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Modo: Corpus Pro

REINSTALACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. A PESAR DE QUE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL NO ESTABLEZCA ESA ACCIÓN, EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEBE RESPETAR Y PROTEGER SU DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 628/2023. · Registro digital (IUS): 33644
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-09-19
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Septiembre de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.685.

AMPARO DIRECTO 628/2023. 26 DE ENERO DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ABEL ANAYA GARCÍA. SECRETARIA: NOHELIA JUÁREZ SALINAS.

Monterrey, Nuevo León. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, en sesión correspondiente al veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente

SENTENCIA

VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo directo número 628/2023, promovido por **********, por conducto de su apoderado jurídico **********, contra actos del Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León; y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Antecedentes. Por escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León, **********, por conducto de su apoderado jurídico **********, promovió juicio de amparo directo, señalando como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes:

“III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es el TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

IV.- ACTO RECLAMADO.- El laudo dictado por la Responsable dentro del expediente número P- (**********), formado por la demanda de la quejosa compareciente en contra del tercero interesado.” (foja 3 del cuaderno de amparo).

Acto que la actora aquí quejosa estimó violatorio de los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo y sus anexos se recibieron el catorce de abril de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito; asimismo, recibido en este tribunal el diecisiete de abril del citado año, dicha demanda de amparo fue remitida por razón de turno a este tribunal colegiado, donde por auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el Presidente de este Órgano Colegiado admitió a trámite, se registró con el número 628/2023, se ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que manifestara lo que a su representación social conviniera, quien se abstuvo de intervenir, el instituto tercero interesado, no presentó alegatos, ni amparo adhesivo.

Posteriormente, el seis de junio de dos mil veintitrés, se ordenó turnar los presentes autos al Magistrado Abel Anaya García, para la formulación del proyecto respectivo, para los efectos del artículo 183 de la Ley de Amparo.

TERCERO. Sesión a través de videoconferencia. En términos de lo dispuesto en los acuerdos generales 16/2009 y 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero que regula las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito y establece los lineamientos para su videograbación y difusión, y el segundo que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; al estar este asunto pendiente de resolución, se listó para sesionarse a través del sistema de videoconferencia; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito es competente para conocer del presente asunto, con base en lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos 34 y 170, 171, 172, 174 y 175 de la Ley de Amparo; así como el 38, fracción I, inciso d), 39 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los acuerdos generales 89/2001 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación de circuitos, al número, a la jurisdicción territorial y especialización de los tribunales, así como a la creación de este tribunal; ya que el acto reclamado se hace consistir en el laudo de dos de febrero de dos mil veintitrés, pronunciado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León con residencia en la jurisdicción territorial de este Circuito.

Deviene necesario precisar que Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, es aplicable en el presente juicio de amparo; se concluye en tal sentido, pues acorde a lo que dispone el Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expidió la citada legislación, así como el numeral 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, aquélla normatividad resulta aplicable a los juicios de amparo directo cuya presentación de la demanda se haya realizado a partir del día ocho de junio de dos mil veintiuno, cuestión que en el caso acontece, tal y como se evidenció en el resultado primero de esta sentencia.

SEGUNDO. Temporalidad y personería. La demanda de amparo promovida por **********, se presentó dentro del plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente.

Lo anterior es así, pues el laudo reclamado se notificó a la quejosa por conducto de su apoderado jurídico, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, lo que también se corrobora con la actuación visible a foja 29 de los autos del juicio laboral y tal notificación surtió efectos el mismo día, conforme al artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo; por lo que el plazo para promover el juicio de amparo inició el quince de febrero siguiente y culminó el siete de marzo de la citada anualidad; habiendo mediado como inhábiles los días dieciocho, diecinueve, veinticinco y veintiséis de febrero; cuatro y cinco de marzo de dos mil veintitrés, por corresponder a sábados y domingos en términos del artículo 715 de la Ley Federal del Trabajo.

De ahí, que si la demanda se presentó el dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, entonces el amparo se promovió dentro del término legal.

La personería de **********, como apoderado jurídico de la actora aquí quejosa, fue reconocida por la autoridad responsable en audiencia de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la que se reconoce en este asunto en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, sin que conste que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo se le haya revocado tal representación.

TERCERO. Existencia del acto reclamado. La existencia del acto reclamado atribuido al Tribunal responsable, se acredita con el informe justificado rendido y con las actuaciones del expediente laboral **********, que se remiten para su justificación, pues revelan que el dos de febrero de dos mil veintitrés, se dictó el laudo que se reclama.

CUARTO. Transcripciones innecesarias. Las consideraciones que sustentan el laudo reclamado se encuentran contenidas en copias certificadas que se anexan a la presente resolución; las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, de ahí que resulte innecesaria su trascripción, puesto que no existe precepto legal alguno en la Ley de Amparo que establezca esa obligación; además, esa omisión no deja en estado de indefensión a la actora aquí quejosa, precisamente porque el fallo obra en autos.

Apoya a lo anterior, la tesis aislada XVII.1o.C.T.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, registro digital 175433, publicada en marzo de 2006, la cual comparte este Tribunal, de rubro y texto:

“SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AL EMITIRLAS NO SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A TRANSCRIBIR LA RESOLUCIÓN RECURRIDA. El hecho de que en las sentencias que emitan los Tribunales Colegiados de Circuito no se transcriba la resolución recurrida, no infringe disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual quedan sujetas sus actuaciones, pues el artículo 77 de dicha legislación, que establece los requisitos que deben contener las sentencias, no lo prevé así, ni existe precepto alguno que establezca esa obligación; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al recurrente, puesto que ese fallo obra en los autos y se toma en cuenta al resolver.”.(1)

QUINTO. Contra la resolución reclamada, la actora aquí quejosa expone como conceptos de violación los que obran en el escrito de demanda glosado al presente expediente, en relación con los cuales tampoco existe obligación legal de efectuar su trascripción.

Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J.58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, publicada en mayo de 2010, cuyo título y contenido son del tenor siguiente:

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”(2)

SEXTO. Previo al análisis de los conceptos de violación, es oportuno realizar la reseña de lo acontecido en el juicio de origen.

El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno la actora **********, demandó de la **********, **********, las siguientes prestaciones:

“a).- Se me reincorpore a mis labores y se me cubra lo correspondiente a salarios caídos desde la fecha de mi ilegal baja hasta que se resuelva en definitiva el presente juicio. En la inteligencia que las percepciones caídas deben de comprender todas aquellas prestaciones que hubiera percibido si me hubiera encontrado en activo.

b).- Pago de cuotas y aportaciones que resulten en favor del ISSSTELEON por todo el tiempo que dure el presente sumario. (foja 1 del juicio laboral)

Como hechos señaló lo siguiente:

“1.- Mi vínculo con el ente educativo ahora demandado data del 15 de febrero de 2005, a últimas fechas me desempeñaba como ********** con una percepción salarial de **********. El horario de labores lo desarrollaba de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas con periodo para ingerir alimentos de las 14:00 a las 15:00 horas.

2.-Soy despedida el 20 de octubre de 2021 aproximadamente a las 14:00 horas, al momento de la ilegal baja se me entrega un oficio que contiene dicha baja firmado por el ********** encargado del despacho de la Rectoría de la **********, en el cual el motivo del cese obedecía única y exclusivamente a por así convenir a los intereses de la Institución. Es decir mi ilegal baja no tiene ninguna justificación ni tampoco atiende a alguna irregularidad o deficiencia en el desempeño de mis labores.

3.- Además de ilegal e injustificado mi cese, el mismo es nulo de pleno derecho dado que si se tiene a la vista la Ley que crea a la ********** en su artículo 17 fracción II y 14 Fracción V, se establece que es un consejo directivo del Instituto a quien le corresponde la facultad de nombrar al Rector, y éste último es el que se encuentra facultado para remover al personal adscrito, pero siempre y cuando previa justificación legal para hacerlo. Entonces tenemos que quien materializó el despido fue un encargado de despacho y no el Rector de la Institución por que el consejo directivo aun no sesiona y no ha designado al Titular de la Rectoría. Esto trae como consecuencia que la determinación tomada para con mi persona no puede surtir efecto legal alguno dada la carencia de facultades legales de quien lo materializó.” (Fojas 1 y 2 ídem).

A juicio compareció el Encargado del Despacho de la Rectoría de la **********, quien contestó la demanda en el sentido de que la actora carecía de acción y derecho para reclamar la reinstalación en su empleo y el pago de cuotas y aportaciones, ya que recibió de plena conformidad su finiquito el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, con motivo de su terminación de la relación laboral.

En cuanto a los hechos señaló que la accionante tenía firmado un contrato individual de trabajo por tiempo determinado con vigencia del uno de enero del dos mil veintiuno al treinta y uno de diciembre de dicho año, que su jornada comprendía de las 09:00 a las 18:30 horas de lunes a viernes con un horario para ingerir alimentos de las 14:00 a las 15:00 horas descansando los sábados y los domingos con goce de sueldo, asimismo, mencionó que resultaba falso lo alegado en función a la ilegal baja, ya que causó baja por las constantes faltas e irregularidades cometidas, consistentes en las llegadas tarde a su centro de trabajo, además, de que se hizo ajuste de personal.

La actora en su demanda laboral ofreció las pruebas siguientes:

1. Instrumental Pública.

2. Presunciones legales y humanas.

3. Instrumental. Consistente en el oficio ********** de veinte de octubre de dos mil veintiuno, signado por ********** en su carácter de ********** de la ********** de la **********. Probanza con la cual pretendió demostrar la ilegal baja de que fue objeto y que la misma fue realizada por persona distinta al rector de la institución quien resultaba el único facultado legalmente para emitir tales decisiones (foja 1 vuelta)

El Encargado del Despacho de la Rectoría de la ********** en su escrito de contestación ofreció los siguientes medios de convicción:

1. Confesional. A cargo de la actora **********.

2. Presunciones legales y humanas.

3. Actuaciones.

4. Documental. Consistente en la carta mediante la cual la actora recibió por medio de transferencia electrónica a su cuenta No. ********** de la Institución ********** la cantidad de ********** por concepto de finiquito al veinte de octubre del dos mil veintiuno. (fojas 7 a 8 ídem).

El dieciocho de marzo de dos mil veintidós la responsable llevó a cabo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, tuvo a la parte actora por ratificado su escrito inicial de demanda, por ofrecidas las pruebas de su intención y por hechas sus manifestaciones, calificando de legales las pruebas aportadas por encontrase ajustadas a derecho; a la parte demandada le tuvo por ratificando su escrito de contestación, por ofrecidas las pruebas que en ella contiene y por hechas sus manifestaciones, así mismo calificó de legales las pruebas ofrecidas; así también señaló fecha para el desahogo de la prueba confesional ofrecida a cargo de la actora con el apercibimiento de ley (foja 18 vuelta).

Luego, el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por desahogada la prueba confesional ofrecida por la parte demandada a cargo de la actora y tuvo por formulados los alegatos de su intención (foja 21 vuelta).

En misma fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Secretario General Adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado, certificó que fueron desahogadas todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes y declaró cerrada la instrucción (foja 22).

El dos de febrero de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable dictó el laudo que ahora se reclama.

SÉPTIMO. ESTUDIO. Conceptos de violación fundados.

La quejosa sostiene que el artículo 99 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, dispone que el Tribunal del Arbitraje apreciará los hechos en conciencia y resolverá los asuntos a verdad sabida y buen fe guardada, tal como supletoriamente lo prevén los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, ya que si bien el numeral 116, fracción VI, Constitucional, establece la libertad configurativa para que los Estados regulen sus relaciones con sus trabajadores, no debe perderse de vista que el artículo 123 apartado B, fracción IX, Constitucional, dispone que en caso de separación injustificada los trabajadores tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente previo el procedimiento legal, de ahí que tal libertad configurativa se encuentra restringida y delimitada; precepto constitucional del cual emana la Ley del Servicio Civil del Estado, misma que no puede restringir o vedar los derechos constitucionales que de ella derivan sino únicamente reglamentarlos.

Además, la peticionaria de amparo sostiene que procede este tipo de reclamaciones porque el artículo 7º de la Ley del Servicio Civil señala que en los casos no previstos en la aludida ley o sus reglamentos se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aplicadas supletoriamente, aunado a que el Tribunal de Arbitraje ha emitido diversos laudos en los que condena la reinstalación y ordena su materialización ello en función a los trabajadores de dependencias estatales y municipales ante la demostración de una ilegal separación del empleo.

De igual manera, la quejosa precisa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 48/2016 desarrolló argumentos en el sentido de que si bien corresponde a las legislaturas de los Estados expedir las leyes que regulen las relaciones de trabajo entre las entidades del Gobierno Federal y Municipal y sus trabajadores, ello es con base en lo dispuesto por el artículo 123 Constitucional y sus leyes reglamentarias, esto es, deben instituir, sentar las bases y preservar las instituciones, principios y garantías previstas en la indicada disposición constitucional, en ese sentido si el precepto constitucional o sus disposiciones reglamentarias regulan determinada figura jurídica de la que deriven derechos a favor de los trabajadores al servicio del Estado, es claro que las leyes locales deben consagrar hipótesis normativas semejantes y las legislaturas locales no deben restringir, vedar o condicionar el ejercicio de tales derechos, pues de hacerlo se contrariaría lo dispuesto por los artículos 116 y 123 constitucionales.

Igualmente, la peticionaria de amparo aduce que el tribunal responsable desatendió la jurisprudencia que citó en el laudo con número de registro digital 2025549, en la que el Pleno en Materia de Trabajo de este Circuito, reconoció que en materia laboral burocrática sí existen a favor de los trabajadores el derecho a ser reinstalado en su empleo a consecuencia de un despido injustificado, tan es así que dicho criterio dejó establecido el término prescriptivo para intentar la acción de reinstalación.

Los anteriores argumentos son fundados.

MARCO NORMATIVO.

Derecho a la estabilidad en el empleo.

Es menester indicar que contrario a lo determinado por el Tribunal de Arbitraje responsable, el derecho a la estabilidad en el empleo sí está previsto como derecho fundamental, en nuestra Constitución, así como en diversos tratados internacionales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º de la Carta Magna,(3) como se analizará.

El artículo 123, apartado B, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 6 y 7 del Protocolo de San Salvador de la Convención Americana de Derechos Humanos 23 de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos; y XIV de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, establecen el Derecho Fundamental a la estabilidad en el empleo, cuyo contenido ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Lagos del Campo contra Perú” mediante sentencia emitida el 31 de agosto de 2017; y la observación General 18, contiene a lo siguiente: Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Lagos del Campo contra Perú” el 31 de agosto de 2017.

Respecto a los derechos laborales específicos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, la Corte observa que los términos del mismo indican que son aquellos derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA.

• La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos, y los económicos, sociales y culturales, puesto que deben ser entendidos integralmente y de forma conglobada como derechos humanos, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello.

• Respecto a los derechos laborales específicos protegidos por el artículo 26 de la Convención Americana, la Corte observa que los términos del mismo indican que son aquellos derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA.

• Ahora bien, los artículos 45.b y c, 46 y 34.g de la Carta establecen que "[e]l trabajo es un derecho y un deber social" y que ese debe prestarse con "salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo aceptables para todos". Asimismo, señalan que el derecho de los trabajadores y trabajadoras a "asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intereses". Además, indican que los Estados deben "armonizar la legislación social" para la protección de tales derechos. Desde su Opinión Consultiva OC-10/89, la Corte señaló que: [...] Los Estados Miembros han entendido que la Declaración contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por los órganos de la OEA.

• En este sentido, el artículo XIV de la Declaración Americana dispone que "[t]oda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación [...]". Tal disposición resulta relevante para definir el alcance del artículo 26, dado que "la Declaración Americana, constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la Organización, una fuente de obligaciones internacionales". Asimismo, el artículo 29.d de la Convención Americana dispone expresamente que "[n]inguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: [...] d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza".

• Además de la derivación del derecho al trabajo a partir de una interpretación del artículo 26 en relación con la Carta de la OEA, junto con la Declaración Americana, el derecho al trabajo está reconocido explícitamente en diversas leyes internas de los Estados de la región, así como un vasto corpus iuris internacional; inter alia: el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, los artículos 7 y 8 de la Carta Social de las Américas, los artículos 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 11 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el artículo 32.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, así como el artículo 1 de la Carta Social Europea y el artículo 15 de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos.

• Por tanto, al analizar el contenido y alcance del artículo 26 de la Convención, a la luz de las reglas generales de interpretación establecidas en el artículo 29 b, c, y d de la misma, la aludida protección a la estabilidad laboral aplicable al caso concreto.

• En este sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 18 sobre el derecho al trabajo, expresó que este mismo "implica el derecho a no ser privado injustamente del empleo". Asimismo, ha señalado que el "incumplimiento de la obligación de proteger se produce cuando los Estados Partes se abstienen de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger a las personas sometidas a su jurisdicción contra las vulneraciones del derecho al trabajo imputables a terceros", lo cual incluye "el hecho de no proteger a los trabajadores frente al despido improcedente".

• A manera ilustrativa, el Convenio 158 de la Organización International del Trabajo (en adelante OIT), sobre la terminación de la relación de trabajo (1982), dispone que el derecho al trabajo incluye la legalidad del despido en su artículo 4 e impone, en particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido, así como el derecho a recursos jurídicos efectivos en caso de despido improcedente. En similar sentido se encuentra lo dispuesto en la Recomendación No. 143 de la OIT sobre representantes de los trabajadores que requiere de adoptar medidas apropiadas y recursos accesibles para la tutela de los representantes de los trabajadores [...].

• Como correlato de lo anterior, se deprende que las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos [...].

• Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho. [...]

• Finalmente, cabe señalar que la Corte ha establecido previamente su competencia para conocer y resolver controversias relativas al artículo 26 de la Convención Americana, como parte integrante de los derechos enumerados en la misma, respecto de los cuales el artículo 1.1 confiere obligaciones generales de respeto y garantía a los Estados [...]. Asimismo, la Corte ha dispuesto importantes desarrollos jurisprudenciales en la materia, a la luz de diversos artículos convencionales. En atención a estos precedentes, con esta Sentencia se desarrolla y concreta una condena específica por la violación del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispuesto en el Capítulo III, titulado Derechos Económicos, Sociales y Culturales de este tratado

De la observación general Nº 18: El derecho al trabajo, se advierte lo siguiente:

1. El derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en diversos Instrumentos de derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a través de su artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento.

El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. El derecho al trabajo sirve, al mismo tiempo, a la supervivencia del individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su reconocimiento en el seno de la comunidad.

2. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales proclama el derecho al trabajo en un sentido general en su artículo 6 y desarrolla explícitamente la dimensión individual del derecho al trabajo mediante el reconocimiento, en el artículo 7, del derecho de toda persona a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, en especial la seguridad de las condiciones de trabajo. La dimensión colectiva del derecho al trabajo se aborda en el artículo 8, que estipula el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al sindicato de su elección, así como el derecho de los sindicatos a funcionar libremente. Cuando se redactó el artículo 6 del Pacto, la Comisión de Derechos Humanos afirmó la necesidad de reconocer el derecho al trabajo en sentido lato estipulando obligaciones jurídicas precisas y no un simple principio de alcance filosófico. El artículo 6 define el derecho al trabajo de manera general y no exhaustiva. En el párrafo 1 del artículo 6, los Estados Partes reconocen "el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho".

4. El derecho al trabajo, amparado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, afirma la obligación de los Estados Partes de garantizar a las personas su derecho al trabajo libremente elegido o a

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33644-b7584cec/reinstalacion-de-las-personas-trabajadoras-al-servicio-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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