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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO. NO ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA PRORROGAR SUS NOMBRAMIENTOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2012. · Registro digital (IUS): 23905
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, PRIMERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, Pág. 1783.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, PRIMERO Y CUARTO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 4 DE JULIO DE 2012. CINCO VOTOS. PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO. SECRETARIO: EDUARDO DELGADO DURÁN.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados del mismo circuito, al resolver asuntos de naturaleza administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio pasado, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contrarias en los juicios de amparo de su competencia, la procuradora general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los mismos Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, la procuradora general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que se hubiese ocurrido la contradicción."

De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que es uno de los órganos jurisdiccionales que emitió una de las sentencias señaladas como participantes en la denuncia de contradicción de tesis.

TERCERO. Como cuestión previa y con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es preciso analizar los criterios sustentados por los órganos colegiados que la motivaron, por lo que a continuación se transcriben:

La parte considerativa de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en el amparo en revisión **********, en la parte que interesa, dice:

"SEXTO. El estudio de los motivos de inconformidad permite realizar las consideraciones legales siguientes: ... En diverso agravio las autoridades recurrentes aducen que el Juez de Distrito, para conceder el amparo, determinó que el agraviado goza de estabilidad en el empleo, lo que dicen: ‘... es ilegal e incongruente, pues de su propio argumento que cito textualmente a continuación, que el quejoso aun en el supuesto de que se le tuviera que contar la suma de los nombramientos de secretario relator de este tribunal, en la temporalidad de los mismos no tenía dicho beneficio...’. Asimismo, las propias autoridades recurrentes aducen, en síntesis, lo siguiente: A) Que de acuerdo con los nombramientos que se otorgaron al quejoso, no le conferían ningún derecho a la estabilidad en el empleo, que la doctrina define como prerrogativa de que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta la terminación natural de la relación laboral; por lo que si quienes fueron nombrados bajo la vigencia de normatividades que operaban antes del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, adquirieron estabilidad en el empleo; lo cierto es que al (sic) agraviado el primero de sus nombramientos fue del treinta de enero de dos mil cuatro, por ende, ese derecho no aplica en su favor. B) Que causa agravios la determinación del Juez de Distrito, al pronunciarse en torno a la figura jurídica de prórroga del nombramiento de confianza, porque dicha figura no se encuentra prevista en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, violándose con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que la supletoriedad sólo opera para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios generales contenidos en otras leyes, cuando la referencia de una ley a otra es expresa. En apoyo a lo anterior, hace aplicación de la tesis señalada con el rubro: ‘TRABAJADORES POR TIEMPO DETERMINADO AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO, AUNQUE SUBSISTA LA MATERIA QUE DA ORIGEN A SU NOMBRAMIENTO, ÉSTE NO PUEDE PRORROGARSE EN (sic) BASE A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’. C) Que es improcedente la reinstalación reclamada, ya que el accionante no había sido cesado en el empleo, sino que concluyó el término natural que se estableció en los nombramientos con carácter provisional, por lo que la relación de trabajo concluyó al haber llegado a su término el nombramiento que suscribió con fecha del primero al quince de mayo de dos mil ocho. Al respecto, invoca la tesis señalada con el rubro: ‘REINSTALACIÓN, EL LAUDO QUE CONDENA A LA, ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS CUANDO EL CONVENIO LABORAL HA VENCIDO.’. D) Que el Juez de Distrito pasó por alto que si bien la Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios contenía disposiciones que posteriormente fueron reformadas; sin embargo, resulta que se debe aplicar la ley vigente cuando se expidió el último de los nombramientos, pues no gozó de uno solo de esos nombramientos durante la totalidad del tiempo que duró la relación laboral, sino que al vencimiento de cada uno, se expedía uno nuevo, situación que era del conocimiento del actor y aceptada esa situación, por lo que el último de esos nombramientos sustituía a los anteriores. Sobre el particular, invoca la tesis señalada con el rubro: ‘CONTRATOS SUCESIVOS. EL ÚLTIMO RIGE LA RELACIÓN LABORAL.’. E) Que resulta inaplicable la tesis que invoca el Juez de Distrito, con el rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LOS NOMBRADOS ANTES DE QUE ENTRARAN EN VIGOR LAS REFORMAS A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY BUROCRÁTICA ESTATAL, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE ENERO DE 1998, ADQUIRIERON EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A RECLAMAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ÉSTE, EN CASO DE DESPIDO.’; porque al quejoso se le expidió un nombramiento con posterioridad a la fecha que refiere la propia tesis de jurisprudencia. Asiste la razón a las autoridades recurrentes. En efecto, en primer término debe establecerse que la estabilidad en el empleo debe entenderse como el derecho que tiene el trabajador a conservarlo, hasta la terminación de la relación laboral, de manera natural. Ello encuentra apoyo en la definición del doctrinista Mario de la Cueva, la cual es del tenor literal siguiente: ‘La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disolución únicamente a la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente de la del patrono, del incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación que haga imposible su continuación.’ (Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, México, 1978, quinta edición, editorial Porrúa, página 219). Asimismo, con el objeto de precisar el alcance del referido criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 156/2002-SS, suscitada entre los Tribunales Primero y Segundo en Materia de Trabajo del Tercer Circuito el veintiocho de marzo de dos mil tres, entre otras consideraciones, señaló que la estabilidad en el empleo, se entiende ‘... como el derecho que tiene el trabajador a conservarlo, hasta la terminación de la relación laboral, de manera natural.’ (lo subrayado es de este tribunal). Atento a lo anterior, estabilidad en el empleo se entiende como el derecho que tiene el trabajador a conservarlo, hasta la terminación de la relación laboral, de manera natural. Esta definición empleada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no viene sino a fijar el límite de esa inamovilidad en el empleo; es decir, hasta dónde queda terminada esa estabilidad en el empleo, que lo define de manera precisa al señalar que la misma se da hasta la terminación de la relación laboral de manera natural; y esto no es más que la imposibilidad material y jurídica del patrón o empleador de que no puede despedir injustificadamente al trabajador, y en caso de hacerlo, optar por la reinstalación en el cargo o empleo o por la indemnización constitucional, teniendo derecho en ese supuesto al pago de salarios caídos. Bajo este contexto, a pesar de que el quejoso pudiera gozar de esa estabilidad en el empleo, tal derecho no podría ser suficiente para establecer la inconstitucionalidad del acto reclamado, en atención a que la terminación de la relación de trabajo del agraviado, se debió a la conclusión del término del nombramiento que le fue otorgado; es decir, que finalizó el plazo por el cual fue otorgado; esto es, del primero al quince de mayo de dos mil ocho, para desempeñar el cargo de secretario relator adscrito a la Sala Décimo Primera Civil, antes Sala Auxiliar Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Es decir, la responsable no prescindió de los servicios del quejoso como secretario relator de esa Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, previo a la terminación del nombramiento temporal, o bien por un cese o causa injustificada; sino que atendiendo al respeto de la estabilidad en el empleo, esperó a la conclusión del plazo concedido para llevar a cabo su función que le fue encomendada, lo cual es objetivamente correcto, toda vez que, se reitera, el respeto de la inamovilidad laboral está sustentada en el hecho de que únicamente podía ser cesada por alguna de las causas justificadas que señala la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, o cuando existiera un motivo razonable de pérdida de confianza, aun cuando no coincidiera con dichas causas, y que en caso de despido injustificado podían optar por la reinstalación en el cargo o empleo o por la indemnización constitucional, teniendo derecho en ese supuesto al pago de salarios caídos. En efecto, esta interpretación es congruente con las consideraciones que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó en la ejecutoria transcrita en párrafos que anteceden, en donde haciendo un análisis de las teorías de los derechos adquiridos y las expectativas de derecho, y la de los componentes de la norma, determinó que los servidores públicos nombrados durante la vigencia de la ley anterior adquirieron el derecho a desempeñar el cargo y conservarlo, bien hasta su terminación o bien hasta su rescisión por causa legal; luego, si en virtud de la terminación del nombramiento del quejoso, el mismo fue separado de su cargo, es inexacto que las autoridades responsables hayan desconocido los derechos de estabilidad en el empleo, con la emisión de los actos reclamados. Al respecto de lo anterior, se cita por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 193/2006, consultable en la página 218, Tomo XXIV, diciembre de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: ‘SERVIDORES PÚBLICOS AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO, ADSCRITOS A LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, QUE PRESTAN SUS SERVICIOS CON UN NOMBRAMIENTO TEMPORAL. NO GOZAN DE LA PRERROGATIVA DE PERMANENCIA EN EL EMPLEO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 7o. DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS.’ (se transcribe). Por otra parte, debe considerarse que no puede desatender (sic) el particular reclamo de inconstitucionalidad del quejoso, en el sentido de que la determinación de la autoridad responsable de expedirle nombramientos por plazo determinado no debe surtir efecto alguno, porque atendiendo a la reforma del artículo 16, fracción I, de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, publicada el veinte de enero de dos mil uno, los nombramientos de empleados de confianza pueden ser definitivos cuando se otorguen para ocupar una plaza permanente; lo que dice, en el caso ocurre. En efecto, los artículos 3o. y 4o., fracción IV, inciso a), de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, respectivamente establecen: ‘Artículo 3o.’ (se transcribe). ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). Numerales de los que se colige que los servidores públicos se clasifican en: de base, de confianza, supernumerario y becario, y que son servidores públicos de confianza en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado, los secretarios de la Salas. Por otra parte, el artículo 16 de la citada Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, cuya reforma fue publicada en el Periódico Oficial el veinte de enero de dos mil uno, dispone: ‘Artículo 16.’ (se transcribe). Numeral del que se colige que en el año dos mil uno se estableció el derecho de que los nombramientos de los servidores públicos fueran definitivos cuando se otorgaren para ocupar plazas permanentes ya fueran de base o de confianza. Por otra parte, de las actuaciones que conforman el procedimiento relativo a la demanda laboral planteada por **********, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, con número de expediente **********, se advierte que el referido actor, aquí quejoso, desempeñó el cargo de secretario relator, con categoría de interino, de la Sala Auxiliar de la citada institución, de manera ininterrumpida, esto es, de manera permanente y continua desde el uno de febrero de dos mil cuatro hasta el treinta y uno de enero de dos mil cinco; luego, del uno de febrero de dos mil cinco al quince de mayo de dos mil ocho, ocupó el cargo de confianza, tal como se demuestra con los nombramientos que se allegaron al procedimiento y que obran a fojas 10 a 21 del cuaderno de pruebas. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley para los Servidores públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, sólo se desprende un catálogo de nombramientos para los servidores públicos; sin embargo, de ese precepto legal no se advierte derecho alguno a favor del quejoso, cuando, como en el caso, haya ocupado nombramientos de confianza de plazo determinado e ininterrumpidos; es decir, que el hecho de haber ocupado esa plaza de secretario relator de una de las Salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco no significa que de manera automática se tenga el derecho de obtener un nombramiento definitivo. Ciertamente, esta interpretación debe ser congruente con lo dispuesto por el diverso artículo 7o. de la indicada Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que dispone: ‘Artículo 7o.’ (se transcribe). El contenido de ese precepto legal evidencia que no dispone cosa alguna en relación con los trabajadores de confianza, por lo que debe concluirse que el beneficio de obtener un nombramiento definitivo, por haber transcurrido seis meses ininterrumpidos de servicios, sin nota desfavorable en su expediente, corresponde exclusivamente para los trabajadores de base. Esto es, que los trabajadores de confianza, como el quejoso no gozan de ese derecho, aun cuando hayan laborado por más de seis meses ininterrumpidos y sin nota desfavorable en su expediente, dado que la inamovilidad en el empleo de que habla el artículo 7o., sólo está dirigida a los servidores públicos que desempeñen labores no consideradas de confianza, pues lo que consigna dicho numeral es que la inamovilidad de los trabajadores debe entenderse en función de aquellos considerados de base y tratándose de los de nuevo ingreso no lo serán sino después de seis meses de servicio, sin nota desfavorable en su expediente; es decir, el derecho a la inamovilidad refiere únicamente respecto de los trabajadores de base y cuando éstos sean de nuevo ingreso, pero con esa calidad serán inamovibles después de cumplir seis meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente, sin que deba entenderse el contenido del artículo 7o. en el sentido de que, por el hecho de haber laborado el trabajador en el puesto en forma ininterrumpida por más de seis meses, tenga derecho a obtener un nombramiento de manera definitiva, pues este precepto legal, relacionado con el diverso artículo 16, fracción I, no establece ningún beneficio de esa naturaleza para los empleados que hubieran tenido un nombramiento de confianza y, que por tal razón, no están en posibilidad de exigir de las responsables el otorgamiento de un nombramiento definitivo. En congruencia con lo reseñado, es inexacto que por el solo hecho de tratarse de un trabajador de confianza y haber laborado en el puesto en forma ininterrumpida por más de seis meses, el actor tenga el derecho a ser considerado de base o definitivo y a que se le expida el nombramiento respectivo, pues aún después de transcurrido el término de esos nombramientos, no adquiere inamovilidad alguna ni está en posibilidad de exigir de las autoridades responsables el otorgamiento de un nombramiento definitivo. Sobre el particular, es aplicable por identidad de razón la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6 del Tomo XXII, noviembre de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. NO ADQUIEREN EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CUANDO PRESTAN SUS SERVICIOS EN UNA PLAZA TEMPORAL.’ (se transcribe). Asimismo, asiste la razón a las autoridades recurrentes en cuanto a que el Juez de Distrito, al pronunciarse en torno a la figura jurídica de prórroga del nombramiento de confianza, lo hace sin atender que dicha figura no se encuentra prevista en la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, violándose con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica; toda vez que la supletoriedad sólo opera para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones en forma que se integre con los principios generales contenidos en otras leyes, cuando la referencia de una ley a otra es expresa. En efecto, la relación de servicio público existente entre las entidades de la administración pública y las personas que en ellas laboran o prestan sus servicios, es de carácter sui géneris, es decir, que teniendo las características que le distinguen y que le son propias, se asimila a la relación existente entre un obrero y su patrón, debido a esta particularidad, dicha relación no se regula en los mismos términos que las relaciones de trabajo entre particulares en general, sino que incluso el Poder Constituyente, en el apartado B del artículo 123 de la Ley Fundamental, que es reglamentario (sic) de la ley federal burocrática, estableció las bases sobre las cuales se deben normar, por el Congreso de la Unión, las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores, las que deben de tomarse en cuenta por las Legislaturas de los Estados al expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, atento al contenido del artículo 116, fracción VI, de aquel ordenamiento constitucional. Entre las características que son propias de la relación entre las entidades de la administración pública y los trabajadores a su servicio y que le distinguen de la relación de trabajo en general, cabe destacar la concerniente a la forma en que generalmente se establece dicho nexo jurídico, esto es, mediante la expedición de nombramiento a favor de determinada persona o su inclusión en la nómina de pago de sueldos o listas de raya, con motivo de la prestación de un trabajo subordinado, físico o intelectual o de ambos géneros con las condiciones establecidas como mínimas por la ley; a diferencia de la relación obrero patronal que se origina mediante la libre contratación entre las partes que intervienen, y se rige por lo normado en el apartado A del artículo 123 constitucional y la Ley Federal del Trabajo que lo reglamenta. Otra nota distintiva la constituye la forma de fijar la retribución por los servicios prestados por el trabajador; mientras que en la relación laboral entre particulares, los contratantes se ponen de acuerdo en el salario que se deberá pagar por los servicios recibidos, que no deberá ser inferior a los mínimos a que se refiere la fracción VI del citado artículo 123 constitucional; en cambio, en la relación de servicio público, de conformidad con lo dispuesto en la ley burocrática estatal, el sueldo o salario es el que se asigna en el presupuesto de egresos respectivo, el que será acorde a las funciones y responsabilidades del cargo. Consecuentemente, si el nombramiento que se otorga a un servidor público carece de las características de un contrato de trabajo, en los términos previstos por el código obrero, entonces, lógicamente no puede aceptarse que la hipótesis contenida en el numeral 39 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la prorroga de un pacto individual de trabajo, haya de regir cuando se trata del nombramiento de un servidor público, por tiempo determinado, en relación con un puesto que subsiste a su conclusión, ni aun en aplicación supletoria, ya que ésta es válida, cuando se encuentra contenida en la ley originaria la prestación, el derecho o la institución de que se trate, y si dicha ley no la regula con amplitud necesaria, es decir, presenta ‘lagunas’ que pueden subsanarse, aplicando las disposiciones que al efecto establece la ley supletoria, pero no es lógico ni jurídico acudir a la aplicación supletoria de una ley, para introducir a la ley natural instituciones ajenas a la misma, porque ello equivaldría a integrar a esta ley, prestaciones, derechos o instituciones extrañas, invadiendo de esta manera, las atribuciones que la Constitución Federal reserva exclusivamente a los órganos legislativos, supuesto que se pretende en el caso en forma indebida, dado que la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no establece la figura jurídica de la prórroga de un nombramiento cuando al término de su vigencia subsiste la materia que le dio origen. Por tanto, debe concluirse que aun cuando subsista la materia que dio origen al nombramiento temporal del servidor público, éste no puede considerarse prorrogado legalmente, conforme lo establece el derecho sustantivo de la Ley Federal del Trabajo; lo anterior es acorde a lo señalado en la tesis de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 616 del Tomo LXXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘TRABAJADORES DEL ESTADO, NO ESTÁN EN SITUACIÓN JURÍDICA IDÉNTICA A LA DE LOS OBREROS EN GENERAL.’ (se transcribe). Igualmente, se comparte la diversa tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1683 del Tomo XIX, mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto, siguientes: ‘TRABAJADORES POR TIEMPO DETERMINADO AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. AUNQUE SUBSISTA LA MATERIA QUE DA ORIGEN A SU NOMBRAMIENTO, ÉSTE NO PUEDE PRORROGARSE CON BASE EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ (se transcribe). Por ello, debe establecerse que en el caso en particular, no es aplicable la tesis que invoca el Juez de Distrito, con el rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LOS NOMBRADOS ANTES DE QUE ENTRARAN EN VIGOR LAS REFORMAS A LAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY BUROCRÁTICA ESTATAL, PUBLICADAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE ENERO DE 1998, ADQUIRIERON EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A RECLAMAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ÉSTE, EN CASO DE DESPIDO.’; toda vez que esa tesis está orientada al respeto de esa estabilidad en el empleo, cuando en el caso en particular esa estabilidad fue respetada por la autoridad de acuerdo con las consideraciones expuestas en párrafos que anteceden. Por otra parte, en relación con lo solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a través de su pedimento número 873, en el sentido de que se declaren infundados los agravios hechos valer, dígasele que contrario a lo señalados debe estarse a las consideraciones previamente expuestas. Consecuentemente, al resultar parcialmente fundados los motivos de inconformidad que hacen valer las autoridades recurrentes, lo que procede es revocar la sentencia en la materia de su impugnación y negar el amparo solicitado en (sic) base a las consideraciones acabadas de exponer. Atento a lo anterior, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el toca de revisión principal **********, resuelto en sesión de catorce de abril de dos mil once. Igualmente, este órgano colegiado tampoco comparte la diversa tesis que invocó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, visible con el rubro: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO. PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA DE LOS DERECHOS LABORALES ADQUIRIDOS CON MOTIVO DE LA REITERACIÓN DE NOMBRAMIENTOS A SU FAVOR, DEBE ACUDIRSE A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.’ del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este circuito, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A de la Ley de Amparo, se denuncia la posible contradicción de criterios, a fin de que la superioridad resuelva lo conducente."

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar el amparo en revisión **********, sostuvo lo siguiente:

"SEXTO. Son sustancialmente fundados los agravios vertidos por **********. Por razón de técnica, su estudio se hará en orden diverso al propuesto. Sus manifestaciones las hace consistir, esencialmente, en lo siguiente: Que con las constantes reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado la quejosa adquirió derechos laborales irrenunciables, y el derecho a continuar en el servicio civil de carrera, lo que se evidencia del numeral 8o. transitorio, que señala que los derechos de los funcionarios judiciales (de confianza y de base), serán respetados íntegramente; sigue diciendo que la duración del nombramiento no puede quedar a la voluntad de las partes, porque estaría por encima de la ley, aunado a que los artículos 4o., 5o., 35, 36, 37 y 39 de la Ley Federal del Trabajo establecen el derecho a que se prorrogue el contrato cuando subsiste la materia de éste; continúa argumentado la quejosa-recurrente que la Juez Federal no aplicó adecuadamente el artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos d

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23905-f8cb0343/servidores-publicos-del-estado-de-jalisco-no-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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