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Modo: Corpus Pro

LAUDOS DICTADOS EN UN JUICIO BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. PARA CUANTIFICAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS OBJETO DE CONDENA, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 843 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2016. · Registro digital (IUS): 27240
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-07-14
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Pág. 516.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 28 DE ABRIL DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LA MAGISTRADA ELBA SÁNCHEZ POZOS Y LOS MAGISTRADOS GABRIEL MONTES ALCARAZ, ARTURO CEDILLO OROZCO Y MIGUEL LOBATO MARTÍNEZ. DISIDENTE: GABRIELA GUADALUPE HUÍZAR FLORES. PONENTE: ELBA SÁNCHEZ POZOS. SECRETARIOS: CÉSAR ENRIQUE RAMÍREZ CASASOLA, EDGAR GARCÍA RUBIO, JOSÉ DE JESÚS GARCÍA PÉREZ Y VÍCTOR IREPAN MOLINA MONROY.

CONSIDERANDO:

I. Competencia.

Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 41 Bis y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

II. Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, conforme a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)

III. Existencia de la contradicción de tesis.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una contradicción de tesis debe estimarse existente cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adopten en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias. Estos razonamientos se sustentan en los siguientes criterios:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.-El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."(5)

Para poder determinar si existen criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

• Juicio de amparo directo 1067/2015, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Antecedentes

1. La parte actora en el juicio laboral demandó su contratación definitiva, en los términos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, ya que fungió como empleado por más de tres años y medio consecutivos.

2. Entre los hechos que motivaron la demanda laboral, señaló el trabajador que ingresó a laborar a favor de la demandada el uno de septiembre de dos mil, bajo contratos de prestación de servicios profesionales, y su último contrato concluyó el treinta de abril de dos mil trece, y que en esa misma fecha, lo despidieron.

3. Concluida la tramitación del juicio, se dictó laudo el veintisiete de agosto de dos mil quince, en el que se absolvió a la demandada del otorgamiento de nombramiento definitivo, así como del pago de algunas de las prestaciones reclamadas y se le condenó al pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional.

4. Inconforme con dicha determinación, la patronal promovió juicio de amparo directo, radicado con el número 1067/2015, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que dio origen al criterio contendiente.

5. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 1067/2015, estimó que respecto de la condena de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, al no existir elementos dentro del procedimiento para establecer el salario que debe servir de base para cada uno de los años de adeudo, se debían cuantificar esas prestaciones en un incidente de liquidación que se abra, en términos de lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática estatal, salvo lo del último año laborado. A partir de su estudio, llegó a las siguientes conclusiones:

"Similarmente, es fundado el motivo de inconformidad en el que se esgrime que la condena al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por todo el tiempo reclamado, tomando como base el último salario del actor es incorrecta, pues ese monto no puede ser considerado para el cálculo de prestaciones generadas en el pasado por no haberse percibido desde que el actor ingresó a prestar servicios.

"Conclusión a la que se llega, al tener en cuenta que en el escrito inicial de demanda, se reclamó el pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo laborado; sin embargo, no se advierte en alguna parte de la demanda, ni de la contestación, se expusiera a cuánto ascendía el salario del actor en cada uno de los años en que se generó la prestación, pues sólo se hizo referencia al último ingreso percibido al día en que se dijo despedido injustificadamente.

"Luego, el monto del salario en cada uno de los años laborados, debió ser considerado como punto de partida para determinar el monto de condena, de tal forma que al no haber elementos para establecerlo, debió abrirse incidente de liquidación en términos del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática estatal, dado que se está en presencia de una situación de excepción que impide, salvo del último año laborado, conocer el salario del accionante.

"Pese a ello, en el laudo incorrectamente se condenó al pago de lo pretendido, tomando como base el último salario percibido por el accionante.

"Tal proceder deviene incorrecto, habida cuenta que el último salario percibido por el actor (salvo por lo que ve al último año laborado), no puede ser considerado para cuantificar el monto de las prestaciones reclamadas por todo el tiempo laborado, en tanto que es inconcuso que las percepciones del trabajador se han venido modificando e incrementando en el transcurso del tiempo; de ahí que, en el laudo, debió determinarse la imposibilidad para determinar la cantidad líquida por lo que ve a la condena de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y así, ordenar la apertura del incidente de liquidación.

"Tiene aplicación en lo conducente, por compartirse el criterio, la tesis con clave VII.2o.A.T.44 L, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 783, Tomo XII, septiembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece:

"‘PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y HORAS EXTRAS POR TODO EL TIEMPO DE LA RELACIÓN LABORAL, EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA SU CONDENA, DEBE HACERSE CON BASE EN LOS DIFERENTES SALARIOS MÍNIMOS GENERALES DE LAS ÉPOCAS EN QUE SE GENERARON Y NO A UNO SÓLO.-La Junta responsable realizó una incorrecta cuantificación del monto de las prestaciones de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y horas extras generadas desde la fecha en que el trabajador inició a prestar sus servicios al patrón, hasta aquella en que sufrió el riesgo de trabajo por accidente, en razón de que la hizo con base en el salario mínimo general vigente en la fecha en último término indicada, cuando debió hacerla de acuerdo con los salarios mínimos generales de la zona económica del área geográfica correspondiente, que regían en las distintas épocas en las que dichas prestaciones se generaron, por lo que, al no haberse hecho así, es claro que la cuantificación del monto de las prestaciones de que se trata es contraria a derecho.’

"Consecuentemente, procede conceder la protección de la Justicia Federal, para efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo reclamado, dicte otro en el que, sin dejar de atender lo resuelto en el juicio de amparo 993/2015, resuelto en esta misma sesión:

"1. Por lo que ve a la acción tendente a lograr el pago de vacaciones por todo el tiempo laborado, condene al pago de cuarenta y cinco días de salario por cada año laborado por ese concepto; y,

"2. Respecto de la condena de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por todo el tiempo laborado, determine que al no existir elementos dentro del procedimiento para establecer el salario que debe servir de base para cada uno de los años de adeudo, se deberá cuantificar la prestación en incidente de liquidación que se abra, en términos de lo dispuesto por el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática estatal, salvo lo del último año laborado, para el cual se tomará en cuenta el salario que quedó demostrado que percibía el trabajador al momento de la separación ..."

• Juicio de amparo directo 59/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Antecedentes

1. La parte actora en el juicio laboral derivado de un despido injustificado, demandó de su patronal la reinstalación en el mismo puesto que desempeñaba, el pago de salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional que se adeudan y las que se generen en la tramitación del juicio, pago de tiempo extraordinario laborado y no cubierto, entero de cuotas al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro. Así también, reclamó el pago del bono del servidor público y el otorgamiento de nombramiento definitivo.

2. Entre los hechos que motivaron la demanda laboral, el trabajador señaló que ingresó a prestar sus servicios para la entidad pública demandada el tres de mayo de dos mil nueve, que su jornada de trabajo era de las siete a las catorce horas, de sábado a jueves, con dos días de descanso por semana; señaló que durante el tiempo que duró la relación laboral, se desempeñó con eficiencia y de manera responsable, y que el veintiuno de diciembre de dos mil nueve, acudió a la dependencia a presentar un certificado de incapacidad temporal para el trabajo por nueve días, cuando la encargada de personal le indicó que no podía recibir la incapacidad, ya que por indicaciones de recursos humanos estaba despedido desde el quince de diciembre de dos mil nueve, y que ese despido se le informó hasta el veintiuno de diciembre de ese año, que llevó la incapacidad médica, que considera injustificado ese despido, ya que nunca se le instauró un procedimiento administrativo.

3. Concluida la tramitación del juicio, se dictó laudo en cumplimiento a lo ordenado en las ejecutorias dictadas en los juicios de amparo directo 1280/2014 y 10/2015, en el que se condenó a la entidad pública demandada al otorgamiento del nombramiento de base, a la reinstalación del trabajador y el pago de salarios caídos con sus incrementos desde la fecha del despido hasta la cumplimentación del laudo y se le absolvió de las demás prestaciones reclamadas.

4. Inconforme con el laudo la entidad pública demandada, promovió juicio de amparo directo, radicado con el número 59/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que resolvió el criterio que aquí contiende.

5. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al fallar el juicio de amparo directo 59/2016, consideró infundado el concepto de violación en el que se adujo el incorrecto actuar de la responsable, al haber omitido cuantificar en cantidad líquida las condenas que fincó.

En el estudio de ese concepto de violación, expresó:

"... Resulta infundado el tercero de los conceptos de violación, en el que, medularmente, se aduce el incorrecto actuar de la responsable al haber omitido cuantificar en cantidad líquida las condenas que fincó.

"En primer término, conviene señalar que los artículos 843 y 844 de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios disponen lo siguiente:

"‘Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación.’

"‘Artículo 844. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse.’

"De la lectura acuciosa de los preceptos legales transcritos, claramente se puede advertir que el criterio para determinar la cuantía de las condenas, es que no debe ordenarse la apertura de un incidente de liquidación sino sólo en casos extraordinarios, cuando las constancias de autos no permitan a la autoridad laboral realizar la cuantificación necesaria, caso en el que debe señalar las bases con que debe hacerse la cuantificación.

"Sobre el tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido su postura respecto a los casos extraordinarios, en que debe ordenarse la apertura de un incidente de liquidación, conforme a las consideraciones siguientes:

"a) Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena, cuantificándose el importe de las prestaciones que deberán cubrirse.

"b) Cuando se trate de aumentos que surjan durante la tramitación del juicio laboral, debe considerarse que se está en presencia del caso de excepción a que se alude en la última parte del artículo 843, de manera que la Junta deberá cuantificar la condena en el laudo, conforme a los aumentos probados en autos, y ordenar la apertura del incidente de liquidación sólo respecto de los demás.

"c) Cuando haya condena de salarios, indemnizaciones, daños y perjuicios, etcétera, deberá fijarse su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación; y en caso de no ser posible lo uno ni lo otro, hará la condena, a reserva de fijar su importe y abrir un incidente de liquidación.

"Las consideraciones esenciales anteriores, se desprenden de las jurisprudencias(6) emitidas por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, de rubros y texto siguientes:

"‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, ORDEN DE APERTURA DEL. CUANDO NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.-Esta Cuarta Sala, en la jurisprudencia número 131 del último Apéndice, ha establecido que la orden de apertura del incidente de liquidación, en contravención a lo dispuesto por los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, es violatoria de garantías; sin embargo, cuando se demanden aumentos legales o contractuales que comprendan desde la fecha del desconocimiento del derecho hasta aquella en que se cumpla el laudo, es decir, cuando se trate de aumentos que surjan durante la tramitación del juicio laboral, debe considerarse que se está en presencia del caso de excepción a que se alude en la última parte del artículo 843 de la ley laboral, puesto que no sería práctico que cada vez que se suscitaran dichos aumentos se rindiera la prueba superveniente respectiva, haciendo interminables los juicios; en esas condiciones, la Junta deberá cuantificar la condena en el laudo, conforme a los aumentos probados en autos, y ordenar la apertura del incidente de liquidación sólo respecto de los demás.’

"‘INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN ANTE LAS JUNTAS.-El artículo 552 de la Ley Federal del Trabajo establece que, cuando haya condena de salarios, indemnizaciones, daños y perjuicios, etcétera, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación; y que en caso de no ser posible lo uno ni lo otro, hará la condena, a reserva de fijar su importe y hacerlo efectivo en la ejecución del laudo. Por tanto, es infundado lo alegado en el sentido de que la Junta responsable no obró correctamente al mandar abrir un incidente de liquidación para determinar en cantidad líquida, el monto de los salarios a cuyo pago condene, puesto que el trabajador no señaló cuál era su salario, ni la base, en su caso, para determinar ese mismo salario, siendo indudable que cuando se demanda el pago de una prestación en dinero, es un elemento fundamental y esencial de la acción, señalar cuál es ese salario o la base sobre la que se forma; porque habiéndose estimado en el laudo combatido, que el trabajador había sido separado de su trabajo sin causa justificada y habiendo éste exigido su reinstalación y pago de salarios caídos, como en el propio laudo no era posible fijar el monto de los salarios, el grupo responsable tuvo apoyo en la disposición legal citada, para resolver que el importe de los salarios se fijará abriéndose al efecto el incidente de liquidación correspondiente, y con esto no viola en perjuicio de la parte demandada, las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.’

"Ahora bien, en el caso, conforme quedó puntualizado, el tribunal responsable dictó laudo, en el que condenó a la patronal por equiparación, en lo que interesa, en los términos siguientes:

"‘Para efecto de cuantificar las prestaciones a las que fue condenada la entidad demandada, se toma como salario el acreditado en actuaciones del juicio que asciende a ********** ... Por lo anteriormente expuesto ... se resuelve bajo las siguientes: Proposiciones: Primera. La actora ********* acreditó parcialmente su acción, en tanto el ***********, probó en parte su excepción, en consecuencia. Segunda. Se condena al demandado ***********, Jalisco, a la basificación del nombramiento de ********** de la **********. Asimismo, se condena al demandado **********, a reinstalar al actor del juicio, en el cargo de **********, en los mismos términos y condiciones que se encontraba desempeñando hasta antes del despido injustificado, así como al pago de los salarios caídos, con sus respectivos incrementos, a partir de la fecha del despido, siendo esto a partir del día 15 de diciembre del año 2009, y hasta el cumplimiento del fallo, y hasta la fecha en que sea debidamente reinstalado. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la parte considerativa de la presente resolución.-TERCERA. ... CUARTA.-Se condena a la entidad pública demandada al pago de vacaciones por el tiempo en que prestó sus servicios para la demandada, es decir, del 11 de mayo al 15 de diciembre del 2009, al pago de prima vacacional, proporcional al tiempo laborado, es decir, del 11 de mayo al 15 de diciembre del 2009, ... Descontando tales prestaciones 09 (nueve) días, en que se vio interrumpido el vínculo laboral.-QUINTA.- ...’

"De lo transcrito, claramente se advierte que la autoridad responsable, en el laudo reclamado, se limitó a establecer condena sobre las prestaciones que resultaron procedentes, pero no se especificó en cantidad líquida; asimismo, sólo refirió que el salario base para el pago de las prestaciones laudadas sería el de **********, pero, si bien es cierto, el instructor omitió cuantificar las respectivas condenas, también es verdad, que ese actuar obedeció a que no era posible fijar el monto de los salarios vencidos y, como consecuencia lógica, la suma total de las condenas, pues el jurisdicente no contaba con la información atinente a los incrementos salariales que se generaron durante la tramitación del juicio, por lo que, resulta claro que en ese momento no era posible la cuantificación correspondiente.

"Así es, dados los antecedentes del caso, este Tribunal Colegiado considera que sí se actualiza el caso de excepción a que alude la última parte del artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios, sobre la apertura del incidente de liquidación; puesto que en autos no existe dato alguno respecto a los incrementos salariales a que condenó la responsable y que se hubieren suscitado desde la fecha en que ocurrió el despido injustificado; por tanto, es evidente que primero debe determinarse a cuánto ascendieron los incrementos del salario, para estar en posibilidades de cuantificar los mismos, lo que en la especie no quedó evidenciado en autos; de tal suerte que, opuesto al sentir del disidente, resulta necesaria la tramitación del incidente de liquidación para obtener la cifra específica de dicha condena, apertura que debe decirse, de no efectuarse, perjudicaría al aquí quejoso, pues correría el riesgo de que la cuantificación se llevara a cabo sin tener los elementos necesarios para ello, lo que redundaría, sin duda, en el quántum que se obtuviera.

"Así las cosas, como se viene diciendo, la decisión del responsable resultó legal y no existe infracción a los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y su Municipios.

"Lo antes considerado tiene sustento jurídico en la jurisprudencia sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(7) en su anterior integración, que dice lo siguiente:

"‘SALARIOS CAÍDOS, MONTO DE LOS, EN CASO DE INCREMENTOS SALARIALES DURANTE EL JUICIO.-Si un trabajador demanda la reinstalación y el pago de los salarios vencidos y el patrón no acredita la causa justificada de la rescisión, la relación laboral debe continuar en los términos y condiciones pactados como si nunca se hubiera interrumpido el contrato de trabajo; de ahí que si durante la tramitación del juicio hasta la fecha en que se reinstale al trabajador hay aumentos al salario por disposición de la ley o de la contratación colectiva, o un aumento demostrado en el juicio laboral, proveniente de alguna fuente diversa de aquéllas, éstos deben tenerse en cuenta para los efectos de calcular el monto de los salarios vencidos, toda vez que la prestación de servicios debió haber continuado de no haber sido por una causa imputable al patrón; pero en el caso de que la acción principal ejercitada sea la de indemnización constitucional, no la de reinstalación, y la primera se considere procedente, los salarios vencidos que se hubieran reclamado deben cuantificarse a la base del salario percibido a la fecha de la rescisión injustificada, toda vez que al demandarse el pago de la indemnización constitucional el actor prefirió la ruptura de la relación laboral, la que tuvo lugar desde el momento mismo del despido.’ ..."

• Juicio de amparo directo 589/2016, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

Antecedentes

1. Las actoras en el juicio laboral reclamaron de la entidad pública en que laboraban, la reinstalación en el puesto que desempeñaban, salarios caídos e incrementos salariales desde la fecha del despido hasta el total cumplimiento del laudo, así como el pago de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, tiempo extraordinario, bono del burócrata y las aportaciones ante la Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco.

2. Entre los hechos que motivaron la demanda laboral, las trabajadoras señalaron que ingresaron a laborar a la entidad pública, el uno de enero de dos mil nueve, como servidores públicos de base, que fueron contratadas por quien entonces fungía como presidente municipal, en el puesto de inspectores del departamento de reglamentos, con una jornada laboral de lunes a viernes de las 7:30 a las 17:30 horas, y que el uno de octubre de dos mil doce, a las nueve horas, fueron despedidas por el oficial mayor administrativo en la Oficina de Recursos Humanos.

3. Concluida la tramitación del juicio, se dictó laudo el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en el que se absolvió a la entidad pública de reinstalar a las actoras, así como del pago de algunas prestaciones accesorias y fue condenada respecto del pago de una quincena de salario y el bono del burócrata.

4. Inconformes con el laudo, las trabajadoras promovieron juicio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27240-1cc44d06/laudos-dictados-en-un-juicio-burocratico-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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