INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO CONOCE EL SALARIO BASE, PERO DESCONOCE SUS INCREMENTOS, DEBE CUANTIFICAR LA CONDENA EN CANTIDAD LÍQUIDA Y ORDENAR LA APERTURA DE AQUÉL SÓLO POR LO QUE HACE A LAS DIFERENCIAS GENERADAS POR LA ACTUALIZACIÓN RESPECTIVA.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 13/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO Y EL QUINTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 1 DE MARZO DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA MARÍA GALVÁN ZÁRATE Y DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ Y EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER. PONENTE: JOSÉ LUIS CABALLERO RODRÍGUEZ. SECRETARIA: MARTHA IZALIA MIRANDA ARBONA.
Ciudad de México. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro Sur, con residencia en la Ciudad de México, en sesión correspondiente al día uno de marzo de dos mil veintitrés, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de criterios 13/2023, suscitada entre los Tribunales Colegiados Segundo y Quinto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.
I. TRÁMITE DE LA DENUNCIA
1. El Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, denunció la posible contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Segundo y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver los amparos directos 205/2022 y 496/2022, respectivamente.
2. Por acuerdo de quince de noviembre de dos mil veintidós, el presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, ordenó formar y registrar el expediente de contradicción de tesis con el número 11/2022 y señaló que es legalmente competente para conocer y resolver la citada contradicción, asimismo, solicitó de los tribunales contendientes, únicamente copia certificada de la resolución dictada en el amparo directo 496/2022 del índice del Quinto Tribunal Colegiado del Tercer Circuito, toda vez que el denunciante remitió la ejecutoria del criterio contendiente, así como si los criterios continuaban vigentes; los cuales se tuvieron por rendidos mediante proveídos de veintidós y veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, respectivamente.
3. El dieciséis de enero de dos mil veintitrés se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio; motivo por el cual, mediante acuerdo de trece de enero de dos mil veintitrés, se ordenó la remisión del presente asunto a este Pleno Regional.
4. Por auto de presidencia de uno de febrero de dos mil veintitrés, este Pleno Regional tuvo por recibido el expediente correspondiente a la contradicción de criterios 11/2022, del índice del extinto Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito; y, ordenó formar el expediente de la contradicción de criterios 13/2023.
5. En la misma fecha, se turnó el presente asunto a la ponencia del Magistrado José Luis Caballero Rodríguez, para la elaboración del proyecto respectivo y se confirmó el turno electrónico correspondiente; y
II. COMPETENCIA
6. El Pleno Regional en Materia de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, en términos los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los diversos 6, fracción II, 8, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1, fracción II, inciso 4, y 2 del Acuerdo General 108/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, en virtud de que los tribunales contendientes corresponden a la materia y jurisdicción de este Pleno Regional.
III. LEGITIMACIÓN
7. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
8. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 205/2022, determinó:
"PRIMERO.—En el juicio principal, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********** en contra del acto del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consistente en el laudo de tres de febrero de dos mil veintidós, emitido dentro de los autos del juicio laboral **********, para los efectos precisados en la parte final del considerando séptimo de esta sentencia.
"SEGUNDO.—En el amparo adhesivo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege al Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, en contra del acto del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, Jalisco, consistente en el laudo de tres de febrero de dos mil veintidós, emitido dentro de los autos del juicio laboral **********."
9. Apoyándose, en lo que a este asunto interesa, en las siguientes consideraciones:
"En el tercero de los motivos de inconformidad, se arguye, en síntesis, que incorrectamente se omitió en el laudo reclamado, cuantificar las condenas establecidas en éste, susceptibles de serlo y que deberá ser reiterada en el laudo que se emita en cumplimiento de esta sentencia de amparo y de la del juicio relacionado, no obstante que existían elementos suficientes para hacerlo, ello en aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, en atención a lo estipulado en la fracción III del artículo 10 de la primera legislación mencionada.
"Para lo decidido, se aplica la jurisprudencia identificada con la clave PC.III.L. J/21 L (10a.), de observancia obligatoria, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la página 571 del Libro 44, correspondiente a julio de 2017, Tomo I de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"‘LAUDOS DICTADOS EN UN JUICIO BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. PARA CUANTIFICAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS OBJETO DE CONDENA, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 843 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.», para que opere la supletoriedad de una ley es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o las normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Por su parte, el artículo 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé que en lo no previsto por dicha ley se aplicarán supletoriamente y, en su orden, los principios generales de justicia social, que derivan del numeral 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, entre otras fuentes de derecho. Aunado a lo anterior, los artículos 135 y 136 de esta legislación, que regulan lo concerniente a las reglas que deben regir en el dictado de los laudos que emita el tribunal burocrático, nada refieren sobre la cuantificación de las prestaciones económicas materia de la condena decretada en el laudo; mientras que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, dispone que: en los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución y que sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. De ahí que para cuantificar las prestaciones económicas objeto de condena en el laudo dictado en un juicio burocrático en el Estado de Jalisco, es aplicable supletoriamente el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo y, por ende, en observancia del principio de economía e integración legislativa para evitar la reiteración de normas, que rige tratándose de la supletoriedad de leyes, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón de la entidad, al dictar los laudos, debe cuantificar las prestaciones económicas materia de condena, cuando cuente con los elementos necesarios para ello, por lo que sólo por excepción podrá ordenar que dicha cuantificación sea materia del incidente de liquidación correspondiente.’
"Sin que sea justificación para esa omisión, lo asentado en el laudo reclamado, al decirse que el caso se encuentra en el supuesto de excepción a que alude la parte final del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en el sentido de que no se cuenta con los elementos suficientes para hacer la cuantificación de las condenas, al faltar los incrementos aplicados al sueldo que la actora venía desempeñando, posteriores al despido; es así, en tanto que existen condenas a prestaciones económicas, se establecen los periodos por los que deberán pagarse las mismas y el sueldo base para determinarlas, por lo cual es evidente que es viable cuantificarlas y, en todo caso, para las diferencias de esos conceptos, una vez tenida la información sobre los aumentos, si resulta que sí los hubo, eventualmente se podrán y deberán calcular las diferencias entre las cantidades determinadas sin incrementos y las correspondientes ya aplicados los mismos en un incidente de liquidación que se aperture posteriormente para tal efecto; por lo cual la falta del dato de los aumentos, no es impedimento jurídico ni material para calcular y cuantificar las condenas susceptibles de serlo.
"Así, en el caso se aprecia que en el laudo se condenó al demandado, entre otras prestaciones, a pagarle a la actora los sueldos caídos por doce meses posteriores al cese injustificado, así como al pago de los intereses sobre quince meses de sueldo, a razón del dos por ciento mensual, capitalizables al momento del pago, posteriores a los doce meses de salarios vencidos, al igual que al pago de las vacaciones, su prima relativa y aguinaldo, proporcionales a los servicios prestados del uno de enero al cinco de octubre de dos mil dieciocho, y que, por el momento, son las únicas susceptibles de ser cuantificadas.
"Además, se determinó el sueldo base para la cuantificación de las prestaciones a las que fue condenado el demandado, por la cantidad de ********** pesos a la quincena; sin perjuicio, desde luego, de que posteriormente se determinen los incrementos que impactaron a ese monto, después del despido, una vez que las autoridades requeridas en el laudo, informen lo conducente, en cuyo caso, solamente quedarán pendientes de calcular las diferencias en las prestaciones laudadas, por los aumentos señalados, si los hubiera, ya que ello no impide que se puedan determinar, desde este momento, con base al salario determinado en el propio laudo.
"Por lo cual, al tratarse de prestaciones económicas y contarse con los elementos suficientes para hacerlo, ya que se determinó el periodo de cada concepto y el sueldo que serviría de base para calcularlos, fue incorrecto que, en contravención de lo previsto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se omitiera cuantificar tales condenas.
"Toda vez que del contenido de la citada norma legal, se pone en relieve que una vez fijado el salario base, al condenarse al pago de prestaciones económicas, de ser el caso, si de las actuaciones obrantes en el juicio laboral se desprenden los elementos suficientes para ello, debe establecerse en cantidad líquida a cuánto ascienden las mismas, precisándose las bases o medidas de cómo deba cumplirse la condena, sin que así se hiciera respecto de las prestaciones reseñadas, pues injustificadamente se omitió cuantificarlas.
"Lo anterior, sin perjuicio de que en el laudo se haya precisado que los sueldos vencidos deberán cubrirse con sus respectivos incrementos e, incluso, se haya ordenado girar oficios a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y al mismo Ayuntamiento demandado, para que informen los aumentos salariales otorgados al puesto en que se desempeñaba la actora y que, por ende, tales incrementos también se deban considerar para efectos de cuantificar las prestaciones que requieran el salario base, pues nada impide que de subsistir la condena al pago de salarios caídos y demás prestaciones accesorias, y existir aumentos, una vez que se conozcan éstos, ya sea por la información que rindan las dependencias requeridas, o bien, por los datos que llegare a proporcionar la trabajadora, se formule planilla de liquidación a fin de cuantificarlos.
"Además de que la cuantificación de la condena al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcionales a los servicios prestados del uno de enero al cinco de octubre de dos mil dieciocho, no depende de los incrementos salariales de que se habla, al tratarse de prestaciones devengadas, generadas previamente al cese.
"Adicionalmente, cabe señalar que el hecho de que se haya ordenado girar oficios a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y al propio Ayuntamiento demandado, para que informaran los aumentos salariales otorgados al puesto que desempeñaba el accionante y en el que se ordenó su reinstalación, constituye una cuestión meramente procesal y no sustantiva, en la medida que si se dan los incrementos el actor conserva su derecho a cuantificarlos y a que le sean cubiertos.
"Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia de la entonces Cuarta Sala del Alto Tribunal, visible en la página 97, del Volúmenes 157-162, Quinta Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"‘SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO. Si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de los salarios vencidos y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; de ahí que si durante la tramitación del juicio hasta la fecha en que se reinstale al trabajador hay aumentos al salario por disposición de la ley o de la contratación colectiva, o un aumento demostrado en el juicio laboral, proveniente de alguna fuente diversa de aquéllas, éstos deben tenerse en cuenta para los efectos de calcular el monto de los salarios vencidos, toda vez que la prestación de servicios debió haber continuado de no haber sido por una causa imputable al patrón; pero en el caso de que la acción principal ejercitada sea la de indemnización constitucional, no la de reinstalación, y la primera se considere procedente, los salarios vencidos que se hubieran reclamado deben cuantificarse a la base del salario percibido a la fecha de la rescisión injustificada, toda vez que al demandarse el pago de la indemnización constitucional el actor prefirió la ruptura de la relación laboral, la que tuvo lugar desde el momento mismo del despido.’
"Por tanto, al condenarse al pago de esas prestaciones, debieron cuantificarse en el laudo los montos correspondientes a las mismas, ya que se estableció el sueldo que servirá de base para hacerlo y, por ende, en las actuaciones obrantes en el juicio, se cuenta con los elementos suficientes para ello.
"Además de que con ello se cumple con el principio de justicia pronta y expedita, en tanto que al determinarse cantidades líquidas precisas en el laudo, se podrá proceder de inmediato a su ejecución, sin tener que esperar a que las autoridades requeridas por la información sobre los aumentos al sueldo del cargo que desempeñaba la accionante, si existieron, lo hagan, para luego abrir el incidente relativo con el fin de determinar las condenas en cantidad líquida y sólo hasta entonces poder proseguir con la ejecución del laudo, cuando de la forma determinada en esta sentencia, el empleado puede solicitar de manera inmediata el cumplimiento de las cantidades precisadas en el laudo, dejando para la incidencia, solamente las diferencias habidas, si es que se dieron incrementos al salario.
"Máxime que, si se diera el caso de que se informe que no hubo aumentos al sueldo en el periodo requerido, habrá resultado en un retraso injustificado en la impartición de justicia, que se puede salvar cuantificando desde el laudo las condenas que puedan serlo, anticipando tal eventualidad.
"En tales condiciones, en el laudo se faltó a los principios de congruencia y exhaustividad, al omitirse cuantificar de manera líquida las prestaciones sobre las condenas impuestas y de la que era posible hacerlo.
"En tales condiciones, en el laudo se faltó a los principios de congruencia y exhaustividad, al omitirse cuantificar de manera líquida las prestaciones sobre las condenas impuestas y de la que era posible hacerlo.
"Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia IV.2o.T. J/44, que se comparte, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, ya transcrita y de rubro: ‘CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS.’
"Sin advertirse más deficiencias en la queja que deban ser suplidas, procede entonces conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para que:
"1. Se deje insubsistente el laudo reclamado y se emita otro, en el que, sin dejar de observar lo resuelto en el juicio de amparo directo relacionado, expediente **********;
"2. En relación con el reclamo de pago de días de descanso obligatorio laborados, se volverá a resolver en libertad de jurisdicción, pero para ello se omitirá considerar que la prestación es improcedente al haberla fundado la actora en una disposición de la Ley Federal del Trabajo, y se considerará que los días reclamados son los especificados en el artículo 38 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, y se determinará lo conducente.
"3. Por lo que ve al reclamo del pago de séptimos días laborados, también en libertad de jurisdicción, se volverá a resolver, pero para ello se considerará que la pretensión tiene fundamento en lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala que los servidores públicos de Jalisco y sus Municipios, tienen derecho a dos días de descanso, por cada cinco de labor y la actora aduce que durante toda su antigüedad, sólo disfrutaba de un día de descanso a la semana, por seis de trabajo, al igual se considerará que en esta manifestación no existe confesión expresa de que no laboró esos días y así se fijará la litis y se resolverá lo conducente. "4. Se cuantifiquen los montos correspondientes a los reclamos por los que se estableció condena, deberán ser reiterados y respecto de los que, conforme a las consideraciones de este fallo, existen elementos necesarios para la liquidación relativa, consistentes en:
"I. Salarios caídos, por doce meses posteriores al cese injustificado, del cinco de octubre de dos mil dieciocho al cuatro de octubre de dos mil diecinueve; en el entendido de que lo relacionado a las diferencias por los incrementos que se hayan dado al sueldo del actor, posteriores al cese, si los hubiera, se podrán calcular una vez que se obtenga esa información por el responsable.
"II. Intereses sobre quince meses de sueldo, a razón del dos por ciento mensual, capitalizables al momento del pago, a partir del día siguiente de la conclusión de los doce meses de salarios vencidos, esto es, del cinco de octubre de dos mil diecinueve y hasta el día previo a la reinstalación.
"III. Vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcionales a los servicios prestados del uno de enero al cinco de octubre de dos mil dieciocho.
"5. Se reitere lo demás decidido, en cuanto esté desvinculado de los efectos de esta sentencia y de la pronunciada en el juicio de amparo directo relacionado **********, como es de manera enunciativa, no limitativa:
"a) Las condenas decretadas en favor de la accionante:
"1.a A la reinstalación en el puesto de auxiliar administrativa en la instancia municipal de la mujer, en los mismos términos en que venía desempeñándolo hasta antes del despido, cinco de octubre de dos mil dieciocho, así como a reconocerle el derecho a la inamovilidad;
"2.a Al pago de los sueldos caídos, con incrementos, por doce meses posteriores al cese injustificado, del cinco de octubre de dos mil dieciocho al cuatro de octubre de dos mil diecinueve;
"3.a Al pago de los intereses sobre quince meses de sueldo, a razón del dos por ciento mensual, capitalizables al momento del pago, a partir del día siguiente de la conclusión de los doce meses de salarios vencidos, esto es, del cinco de octubre de dos mil diecinueve y hasta el día previo a la reinstalación;
"4.a Al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo proporcionales a los servicios prestados del uno de enero al cinco de octubre de dos mil dieciocho; y,
"5.a Al entero de las aportaciones correspondientes y dejadas de cubrir ante el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, desde el ingreso a laborar, uno de enero de dos mil once, y hasta la fecha del despido injustificado, cinco de octubre de dos mil dieciocho.
"b) Las absoluciones determinadas en favor del demandado, Ayuntamiento de Colotlán, Jalisco:
"1.b Al pago de las indemnizaciones constitucional de tres meses de sueldo y de veinte días de salario por cada año de trabajo;
"2.b Al pago de vacaciones y prima vacacional proporcionales a los servicios prestados del dos mil once al dos mil dieciséis;
"3.b Al pago del aguinaldo proporcional a los servicios prestados del dos mil once al dos mil diecisiete; y,
"4.b A la devolución del impuesto sobre la renta reclamada.
"c) Asimismo, se deberá reiterar:
"1.c La orden de girar oficio a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco y al propio Ayuntamiento demandado, para que informen los incrementos habidos al sueldo del cargo que desempeñaba la actora, posteriores al cese; y
"2.c El monto salarial base para la liquidación de las condenas, por la cantidad de tres mil setecientos pesos quincenales."
10. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 496/2022, determinó:
"ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a (sic) Ayuntamiento Constitucional de Colotlán, Jalisco, en contra del acto reclamado y de las autoridades responsables, precisados en el resolutivo primero de esta ejecutoria."
11. Apoyándose en las siguientes consideraciones:
"Omisión de cuantificar condenas.
"3. En el primer concepto de violación, expone que la responsable omitió cuantificar el importe de las prestaciones a las que se le condenó en el laudo, pese a que los artículos 842, 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos del artículo 10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, la obligan a determinarlas en cantidad líquida.
"Afirma que se configura una violación procesal al debido proceso y al principio de legalidad, ya que no acató las leyes que estaba obligada.
"Que el laudo carece de motivo y fundamento alguno para la omisión de la cuantificación de las cantidades laudadas de manera líquida.
"Cita criterio del Pleno en Materia de Trabajo de este Tercer Circuito.
"Es fundado pero inoperante el motivo de disenso.
"Primeramente, los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo –de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme al artículo 10–, ponen de manifiesto que, una vez fijado el salario, al condenarse al pago de prestaciones económicas, de ser el caso, si de las actuaciones obrantes en el juicio laboral se desprenden los elementos suficientes para ello, debe establecerse en cantidad líquida a cuánto ascienden las mismas, precisándose las bases o medidas de cómo deba cumplirse la condena.
"De manera excepcional, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación, cuando al resolver la controversia, la autoridad laboral no cuente a su alcance con los elementos suficientes para cuantificar las condenas en cantidad líquida.
"Por consiguiente, si en esas condiciones se omite calcular las cuantificaciones correspondientes o se ordena la apertura del incidente, se considera ilegal esa forma de actuar de la autoridad laboral, porque no existe impedimento para efectuar las cuantificaciones correspondientes a la fecha de emisión del laudo, pues en todo caso, solo respecto de aquellas que se continúen generando –verbigracia los incrementos y mejoras salariales–, procedería la apertura del referido incidente como caso de excepción para su cuantificación.
"Sin que ello implique restricción alguna en la forma de cuantificar y liquidar las prestaciones que correspondan, pues brinda mayor seguridad jurídica a las partes involucradas en los litigios respectivos, quienes, desde el dictado del laudo, en los casos que así se estime, tendrán certeza de los montos obtenidos en la contienda.
"Por otro lado, el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito estableció que tratándose de prestaciones económicas objeto de condena en los laudos emitidos dentro de los juicios burocráticos del Estado de Jalisco, es aplicable supletoriamente lo previsto en el numeral 843 de la Ley Federal del Trabajo y que, por consiguiente, en atención al principio de economía e integración legislativas para evitar reiteración de normas, que impera en tratándose de la supletoriedad de leyes, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, al dictar los laudos debe cuantificar las prestaciones económicas materia de condena, siempre y cuando cuente con los elementos necesarios para ello, y sólo por excepción, podrá ordenar que dicha cuantificación sea materia del incidente de liquidación correspondiente.
"Sustenta lo anterior, el criterio PC.III.L. J/21 L (10a.),(44) de rubro y texto siguientes:
"‘LAUDOS DICTADOS EN UN JUICIO BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. PARA CUANTIFICAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS OBJETO DE CONDENA, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 843 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE.», para que opere la supletoriedad de una ley es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o las normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Por su parte, el artículo10 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios prevé que en lo no previsto por dicha ley se aplicarán supletoriamente y, en su orden, los principios generales de justicia social, que derivan del numeral 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo, entre otras fuentes de derecho. Aunado a lo anterior, los artículos 135 y 136 de esta legislación, que regulan lo concerniente a las reglas que deben regir en el dictado de los laudos que emita el tribunal burocrático, nada refieren sobre la cuantificación de las prestaciones económicas materia de la condena decretada en el laudo; mientras que el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, dispone que: en los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución y que sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. De ahí que para cuantificar las prestaciones económ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31368-5435bb7c/incidente-de-liquidacion-cuando-el-tribunal-de-arbitraje · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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