EJECUCIÓN DE LAUDO. AL PREVENIR EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO, NO RESULTA APLICABLE, SUPLETORIAMENTE, LA MISMA MEDIDA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 59, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO CUARTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 2 DE DICIEMBRE DE 2019. MAYORÍA DE TRECE VOTOS A FAVOR DE LOS MAGISTRADOS EMILIO GONZÁLEZ SANTANDER, MARÍA DE LOURDES JUÁREZ SIERRA, LOURDES MINERVA CIFUENTES BAZÁN, IDALIA PEÑA CRISTO, ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ, GENARO RIVERA, LAURA SERRANO ALDERETE, MARTÍN UBALDO MARISCAL ROJAS, NOÉ HERRERA PEREA, FELIPE EDUARDO AGUILAR ROSETE, NELDA GABRIELA GONZÁLEZ GARCÍA, JOSÉ GUERRERO LÁSCARES Y ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. DISIDENTES: ARTURO CEDILLO OROZCO, MARÍA SOLEDAD RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, TARSICIO AGUILERA TRONCOSO Y HÉCTOR ARTURO MERCADO LÓPEZ. PONENTE: ROBERTO RUIZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: JOSÉ DE JESÚS GONZÁLEZ MONTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia.
Este Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito es legalmente competente para resolver la presente denuncia de posible contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, en atención a que se trata de una probable contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito (Décimo Cuarto y Décimo Séptimo en Materia de Trabajo).
SEGUNDO.—Legitimación.
La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, así como 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por la Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
TERCERO.—Criterios contendientes.
A continuación, se establece el contenido de las ejecutorias que contienen los criterios denunciados como discrepantes.
El Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RT. 67/2018, promovido por el recurrente **********, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en sesión de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos, sostuvo en la parte que interesa:
"SEXTO. Estudio de fondo ...
"I. Ilegal aplicación de multa, de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Procedimientos Civiles
"El recurrente argumenta que la sentencia dictada por la Juez del conocimiento transgrede sus garantías de legalidad y seguridad jurídica.
"Lo anterior, en virtud de que soslayó que la autoridad responsable en el acuerdo de once de abril de dos mil dieciocho, citó preceptos legales que no son aplicables, aunado a que no realizó un análisis detallado de las copias certificadas remitidas.
"Indica que aun y cuando el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene facultades discrecionales para la ejecución de los laudos, las mismas no pueden ir más allá de lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que en ella existen expresamente medidas de apremio para hacer cumplir las resoluciones.
"Afirma que no puede aplicarse diverso ordenamiento supletoriamente, en virtud de que la ley contempla los medios de apremio que se pueden utilizar.
"Sostiene que si bien el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, establece que en lo no previsto expresamente puede aplicarse supletoriamente lo establecido en otras normas, lo cierto es que eso no sucede en el caso de las medidas de apremio, ya que se encuentran previstas en el diverso artículo 148 de la misma ley.
"En esa virtud, indica que de manera indebida se aplicó una medida de apremio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Lo anterior, es fundado.
"En efecto, el recurrente promovió juicio de amparo indirecto, del cual correspondió conocer a la Juez Octavo de Distrito en Materia de Trabajo del Primer Circuito, señalando como acto reclamado el siguiente (foja 03 del expediente de amparo indirecto 966/2018-IV):
"‘IV. Norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame:
"‘a) De la autoridad responsable ordenadora, el acuerdo de fecha once de abril de dos mil dieciocho, notificado el día 3 de mayo de dos mil dieciocho, por el que la Sala señalada como autoridad responsable ordenó lo siguiente:
"‘GÍRESE ATENTO OFICIO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, con domicilio en ... para que se sirva imponer al (sic) Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México ubicado en ... una multa por la cantidad de $********** (********** pesos 00/100 M.N.), equivalente a ********** unidades de medida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles. ...’
"Seguidos los trámites, mediante sentencia de dieciocho de julio de dos mil dieciocho, la Juez del conocimiento, determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal al titular recurrente, argumentando que de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje podía dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, en estricta observancia a lo previsto en el artículo 17 constitucional.
"Asimismo, sostuvo que la responsable había dictado en repetidas ocasiones diversos acuerdos, sin obtener un resultado favorable en cuanto al cumplimiento del laudo, considerando que no era ilegal que se impusiera una multa de ciento veinte unidades de medida y actualización de valor diario, de conformidad con el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
"De igual forma, refirió que de conformidad con el numeral 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se podían dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que fueran procedentes con el objeto de lograr la ejecución del laudo, y que incluso en términos del diverso 147 del mismo ordenamiento se podía decretar el uso de la fuerza pública a fin de cumplir con la determinación.
"Además justificó su decisión exponiendo que por encima del interés individual del afectado con la medida de apremio hecha efectiva y decretada, se encontraba el interés de la sociedad a fin de que se impartiera justicia de manera pronta, expedita, completa e imparcial.
"Determinación que no se comparte.
"En principio, cabe precisar lo dispuesto por los artículos 11, 147, 148, 149, 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles:
"Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
"‘Artículo 11. En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad.’
"‘Artículo 147. Las autoridades civiles y militares están obligadas a prestar auxilio al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello.’
"‘Artículo 148. El Tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta por mil pesos.’
"‘Artículo 149. Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro.’
"‘Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.’
"‘Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior.’
"Código Federal de Procedimientos Civiles
"‘Artículo 59. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio:
"‘I. Multa hasta por la cantidad de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal –sic– ...’
"De lo anterior, se advierte que en lo no previsto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado será aplicable, entre otros ordenamientos, el Código Federal de Procedimientos Civiles, por otro lado, se estableció que el tribunal para hacer cumplir sus determinaciones, puede imponer como medida de apremio una multa hasta por un monto máximo de mil pesos, por remisión expresa del diverso numeral 151 de la misma ley, incluso se dispuso que podía solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares.
"Por otra parte, en la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, citada por la Juez de Distrito en la sentencia recurrida como sustento para declarar infundados los conceptos de violación expresados por el ahora inconforme, de rubro: ‘LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.’, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que si bien, la imposición de una multa hasta por mil pesos era la única medida de apremio expresamente establecida en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cierto era que no podía desconocerse que el artículo 150 de esa ley, ordenaba al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podía dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio fueran procedentes, para lo cual, la propia ley ponía a su disposición incluso el auxilio de las autoridades civiles y militares, señalando con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en el laudo ejecutoriado.
"Criterio que se sustentó además en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias.
"La citada jurisprudencia es del contenido siguiente:
"‘LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.—El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa.’
"Sin embargo, si bien se estableció que el tribunal a fin de hacer cumplir sus resoluciones, además de la multa hasta por mil pesos, podía dictar otras medidas, lo cierto es que ello no implicaba que fuera posible imponer una multa por ciento veinte unidades de medida y actualización de valor diario, en virtud de que la misma fue excluida por el propio legislador en la regulación del juicio burocrático; y aun cuando la ley de la materia reconoce que el tribunal debe adoptar todas las medidas necesarias para lograr la ejecución y cumplimiento de los laudos, ello no lo autoriza a imponer medidas de apremio que no estén previstas expresamente en la ley de la materia.
"Por otra parte, no debe soslayarse que es el propio artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que en su séptimo párrafo, establece que son las mismas leyes las que establecen los medios para lograr la plena ejecución de las resoluciones, por lo que las medidas de apremio a las que puede acudir el juzgador deben estar previstas en la ley en sentido formal y material, máxime que su imposición implica la afectación de otros derechos fundamentales del contumaz.
"En efecto, los medios de apremio son los instrumentos jurídicos que la ley pone al alcance de las autoridades y que pueden utilizarse para hacer cumplir sus determinaciones; tienen como propósito vencer la contumacia del particular, es decir, van dirigidas a quien está obligado a actuar en determinada forma o dejar de hacer algo que debe cumplirse en virtud de un mandato legítimo de autoridad competente.
"Asimismo, el derecho fundamental a la seguridad jurídica, garantizado en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 constitucionales, se respeta por el legislador en las disposiciones de observancia general, mediante las cuales establece sanciones administrativas a los gobernados, ya que con la regulación respectiva se genera certidumbre a éstos sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y, además, se acota en la medida necesaria y razonable tal atribución, impidiendo a la autoridad actuar de manera arbitraria o caprichosa.
"Así, los medios de apremio son instrumentos coactivos que establece el legislador, con el propósito de vencer la contumacia de los obligados al cumplimiento de una resolución jurisdiccional; y como toda medida coactiva, al igual que las sanciones administrativas, la regulación de los medios de apremio debe generar certidumbre a los destinatarios de esos instrumentos sobre las consecuencias jurídicas de su conducta y además, acotar en la medida necesaria y razonable tal atribución.
"En tal virtud, a efecto de cumplir con el derecho a la seguridad jurídica, resulta indispensable que el medio de apremio se establezca en ley; y que en ella se contengan los elementos necesarios para generar certidumbre en su aplicación y acceder a los poderes de coerción otorgados al juzgador.
"Consecuentemente, no basta el precepto legal que ordena al tribunal adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar sus laudos, a fin de estimar que el órgano jurisdiccional está facultado para imponer una multa por ciento veinte unidades de medida y actualización como medida de apremio, con fundamento en diverso ordenamiento.
"Lo anterior, porque debe considerarse que fue el propio legislador quien expresamente decidió limitar la multa como medida de apremio hasta por la cantidad de mil pesos en el juicio ordinario burocrático, por tanto, es incuestionable que no resultaba procedente aplicar supletoriamente lo dispuesto por el artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles.
"Máxime que dicho ordenamiento sólo es aplicable en lo no previsto por la ley burocrática, tal como lo dispone el artículo 11 de esta última.
"Lo anterior, encuentra sustento por similitud, en la jurisprudencia 2a./J. 43/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de junio de dos mil tres, publicado en la página doscientos seis, de rubro y texto siguientes:
"‘MEDIOS DE APREMIO. EL ARTÍCULO 731 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, NO ES DE APLICACIÓN SUPLETORIA PARA QUE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE HAGA CUMPLIR SUS DETERMINACIONES, AL EXISTIR EN LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DISPOSICIÓN EXPRESA EN ESE SENTIDO.—El artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prevé que es obligación del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer respecto a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que deberá dictar las medidas que a su juicio sean necesarias; por su parte, el numeral 151 de la propia ley regula el procedimiento para la ejecución de esos laudos e indica que al efecto se proceda conforme a lo dispuesto en el capítulo primero del título octavo (artículos 148 y 149) de esa ley, en donde se establece que el citado tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas «hasta de mil pesos», las que se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación. En congruencia con lo anterior, se concluye que al existir disposición expresa para que el mencionado tribunal pueda lograr el cumplimiento de sus laudos condenatorios, no tienen aplicación supletoria los medios de apremio previstos en el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo.’
"Luego, como la institución de los medios de apremio está prevista y desarrollada suficientemente en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo que no es el caso, como lo dispone el artículo 11 del mismo ordenamiento legal, aplicar supletoriamente en este aspecto, el Código Federal de Procedimientos Civiles.
"En tales circunstancias, resulta incuestionable que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje carece de atribuciones para imponer una multa por ciento veinte unidades de medida para lograr el cumplimiento de sus laudos, por lo que resulta indebido el fundamento citado en dicho acuerdo combatido, lo que vulnera en perjuicio del aquí recurrente, sus derechos reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales.
"Atento lo anterior, resultan fundados y suficientes para modificar la sentencia recurrida y, como consecuencia, conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para efecto de que se deje insubsistente la multa reclamada impuesta por ciento veinte unidades de medida y actualización de valor diario, en el entendido de que la responsable carece de facultades para imponer tal medio de apremio, en los términos en que lo hizo."
Por su parte, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RA. 82/2016, cuyo quejoso y recurrente fue **********, en sesión de doce de enero de dos mil diecisiete, por unanimidad de votos sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.—Estudio. ...
"21. Por otra parte, alega el inconforme que fue incorrecto el actuar del a quo en el sentido de establecer que es procedente, en términos del artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la aplicación del diverso precepto 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, pues la responsable no se encuentra facultada para imponer una multa en los términos en que lo hizo, pues establecer que los artículos 147 y 148 de la ley burocrática autorizan a la responsable para actuar de esa forma, es equivocado, ya que la multa de ciento veinte días del salario vigente en la Ciudad de México no es una medida de la cual pueda disponer la Sala, ni siquiera de forma supletoria, ya que el mencionado artículo 148, establece que tratándose de multas, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje únicamente se encuentra facultado para imponer una multa de hasta mil pesos.
"22. También, expresa el agraviado que el Juez Federal consideró procedente el actuar de la autoridad responsable, con base en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que establece la facultad de la responsable para dictar las medidas necesarias en la ejecución de los laudos en la forma y términos que a su juicio sean procedentes; sin embargo, ello no puede interpretarse en el sentido de que la autoridad responsable está facultada para implementar una medida de apremio distinta a la prevista en el artículo 148 de la misma ley, de lo anterior, se advierte que la multa de ciento veinte días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, se encuentra excluida dentro de la amplia gama de instrumentos legales de los cual (sic) puede disponer para el cumplimiento de los laudos, por lo que la sentencia recurrida causa agravios al quejoso.
"23. Son infundados los argumentos relatados.
"24. En efecto, de la sentencia recurrida consta que el Juez de Distrito determinó negar el amparo solicitado, bajo el argumento de que el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, faculta al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a emplear los mecanismos necesarios en la forma y términos que a su juicio resulten procedentes, a fin de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, de modo que, ante el incumplimiento al requerimiento efectuado en el auto de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, la Sala responsable estuvo en aptitud de hacer efectivo el apercibimiento de multa efectuado en dicho acuerdo y al imponerle una multa de ciento veinte días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, para hacer cumplir el laudo que fue dictado desde el nueve de octubre de dos mil dos, sin que a la fecha de la sentencia impugnada, haya sido posible dar total cumplimiento al mismo.
"25. En consecuencia, el a quo concluyó que la imposición de la medida de apremio sí estaba fundada y motivada, pues la Sala responsable expuso las razones por las cuales estimó procedente apercibir al demandado a la multa referida, lo cual sustentó en el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en concordancia con el artículo 17 constitucional.
"26. Dicha determinación se encuentra apegada a derecho, pues contrariamente a lo que sostiene el ahora recurrente, el Juez de amparo sí valoró las circunstancias del caso en relación con la imposición de la multa decretada en su contra, en su calidad de titular del Gobierno del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), porque aun cuando es cierto no existe precepto alguno en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que establezca en forma expresa que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se encuentra facultado para imponer ese tipo de medidas de apremio, en tanto que, el artículo 148 del citado ordenamiento legal sólo dispone podrá imponer multas hasta de mil pesos para hacer cumplir sus determinaciones.
"27. También es cierto que, la circunstancia de que en la ley burocrática, y especialmente en el referido precepto legal, no se establezca expresamente que para hacer cumplir sus determinaciones, las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje puedan imponer medidas de apremio diversas a las ahí consignadas, ello no implica necesariamente, que la Sala responsable hubiera actuado arbitraria o ilegalmente al imponer la multa de ciento veinte días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, en términos del artículo 59, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por no cumplir con lo determinado en el laudo, pues el apercibimiento y la aplicación de esa sanción, lo efectuó conforme al artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que el propio juzgador invocó en la sentencia recurrida, que es del texto siguiente:
"‘Artículo 150. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes.’
"28. Bajo ese tenor, tenemos que el tribunal tiene facultades para dictar todas las medidas que estime pertinentes y a su juicio sean procedentes para lograr la inmediata y eficaz ejecución de los laudos, lo cual permite arribar a la conclusión de que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no limita la actuación de las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en relación con las medidas de apremio que se pueden implementar para lograr la efectiva e inmediata ejecución de los laudos que se dicten en los juicios laborales de la competencia de dichas Salas.
"29. Tan es así, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que si bien la imposición de multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la ley burocrática, no puede pasar inadvertido que el artículo 150 del mismo cuerpo normativo, ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, de modo que, para lograr su cumplimiento, además de la multa prevista en el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el citado tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para hacer cumplir sus determinaciones y no sólo con la multa de hasta mil pesos, por lo que podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares, y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza.
"30. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, publicada en la página 227 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, la cual invocó el Juez de Distrito, del rubro y texto siguientes:
"‘LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.—El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la for
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29302-bb612abf/ejecucion-de-laudo-al-prevenir-el-articulo-148 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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