PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS CONTRA LA SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO DIVERSAS AL CESE. ES APLICABLE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 329/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 24 DE OCTUBRE DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que corresponde a la materia de trabajo, de la especialidad de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia. Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer. Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción. ..."
De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados de Circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, ya que la formularon los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, órgano emisor de uno de los criterios en posible contradicción.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:
El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, al resolver el amparo directo número **********, que deriva del amparo directo **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión de veintiocho de junio de dos mil doce, en lo que aquí interesa, sostuvo las siguientes consideraciones:
"V. ... Como ya se anticipó, en la resolución reclamada de fecha veinte de mayo de dos mil once, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, determinó que la acción ejercida estaba prescrita en virtud de que la demanda laboral se promovió fuera de los sesenta días que establece el artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues a partir de que el trabajador reconoció que dejó de laborar con motivo de la conclusión de su último nombramiento otorgado con efecto al treinta de junio de dos mil ocho, y has (sic) el tres de abril de dos mil nueve, en que aquélla se promovió, transcurrieron doscientos setenta y siete días. Ahora bien, asiste razón al quejoso cuando señala que contrario a lo que concluyó la autoridad responsable, a la acción ejercida en el procedimiento de origen no le aplica el término prescriptivo de sesenta días que dispone el artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sino que dicha figura extintiva debe analizarse a la luz del diverso numeral 105 de dicho ordenamiento. Así es y sobre el particular debemos señalar que en el procedimiento de origen, el actor, ahora quejoso, demandó al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que a partir del último nombramiento que se le otorgó con fecha de vencimiento al treinta de junio de dos mil ocho, su relación de trabajo se prorrogara mediante el otorgamiento de un nombramiento de base o definitivo en el mismo puesto que desde hace tres años y medio venía desempeñando como servidor público supernumerario de auxiliar de intendencia adscrito al Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales perteneciente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Señaló el accionante que en función de ese lapso de tres años y medio con nombramientos de servidor público supernumerario, conforme al artículo 6o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, alcanzó estabilidad en el empleo y así debía reconocerse mediante el otorgamiento de un nombramiento de base o definitivo, pero que a pesar de esto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al finalizar el último nombramiento que otorgó al actor con efectos al treinta de junio de dos mil ocho, indebidamente decidió ya no prorrogarlo en el cargo desempeñado. Respecto de la prescripción se puede decir que es el medio de adquirir un derecho o de librarse de una obligación por el simple transcurso del tiempo. En el primer supuesto se trata de la prescripción adquisitiva y en el segundo de la prescripción negativa o extintiva, considerándose esta última como la sanción impuesta por la ley al acreedor que por negligencia o deliberada intención no ejercita en tiempo su acción, demostrando la falta de interés en hacer uso de ese derecho. Tales conceptos así se adoptaron por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 393/2009, de la que enseguida se transcribe la parte conducente de su ejecutoria: (se transcribe). La prescripción extintiva, que como ya se dijo, es la pérdida del derecho por el simple transcurso del tiempo y la inactividad del trabajador, encuentra explicación desde distintos enfoques, a saber, como desinterés o negligencia del titular del derecho, como una renuncia tácita de éste, o bien, como requisito de seguridad jurídica en tanto no es posible mantener relaciones jurídicas en estado de incertidumbre permanente. En ese orden de ideas, si la prescripción es la sanción que la ley impone por no ejercer en un tiempo determinado el derecho cuya tutela se pretende, resulta inconcuso para este tribunal que el inicio del término prescriptivo se encuentra ligado al nacimiento de esa prerrogativa y la oportunidad de ejercerla, lo que en su caso se deberá revisar conforme a las propias exigencias que sobre el particular disponga la legislación aplicable. En otras palabras, si con la prescripción lo que se pierde es el derecho de accionar ante las autoridades laborales, es claro que esta prerrogativa debe existir a fin de que se pueda ejercer y de no hacerse, entonces sea susceptible de prescribir. En efecto, consideramos los que ahora resolvemos, que estos elementos permitirán evidenciar si el interesado estuvo o no en posibilidad de ejercer el derecho de que se trate y en su caso, se le pueda sancionar por la negligencia o desinterés de hacerlo valer dentro del término que la ley establezca. Lo anterior, incluso se explica si consideramos que para la debida integración de la excepción de prescripción, nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha considerado la necesidad de que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la Junta o el tribunal la analice, tales como la precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone, señalar el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer y finalmente, mencionar la fecha en que el plazo de la prescripción concluyó, destacando que éste es anterior a la fecha de presentación de la demanda laboral, elementos que de modo indudable pondrán de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y, que por ello, se ha extinguido el derecho para exigir su cumplimiento. Sobre el particular, se cita la jurisprudencia 48/2008 que por contradicción de tesis integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, junio de 2002, página 156, número de registro: 186748, de tema y contenido: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (se transcribe). Precisado lo anterior y ubicándonos en el contexto que para el justiciable interesa, resulta conveniente transcribir el contenido del artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en que la autoridad responsable apoyó la conclusión de que la acción ejercida en el procedimiento de origen estaba prescrita: ‘Artículo 107.’ (se transcribe). Como se puede apreciar, la literalidad del precepto es clara en cuanto a que el término de prescripción de sesenta días, aplica para el supuesto en que un trabajador es cesado o despedido del puesto que desempeña, es decir, cuando estando vigente la relación de trabajo, la entidad pública decide apartarlo de su empleo por alguna de las causas que la eximen de responsabilidad y, que por ello, motivan el inicio de un procedimiento en el que con intervención de la representación sindical, al empleado se le dé vista de los hechos que se le atribuyen a fin de que pueda defenderse sobre el particular, asimismo se le dé oportunidad de ofrecer pruebas y agotado que sea el trámite respectivo, se dicte una resolución en que se le explique fundada y motivadamente la sanción de cese que se le imponga, la que en su caso, se le habrá de notificar debidamente, acto mismo en que se le deberá entregar copia de dicha comunicación, así como de las actuaciones que se hubieren llevado a cabo en dicho proceso administrativo. Así, sustanciado el procedimiento y dictado el cese correspondiente, por disposición expresa del propio numeral, el término de la prescripción para reclamar dicha determinación ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, inicia hasta el día siguiente en que se practique la legal notificación al trabajador. Sobre los alcances del concepto de ‘cese’, se insiste, referido a cuando estando vigente la relación de trabajo la entidad pública decide apartar de su empleo al servidor público, así como para destacar la distinción que guarda con la decisión de no renovar un nombramiento que ya finalizó; es oportuno citar las consideraciones que sobre el particular esbozó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2008 (se transcribe). Ahora bien, las referidas causas que motivan el cese mediante el procedimiento administrativo correspondiente, se encuentran en el artículo 22, fracción V, en relación con el 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, en relación con el 23 (sic) que enseguida se transcriben: ‘Artículo 22.’ (se transcribe). ‘Artículo 23.’ (se transcribe). Como se puede apreciar y sólo para efectos de conjugar la interpretación de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, es revelador el contenido del numeral 23 del mismo ordenamiento, en el que, respecto de la resolución que se dicte en el procedimiento administrativo y que puede ser de cese, se otorga el término de sesenta días para que el trabajador acuda en demanda ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que reitera dicho numeral, se cuentan a partir del día siguiente al en que se le haya notificado dicha determinación, lo cual exige practicar dentro de los (sic) días siguientes a que aquélla se pronuncie. Es cierto, el citado numeral 23 no aplica para los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, en cuyo caso debe estarse a lo dispuesto en su ley orgánica que en enseguida se analizará pero se insiste, el señalado dispositivo robustece los alcances que literalmente se desprenden del artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el sentido de que el término prescriptivo de sesenta días se otorga frente al ejercicio de la acción de reinstalación que se otorga con respecto a la decisión de cese que se adopta en el procedimiento administrativo iniciado por alguna de las causas a que se refiere el artículo 22, fracción V, del citado ordenamiento y que respecto a los empleados del Poder Judicial del Estado sólo cambia en cuanto al trámite y autoridades que en el mismo intervienen, pero que permanece incólume en torno al motivo de su origen, es decir, la necesidad de sancionar alguna o algunas de las conductas contempladas en el señalado numeral 22, fracción V, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En efecto, respecto del citado procedimiento administrativo que por conflictos laborales puede presentarse con los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, se deben tomar en cuenta los artículos 214, 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que disponen lo siguiente: ‘Artículo 214.’ (se transcribe). ‘Artículo 219.’ (se transcribe). ‘Artículo 220.’ (se transcribe). Se advierte de lo anterior, que respecto de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, al igual que para las demás entidades, también se contempla el procedimiento administrativo que por alguna de las causas previstas en el artículo 22, fracción V, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, puede derivar en una resolución de cese sin responsabilidad para la entidad pública, respecto del cual, al no existir especial limitación en torno a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, éste le es completamente aplicable conforme a la interpretación señalada en párrafos precedentes, es decir, que el término prescriptivo de sesenta días corre a partir del día siguiente al en que el trabajador es notificado de la resolución de cese correspondiente, momento en que el propio legislador estableció el origen o inicio del derecho de acción para demandar la reinstalación ante las autoridades correspondientes, por el cese o despido que considera injustificado. En ese tenor, si bien es cierto que en el procedimiento de origen, el trabajador, ahora quejoso, pidió la reinstalación en el puesto que dijo haber desempeñado durante tres años y medio, lo cierto es que esto no se demandó con motivo del cese decretado en términos del artículo 22, fracción V, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el 214, 219 y 220 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, es decir, derivado del procedimiento administrativo seguido para sancionar alguna o algunas de las conductas a que se refiere el primero de los numerales. En efecto, el trabajador demandó al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que a partir del último nombramiento que se le otorgó con fecha de vencimiento al treinta de junio de dos mil ocho, su relación de trabajo se prorrogara mediante el otorgamiento de un nombramiento de base o definitivo en el mismo puesto que desde hace tres años y medio venía desempeñando como servidor público supernumerario de auxiliar de intendencia adscrito al Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales perteneciente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, para lo cual, el accionante señaló que en función de ese tiempo con nombramientos de servidor público supernumerario, conforme al artículo 6o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, alcanzó estabilidad en el empleo y así debía reconocerse mediante el otorgamiento de un nombramiento de base o definitivo, pero que a pesar de esto, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, al finalizar el último nombramiento que otorgó al actor con efectos al treinta de junio de dos mil ocho, indebidamente decidió ya no prorrogarlo en el cargo desempeñado. Es decir, el trabajador básicamente reclamó el reconocimiento del derecho que dice tener de que se le expida un nombramiento de base o definitivo a partir del último que se le otorgó con efectos hasta el treinta de junio de dos mil ocho; por lo que evidentemente no reclamó ninguna decisión de cese derivada de algún procedimiento administrativo. Por consiguiente, contrario a lo que resolvió la autoridad responsable, el caso en concreto no se encuentra sujeto al término prescriptivo del artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, pues con respecto a los empleados del Poder Judicial del Estado, sólo aplica a los supuestos de cese o despido proveniente del procedimiento administrativo a que se refiere el arábigo 219 de su ley orgánica. Además, resulta oportuno señalar que en el justiciable tampoco nos encontramos en los casos de excepción a que se refieren los numerales 106 y 108 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que enseguida se transcriben: ‘Artículo 106.’ (se transcribe). ‘Artículo 108.’ (se transcribe). En efecto, pues por lo que ve al numeral 106 en que se contempla un plazo de prescripción de treinta días, las fracciones I, III y IV, se refieren a derechos y facultades que corresponden a la entidad pública de que se trate, ya sea para pedir la nulidad de un nombramiento, suspender y cesar al servidor público por causas justificadas, mientras que la II, V y VI, hacen alusión al derecho de los servidores públicos para pedir que se le vuelva a poner en el puesto que hubiera dejado por accidente no profesional o causas ajenas al servicio, así como para impugnar los dictámenes escalafonarios y las resoluciones derivadas del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 25 del mismo ordenamiento y que no derivaron en cese. Por su parte, el numeral 108 y que contempla el término prescriptivo de dos años, sólo aplica respecto de las acciones de los servidores públicos o sus beneficiarios para reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgo de trabajo, incluso cuando deriven en la muerte del trabajador, así como hacer efectivos los derechos determinados por laudo o resoluciones del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. En ese contexto, como las normas especiales o de excepción a la regla general, sólo se pueden aplicar a los casos expresamente especificados en la ley, desde luego que si en el caso concreto, el reclamo ejercido por el trabajador, actor en el procedimiento de origen, no se ubica en ninguno de los supuestos especiales que contemplan los artículos 106, 107 y 108 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, entonces le resulta aplicable la regla general del numeral 105 en que se establece el término prescriptivo de un año y que para mejor ilustración enseguida se transcribe: ‘Artículo 105.’ (se transcribe). Del cual, al no existir limitación o expresa referencia al momento en que inicia dicho plazo de un año, particularmente prorrogándolo hasta que en su caso se realice alguna otra actividad diferente al propio suceso que motiva el nacimiento de la acción -tal y como ocurre con el artículo 107 del mismo ordenamiento, que como ya se estableció, dispone el inicio del término de prescripción, no en el momento en que ocurre el cese, sino a partir del día siguiente en que éste se notifica formal y debidamente al servidor público-, como ya se anticipó, debemos ligarlo a la época en que jurídicamente exista el derecho que se pretenda tutelar y del que en su caso, se adquiere conocimiento por parte del servidor público, siendo esto último, además del propio nacimiento del derecho, lo que otorga la básica consideración de que el empleado público tiene la oportunidad de ejercer la acción correspondiente. Es decir, si en el justiciable existe el reclamo para que a partir del día siguiente al en que terminó el último nombramiento otorgado al ahora quejoso -treinta de junio de dos mil ocho-, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, prorrogue la relación de trabajo mediante el otorgamiento de un nombramiento de base o definitivo en el mismo puesto que desde hace tres años y medio venía desempeñando el actor como servidor público supernumerario de auxiliar de intendencia adscrito al Departamento de Servicios Generales de la Dirección de Administración, Recursos Humanos, Materiales y Servicios Generales perteneciente al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco; resulta inconcuso para este tribunal que el derecho a reclamar la prórroga mediante el otorgamiento de un nombramiento de base o definitivo, surge a partir de que ocurre el evento cuestionado, es decir, la decisión de no actuar en los términos pretendidos y desde luego, el trabajador afectado se entera del mismo. En el entendido que respecto del último suceso -conocimiento por parte del servidor público-, en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, existe alguna norma en la cual se exija la notificación formal al servidor a quien se decida ya no prorrogarle la relación de trabajo mediante el otorgamiento de un nombramiento de base o definitivo, por lo que entonces, el inicio de prescripción opera a partir de que el empleado se entere por algún otro medio de dicha determinación, lo que resulta indiscutible para este Tribunal Colegiado, ocurre el mismo día en se (sic) carece del nombramiento y en consecuencia, el servidor público materialmente estuvo impedido de realizar sus actividades. En el justiciable, dicho conocimiento se adquirió el primero de julio de dos mil ocho, pues como el propio trabajador reconoció en la demanda de origen, las labores propias del nombramiento de auxiliar de intendencia, las desempeñó hasta el día en que éste concluyó, es decir, el treinta de junio de dos mil ocho, época en la que evidentemente se enteró de que su relación de trabajo no se prorrogó y mucho menos se le otorgó un nombramiento de base o definitivo y, por ende, si la demanda se presentó el tres de abril de dos mil nueve, resulta inconcuso que aun no transcurría el término de un año que para la prescripción de la acción contempla la regla general aplicable y descrita en el artículo 105 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que resulta ilegal la determinación que en contrario adoptó la autoridad responsable, evidenciándose así lo fundado del primer concepto de violación que sobre el particular se esgrime. Sobre este particular y por la identidad que guarda con el caso analizado, se invoca la jurisprudencia que integró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la entonces Cuarta Sala, Séptima Época, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo V, Parte SCJN, tesis 344, página 230, número de registro: 393237, de tema y contenido: ‘PREFERENCIA, PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RELATIVA A LOS DERECHOS DE. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA.’ (se transcribe). Sobre el criterio adoptado en este considerando, no pasa inadvertido que al resolver el amparo en revisión 146/2012-L, derivado del 555/2011 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en el Estado, en un caso similar en que se reclamó la decisión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de no prorrogar el nombramiento que el peticionario de garantías en aquel juicio de amparo gozaba de secretario de acuerdos adscrito a la Segunda Sala del citado tribunal; este órgano jurisdiccional consideró que la acción ejercida para conseguir ese derecho, sí estaba sujeta al término prescriptivo del artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y no al general del 105 de dicho ordenamiento. Sin embargo, ese criterio se abandonó por este tribunal en sesión del once de abril de dos mil doce, al resolver el amparo directo 214/2012, derivado del similar 222/2012 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en que se determinó que dicho numeral 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sólo aplica cuando la acción ejercida tiene su origen en una resolución de cese, con la que hubiera culminado algún procedimiento administrativo y no por la propia terminación de un nombramiento. Así pues y en base a las consideraciones esbozadas en la presente ejecutoria, este tribunal reitera el anterior criterio sobre inaplicabilidad del artículo 107 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en torno a las acciones que no deriven de cese derivado de un procedimiento administrativo seguido por las causas del artículo 22, fracción V, del citado ordenamiento y en términos del numeral 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. ..."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en el amparo directo número **********, resuelto el seis de junio de dos mil doce, consideró, en lo conducente, lo siguiente:
"QUINTO. El estudio de los conceptos de violación hechos valer, compaginado con el cúmulo de actuaciones que conforman el expediente formado con motivo del conflicto burocrático laboral en que se dictó la resolución combatida en esta vía, conduce a realizar las siguientes consideraciones: La excepción de prescripción es una institución jurídica de orden público, recogida por el derecho laboral en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, misma que para su estudio requiere la oposición expresa de la parte interesada, ya que no es factible analizarla de oficio. Conviene puntualizar que en el Estado de Jalisco, en materia burocrática laboral, la figura jurídica de la prescripción está regulada en el capítulo V del título cuarto de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, concretamente por los artículos 105 a 111, como se dijo, con el propósito de salvaguardar el principio de certeza jurídica, para impedir que en cualquier tiempo se entablen reclamaciones o se contradigan éstas, sea por los servidores públicos o por la parte asimilada a la patronal. Las normas mencionadas contienen un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas, que es complementado por una regla genérica donde se ubican todos aquellos supuestos que no queden comprendidos en los específicos. De su lectura se advierte, que en los artículos 106 a 108 se establecen los plazos que se refieren a la prescripción de acciones determinadas -por ejemplo, las acciones de la autoridad para pedir la nulidad de un nombramiento, las de los trabajadores que sean separados de su trabajo o para reclamar indemnizaciones por riesgo de trabajo-. Además de esta regulación específica, el legislador estatal previó en el artículo 101 (sic) de la ley en cita, la regla general para aquellas acciones que no están previstas expresamente en aquellos artículos, las cuales prescriben en el término de un año. Específicamente, el artículo 107 de la ley burocrática es
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24192-9b632169/prescripcion-de-las-acciones-promovidas-contra-la-separacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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