstos y el Estado o sus Municipios es de carácter administrativo.

Aunado a lo anterior, y partiendo del hecho de que por disposición constitucional los cuerpos de seguridad pública se regirán por sus propias leyes y reglamentos; es oportuno precisar que en los artículos 2, 3, fracciones XI y XXIII, 4o. y 26, fracción IV, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, se establecen varios conceptos relacionados con la figura de la seguridad pública, sus elementos operativos y sus relaciones con el Estado, como se desprende de su contenido:

"Artículo 2o. La seguridad pública es la función gubernamental que prestan en forma institucional, exclusiva y en el ámbito de su competencia, el Estado y los municipios, la cual se regirá bajo los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez, respetando del gobernado sus derechos humanos consagrados en nuestra carta magna y la Constitución particular del Estado. (...)"

"Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se debe entender por: [...]

XI. Cuerpos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32639-5abb70d8/suplencia-de-la-queja-deficiente-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.