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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN. LA FECHA EN QUE EL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL ESTADO SE DICE DESPEDIDO VERBALMENTE, NO PUEDE SERVIR DE BASE PARA COMPUTAR EL TÉRMINO PRESCRIPTIVO, CUANDO EL DESPIDO FUE NEGADO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 87/2012. · Registro digital (IUS): 23694
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, Pág. 2013.

AMPARO DIRECTO 87/2012. 30 DE ABRIL DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. PONENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: ARMANDO GUADARRAMA BAUTISTA.

CONSIDERANDO:

CUARTO. Por razón de método, el análisis de los conceptos de violación se realizará en orden diverso al propuesto en la demanda de amparo, y su examen conduce a este Tribunal Colegiado a determinar lo siguiente:

Conceptos de violación que introducen cuestiones ajenas a la litis constitucional.

En apartados del segundo concepto de violación, se aduce que si se tuviera por demostrado que la relación laboral que tenía con el tercero perjudicado concluyó en dos mil dos y que la demandante tuvo una relación civil con el tercero llamado a juicio que concluyó el treinta de noviembre de dos mil seis; entonces, se debió considerar:

a) Que se trata de una nueva relación laboral que, en todo caso, inició el uno de diciembre de dos mil seis y concluyó el veintinueve de marzo de dos mil siete; de esta manera, el periodo no excedió de seis meses; en consecuencia, la actora no alcanzó el derecho de estabilidad en el empleo.

b) Que si la relación laboral continuó en los términos y condiciones que quedaron establecidos en el formato único de personal, de dieciocho de marzo de dos mil dos, con la jornada laboral de las 9:00 a las 15:00 horas, la plaza ostentada, así como el sueldo por la cantidad de $**********; entonces, la condena de salarios caídos debió hacerse en base a este salario y no al que refirió la tercera perjudicada, resultando, además, improcedente el pago de tiempo extraordinario, al demostrarse la jornada de labores pactada, y la tercero no demostró haber laborado tiempo extraordinario.

Lo alegado es inatendible, toda vez que los reseñados argumentos no formaron parte de la litis del juicio natural, en la medida que, al contestar la demanda, no fueron incorporados esos planteamientos defensivos.

Para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que de la lectura del escrito inicial de demanda, se advierte que la parte actora reclamó, en la materia de lo alegado, la reinstalación en el empleo, salarios caídos y pago de tiempo extra laborado. Aseveró que fue contratada por el quejoso el seis de enero de mil novecientos noventa y siete; con un sueldo mensual de $**********, con un horario de labores de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas de lunes a viernes de cada semana (hecho 1); que a últimas fechas se le asignó un salario mensual de $********** (hecho dos); que el veintinueve de marzo de dos mil siete, el encargado del despacho de la Dirección General de Desarrollo Curricular la despidió (hecho cuatro).

Al contestar, el quejoso refirió que la acción de reinstalación se encontraba prescrita, así como de las prestaciones vinculadas a ésta; que la actora no prestó sus servicios para la Secretaría de Educación Pública, por lo que negó la relación laboral; que si bien se le otorgó una plaza a partir del primero de enero de dos mil, mediante formato único de personal de dieciocho de marzo de dos mil dos, se le dio de baja por renuncia con efectos a partir del primero de marzo de ese año; prescripción de aquellas prestaciones que se reclamaron con anterioridad a un año de la presentación de la demanda; y, por último, que se formularon acciones contradictorias, en relación con la reinstalación reclamada como acción principal, y la diversa de indemnización, solicitada subsidiariamente.

En cuanto a los hechos, el quejoso contestó que la actora trabajó para la Secretaría de Educación Pública del primero de enero de dos mil al primero de marzo de dos mil dos; que posteriormente, su relación fue con la Organización de Estados Iberoamericanos, bajo el régimen de honorarios (hecho uno); que la demandada confesó que trabajó para la Organización de Estados Iberoamericanos, por lo que negó el monto del salario aducido (hecho dos); que se negaba el despido porque no existía relación laboral con la Secretaría de Educación Pública, sino con la Organización de Estados Iberoamericanos; y, por último, negó el despido, al considerar que en el hecho uno indicó que tuvo un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 horas, por tanto, no pudo haber sido despedido a las 8:00 horas del veintinueve de marzo del dos mil siete (hecho cuatro).

De esta guisa, se sigue que los argumentos jurídicos aducidos como conceptos de violación no formaron parte de la litis, porque al contestar la demanda, el quejoso no hizo valer que existió una nueva relación de trabajo que inició el uno de diciembre de dos mil seis y concluyó el veintinueve de marzo de dos mil siete; que el periodo de la contratación no excedió de seis meses y, por ende, la actora no gozaba de estabilidad en el empleo; tampoco refirió que si la relación laboral continuó en los términos y condiciones que quedaron establecidos en el formato único de personal de dieciocho de marzo de dos mil dos, con la jornada laboral de las 9:00 a las 15:00 horas, la plaza ostentada, así como el sueldo por la cantidad de $**********; entonces, la condena de salarios caídos debió hacerse en base a este salario, y que resultaba improcedente el pago de tiempo extraordinario.

Por consiguiente, si el quejoso no adujo en su contestación los argumentos que ahora invoca, entonces no formaron parte de la litis, y sobre esta última, en un juicio laboral, para que las Salas puedan dictar congruentemente sus laudos, la ley laboral establece diversas reglas que deben ser observadas a fin de cumplir con el principio de congruencia; en atención a ello, si la demandada no estableció como defensa o excepción lo alegado en este juicio, la responsable no pudo resolver sobre el particular, en acatamiento al principio de congruencia que rige en materia de laudos, que implica que los planteamientos no controvertidos por las partes ante la autoridad de instrucción, no pueden ser analizados en el juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 328, aprobada por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, página 265, del siguiente tenor:

"LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."

Conceptos de violación vinculados con la excepción de prescripción que opuso el quejoso.

En el primer concepto de violación, el quejoso afirma que la responsable violó sus derechos al declarar improcedente la excepción de prescripción que hizo valer, porque interpretó incorrectamente los artículos 113, fracción II, inciso a) y 117 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, porque si la actora se dijo despedida el veintinueve de marzo de dos mil siete y el término prescriptivo culminó un día en que la responsable se encontraba gozando de su periodo vacacional; entonces se recorrió únicamente al día hábil siguiente, esto es, al primero de agosto de ese año; luego, si la demanda fue presentada el dos de ese mismo mes, resultó evidente que la acción de reinstalación se encontraba prescrita.

Lo alegado es fundado, pero inoperante.

Los artículos 113, fracción II, inciso a), y 117, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, disponen:

"Artículo 113. Prescriben: ...

"II. En cuatro meses:

"a) En caso de despido o suspensión injustificados, las acciones para exigir la reinstalación en su trabajo o la indemnización que la ley concede, contados a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.

"..."

"Artículo 117. Para los efectos de la prescripción los meses se regularán por el número de días que les correspondan; el primer día se contará completo y cuando sea inhábil el último, no se tendrá por completa la prescripción; sino cumplido el primer día hábil siguiente."

De la interpretación de los preceptos transcritos se establecen las siguientes premisas:

a) La acción de los trabajadores que sean separados de su empleo, prescribe en cuatro meses.

b) El plazo de prescripción empieza a correr a partir del momento en que sea notificado el trabajador, del despido o suspensión.

c) Los meses se regularán por el número de días que les corresponda.

d) El primer día se contará completo, aun cuando no lo sea.

e) El último día debe ser completo y cuando sea inhábil, no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primer día hábil siguiente.

De las constancias que obran en el expediente laboral de origen, se advierte que mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil siete, ante la Oficialía de Partes Común del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ********** demandó de la Secretaría de Educación Pública la reinstalación en el empleo, con motivo del despido del que dijo fue objeto el veintinueve de marzo de dos mil siete; así como el pago de salarios caídos e incrementos.

La patronal negó la relación laboral; afirmó que al momento del despido la actora tenía un contrato de prestación de servicios con diversa persona moral y, entre otras, opuso la excepción de prescripción respecto de la acción de reinstalación, en los siguientes términos:

"... ‘A). La reinstalación en mi trabajo en los mismos términos y condiciones en que venía prestándolo hasta el día 29 de marzo de 2007, fecha en que fui despedida de mi trabajo injustificadamente.’. De la anterior transcripción, ese tribunal debe de tomar en cuenta la confesión que la actora señala, ya que es claro que ella se enteró que se terminaba su supuesta relación laboral el día 29 de marzo de 2007, por tanto se debe de tomar en cuenta esta fecha para iniciar el cómputo del término prescriptivo, el cual feneció el 28 de julio de 2007, pero si tomamos en cuenta que ese día fue sábado y se encontraba dentro del primer periodo vacacional del año 2007 de ese tribunal, y que el siguiente día hábil de labores de ese órgano colegiado fue el 1o. de agosto de 2007, el término de cuatro meses que tenía el actor para ejercitar su demanda feneció en el último minuto de ese día, por tanto al haber presentado su escrito inicial de demanda ante la Oficialía de Partes de ese tribunal hasta el 2 de agosto de 2007, la acción intentada por **********, se encuentra totalmente prescrita, lo anterior en términos del inciso a) de la fracción II, del artículo 113 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reiterando que la acción intentada por la actora se encuentra prescrita, toda vez que como se advierte del sello de recibido de Oficialía de Partes de ese Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la actora ingresó su escrito inicial de demanda el día 2 de agosto de 2007, por lo que al momento de presentar su demanda la actora se excedió por 1 día, encontrándose agotado el término prescriptivo. ..."

La responsable determinó que el término para la presentación de la demanda laboral no feneció el uno de agosto de dos mil siete, sino el quince del mismo mes; en esa medida, declaró improcedente la excepción de prescripción opuesta, sobre la base de los siguientes argumentos:

"... Se considera que la presente excepción es improcedente, toda vez que la actora indica que fue despedida el veintinueve de marzo de dos mil siete, y no obstante de que su término debería de vencer el veintiocho de julio de dos mil siete, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de dos mil seis, el Pleno de este tribunal determinó como días de suspensión de labores del dieciséis al treinta y uno de julio, primer periodo vacacional, tampoco corrieron términos el sábado y domingo conforme a lo establecido por el artículo 117 de la ley de la materia; el término de la actora para ejercer la acción de reinstalación vencía el día quince de agosto de dos mil siete, por lo que su demanda fue presentada en tiempo."

Como afirma el quejoso, es incorrecto lo resuelto por la responsable, porque el término de la prescripción de la acción ejercitada por la demandante no podía ser extendido, descontando el periodo vacacional, ni los de descanso que consideró la Junta, porque el término de la prescripción inicia desde el momento en que sea notificado del despido o suspensión de sus servicios y concluye una vez transcurridos cuatro meses, que se regula por el número de días que le corresponda, sin descontarse de ese término periodos diferentes a los días que a cada mes le correspondan conforme al artículo 117 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Apoya esta consideración, la tesis aislada I.6o.T.411 L, aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, agosto de 2009, Materia Laboral, página 1736, del siguiente tenor:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL PLAZO DE CUATRO MESES PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE SUS ACCIONES PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN NO SE INTERRUMPE DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO. De conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a), en relación con el diverso numeral 117, ambos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la acción de los trabajadores que sean separados de su empleo prescribe en cuatro meses; término prescriptivo que inicia desde el momento en que el empleado sea notificado del despido o suspensión de sus funciones, hasta la fecha en que transcurran los citados cuatro meses, para cuyo efecto los meses se regularán por el número de días que les corresponda, que el primero se contará completo, y cuando el último día sea inhábil no se tendrá por completa la prescripción sino cumplido el primer día hábil siguiente. De esta manera, cuando un trabajador al servicio del Estado demande su reinstalación por despido injustificado, el periodo vacacional de los tribunales de trabajo no interrumpe el término para que opere la prescripción de su acción, por no existir en la ley disposición que así lo establezca."

De esta manera, contra lo sostenido por la responsable, no existe disposición legal que establezca que, para efectos de prescripción de la acción de los trabajadores al servicio del Estado para demandar su reinstalación, dicho periodo se interrumpa durante el periodo vacacional de las referidas autoridades o tribunales de trabajo.

En ese contexto, se concluye que al haber descontado al término prescriptivo de cuatro meses (naturales) para ejercitar la acción de reinstalación y prestaciones inherentes a la misma, los días que corresponden al periodo vacacional y otros que correspondían a sábados y domingos, fue incorrecta esa consideración.

No obstante lo fundado del concepto de violación, resulta inoperante, porque en la especie no se configuró el supuesto normativo para que iniciara el plazo correspondiente.

De conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para demandar la reinstalación en la categoría desempeñada, o bien, la indemnización de ley, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que el empleado público sea notificado del despido o suspensión, independientemente de la fecha en que se materialice cualquiera de estos actos.

Tal notificación tiene como finalidad que el trabajador conozca plenamente los motivos de su despido, de manera que no quede privado de poder plantear su defensa, pues dicha formalidad otorga al trabajador la certidumbre de la causa de rescisión, permitiéndose oponer una adecuada defensa de sus derechos.

Como la prescripción y el despido constituyen casos de excepción en el sistema jurídico mexicano, en su configuración rige el principio de legalidad contenido en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; por tanto, para que la prescripción de las acciones que nacen del despido se actualice, es necesario que el caso concreto se adecue exactamente a la norma establecida por el legislador.

De esta manera, si el Estado-patrón niega el despido, ello impide que transcurra la prescripción, porque los elementos condicionantes para iniciar el cómputo de esa figura son la existencia del despido y su formal notificación al trabajador.

En congruencia con lo anterior, la confesión contenida en la demanda laboral del empleado público, en el sentido de que fue despedido verbalmente en determinada fecha, no constituye un elemento básico para computar el término prescriptivo, ya que esa manifestación no puede equipararse ni sustituir a la formal notificación que la ley precisa.

En la especie, la Secretaría de Educación Pública opuso la excepción de prescripción y, en cuanto a los hechos, refirió lo siguiente:

"... 4. Ese hecho se contesta de la siguiente forma: por lo que hace al supuesto despido injustificado se niega, por no existir relación laboral con mi representada, sino con la Organización de Estados Iberoamericanos con la que la unió un régimen de honorarios, ya que sólo es de carácter civil, por lo que dicha trabajadora quedó excluida de los beneficios de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, situación que tuvo conocimiento en todo momento la actora ..."

Estas transcripciones ponen de relieve que no se dio el supuesto de procedencia para que iniciara el plazo prescriptivo, porque al margen de que la quejosa negó el despido y la relación laboral, no se señaló la fecha en que se notificó el cese, en términos del artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; por ende, independientemente de la fecha en que se materializó, la falta de su notificación formal, conlleva a que no se haya actualizado el supuesto normativo para que iniciara el plazo de la prescripción; sostener lo contrario significaría apartarse del verdadero sentido de la ley, hasta el extremo de integrar una norma totalmente distinta a la disposición aplicable al caso concreto, cuando no da lugar a otras interpretaciones, esto es, a falta de notificación del cese, no puede computarse una prescripción que inicia precisamente a partir de su existencia.

Así se sostiene, porque de conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para demandar la reinstalación en el trabajo o bien, la indemnización de ley, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que el empleado público es notificado del despido. Como la prescripción constituye una excepción en el sistema jurídico mexicano, en su configuración es necesario que el caso concreto se adecue exactamente a la norma jurídica. De esta manera, si el Estado-patrón niega el despido, ello impide que transcurra la prescripción, porque los elementos condicionantes para iniciar el cómputo de esa figura son la existencia del despido y su formal notificación al trabajador. En congruencia con lo anterior, la confesión contenida en la demanda laboral del empleado público, en el sentido de que fue despedido verbalmente en determinada fecha, no constituye un elemento básico para computar el término prescriptivo, ya que esa manifestación no puede equipararse ni sustituir a la formal notificación que la ley precisa.

Por tanto, aun cuando la responsable computó de manera incorrecta el plazo prescriptivo que determinó inició a partir de la fecha en que la actora se dijo cesada, su determinación debe prevalecer porque, en la especie, no podía iniciar el término para que operara la prescripción, debido a que la fecha en que la trabajadora se dijo despedida verbalmente, no podía servir de base para que comenzara a correr el término prescriptivo; de ahí que por razones distintas a las que se analizaron en el laudo, la acción de reinstalación no se encontraba prescrita.

Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 21/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, mayo de 1996, página 210, del siguiente tenor:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. MOMENTO A PARTIR DEL CUAL COMIENZA A CORRER EL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CASO DE CESE O SUSPENSIÓN. De conformidad con el artículo 113, fracción II, inciso a) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, las acciones para demandar la reinstalación en la categoría desempeñada, o bien, la indemnización de ley, prescriben en cuatro meses contados a partir del momento en que el empleado público sea notificado del despido o suspensión, independientemente de la fecha en que se materialice cualquiera de estos actos, pues de atender este último criterio, significaría apartarse del verdadero sentido de la ley, hasta el extremo de integrar una norma totalmente distinta a la disposición aplicable al caso concreto, cuando no da lugar a otras interpretaciones."

Conceptos de violación en los que se controvierte la demostración de la relación laboral.

En otro orden de ideas, en parte del segundo concepto de violación, el quejoso afirma que la responsable violó sus derechos, porque no realizó una correcta valoración del material probatorio aportado por las partes, ni resolvió el asunto apreciando los hechos en conciencia, a verdad sabida y buena fe guardada, en atención a lo siguiente:

a) Que con el formato único de personal de dieciocho de marzo de dos mil dos -prueba común de las partes-, demostró que la relación laboral terminó el primero de marzo de dos mil dos, con motivo de la baja por renuncia a partir de la quincena 5 de dos mil dos.

b) Que con el contrato de prestación de servicios profesionales de cinco de septiembre de dos mil seis, acreditó que la actora tuvo una relación de naturaleza civil con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; por tanto, la actora no podía sostener una relación laboral con la quejosa durante la vigencia de dicho contrato, dadas las funciones que le fueron asignadas.

c) Que del oficio ********** de dos de agosto de dos mil seis, no podía desprenderse la relación laboral, pues del mismo se advierte que únicamente se refería a una prestación de servicios profesionales y no a una relación laboral, tal como lo indica el citado oficio en donde hace referencia a sus honorarios, diciendo en el penúltimo párrafo: "Le adjunto el recibo de honorarios original no. **********", y que en ningún momento se hace referencia de salario, subordinación, ni lugar de adscripción; por tanto, no era procedente considerar que con dicha prueba se acreditó la existencia de una relación de trabajo, pues lejos de ello, la única que se demostraba era una diversa de índole civil.

d) Que con el oficio ********** de diecisiete de enero de dos mil siete, suscrito por el titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva de la Secretaría de Educación Pública, tampoco se acredita una relación laboral, pues del mismo no se advierte una prestación personal y subordinada de servicios a cambio de un salario entre ambas partes; tampoco constituye un nombramiento en términos del artículo 15 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; que al no ser presumible la relación laboral burocrática, no bastaba la exhibición de dicha documental, pues era necesaria la demostración plena de la prestación del servicio, lo que no ocurre con esa probanza.

Los conceptos de violación son infundados y, por su estrecha vinculación, su análisis se realizará de manera conjunta, en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo.

Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 20/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la contradicción de tesis 168/2004-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 315, de rubro: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. EL VÍNCULO LABORAL SE DEMUESTRA CUANDO LOS SERVICIOS PRESTADOS REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE UNA RELACIÓN DE TRABAJO, AUNQUE SE HAYA FIRMADO UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES.", la existencia del vínculo laboral entre una dependencia estatal y la persona que le prestó servicios se demuestra, aun cuando no se exhiba el nombramiento relativo o su inclusión en las listas de raya, cuando se acredita que los servicios prestados reúnen las características propias de una relación laboral.

Por tanto, para acreditar la existencia del vínculo laboral, es necesario que se acredite que existió la prestación de un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, realizado con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos; además, que existió continuidad, y que el trabajador laboró en el lugar y conforme al horario que se le asignó a cambio de una remuneración económica; de lo contrario, la existencia del vínculo jurídico no puede tenerse por demostrada.

En el caso, la actora demandó el pago de diversas prestaciones derivadas de la relación laboral que la unió con el titular de la Secretaría de Educación Pública desde el seis de enero de mil novecientos noventa y siete y hasta el veintinueve de marzo de dos mil siete.

El titular demandado negó la relación de trabajo; aunque aclaró que la actora ingresó el primero de enero de dos mil, pero que concluyó el primero de marzo de dos mil dos y que "... posteriormente su relación de trabajo fue con la Organización de Estados Iberoamericanos ...", a quien solicitó se le llamara como tercero interesado.

El veintisiete de enero de dos mil nueve, la responsable regularizó el procedimiento y ordenó emplazar, como tercero interesado, a la Organización de Estados Iberoamericanos. Esta organización negó la relación de trabajo, pero afirmó que se trataba de una de naturaleza civil, en los siguientes términos:

"... Mi representada como un organismo internacional no gubernamental para dar cumplimiento al acuerdo antes señalado contrató entre otras personas a ********** a través de un contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 5 de septiembre de 2006, con una vigencia del 5 de septiembre al 30 de noviembre de 2006 y en el cual la hoy actora reconoció en forma expresa que es una persona independiente que tiene libertad para elegir medios tiempos y personas para desarrollar la labor encomendada y que no estaba sujeta ni a horario ni subordinación alguna e incluso se pactaron honorarios profesionales por la cantidad de $********** por la duración de este contrato, más el impuesto al valor agregado, de lo que se desprende evidentemente que se trata de una relación de naturaleza civil a través de un contrato de prestación de servicios profesionales de tiempo determinado entre la actora y mi representada, y por tanto jamás existió relación de trabajo alguna, el cual para efectos de que forme parte de la litis me permito transcribir: (lo transcribe). Tan es así que la hoy actora **********, se encuentra inscrita en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con un Registro Federal del Contribuyente **********, y que cuenta con posibilidad de realizar actividades independientes. Es necesario hacer notar que, incluso, el vínculo fue muy distinto al de una relación de trabajo que mi representada pagó en cumplimiento del contrato de servicios profesionales antes señalado en cheque nominativo en favor de la actora la cantidad de $********** netos los días 26 de octubre y 9 de noviembre de 2006, y el saldo lo pagó hasta el 11 de diciembre de 2006, una vez que revisó el informe entregado el 30 de noviembre de 2006, por la actora, por lo que es obvio que la actora es una prestadora de servicios profesionales, y no una empleada. Por tanto, se niega por falso que mi representada le haya asignado cantidad alguna por concepto de salario o compensación garantizada. ..."

La responsable consideró que con el contrato de prestación de servicios profesionales de cinco de septiembre de dos mil seis, se acreditó que la relación entre la actora y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, fue derivada de una prestación de servicios profesionales, con una temporalidad del cinco de septiembre al treinta de noviembre de dos mil seis, fecha en la cual concluyó el contrato; por tanto, absolvió a dicha organización.

En relación con la Secretaría de Educación Pública, consideró que si bien con el formato único de personal de dieciocho de marzo de dos mil dos -prueba común de las partes- se demostró que a la trabajadora se le dio de baja por renuncia; en la especie, con el oficio **********, de dos de agosto del dos mil seis -prueba común de las partes-, se acreditaba que el encargado de la Subsecretaría de Educación Básica comunicó al coordinador administrativo de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública, que recibió a entera satisfacción el trabajo encomendado a **********, así como el pago correspondiente a la cantidad de $********** (********** m.n.); que esa prueba adminiculada con el comunicado **********, de diecisiete de enero de dos mil siete, mediante el cual el titular de la Unidad de Coordinación Ejecutiva giró oficio a la Dirección General de Desarrollo Curricular, para indicar la ratificación de **********, como coordinadora técnica y de gestión y que a esa fecha se le tenía registrada como "servidora pública designada", así como la orden de asistir a una reunión de trabajo el diecinueve de enero de dos mil siete a las catorce horas en ********** en esta ciudad; entonces, esas pruebas desvirtuaron la afirmación del quejoso en el sentido de que la actora siguió laborand

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23694-0a1156ef/prescripcion-la-fecha-en-que-el-trabajador-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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