PERSONAS TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. AUN CUANDO LA LEY DEL SERVICIO CIVIL NO PREVEA EXPRESAMENTE SU REINSTALACIÓN, PROCEDE CONFORME AL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y AL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
AMPARO DIRECTO 1558/2023. 5 DE JUNIO DE 2025. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: IVÁN MILLÁN ESCALERA. SECRETARIO: JUAN LUIS FUERTE GUERRERO.
Monterrey, Nuevo León, ejecutoria del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, correspondiente a la sesión de cinco de junio de dos mil veinticinco.
V I S T O, para resolver, el juicio de amparo directo laboral 1558/2023; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León, ********** a través de su apoderado **********, promovió juicio de amparo directo contra el laudo de veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el juicio laboral ********** y sus acumulados ********** y ********** instaurados por la aquí quejosa contra la Secretaría de Educación y la Unidad de Integración Educativa del Estado.
SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El tribunal responsable remitió la demanda de amparo original, una copia de la misma, la constancia del emplazamiento y el expediente ********** y sus acumulados ********** y **********, lo cual fue recibido el ocho de diciembre de dos mil veintitrés, vía buzón judicial, y el doce siguiente en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito.
Por razón de turno, el presente asunto fue remitido a este Tribunal Federal, el cual se recepcionó el dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés; por auto de presidencia de diecinueve siguiente, admitió la demanda y ordenó emplazar al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; además, notificar a las partes para los efectos referidos en los artículos 181 y 182 de la Ley de Amparo.
El nueve de febrero de dos mil veinticuatro se certificó que transcurrió el término de quince días para formular alegatos o promover juicio de amparo adhesivo, sin haber acudido a hacer valer tales derechos y se turnó el presente asunto a la Magistrada María Isabel González Rodríguez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
Por acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinticuatro, se returnó el presente expediente al Magistrado Iván Millán Escalera; esto, en atención al oficio SEADS/3057/2024 de siete de agosto del referido año, signado electrónicamente por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual informa que en sesión de esa misma fecha se acordó su readscripción para integrar este órgano colegiado a partir del uno de septiembre de dos mil veinticuatro.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, es competente para conocer y resolver sobre el presente amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II y 34 de la Ley de Amparo; 35, fracción I, inciso d), y 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 7/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de éste órgano colegiado, así como su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, reglas de turno, sistema de recepciónn y distribución de asuntos entre los tribunales colegiados en el Circuito indicado, y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los juzgados de Distrito; esto, en virtud de tratarse de una sentencia que puso fin al juicio laboral, dictada por un tribunal de trabajo de esta adscripción territorial.
SEGUNDO. Personalidad. El juicio de amparo directo proviene de parte legítima, en términos de los artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que fue presentado por **********, como apoderado de la parte actora en el juicio laboral **********, personalidad reconocida por el responsable desde la presentación de la demanda.
TERCERO. Existencia del acto de autoridad. La existencia del acto reclamado quedó plenamente acreditada con el informe justificado rendido por el Tribunal Laboral Federal responsable, a través de su titular, así como con las constancias remitidas, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 178, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor.
CUARTO. Temporalidad. La demanda de amparo fue promovida dentro del término de quince días aludido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, como se advierte del cuadro que se inserta a continuación.
Ver cuadro
QUINTO. Antecedentes. De las constancias del juicio laboral, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 312, fracción VIII, 343 y 344 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierten los siguientes antecedentes:
El veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, ********** demandó de la Secretaría de Educación y la Unidad de Integración Educativa del Estado, el pago de dos meses de salario y el otorgamiento de la seguridad social con efectos retroactivos a la fecha de ingreso (fojas 1).
De dicha demanda correspondió conocer al Tribunal de Arbitraje del Estado de Nuevo León, quien mediante acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve la registró bajo el número **********, y ordenó el emplazamiento a las demandadas (foja 2).
La Secretaría de Educación Pública del Estado acudió a contestar expresando que la actora jamás ha sido trabajadora de la institución educativa, pues derivado de la base de datos general del personal, tenía "contrato por complementar estructura por tiempo determinado", en el puesto de **********, con la codemandada (fojas 9 a 11).
Por su parte, la Unidad de Integración Educativa señaló que sí laboró en las condiciones mencionadas anteriormente; además, que en el juicio laboral anterior se llegó a una conciliación en la que se le ofreció a la accionante un contrato en otro centro de trabajo, que se encuentra realizando los trámites administrativos para el pago consistente en dos meses de salario y expresando que era improcedente el concepto de otorgamiento de seguridad social pues debido a la naturaleza de la relación laboral, carecía de acción y de derecho para exigir dicho beneficio (fojas 12 a 16).
Mediante acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el tribunal responsable señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de pruebas, alegatos y resolución; el doce de enero de dos mil veintiuno, se acordó la imposibilidad de celebración de audiencias debido a la emergencia de salud pública derivada de la pandemia que cursaba en el país, motivo por el cual, se ordenó la continuación del proceso, señalándose nueva fecha para la celebración de la audiencia de ley.
El dieciséis de agosto de dos mil veintiuno se celebró la mencionada audiencia donde las partes ofrecieron los medios de convicción de su intención, y la autoridad laboral tuvo a la actora ratificando el escrito de demanda y a las demandadas por contestando en tiempo, reservándose a dictar el proveído correspondiente.
Una vez agotada la etapa señalada y teniendo a la vista los expedientes número **********, ********** y **********, derivados de las reclamaciones laborales promovidas por la actora, se acumularon y al no ameritar desahogo alguno, cerró la instrucción y ordenó en su oportunidad, emitir el laudo correspondiente.
El veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés emitió el laudo, declarando que la accionante probó parcialmente sus acciones, la Unidad de Integración Educativa justificó parcialmente sus excepciones y absolviendo de todos los conceptos reclamados a la Secretaría de Educación Pública del Estado, condenando a la primera codemandada al pago de $********** (********** pesos **********/100 moneda nacional) por concepto de dos meses de salario.
La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.
SEXTO. Contenido del acto reclamado. El tribunal del conocimiento dictó la sentencia al tenor de las siguientes consideraciones y puntos resolutivos:
“... SEGUNDO: En principio, es de advertirse que en los expedientes números ********** y **********, acumulados al diverso ********** se reclama el pago de dos meses de salario, otorgamiento de seguridad social con efectos retroactivos ante el ISSSTE, salarios retenidos, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, reinstalación y pago de salarios caídos; por lo que por cuestiones metodológicas el análisis de dichos conceptos se analizarán en diverso orden al que fueron demandados.-
Ahora bien, es de verse que la actora ********** reclama en el expediente ********** el otorgamiento con efectos retroactivos a su ingreso en plaza base de **********, aduciendo en el libelo reclamatorio un nombramiento definitivo en virtud de haber laborado más de seis meses; así mismo, en el diverso expediente ********** reclama la reinstalación en su empleo, aduciendo que en fecha 24 veinticuatro de septiembre del 2021 dos mil veintiuno fue despedida injustificadamente de su empleo, reclamando a su vez lo subsecuente a los salarios caídos. En primer lugar, adviértase que este Tribunal de Arbitraje del Estado se aparta del criterio que se había tomado para resolver dicha reclamación, dado que el concepto de reinstalación no aparece como derecho sustantivo en la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, por lo que no se está frente a un caso de omisión o laguna, ya que no fue voluntad del legislador estatal regular expresamente, ni siquiera en forma deficiente la reinstalación; por tanto, no resultaría aplicable lo establecido en el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien es cierto que de conformidad con el artículo 7° de la Ley del Servicio Civil los casos no previstos en dicha ley se resolverán con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aplicadas supletoriamente, no es dable por ese solo hecho de suplir derechos sustantivos que no están contemplados en la ley de la materia, ya que de estimar lo contrario, se estarían creando derechos sustantivos que el legislador estatal no contempló en la Ley del Servicio Civil a los trabajadores burócratas del Estado de Nuevo León. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 34/2013 (10a.), con número de registro digital: 2003161, la cual a la letra dice:-
"SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE" (se transcribe).-
Esto es así, porque de lo contrario implicaría la creación o integración de una norma acerca de una situación no comprendida en la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-
Por otra parte, si bien, el artículo 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:-
(Se transcribe).-
No pasa inadvertido tampoco que el diverso artículo 116 fracción VI de nuestra Carta Magna establece que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus correspondientes trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, ello con base en el artículo 123 constitucional; por tanto, se otorgó potestad al legislador local a fin de emitir la legislación correspondiente tendiente a regular las relaciones entre el Estado y sus trabajadores burócratas, considerando este Tribunal de Arbitraje del Estado que en caso de que existiera un despido injustificado, la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado, otorga únicamente el derecho sustantivo a exigir la indemnización correspondiente, a fin de que no se dejaren en desamparo los derechos laborales de los trabajadores de base, existiendo como medida protectora tendiente a proteger la estabilidad laboral del burócrata basificado, más no así la opción de volver al empleo, pues se insiste, es una situación no prevista en la legislación aplicable a los trabajadores de Nuevo León y sus municipios.-
Y si bien el día 25 veinticinco de Noviembre del 2022 dos mil veintidós fue emitida la tesis PC.IV.J/1L, con número de registro digital: 2025549, misma que textualmente dice:-
"PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE REINSTALACIÓN POR DESPIDO INJUSTIFICADO DEL PERSONAL AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN O DE SUS MUNICIPIOS, ES APLICABLE EL TÉRMINO DE UN AÑO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN" (se transcribe).-
Luego, como es de verse en lo destacado de la jurisprudencia con número de registro digital 2025549 invocada y ya precisada, la justificación se centra en el análisis de los preceptos jurídicos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León, que regulan lo concerniente a la prescripción de las acciones exigidas a través del juicio burocrático, destacándose que tales preceptos no hacen referencia expresa a la acción de reinstalación. Y ello, se reitera, porque la legislación laboral burocrática estatal, no contempla a la referida reinstalación como acción.-
Se considera además que, del precedente con registro digital 31073 relativo a la Contradicción de Tesis 3/2022, registrada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo III, página 2876, Instancia: Plenos de Circuito; se atendió y se resolvió en cuanto a la existencia de una contradicción de tesis que difirieron a razón del término prescriptivo dispuesto en la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.-
La generalidad del supuesto en cuanto a la prescripción de acciones previstas por el artículo 76, se particulariza en la voluntad manifiesta del legislador local, al precisar “las acciones derivadas de la ley o del nombramiento expedido y de los acuerdos que fijen las condiciones generales de trabajo”, ello debe ser acatado, en cuanto a las establecidas en la ley; de donde, las que llegaren a ser inferidas o equiparadas incluso implicadas, deben ser desestimadas por alcanzarse de forma subjetiva.-
Criterio jurisprudencial que no aborda la trascendencia de la inexistencia de la reinstalación como un derecho sustantivo a favor del trabajador burocrático en Nuevo León. Debiendo entonces, prevalecer la voluntad manifiesta del legislador local para evitar que ningún trabajador de base sea despedido sino por justa causa, estableciendo concreta y de forma específica la figura de la indemnización, para que con dicho derecho sustantivo se evitara que un burócrata de base en Nuevo León fuere despedido sin justa causa, contempladas como tales, las previstas por el artículo 39 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León.-
En razón de ello, y como a su vez ya se dijo con antelación, el artículo 116 fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las relaciones de trabajo entre los Estados y sus correspondientes trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados, ello con base en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias; ante ello, el legislador local ejerció su facultad constitucional, y estableció la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado; por consiguiente, si éste ordenamiento legal es contrario a nuestra Carta Magna, no es facultad de este Tribunal de Arbitraje del Estado dirimir cuestiones de constitucionalidad, sino en el presente caso, resolver los conflictos que se susciten entre una unidad burocrática del Estado y sus trabajadores, aplicando la ley que rige la materia laboral burocrática en Nuevo León.-
Por consiguiente, este Tribunal de Arbitraje del Estado estima procedente absolver y se absuelve a la demandada Unidad de Integración Educativa de Nuevo León de los conceptos de reinstalación y salarios caídos reclamados por la actora ********** en su ocurso de demanda; y por consiguiente, se absuelve al otorgamiento retroactivo a ingreso con plaza base de **********, dado que el vínculo jurídico laboral ha concluido.-
Bajo la circunstancia descrita con antelación, el otorgamiento de la seguridad social con efectos retroactivos al ISSSTE deviene improcedente, toda vez que al concluir la relación jurídico laboral que unía a las partes en contienda, no es posible que se proceda al otorgamiento de la seguridad social para dicha accionante, toda vez que conforme al principio general de derecho que establece: “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, al no estar vigente la relación de trabajo, no está obligada la patronal a cumplir con la obligación de otorgar seguridad social que impone el artículo 36 fracción X de la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado.-
En lo que concierne a los conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, este H. Tribunal de Arbitraje estima correcta la absolución al demandado de dichas reclamaciones, dado que la actora ********** en sus demandas no establece exactamente de dónde nace el derecho para reclamar el concepto de aguinaldo y prima vacacional, puesto que de las reclamaciones que se pronuncian en el presente considerando, únicamente figura el concepto de vacaciones en el artículo 26 de la Ley del Servicio Civil, más no así el aguinaldo y prima vacacional como derechos sustantivos que sean reconocidos en la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado; por lo que este Tribunal de Arbitraje del Estado considera que no se está frente a un caso de omisión o laguna, ya que no fue voluntad del legislador estatal regular expresamente, ni siquiera en forma deficiente un pago por prima vacacional y aguinaldo, no resultando aplicable las disposiciones contenidas en los artículos 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo, pues si bien es cierto que de conformidad con el artículo 7° de la Ley del Servicio Civil los casos no previstos en dicha ley se resolverán las disposiciones con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo aplicadas supletoriamente, no es dable por ese solo hecho de suplir derechos sustantivos que no están contemplados en la ley de la materia, ya que de estimar lo contrario, se estarían creando derechos sustantivos que el legislador estatal no contempló en la Ley del Servicio Civil a los trabajadores burócratas del Estado de Nuevo León. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 34/2013 (10a.), con número de registro digital: 2003161, la cual ya quedó transcrita en párrafos que anteceden y a la cual nos remitimos en obvio de repetición.-
Esto es así, porque de lo contrario implicaría la creación o integración de una norma acerca de una situación no comprendida en la Ley del Servicio Civil vigente en el Estado de Nuevo León.-
Por lo que se llega a considerar que dichas reclamaciones son de carácter extralegal, por lo que este Tribunal de Arbitraje del Estado estima que corresponde a la parte actora justificar en autos la existencia de acreditar en autos que como prestación extralegal percibía a cargo de la patronal lo relativo a la prima vacacional y aguinaldo así como los términos y montos en que fue pactado su pago, encontrando su apoyo a lo anterior, la tesis I.10o.T. J/4, con número de registro digital: 185524; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Noviembre de 2002, página 1058, así como la diversa tesis I.6o.T. J/74, con número de registro digital: 176193; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2292, las cuales respectivamente señalan lo siguiente:-
"PRESTACIONES EXTRALEGALES, CARGA DE LA PRUEBA".-
"PRESTACIONES DERIVADAS DE UN CONTRATO COLECTIVO, CORRESPONDE AL RECLAMANTE ACREDITAR EL DERECHO A PERCIBIRLAS Y EL SALARIO CONFORME AL CUAL DEBEN PAGARSE (se transcribe).-
De los elementos de prueba aportados por la parte actora se desprende que NO cumple con la carga probatoria impuesta. En efecto, las pruebas confesionales ofrecidas como de su intención a cargo del Profesor ********** y ********** no le benefician, al negar dichos absolventes todas y cada una de las posiciones que les fueron articuladas, como se desprende en las diligencias de fechas 03 tres de Junio del 2022 dos mil veintidós. Las pruebas de actuaciones y de presunciones en su doble aspecto no le aportan beneficio, dado que del presente expediente no se desprende dato alguno que dé por acreditado que percibiera prima vacacional y aguinaldo por parte del empleador.- Por otra parte, si bien lo relativo a las vacaciones que se encuentra regulado en el artículo 26 de la Ley del Servicio Civil, mismo que establece:-
"Art. 26o" (se cita).-
Cabe establecer que las mismas se disfrutan por el trabajador y en caso de que no se pudiera hacer uso de las mismas, se disfrutarán durante los diez días siguientes a la fecha en que haya desaparecido la causa; sin embargo, como ya se dijo en el presente considerando en párrafos que anteceden, fue absuelta la parte demandada del concepto de reinstalación por lo que la relación jurídico laboral entre las partes en contienda ha concluido, en ese contexto, al no haber una relación de trabajo vigente su reclamo deviene improcedente.-
Por las anteriores consideraciones, este Tribunal de Arbitraje del Estado estima procedente absolver y se absuelve a la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León de los conceptos de vacaciones, prima vacacional y aguinaldos reclamados por la actora ********** en su escrito de demanda.-
Respecto al pago de dos meses de salario, es de verse que la actora ha establecido lo siguiente:-
(Se transcribe).-
Y al respecto, la parte demandada Unidad de Integración Educativa de Nuevo León estableció lo siguiente:-
(Se transcribe).-
En base a lo expuesto por las partes, es de verse que se reconoce por parte de la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León la obligación de pagar dos meses de salario a la actora **********, tan es así que ha precisado estar realizando gestiones administrativas para el cumplimiento de ello; sin embargo, del presente expediente no se desprende dato alguno que acredite el cumplimiento total de su obligación, dado el transcurso del tiempo en que se obligó a pagar esos meses de salario. En ese sentido, toda vez que no se expresa controversia en cuanto a la percepción salarial que refiere la actora en su demanda, dicha reclamación versará sobre un salario de $********** pesos quincenales.-
En razón de ello, realizándose una operación aritmética, este Tribunal de Arbitraje del Estado estima correcto condenar y se condena a la demandada Unidad de Integración Educativa de Nuevo León de pagar a la actora ********** la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 M.N.) por los dos meses de salario.-
Ahora bien, este Tribunal de Arbitraje del Estado estima procedente absolver a la Secretaría de Educación en el Estado de los conceptos que reclama la actora en el expediente laboral **********, relativo al pago de dos meses de salario y el otorgamiento de seguridad social con efectos retroactivos, toda vez que la relación laboral y la responsabilidad de ella asumió la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León, al dejar de manifiesto que entre las partes se entabló una relación de carácter laboral, máxime que se le impuso pagar los dos meses de salario; por lo que, este Tribunal de Arbitraje del Estado estima procedente absolver a la Secretaría de Educación en el Estado de todos esos conceptos reclamados por la actora en su escrito de demanda. Lo anterior se encuentra su apoyo en la tesis XXI.1o.41 L, con número de registro digital 201355; 9º Época; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Septiembre de 1996, página 614; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, la cual a la letra dice:-
"CODEMANDADOS EN JUICIO LABORAL. SI SOLO UNO DE ELLOS RECONOCE LA RELACIÓN LABORAL, LA ABSOLUCIÓN DEL QUE LA NEGÓ ES CORRECTA."
(se transcribe).-
POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE:-
PRIMERO: La actora ********** probó parcialmente sus acciones intentadas en el presente juicio.-
SEGUNDO: La demandada Unidad de Integración Educativa de Nuevo León justificó parcialmente sus excepciones opuestas.-
TERCERO: Se absuelve a la Secretaría de Educación en el Estado de todos y cada uno de los conceptos reclamados por la actora **********.-
CUARTO: Se absuelve a la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León de los conceptos de reinstalación, salarios caídos, al otorgamiento retroactivo a ingreso con plaza base de intendente, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo así como inscripción retroactiva al ISSSTE reclamados por la actora ********** en sus escritos de demanda.-
QUINTO: Se condena a la Unidad de Integración Educativa de Nuevo León de pagar a la actora ********** la cantidad de $********** (********** pesos **********/100 M.N.) por los dos meses de salario.-
SEXTO: Notifíquese ...” (Fojas 121 a 124 del juicio laboral).
SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los siguientes argumentos:
“... El artículo 99 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Nuevo León previene que el Tribunal de Arbitraje apreciara en conciencia las pruebas que se le presenten sin sujetarse a reglas fijas para su estimación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo las consideraciones que funden su decisión.-
Supletoriamente, el laudo que aquí se combate, no fue dictado en los términos que contemplan los artículos 840, 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, es decir, sin realizar razonamientos de legalidad o equidad; a verdad sabida, buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia; con claridad y congruencia. En efecto:-
1.- Estimo desafortunado y discorde el razonamiento que el Tribunal de Arbitraje despliega en el Considerando SEGUNDO de la resolución combatida, sobre que, los servidores públicos que laboran al servicio de esta entidad federativa cuando son dados de baja ilegalmente no pueden acudir en demanda a fin de ser reinstalados en su empleo, ya que, si bien, la Ley del Servicio Civil expresamente no establece la figura de la reinstalación y el artículo 116 fracción VI constitucional señala que existe una libertad configurativa para las entidades federativas a fin de que se regulen las relaciones laborales entre dichas entidades y sus trabajadores, no debe de perderse de vista que, dicha porción normativa EXPRESAMENTE SEÑALA: (se cita) y el artículo 123 apartado B fracción IX segundo párrafo de la propia Constitución señala: (se cita).-
Esto quiere decir que aunque existe la libertad configurativa para que los Estados regulen sus relaciones con sus trabajadores, no debe perderse de vista que dicha libertad se encuentra restringida y delimitada a cumplir y no contravenir lo establecido en el artículo 123 de la Carta Magna y que es la que consagra los derechos humanos de los trabajadores en sus relaciones; por tanto si bien la Ley del Servicio Civil de esta Entidad, no consagra expresamente la figura de la reinstalación (ni tampoco precisa en qué consiste una indemnización por despido), el derecho fundamental para reclamar jurisdiccionalmente ante la responsable el concepto de reinstalación, se ubica en el artículo 123 apartado B fracción IX segundo párrafo de la Constitución Federal, de donde emana la Ley del Servicio Civil de este Estado, misma que no puede restringir o vedar los derechos constitucionales que de ella emanan, ya que solo puede reglamentarlos. Una situación contraria violentaría el principio de estabilidad en el empleo que constitucionalmente se consagra en favor de los servidores públicos.-
Pero a mayor abundamiento, también procede este tipo de reclamación porque el artículo 7 de la Ley del Servicio Civil señala: (se cita) y el Tribunal de Arbitraje responsable ha emitido cientos de laudos (99% de ellos en cumplimiento de ejecutorias de amparo) en los que ha condenado a reinstalar, y ha materializado dichas condenas, a los trabajadores de dependencias estatales y municipales ante la demostración de una ilegal separación de sus empleos, es decir que en este estado en materia burocrática existe la costumbre y el uso sobre la reinstalación por despido injustificado.-
Lo anterior también se sustenta con los argumentos que al respecto desarrollaron los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 48/2016 que en lo que interesa señalaron:-
También la responsable está dejando en evidencia y mala fe y el ánimo reiterativo de laudo tras laudo a absolver a las dependencias y organismos de la administración pública del Estado al desentenderse de la jurisprudencia que la propia responsable cita en el laudo con registro digital 2025549, donde el Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito está reconociendo que en la materia laboral burocrática sí existen en favor de los trabajadores el derecho a ser debidamente reinstalados en su empleo consecuencia de un despido injustificado tan es así que en dicho criterio jurisprudencial dejaron establecido el término prescriptivo para intentar la acción de reinstalación. Lo anterior echa abajo totalmente los argumentos que fuera de lugar establece el Tribunal de Arbitraje para convencerse de que en materia burocrática estatal los trabajadores despedidos no tienen derecho a ser reinstalados; por tanto y ante el desentendimiento de la jurisprudencia mencionada y que es obligatoria su aplicación para dicho Tribunal, solicitamos de ustedes Magistrados que además de la resolución del presente amparo analicen si la responsable está incurriendo en responsabilidad en base a su actuar.-
Por tanto y de lo expuesto se considera que los términos en que se pronunció el Tribunal de Arbitraje torna en ilegal la resolución que ahora vengo a combatir.-
Con lo anterior, resultaron vulnerados los derechos humanos de la quejosa señalados al inicio. Solicito se supla la deficiencia de la queja en caso de advertirse ..." (Fojas 4 reverso a 5 del cuaderno de amparo).
OCTAVO. Estudio. Los argumentos expuestos en e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33642-8c38cccf/personas-trabajadoras-al-servicio-del-estado-de-nuevo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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