TIEMPO EXTRAORDINARIO. DEBE TENERSE POR ACREDITADO EL QUE EXCEDA DE 9 HORAS A LA SEMANA, ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA SIN PRUEBA EN CONTRARIO Y NO SE ESTÉ EN UN SUPUESTO DE INVEROSIMILITUD (LEY FEDERAL DEL TRABAJO EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE MAYO DE 2019).
AMPARO DIRECTO 862/2022. 15 DE AGOSTO DE 2023. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CECILIA PEÑA COVARRUBIAS. SECRETARIO: CUAUHTÉMOC MONTEJO ROSAS.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente al día quince de agosto de dos mil veintitrés.
VISTO para resolver el juicio de amparo directo 862/2022.
RESULTANDO
PRIMERO. Mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós **********, por conducto de apoderada, promovió demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisan:
"III.- Autoridad responsable.—Tiene ese carácter la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco.—IV.- Acto reclamado.—De la autoridad señalada como responsable lo constituye el proyecto de resolución en forma de laudo de fecha 03 de octubre del año 2022, y elevado a la categoría de laudo definitivo por los integrantes de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante la respectiva audiencia de discusión y votación, lo anterior dentro del juicio laboral ordinario número 2154/2016-C."
SEGUNDO. Por auto de presidencia de quince de diciembre de dos mil veintidós, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito admitió la demanda de amparo, la cual registró bajo el expediente 862/2022; se tuvo como tercera interesada a **********, de quien, al advertirse carecer de constancia del llamamiento al juicio de amparo, dado que al constituirse en el domicilio señalado para tal fin, se le informó que la misma se dejó de habitar desde cuando menos seis meses, por lo que se ordenó a la Junta responsable acreditar que proveyó lo correspondiente respecto de dicha imposibilidad; asimismo, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien formuló pedimento en el que solicitó se negara el amparo.
Cumplido el requerimiento, por acuerdo de veinte de abril de dos mil veintitrés, al advertirse que el llamamiento a juicio de la parte tercera interesada fue incorrecto, se requirió a la autoridad responsable para que lo llevara a cabo en debida forma y remitiera el acta respectiva.
Cumplido el nuevo requerimiento, al informar la autoridad responsable carecer de domicilio diverso para hacer el llamamiento a juicio al tercero, mediante acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que señalara el domicilio actual de la parte tercera interesada.
Con el fin de dar cumplimiento a lo requerido, la parte quejosa presentó escrito bajo protesta de decir verdad en el que informó desconocer un domicilio diverso a aquel en el que se ordenó emplazar a la parte tercera interesada, que es donde laboró el actor en el juicio laboral; asimismo, hizo del conocimiento carecer de recursos para solventar el pago de edictos para llamar a juicio a dicha parte.
En atención a lo informado por el quejoso, por acuerdo de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo, en base a la certificación levantada por el Secretario de Acuerdos del Tribunal, el conocimiento de probable domicilio de la tercera interesada, mediante la consulta electrónica al buscador denominado "Google", por lo que se requirió al Presidente de la autoridad para que fuera notificada en dicho domicilio la citada parte.
Cumplido el requerimiento, en acuerdo de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por llamado al juicio de amparo a la parte tercera interesada **********, a quien se ordenó hacer del conocimiento que contaba con un plazo de quince días para que presentara sus alegatos o promoviera amparo adhesivo en términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, sin hacerlo;
TERCERO. Mediante comunicado SEADS/1272/2023, la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó designar a Yuridia Arias Álvarez, para que funja como secretaria en funciones de Magistrada, adscrita a este Tribunal Colegiado, en sustitución del Magistrado Julio Eduardo Díaz Sánchez, con efectos a partir del quince de junio del año que transcurre y durante el tiempo que el Magistrado se encuentre de comisión.
Consecuentemente, en proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con la nueva integración de este órgano judicial.
En el mismo acuerdo se ordenó turnar el presente asunto a la Ponencia a cargo de la Magistrada Cecilia Peña Covarrubias, para formular proyecto de sentencia.
CONSIDERANDO
PRIMERO. Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones V, inciso d) y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, fracción I, inciso d) y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción II y 34 de la Ley de Amparo, al promoverse contra un laudo dictado dentro de un juicio laboral, por la autoridad responsable que reside en el Circuito en donde ejerce jurisdicción este tribunal.
SEGUNDO. La existencia del acto reclamado quedó acreditada con el expediente laboral 2154/2016/13/C, de donde emana el laudo aprobado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós.
TERCERO. La demanda de amparo es promovida por parte legítima, en tanto que la suscribe **********, quien tiene reconocido el carácter de apoderada del actor ********** en el juicio laboral, según consta en tres de julio de dos mil dieciocho (foja 53).
CUARTO. El amparo se considera promovido en forma oportuna, en tanto que, si bien en el juicio laboral consta que la parte actora fue notificada el dos de diciembre de dos mil veintidós, debe prevalecer como fecha del conocimiento la informada en la demanda de amparo, en la que el quejoso reconoce que ello ocurrió el catorce de noviembre de dos mil veintidós, de tal forma que conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el conocimiento del acto reclamado se entiende en esa fecha y la demanda de amparo se presentó el diecisiete inmediato siguiente, esto es, dentro del término legal para tal efecto, pues fue al tercer día de su cómputo, teniendo en cuenta que en dicho plazo no transcurrieron días inhábiles.
Para arribar a la conclusión de que la fecha señalada en la demanda de amparo es la que debe tomarse en cuenta para el cómputo del plazo, no pasa inadvertido que en el juicio laboral consta que el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, se remitió oficio al Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, al que se acompañó copia certificada del laudo reclamado y la audiencia de discusión y votación, con la finalidad de hacer del conocimiento el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 783/2022.
Sin embargo, al consultar el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, en lo relativo al referido juicio de amparo, que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se pudo constatar la inexistencia de constancia de notificación que pudiera llevar a concluir que el conocimiento del acto reclamado ocurrió fuera del plazo previsto por el artículo 17 de la Ley de Amparo.
QUINTO. Las consideraciones que sustentan el laudo reclamado se encuentran contenidas en las constancias que envió la autoridad responsable para integrar el presente expediente, motivo por el cual resulta innecesaria su transcripción, además de que el artículo 74 de la Ley de Amparo no establece esa obligación, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, precisamente porque el acto reclamado obra en autos.
Al respecto, se invoca la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, criterio que se comparte, publicado en la página cuatrocientos seis del Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y dos, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes:
"ACTO RECLAMADO. NO ES NECESARIO TRANSCRIBIR SU CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, sólo se infiere la exigencia relativa a que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo contengan la fijación clara y precisa de los actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tener o no por demostrada su existencia legal, pero no la tocante a transcribir su contenido traducido en los fundamentos y motivos que los sustentan, sin que exista precepto alguno en la legislación invocada, que obligue al juzgador federal a llevar a cabo tal transcripción, y además, tal omisión en nada agravia al quejoso, si en la sentencia se realizó un examen de los fundamentos y motivos que sustentan los actos reclamados a la luz de los preceptos legales y constitucionales aplicables, y a la de los conceptos de violación esgrimidos por el peticionario de garantías."
SEXTO. En contra del laudo reclamado, la parte quejosa expone como conceptos de violación los que obran en el escrito agregado al presente expediente, respecto de los cuales tampoco existe obligación de reproducirlos.
Es aplicable al caso la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ‘De las sentencias’, del título primero ‘Reglas generales’, del libro primero ‘Del amparo en general’, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer."
Siendo oportuno puntualizar que, aun cuando esta jurisprudencia se refiere a la Ley de Amparo abrogada, por cuanto a que en este ordenamiento no se establece como obligación la transcripción de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, resulta también aplicable a la vigente Ley de Amparo, porque tampoco en ésta se prevé tal exigencia.
SÉPTIMO. Previo a analizar los motivos de inconformidad expresados por el quejoso, es menester precisar los antecedentes siguientes:
1. Por escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis (fojas 1 a 4), ********** demandó de **********:
1.1. La reinstalación en el cargo desempeñado; el pago de salarios vencidos incluyendo aguinaldo, vacaciones y prima vacacional; todo ello como consecuencia de haber sido despedido injustificadamente;
1.2. Pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y tiempo extraordinario laborado y no pagado, ello por todo el tiempo que duró la relación de trabajo hasta la fecha en que se le despidió injustificadamente;
1.3. Fundó la demanda laboral en los hechos que, en lo que interesa, se resumen:
1.3.1. Ingresó a laborar contratado por la demandada a través de su gerente, el catorce de julio de dos mil quince, mediante contrato por escrito por tiempo indeterminado;
1.3.2. Las condiciones de trabajo con las que se desempeñó fueron: puesto, supervisor; lugar de trabajo, el interior del domicilio de la demandada; jornada de las ocho a las dieciocho horas de lunes a sábado, desempeñadas durante todo el tiempo de duración de la relación de trabajo, de la cual se reclamó el tiempo extra generado durante toda la relación de las dieciséis horas con un minuto a las dieciocho horas; el último salario mensual percibido ascendió a **********, moneda nacional;
1.3.3. El doce de agosto de dos mil dieciséis, aproximadamente a las ocho horas con un minuto, al encontrarse en la puerta de acceso del domicilio de la demandada, fue despedido injustificadamente por quien tiene la calidad de gerente de ésta, bajo los hechos descritos.
2. En acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo por radicada la demanda, se fijó fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y se ordenó el emplazamiento a la parte demandada (fojas 5 a 7); dicha fecha fue diferida en diversas ocasiones ante la falta de emplazamiento a la parte demandada, mismo que se llevó a cabo finalmente el tres de diciembre de dos mil veinte, según consta de las actas de citación y emplazamiento anexas a fojas 100 y 101 del juicio laboral.
3. El trece de enero de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en la que se hizo constar la incomparecencia de la parte demandada, a quien se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo (fojas 105 y 106); el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la que se tuvo a la parte actora ofreciendo las que estimó convenientes a su causa y, previo hacer constar la incomparecencia de la demandada, se le tuvo por perdido el derecho a ofrecer pruebas (fojas 110 y 111).
4. Seguido el juicio por sus etapas procesales, el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se aprobó laudo en el que se resolvió conforme a las siguientes proposiciones (fojas 143 y 144):
"... PRIMERA.—La parte actora acreditó parcialmente sus acciones y la demandada no acreditó sus excepciones, en consecuencia: SEGUNDA.—Se condena a la demandada **********, a reinstalar al trabajador **********, los salarios vencidos contados a partir de la fecha en que aconteció el despido hasta por un periodo máximo de doce meses, y si al término del plazo señalado con antelación no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago esto de conformidad en los artículos 123 apartado A, fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo; las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, por todo el tiempo laborado en los términos de lo previsto por los artículos 76, 80 y 87 de la Ley Federal del Trabajo; así como la prima vacacional y aguinaldo que se generen desde el despido injustificado hasta por doce meses como máximo, conforme al diverso artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo; sin que proceda el pago de vacaciones desde la fecha del despido hasta el cumplimiento de la presente resolución, ya que ello implicaría que se estableciera una doble condena; lo anterior de conformidad a lo resuelto en los considerandos III, IV y VI de la presente resolución.—TERCERA.—Se condena a la demandada **********, a pagar al trabajador actor **********, un total de 9 horas extras laboradas por semana durante todo el tiempo que se reclama y en virtud de no haber sido acreditado el tiempo extraordinario restante que se reclama, resulta procedente también absolver y se absuelve a la demandada antes citada de pagar al actor del presente, lo correspondiente a las restantes 03 horas extras que se reclaman por los motivos y razonamientos antes vertidos; lo anterior de conformidad a lo resuelto en el considerando V de la presente resolución."
5. En contra de dicho laudo, la parte actora ********** promovió la demanda de amparo directo que constituye la materia de esta vía constitucional y se resuelve ahora en esta ejecutoria.
OCTAVO. El único concepto de violación es parcialmente fundado, si bien para ello se suplirá la queja deficiente en lo que sea necesario, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.
Ahora bien, previo al análisis del único concepto de violación referente a la omisión de cuantificar los aspectos de condena, es preciso señalar que también en suplencia de la queja deficiente, se advierte que en el laudo, al estudiar el tiempo extraordinario demandado, indebidamente lo limitó al pago de nueve horas semanales, por considerar que en el caso, al reclamarse doce, las que excedieran de las primeras nueve, correspondía su demostración al actor, lo que concluyó, dejó ser acreditado, sin tomar en cuenta en el caso concreto, que la incomparecencia del demandado a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tuvo la consecuencia de tenerle por contestada la demanda en sentido afirmativo y, por ende, la presunción, salvo prueba en contrario, que en el caso no se ofreció, de ser cierto el tiempo extraordinario laborado por el accionante.
En efecto, el actor en la demanda señaló en lo que interesa:
a) Que se desempeñó como supervisor, teniendo como lugar de trabajo el domicilio de la demandada;
b) Que laboraba de lunes a sábado de las ocho a las dieciocho horas, por lo cual generaba un tiempo extraordinario de dos horas extras diarias, de las dieciséis horas con un minuto a las dieciocho horas, lo que totalizaba doce horas semanales;
c) Además precisó que contaba con treinta minutos diarios para descansar o tomar alimentos.
Lo anterior deja de manifiesto que por el tipo de labor que el actor desempeñaba, es decir, supervisar, que implica de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española "Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros" (obra citada, vigésima primera edición, página 1921, Real Academia Española, Madrid 1992), misma que desarrollaba en el domicilio de la fuente de trabajo, es decir, no requería traslados excesivos, y además contaba con tiempo suficiente conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, para descansar; así como descanso los días domingos, se advierte que la posibilidad de laborar dos horas extras diariamente por el periodo indicado, es acorde a la naturaleza humana y, por consecuencia, verosímil.
Ahora bien, es cierto que, conforme a lo dispuesto por el artículo 784, fracción VIII, interpretado contrario sensu, corresponde al trabajador acreditar la jornada extraordinaria cuando excede de nueve horas semanales, desde luego, en los casos cuyo reclamo no se encuentre en un supuesto de inverosimilitud, entendido ello, en los casos en que la misma, sea por lo prolongada de la misma, o por el tipo de trabajo desempeñado, sea contrario a la naturaleza humana considerar que se venga desempeñando, lo que, como ya se advirtió, no ocurre en este caso.
No obstante esa obligación probatoria en el caso concreto, se cumplió porque la falta de contestación de demanda ubicó a la patronal demandada en el supuesto previsto por el artículo 879, tercer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, es decir:
"Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos afirmados en la demanda." Es decir, la inconcurrencia del demandado a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, tuvo la consecuencia de tenerlo por fíctamente confeso de ser cierto que el actor se desempeñó en el horario señalado, que si bien, admite prueba en contrario, en el caso concreto, tampoco acudió a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, sin que, por ende, haya desacreditado esa presunción, ni tampoco se advierta medio de convicción que llevara a esa conclusión.
En consecuencia, la autoridad laboral debió haber considerado que al tener por contestada la demanda en sentido afirmativo, sobre una prestación legal que su reclamación es verosímil, sin prueba en contrario, constituyó una presunción suficiente para tener por acreditado el tiempo extraordinario que correspondía probar al actor y, por consecuencia, también determinar condena por las tres horas semanales que excedían de las primeras nueve, dado que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 17 en relación con el 794 de la Ley Federal del Trabajo, se equipara a una confesión ficta.
Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia de la Cuarta Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 103, Volúmenes 151-156, Quinta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"CONFESION FICTA, JURISPRUDENCIA EN MATERIA DE. LA LEY DE 1970 CONTEMPLA IGUAL PREVENCION QUE LA ABROGADA. Si bien es cierto que la tesis de jurisprudencia número 31, visible en la página 41, Quinta Parte, del Volumen correspondiente a la Cuarta Sala del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONFESIÓN FICTA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. Para que la confesión ficta de una de las partes, tenga pleno valor probatorio en materia de trabajo, es menester que no esté en contradicción con alguna otra prueba fehaciente que conste en autos de acuerdo con el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo de 1931", alude a la legislación laboral abrogada, cabe precisar que el criterio sustentado en dicha tesis sigue siendo aplicable, en tanto que la ley vigente contempla sustancialmente la misma prevención que el artículo 527 de la ley abrogada."
Es preciso señalar que conforme a lo anteriormente considerado, no pasa inadvertido que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, sustenta el criterio con clave VI.1o.T.39 L (10a.), contenido en la página 2609, Libro 66, mayo de 2019, Tomo III, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece:
"HORAS EXTRAS. SI SU RECLAMO EXCEDE DE 9 HORAS A LA SEMANA, CORRESPONDE AL TRABAJADOR LA CARGA DE LA PRUEBA DE HABER LABORADO LAS EXCEDENTES, AUN CUANDO SE TENGA POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO. En la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2017 (10a.), de título y subtítulo: "HORAS EXTRAS. CUANDO LA JORNADA EXTRAORDINARIA SE CONSIDERE INVEROSÍMIL POR EXCEDER DE 9 HORAS A LA SEMANA, NO ES DABLE ABSOLVER AL PATRÓN DE MANERA TOTAL DE LA PRESTACIÓN REFERIDA, SINO EN TODO CASO ÚNICAMENTE DE LAS HORAS EXCEDENTES.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que si en el juicio laboral el trabajador reclama tiempo extraordinario que excede de 9 horas a la semana, conforme al artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, en su texto vigente a partir del 1 de diciembre de 2012, corresponde a éste probar dicho extremo, toda vez que el patrón demandado debe comprobar la jornada extraordinaria cuando se reclaman hasta 9 horas semanales adicionales; sin embargo, si la autoridad jurisdiccional considera que la prestación solicitada no resulta razonable por basarse en una jornada inverosímil, debe acotarse a reducir la prestación desproporcionada a la que el legislador consideró moderada, es decir, pagar al trabajador las horas extras hasta por 9 horas semanales que el patrón no acreditó con el material probatorio correspondiente, esto es, se disminuirá el pago del horario adicional exigido a 9 horas por semana, pues es el límite que el legislador consideró idóneo, al tratarse de una práctica común en las relaciones laborales, máxime que aquél continúa siendo el responsable en cuanto a la obligación de conservar los controles de asistencia y de horario respectivos, conforme al artículo 784 citado, en relación con el diverso 804, fracción III, de la propia ley. Ahora bien, si en el juicio a la patronal se le tuvo por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido su derecho a ofrecer pruebas, debe tenerse por presuntivamente cierta la duración de la jornada ordinaria y extraordinaria de labores afirmada por el trabajador hasta por un máximo de 9 horas extras a la semana por todo el tiempo que duró la relación laboral, por lo que si su reclamo excede de este tiempo corresponde al trabajador la demostración de haber laborado las excedentes."
Sin embargo, no se comparte el mismo, pues a juicio de este órgano jurisdiccional y como se planteó en esta ejecutoria, la falta de contestación de la demanda trae efectos vinculantes para la patronal a la que se le tiene por contestada en sentido afirmativo, análogos a la confesión ficta, es decir, se le tienen por reconocidos los hechos de la demanda, salvo prueba en contrario que permite se ofrezca el artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo, razón por la cual, excepto los casos de inverosimilitud de la pretensión, es suficiente que no esté controvertido el hecho sustento de la controversia, si éste deriva de una prestación legalmente tutelada, para que se tenga por procedente, pues no puede exigirse mayor demostración que la tácita aceptación del demandado para que se considere por cumplida la obligación procesal del trabajador actor, con mayor razón si se considera que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 777 de la Ley Federal del Trabajo: "Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes", lo que conllevaría a un contrasentido exigir mayor prueba al accionante de un hecho que por la falta de contestación, no se encuentra controvertido.
En ese sentido, atento a lo aquí señalado, es que este Tribunal Colegiado considera pertinente, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III de la Ley de Amparo, denunciar la posible contradicción de criterios existente entre este Órgano de Control Constitucional y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, ante el Pleno Regional en Materia de Trabajo en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, a fin de que se lleve a cabo el trámite respectivo.
Ahora bien, en cuanto al concepto de violación propiamente dicho, lo fundado resulta en que se sostiene que en el laudo reclamado se omitió cuantificar la condena, no obstante existir elementos para hacerlo, lo cual es cierto.
En efecto, existe la omisión destacada, no obstante que de la demanda se advierten establecidas las bases tanto para determinar el salario con el cual deben pagarse las prestaciones motivo de la condena, como para realizar la cuantificación líquida de la mayoría de las prestaciones motivo de condena; destacándose incluso, que en el laudo se determinó que el salario señalado en la demanda serviría de base para dicha cuantificación; sin embargo, sin expresar razón para así actuar, omitió realizar la cuantificación de aquellas que estaba en posibilidad de hacerlo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo.
En efecto, de los artículos 842, 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende la obligación de las autoridades laborales de emitir los laudos de forma clara, precisa y congruente, con la demanda, su contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio; que en caso de que resultaran condenas sobre prestaciones económicas, deberán determinarse en cantidad líquida, así como el salario base para ello y que sólo por excepción se podrá abrir el incidente de liquidación.
Los artículos 842, 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, establecen:
"Artículo 842.- Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente."
"Artículo 843.- En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación."
"Artículo 844.- Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse."
De conformidad a esas disposiciones legales, el órgano jurisdiccional, al resolver respecto de prestaciones de carácter económico, debe determinar el salario que sirva de base para la condena, lo cual se hizo al determinarse que el señalado en la demanda, que ascendía a **********, moneda nacional, mensuales, sin haber sido controvertido, ante la incomparecencia de la demandada era el que debía servir de base para el pago de las prestaciones materia de condena, según se desprende del considerando VI (sexto romano).
Asimismo, solamente de forma excepcional, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación; lo cual se entiende razonablemente, cuando por la naturaleza de las condenas, no sea posible en el propio laudo determinarse la cantidad líquida que se adeuda.
En el laudo, la determinación condenatoria implica el cumplimiento y pago por parte de la demandada de las siguientes prestaciones económicas:
a) Salarios vencidos por un periodo máximo de doce meses, que si bien, de conformidad a lo dispuesto po
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32851-62828ba6/tiempo-extraordinario-debe-tenerse-por-acreditado-el-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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