PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN O DE SUS MUNICIPIOS. ES APLICABLE EL TÉRMINO DE UN AÑO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA. 23 DE AGOSTO DE 2022. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS GUILLERMO ERIK SILVA GONZÁLEZ (PRESIDENTE), EDMUNDO ADAME PÉREZ, ALEJANDRO ALBERTO ALBORES CASTAÑÓN, JORGE HOLDER GÓMEZ Y GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. PONENTE: GUILLERMO VÁZQUEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: AGUSTÍN GUADALUPE CARREÑO CHAPA.
Monterrey, Nuevo León, Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, correspondiente al día veintitrés de agosto de dos mil veintidós.
VISTOS para resolver los autos relativos a la contradicción de tesis número 3/2022; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Mediante oficio 11/2022, de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, denunció la posible contradicción de tesis sustentadas entre el citado órgano jurisdiccional y el diverso Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
SEGUNDO.—Por acuerdo de ocho de abril de dos mil veintidós, el Magistrado presidente de este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 3/2022 y dar trámite a la denuncia respectiva. Asimismo, solicitó al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, a través de su presidente, que remitiera copias certificadas de las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo 2180/2019 y 491/2020 de su índice e informara si el criterio en contradicción se hallaba vigente, o en caso de haberse producido alguna causa para tenerlo por superado o abandonado, precisara en qué consistió la misma; no solicitó al Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región copia autorizada de la ejecutoria pronunciada en el expediente auxiliar 49/2022 de su índice, en atención a que acompañó la misma al oficio 11/2022, antes mencionado. De igual manera, ordenó comunicar la presente denuncia de contradicción de tesis a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
TERCERO.—Por proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio 7860/2022, signado por la secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, mediante el cual la presidente de dicho órgano ordenó remitir las copias certificadas que fueron solicitadas e informó que el criterio en contradicción se encuentra vigente.
CUARTO.—Por auto de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se recibió el comunicado DGCCST/X/132/04/2022, signado por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del que comunicó que durante los últimos seis meses no se encontró radicada en el sistema de seguimiento de contradicción de tesis ni pendiente de resolver en ese Alto Tribunal, alguna con el tema a dilucidar en el presente asunto. En el mismo acuerdo se turnó el expediente al Magistrado Guillermo Vázquez Martínez, integrante del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es competente legalmente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la abrogada Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, éste en apoyo a un Tribunal Colegiado de este mismo Circuito, y un Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Cuarto Circuito de conformidad con la jurisprudencia número 2a./J. 3/2015 (10a.), en materias constitucional y común, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2008428 y visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, página 1656, Décima Época, publicada en el citado Semanario Judicial el trece de febrero de dos mil quince a las 9:00 horas, cuyo rubro es: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN."
SEGUNDO.—Sesión virtual. La resolución de la denuncia de contradicción de tesis se llevará a cabo de manera virtual y remota, haciendo uso de medios electrónicos, dada la contingencia por la que atraviesa actualmente el país por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, ello de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 7/2022.
TERCERO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que el numeral 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, señala que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito, las partes en los asuntos que los motivaron o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de Circuito correspondiente; asimismo, el diverso artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que las contradicciones a que se refiere la fracción III del artículo 226, podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el fiscal general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Magistrados de Tribunal Unitario de Circuito, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron; y en el caso concreto, la denuncia de contradicción de tesis se formuló por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza; órgano jurisdiccional que resolvió un juicio de amparo directo del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, con quien contiende.
CUARTO.—Criterios contendientes en la posible contradicción de tesis. Con la finalidad de determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario conocer las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Décima Región, en apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1609/2021, (expediente auxiliar 49/2022), en lo que interesa, expuso:
"Por lo demás, se estima correcta la determinación de la autoridad responsable de declarar prescrita la acción de reinstalación intentada por el actor.
"Previo a exponer las razones por las cuales se considera que fue correcta la determinación del tribunal responsable de declarar prescrita la acción, es importante acotar que si bien la responsable sustentó su decisión aplicando el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, aun y cuando la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, como se verá, prevé la figura de la prescripción, lo cierto es que ello, por sí mismo, no irroga perjuicio a la parte quejosa.
"Esto es así, pues tanto el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo como el diverso 79 de la Ley del Servicio Civil prevén el plazo de dos mees (sic) para que prescriba la acción de reinstalación, de tal suerte que, si bien el fundamento legal no fue el correcto, las consideraciones, términos y requisitos de operación de la figura de la prescripción sí se cumplieron conforme a la legislación estatal.
"En este orden de ideas, es factible que ahora este Tribunal Colegiado emprenda el análisis de la determinación del tribunal de trabajo tomando como fundamento el artículo 79 de la Ley del Servicio Civil, pues con ello no se estaría sustituyendo a la responsable en sus facultades, pues, se insiste, este estudio se realizará atendiendo a las consideraciones fácticas y de derecho expresadas en el laudo reclamado.
"Además, no debe perderse de vista que el laudo reclamado se dictó en cumplimiento a una diversa ejecutoria de amparo, cuyos efectos, como se vio, fue (sic) que se emitiera otra resolución en la cual se atendiera la excepción de prescripción opuesta por la demandada en términos del numeral 518 de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo, ello no impide que pueda analizarse conforme al diverso 79 de la Ley del Servicio Civil de Nuevo León, pues lo realmente trascendente es que debía subsanarse la omisión de la responsable de estudiar la excepción de mérito.
"Ahora, retomando el estudio de las consideraciones del laudo reclamado, las cuales se estiman correctas, por lo que para evidenciarlo, es necesario precisar, en primer lugar, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que la parte que oponga la prescripción en materia laboral debe particularizar los elementos de la misma para que pueda ser estudiada por la Junta.
"Ello, al resolver la contradicción de tesis 61/2000, en donde indicó que la prescripción es una institución jurídica de orden público, acogida por nuestro derecho en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la indecisión de los derechos.
"Asimismo, puntualizó que la prescripción en materia laboral es una excepción que no puede ser examinada de manera oficiosa por la tutela de la clase trabajadora que impide contemplar instituciones que puedan provocar perjuicio a la clase obrera, que en la mayoría de los casos son quienes inician los juicios laborales, cuya presentación puede ser extemporánea dando lugar a que opere la prescripción en su perjuicio; de ahí que si se permitiera su estudio oficioso ocasionaría perjuicio a la clase trabajadora, concediendo una ventaja procesal a la parte patronal al permitir se (sic) a la Junta el examen de cuestiones no alegadas oportunamente dentro de la etapa de arbitraje, con infracción al principio de congruencia previsto en el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo.
"En tales condiciones, agregó que puede válidamente decirse que la ley laboral ha establecido un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas que es complementado por una regla genérica donde se ubican todos aquellos supuestos que no queden comprendidos en los específicos, salvo algunos casos excepcionales que por su naturaleza se han considerado como imprescriptibles.
"De esta manera, la superioridad concluyó que cuando la excepción de prescripción se basa en los supuestos específicos contemplados en la ley, requiere de que quien la oponga proporcione los elementos necesarios para que la Junta la analice, tales como la precisión de la acción o pretensión respecto de la que se opone, señalar el momento en que nació el derecho de la contraparte para hacerla valer y, finalmente, aludir a la fecha en que el plazo de la prescripción concluyó, elementos que de modo indudable pondrán de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por ello, se ha extinguido el derecho para exigir su cumplimiento.
"De igual forma, por lo que ve a la regla genérica de la prescripción prevista en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo donde se ubican todos aquellos supuestos que no queden expresamente comprendidos en los específicos, en cuyo caso se concede a quien ejerza la acción respectiva el término de un año contado a partir del día siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible para hacerla valer, so pena de estimar prescrita la acción correspondiente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que también en este caso la parte que oponga la excepción debe seguir la misma regla de proporcionar los elementos que la conforman, casos en los cuales basta que el demandado señale que sólo procede el pago por el año anterior a la demanda para que se tenga por cumplida la carga de precisar los datos necesarios para el estudio de la prescripción, pero es claro que dicha regla debe cumplirse, incluso, con independencia de que no se proporcione el precepto legal que le dé sustento a la excepción, puesto que al particular corresponde decir los hechos y al juzgador el derecho, siendo el elemento relevante la invocación de que se han extinguido los derechos no ejercidos en el lapso aludido de un año anterior a la fecha de presentación de la demanda.
"Las anteriores consideraciones dieron origen a las tesis jurisprudenciales de rubro y texto siguientes:
"‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE LA OPONGA DEBE PARTICULARIZAR LOS ELEMENTOS DE LA MISMA, PARA QUE PUEDA SER ESTUDIADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.’ (se reproduce texto).
"‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. LA PARTE QUE OPONE TAL EXCEPCIÓN, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 516 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DEBE PROPORCIONAR LOS ELEMENTOS MÍNIMOS QUE PERMITAN A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SU ANÁLISIS.’ (se reproduce texto).
"Ahora, en el caso, como se vio, el actor cambió la acción de indemnización por la de reinstalación en escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho.
"Respecto a dicha acción, el demandado opuso la excepción de prescripción en los términos siguientes: (se reproduce).
"Mientras que en el laudo reclamado la autoridad responsable determinó procedente la excepción de prescripción por las consideraciones siguientes: (se reproduce).
"Determinación que se encuentra ajustada a derecho ya que el demandado cumplió con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de particularizar los elementos de la excepción de prescripción.
"En efecto, el ente demandado precisó la acción que estimaba había prescrito (reinstalación), el momento en el cual nació el derecho de su contraparte para hacerla valer (treinta de noviembre de dos mil diecisiete, cuando el actor ubicó el despido), el plazo que tenía el accionante para hacerla valer (dos meses); y si bien no indicó la fecha en que fenecía el término respectivo, lo cierto es que sí precisó destacadamente que el reclamo se presentó después de seis meses de la fecha del despido, esto es, que se había excedido el término prescriptivo de dos meses.
"Lo cual se estima suficiente para tener colmado el requisito de particularizar los elementos de la acción de prescripción, pues éstos pusieron de relieve que la reclamación se presentó extemporáneamente y que, por ello, se había extinguido el derecho del actor para exigir la reinstalación, sin que tuviera la Junta que suplir los argumentos del demandado en la oposición de la mencionada excepción.
"Ahora, como se adelantó, no se desatiende que el demandado sustentó su excepción en los artículos 79 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León y 518 de la Ley Federal del Trabajo, y que fue con fundamento en este último precepto que el tribunal laboral estimó procedente la prescripción, pero dicho fundamento se estima correcto.
"En efecto, la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León regula en su título quinto, capítulo único, lo relativo a las prescripciones; así, en el artículo 78, prevé la regla general de que las acciones prescriben en un año; el 79 establece un plazo de prescripción de dos meses; y, el 80 un plazo de dos años. Todas esas acciones son de contenido laboral y suponen una controversia de esa índole. Apoya lo anterior la transcripción de dichos numerales:
"TÍTULO QUINTO
"De las prescripciones
"CAPÍTULO ÚNICO
"‘Art. 78o.’ (Se transcribe).
"‘Art. 79o.’ (Se transcribe).
"‘Art. 80o.’ (Se transcribe).
"De los preceptos transcritos se advierte que, por regla general, las acciones derivadas de la ley o del nombramiento expedido en favor de los servidores públicos de dicha entidad federativa prescribirán en un año, con excepción de los casos expresamente señalados en los restantes artículos del Capítulo IV transcrito, debiendo destacar que establece una prescripción de dos meses para las acciones para pedir la indemnización que la ley concede por despido injustificado.
"A partir de lo anterior debe tenerse en cuenta que la acción de reinstalación no se encuentra prevista en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León; sin embargo, es evidente que dicha acción deriva de un despido injustificado, pues sólo de esa manera es congruente su reclamo al pago de salarios caídos y otras prestaciones que son inherentes a una separación.
"Por tanto, en el caso, la acción de reinstalación debe equipararse a la de indemnización por cuanto hace al periodo para que prescriba la acción, porque ambas surgen de una separación injustificada de su empleo.
"Se cita como apoyo a lo anterior, por las consideraciones que la sustentan, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:
"‘PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PROMOVIDAS CONTRA LA SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO DIVERSAS AL CESE. ES APLICABLE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. Las acciones de prórroga del nombramiento de un servidor público o del otorgamiento de uno nuevo en determinada plaza deben equipararse a un despido, porque deja de desarrollar normalmente su trabajo y queda separado de sus labores. Igualmente, debe estimarse que no existe un cese formal porque las relaciones de trabajo simplemente llegan a su término, en virtud de que el nombramiento previo se otorgó por tiempo determinado y no existe obligación de realizar notificación alguna. Ahora bien, el referido artículo 107 prevé un plazo de 60 días para que prescriban las acciones para pedir la reinstalación en el trabajo o la indemnización que la ley concede, acciones que derivan necesariamente de la separación del trabajador en el empleo, y si la acción de prórroga del nombramiento debe equipararse a un despido, el referido plazo resulta aplicable a estas acciones de los trabajadores, máxime que la aludida prórroga viene acompañada de la pretensión de que se paguen salarios caídos y demás prestaciones inherentes a la continuación de la relación de trabajo; plazo que debe computarse a partir de la separación del trabajador, atento al artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Burocrática del Estado, conforme a su artículo 10.’
"Ahora bien, retomando el contenido del artículo 79 de la Ley del Servicio Civil, éste debe interpretarse en función de su doble contenido: Por una parte, señala las acciones cuya prescripción regula; y, por otro, el momento a partir del cual debe contarse el plazo establecido.
"En cuanto al primer contenido, dispone claramente que aplica a las acciones para pedir: la nulidad de la aceptación de un nombramiento hecho por error o en contra de lo dispuesto en la ley; la reinstalación en el puesto que se haya dejado por accidente o enfermedad; la indemnización por despido injustificado; y, las acciones de los funcionarios para suspender a los trabajadores por causas justificadas y para disciplinar las faltas de éstos.
"Así, la reinstalación en el trabajo debe equipararse a un despido, equipararse a la acción de indemnización, porque el hecho constitutivo de dichas acciones lo constituye la separación en el empleo por despido injustificado, por lo cual resulta aplicable, entonces, a estas acciones de los trabajadores, la fracción III del artículo 79 de la Ley del Servicio Civil, comenzando a correr el plazo prescriptivo de dos meses a partir del momento de la separación.
"Sin que se inadvierta que el artículo 78 de la Ley del Servicio Civil establece el término genérico de un año para que prescriban las acciones no contempladas en los diversos numerales 79 y 80 de la referida ley; sin embargo, ese término genérico está reservado a las acciones que nazca (sic) de esa ley, del nombramiento otorgado a los Trabajadores al Servicio del Estado o de los Municipios, y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo y, en el caso, la acción de reinstalación no se ubica en alguno de esos supuestos, pues no se encuentra previsto (sic) en la ley, ni surgió con motivo del nombramiento otorgado ni de los acuerdos establecidos en las condiciones generales del trabajo.
"Además, de estimar que se pudiera ubicar a la reinstalación derivada de un despido injustificado a la regla genérica, llevaría al absurdo de tener dos términos prescriptivos muy distintos (un año por un lado, y dos meses por otro) respecto de acciones que derivan de un mismo hecho y que, por tanto, de fenecer el plazo para intentar la acción de indemnización, el actor pudiese variar la acción a la de reinstalación, para el único efecto de que no se le declare prescrita la acción, lo cual iría en contra de la garantía de seguridad jurídica."
El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito al resolver el juicio de amparo directo 2180/2019, en lo que interesa, expuso:
"Ahora bien, alega la quejosa en sus conceptos de violación, que el tribunal responsable no estudia de manera objetiva y analítica la excepción de prescripción opuesta, ya que determina que el demandante cuenta con un año para ejercer su derecho a la reinstalación, y la acción subsidiaria de salarios caídos, por no contemplarse tal reclamo en los supuestos del artículo 79 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.
"Expone que de la lectura de la demanda se desprende que el actor se dice despedido el siete de junio de dos mil dieciocho, por lo que asevera, es incuestionable que sus acciones son totalmente improcedentes, porque de esa fecha a la de la presentación de la demanda el dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, transcurrió en exceso el término que establece el artículo 79 de la ley en cita y el diverso 518 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria.
"Refiere que el tribunal responsable no estudia correctamente los numerales antes citados, ya que se limita a señalar que la reinstalación en el empleo y salarios caídos no encuadra en los supuestos del mencionado artículo 79 y que, por ello, lo decidido no es congruente con los principios generales del derecho y que además la fundamentación y motivación del mismo es inadecuada, porque no se ajusta a los parámetros de los criterios legales establecidos y crea incertidumbre, dejándola en estado de indefensión.
"Apoya sus argumentos en las tesis de rubros: ‘PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. CUANDO NO SE NIEGA EL DESPIDO Y ÚNICAMENTE SE CONTROVIERTE LA FECHA EN QUE ÉSTE OCURRIÓ, ES SUSCEPTIBLE DE ANALIZARSE DICHA EXCEPCIÓN, SI SE DEMUESTRA QUE EL DESPIDO ACONTECIÓ CON POSTERIORIDAD A LOS DOS MESES DE LA DATA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA’ y ‘EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN POR DESPIDO. LA ÚNICA FECHA SUSCEPTIBLE DE HACERLA OPERANTE ES LA ADUCIDA POR EL ACTOR COMO AQUELLA EN LA QUE ACONTECIÓ LA RUPTURA DEL VÍNCULO LABORAL.’
"Son infundados sus argumentos e inaplicables las tesis que cita, en primer lugar, porque no procede la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo respecto de la institución jurídica de la prescripción prevista en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, dado que esta última posee reglas específicas para su análisis y en segundo lugar, porque como lo sostuvo el tribunal responsable, en el caso no resulta procedente la excepción de prescripción que hizo valer la quejosa en el juicio laboral, toda vez que en los casos que se ejerce la acción de reinstalación, opera la regla general que concede el término de un año para el ejercicio de las acciones derivadas de las condiciones generales de trabajo que contempla el artículo 78 de la ley de la materia y no la específica a que se refiere el diverso numeral 79 del mismo ordenamiento, de ahí que se estime que el análisis que efectúo el tribunal responsable es ajustado a derecho.
"En efecto, la prescripción es una institución jurídica de orden público, acogida por el derecho en beneficio del principio de certeza y seguridad jurídica, con el propósito de dar estabilidad y firmeza a las partes, que opera por disposición de la ley, mediante el transcurso del tiempo, además de que también es una defensa autónoma e independiente del fondo, ya que sus presupuestos derivan de elementos ajenos a la naturaleza de la acción que se ejercita.
"Dicha figura está regulada en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, en el Título Quinto, Capítulo Único, conforme a los numerales siguientes:
"‘Art. 78o.’ (se transcribe).
"‘Art. 79o.’ (se transcribe).
"‘Art. 80o.’ (se transcribe).
"‘Art. 81o.’ (se transcribe).
"‘Art. 82o.’ (se transcribe).
"‘Art. 83o.’ (se transcribe).
"De los artículos de previa transcripción se aprecian los plazos que el legislador local previó para que opere la prescripción de las acciones, y al mismo tiempo se desprenden básicamente dos reglas, la primera, contenida en el artículo 78 alude a una de tipo general, y la del numeral 79 y subsecuentes a otra, de características específicas.
"En ese sentido, puede válidamente decirse que la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, ha establecido un sistema complejo de reglas de prescripción con distintos plazos, integrado por un conjunto de hipótesis específicas que es complementado por una regla genérica donde se ubican todos aquellos supuestos que no queden comprendidos en los específicos; de ahí que en el presente caso no puede aplicarse el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que no se dan los requisitos para que se aplique dicho numeral, al no darse los supuestos para ello.
"Se estima así, porque para que opere la supletoriedad de una ley respecto de otra es necesario que:
"a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos.
"b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente.
"c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y,
"d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
"De esta manera lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), que a la letra dice:
"‘SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.’ (se transcribe texto y cita datos de localización).
"Lo anterior, guarda relación con lo que estableció la referida superioridad, al resolver la contradicción de tesis 200/2009, que originó la jurisprudencia 2a./J. 128/2009, de rubro: ‘CADUCIDAD EN EL JUICIO LABORAL. EL ARTÍCULO 97 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS LA REGULA EN FORMA COMPLETA, POR LO QUE NO OPERA LA APLICACIÓN SUPLETORIA DE LOS ARTÍCULOS 772 Y 773 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’, al señalar en lo que trasciende: (se reproduce).
"Así, a la luz del criterio adoptado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias antes mencionadas, es inconcuso que en el caso que nos ocupa no opera la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, respecto a la excepción de prescripción opuesta por la demandada, porque aun cuando el artículo 7o. de la Ley del Servicio Civil del Estado, la prevé para los casos no previstos en esa ley o sus reglamentos, lo cierto es que la figura de la prescripción sí está regulada de manera específica en los artículos transliterados con anterioridad, en los cuales se fijan reglas específicas para que opere la prescripción de las acciones, una general de un año que es la prevista en el artículo 78 y otras específicas, que son las contempladas en el diverso precepto 79 de la ley de la materia.
"En esa medida, es evidente que no procedía que el tribunal responsable analizara la excepción de prescripción, conforme al término de dos meses previsto en el artículo 518 la Ley Federal del Trabajo al no existir ningún vacío legislativo respecto del cual la autoridad laboral pudiera legalmente haber considerado acudir a la figura de la supletoriedad y, luego, en su caso, analizar si era o no procedente tratándose de una excepción extintiva de la acción, ya que como se vio, la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, posee reglas específicas para su análisis, por
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31073-85b4423c/prescripcion-de-la-accion-de-reinstalacion-por-despido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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