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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY RELATIVA LES CONFIRIÓ EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A RECLAMAR LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 392/2012. · Registro digital (IUS): 24206
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO (ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIR
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Pág. 1477.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 392/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO (ACTUAL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON LA MISMA RESIDENCIA). 21 DE NOVIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia laboral, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del mismo año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

De donde deriva que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como acontece en el presente asunto.

Sin embargo, esta Segunda Sala considera que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución del presente asunto, en claro perjuicio del orden público y el interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 197-A de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, órgano colegiado que dictó una de las resoluciones que participan en la presente contradicción.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de **********, en la parte que interesa, consideró:

"CUARTO. El estudio de los conceptos de violación, permite realizar las siguientes consideraciones. Manifiesta el inconforme que las consideraciones tomadas en el laudo son subjetivas y apartadas del derecho, ya que se varió la litis y se valoraron indebidamente las pruebas. Que como se advierte de los planteamientos en el juicio, el demandado no controvirtió como lo determinó el tribunal responsable, la calidad de confianza del quejoso, menos aún opuso excepción o defensa alguna en tal sentido al contestar la demanda. Lo anterior es infundado, en virtud de que fue correcto que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, estudiara la procedencia de la acción intentada por el actor, con independencia de las excepciones y defensas opuestas, esto es, si era procedente la reinstalación en el puesto que venía desempeñando en el Ayuntamiento demandado, así como el pago de salarios caídos. Cierto, la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió criterio en el sentido de que los tribunales laborales tienen la obligación de examinar, principalmente los presupuestos de la acción intentada, así como las excepciones opuestas; y si advierten que de los hechos de la demanda y de las pruebas ofrecidas no procede la acción deben absolver, aunque no se opongan excepciones. Ese criterio está contenido en las jurisprudencias, publicadas en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157-162 y 151-156, Quinta Parte, páginas 85 y 86, que dicen: ‘ACCIÓN, NECESIDAD DE SATISFACER LOS PRESUPUESTOS DE LA.’ (se transcribe). ‘ACCIÓN, PROCEDENCIA DE LA. OBLIGACIÓN DE LAS JUNTAS DE EXAMINARLA, INDEPENDIENTEMENTE DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS.’ (se transcribe). También se destaca que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 36/2003 estableció que cuando un trabajador de confianza, que está limitado en sus derechos laborales, ya que sólo tiene derecho a las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no a la estabilidad en el empleo, demanda prestaciones a las que no tiene derecho, por disposición constitucional y por la ley aplicable, como son la indemnización o la reinstalación por despido, aun cuando a la parte demandada se le tenga por contestada la demanda en sentido afirmativo, o que sus excepciones y defensas sean inadecuadas, ello no implica necesariamente un laudo condenatorio, habida cuenta de que el tribunal laboral tiene la obligación, de examinar si los hechos justifican dicha acción y si el actor, de conformidad con la ley burocrática correspondiente, tiene o no derecho a las prestaciones reclamadas, pues de lo contrario, el tribunal estaría injustificadamente tutelando a quienes tienen la obligación de acreditar sus acciones en el juicio. La jurisprudencia en mención, aparece publicada en la página 201 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, abril de 2003, que es del texto siguiente: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO DE LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (FEDERAL O LOCAL) APAREZCA QUE CARECEN DE ACCIÓN PARA DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL O LA REINSTALACIÓN POR DESPIDO, LA DEMANDADA DEBE SER ABSUELTA AUNQUE NO SE HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN RELATIVA.’ (se transcribe). Refiere el inconforme que reclamó la reinstalación en el puesto de inspector especializado A, de la dirección de inspección área de comercio (sic) de la Dirección General de Inspección a Reglamentos del Ayuntamiento de Zapopan, siendo que el demandado controvirtió el carácter del nombramiento del actor, sin que en el juicio haya acreditado la verdad de su defensa al no ofrecer medio probatorio que confirmara su dicho, por ende, la apreciación del tribunal fue subjetiva y apartada del derecho, dejando en estado de indefensión al actor, ya que resolvió el juicio sin que el demandado haya probado su defensa en cuanto al carácter de confianza del quejoso. También aduce que incorrectamente se estableció que las funciones atinentes al carácter de confianza no eran materia de litis, porque fue el actor quien reconoció realizar las funciones inherentes a tal puesto, afirmación inexistente en el escrito inicial de demanda, pues en el mejor de los casos lo único que se refirió fue desempeñarse como inspector especializado A, sin precisar en qué consistieron sus actividades. Los anteriores conceptos de violación resultan infundados. Cierto, del escrito inicial de demanda, se advierte que el actor demandó como acción principal la reinstalación en el puesto que venía desempeñando como inspector especializado A de la Dirección de Inspección Área de Comercial (sic) de la Dirección General de Inspección de Reglamentos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, con motivo del cese injustificado del que dijo fue objeto, así como el pago de salarios vencidos. En el capítulo de hechos señaló que el uno de abril de dos mil siete, ingresó a laborar para la entidad demandada con el nombramiento de inspector especializado A de la Dirección de Inspección Área de Comercial (sic) de la Dirección General de Inspección de Reglamentos del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco. El Ayuntamiento demandado al dar contestación a la demanda, en lo que importa, aceptó como cierto que el actor ingresó a laborar a su servicio en la fecha señalada, pero indicó que fue de forma supernumeraria, eventual y por contratos de tiempo determinado en el puesto de inspector especializado, adscrito al área de comercial (sic) de la Dirección de Inspección de Reglamentos del Ayuntamiento demandado. Ahora bien, el artículo 4o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en la parte conducente, establece: ‘Artículo 4o.’ (se transcribe). Del contenido de ese precepto legal, se pone de manifiesto quiénes son considerados trabajadores de confianza, entre los que se encuentran, los inspectores de los Ayuntamientos. Por tanto, si ambas partes coincidieron en que el actor tenía nombramiento de inspector, ello era suficiente para que se considerara tenía el carácter de confianza, toda vez que el nombramiento encuadra en el listado referido y si bien es cierto que debe atenderse a las funciones realizadas, también lo es que el actor no manifestó realizar funciones diferentes a las del puesto de Inspector, por lo que debe entenderse que su trabajo lo desempeñó realizando los deberes propios del nombramiento otorgado. De ahí que haya sido correcto que la autoridad responsable considerara que el nombramiento del quejoso, tenía carácter de confianza. Por otra parte, refiere que fue incorrecto que se absolviera al Ayuntamiento demandado, bajo el argumento que la acción era improcedente por carecer del derecho a la estabilidad en el empleo y, por consiguiente, no le asistía el derecho a reclamar prestaciones derivadas del cese del que fue objeto. Que ello fue incorrecto porque la ley aplicable es la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y no el artículo 123 constitucional que contempla prohibición en cuanto a la estabilidad en el empleo de los trabajadores de confianza, puesto que la ley burocrática del Estado vigente a la fecha en que el actor fue despedido, sí otorga a los servidores del Estado de Jalisco, la estabilidad en el empleo. Ese motivo de inconformidad es esencialmente fundado, suplido en su deficiencia, en virtud de que, el quejoso gozaba del derecho a la estabilidad en el empleo, aun cuando fuera trabajador de confianza. En principio, resulta conveniente tener presente lo que establecen los artículos 115, fracción VIII, último párrafo y 123, apartado B, en sus fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: ‘Artículo 115.’ (se transcribe). ‘Artículo 123.’ (se transcribe). De los preceptos transcritos se advierte que las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional. Asimismo, que los trabajadores de base al servicio del Estado, sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley; que en caso de que sean separados de manera injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal; y que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, así como el que las personas que desempeñen éstos, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis P. LXXIII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 176, Tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (se transcribe). Ahora, cabe precisar que, si bien, como se vio, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al prever que los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, limita los derechos que a tales trabajadores les corresponde, no prohíbe que puedan establecerse otros derechos en su beneficio, pues sólo consagra las bases mínimas de protección a los trabajadores para asegurar su tranquilidad personal y el bienestar de su familia, como cuestiones esenciales que deben ser respetadas, las cuales servirán de sustento para la creación de las leyes reglamentarias respectivas, máxime que dicho dispositivo constitucional no señala que éstas deben ajustarse de manera exacta a la Constitución Federal. En consecuencia, basta que la Ley Fundamental faculte expresamente a los Poderes Legislativos de los Estados para legislar sobre las relaciones entre los Estados y los Municipios con los trabajadores a su servicio, para que tengan libertad de dictar las normas que consideren convenientes, sujetándose a las bases que al respecto establezca el apartado B del artículo 123 constitucional. Por ende, es jurídicamente atendible lo que establece la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente al momento en que fue contratado el quejoso, en relación con este tipo de trabajadores, al otorgar mayores concesiones que los consignados en la Constitución Federal. Al respecto, es oportuno citar, por las razones que le informan, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 145-150, Primera Parte, página 65, que señala: ‘TRABAJADORES, PRESTACIONES A LOS. ILIMITACIÓN.’ (se transcribe). De igual forma se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 269, tesis 2a. CXL/2003, que dispone: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 17 DE ENERO DE 1998, QUE ESTABLECE EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA, NO VIOLA LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). En el anterior criterio jurisprudencial, si bien se hace referencia a la ley vigente hasta el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, destaca que en la reforma de veintidós de febrero de dos mil siete a la legislación burocrática del Estado, se mantuvo dicho derecho a la estabilidad en el empleo de los servidores públicos, como se verá enseguida. En efecto, el texto original del artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que fue publicado el siete de abril de mil novecientos ochenta y cuatro, disponía: ‘Artículo 8o. Tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se trate, podrán rescindir la relación laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de terminación de los efectos del nombramiento o contrato de trabajo.’. Por su parte, con la reforma publicada diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, esa disposición legal quedó como sigue: ‘Artículo 8o. Tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se trate, sin responsabilidad para ellas, y sin necesidad de instaurar procedimiento administrativo, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Federal, podrán sin más trámite, dictar el cese que termine la relación laboral, si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza a juicio del titular de dicha entidad pública.’. Después y mediante reforma publicada el veinte de enero de dos mil uno, derivada del decreto 18740, disponía: ‘Artículo 8o. Tratándose de servidores públicos de confianza, las entidades públicas de que se trate, sin responsabilidad para ellas, podrán dictar el cese que termine la relación laboral si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, sujetándose en lo conducente al procedimiento previsto en los artículos 23 y 26, salvo que se trate de los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. de los servidores públicos designados por éstos y que dependan directamente de ellos, quienes en su caso podrán ser cesados en los términos de este artículo sin necesidad de instauración del procedimiento señalado. Los elementos de las instituciones policiales del Estado y Municipios, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, solo procederá la indemnización.’. Siendo que el texto vigente a partir del veintidós de febrero de dos mil siete y aplicable en la especie, porque el trabajador, ahora quejoso, afirmó inició a laborar el uno de abril de ese año, lo cual fue aceptado por la demandada al dar contestación a la demanda, establece: ‘Artículo 8o. Tratándose de servidores públicos de confianza, su nombramiento será por tiempo determinado, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6o. de esta ley; sin embargo, las entidades públicas de que se trate, sin responsabilidad para ellas, podrán dictar el cese que termine la relación laboral si existiere un motivo razonable de pérdida de confianza, sujetándose en lo conducente al procedimiento previsto en los artículos 23 y 26, salvo que se trate de los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. o de los servidores públicos designados por éstos y que dependan directamente de ellos, quienes en su caso podrán ser cesados en los términos de este artículo sin necesidad de instauración del procedimiento señalado.’. Del numeral transcrito, en lo que interesa, se observa que por regla general, los empleados de confianza tienen derecho a que previo a su cese, se les instaure procedimiento administrativo en el que se les otorgue la garantía de audiencia y defensa conforme a los numerales 23 y 26 de la ley burocrática en cita, salvo a los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9 de la ley indicada, y los que sean designados y dependan directamente de ellos, lo que evidencia, que aquéllos gozan del derecho a la estabilidad en el empleo y pueden demandar la reinstalación o indemnización correspondiente. Es oportuno citar, por las razones que le informan la jurisprudencia III.2o.T. J/10, de este Tribunal Colegiado, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 1562, de rubro y texto siguientes: ‘SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. LOS DESIGNADOS Y QUE DEPENDEN DE LOS TITULARES SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 9o. DE LA LEY QUE LOS RIGE, GOZAN DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y PUEDEN DEMANDAR ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN ESTATAL LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’ (se transcribe). Por consiguiente, como el ahora quejoso tenía la calidad de trabajador de confianza, gozaba del derecho a la estabilidad del empleo, pues el artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente en la época en que se otorgó el nombramiento le otorga el derecho a la estabilidad en el empleo, esto es, la prerrogativa de que goza un trabajador a no ser separado de su cargo hasta la terminación natural de la relación laboral, salvo que exista causa justificada para ello. Máxime si se atiende a que ese ordenamiento legal fue adicionado mediante reforma contenida en Decreto 21835-LVIII, publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el veintidós de febrero de dos mil siete, misma que de acuerdo con su transitorio único, entró en vigor al día siguiente de su publicación y que es la aplicable al actor, tomando en consideración que ingresó a laborar el uno de abril de ese mismo año, de ahí que aunque el cargo del actor sea considerado de confianza, resulta insuficiente para declarar improcedente la acción de reinstalación, toda vez que la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, confiere tanto a los servidores públicos de base, como a los de confianza, el derecho a la estabilidad en el empleo. Por tanto, como el quejoso tuvo nombramiento de confianza bajo la vigencia de aquella normatividad, adquirió no sólo el derecho a desempeñar tal puesto, sino también a no ser privado de él sino por causa o motivo razonable, entre otros el de pérdida de la confianza, para lo cual, en todo caso, debía seguirse el procedimiento previsto en los artículos 23 y 26 de la ley en cita. En ese orden de ideas, al tener derecho a la estabilidad en el empleo, al considerarse cesado injustificadamente estaba legitimado para demandar la reinstalación o la indemnización constitucional. En otras palabras, con lo previsto en el artículo 8o. de la ley de que se trata, el legislador local válidamente amplió los derechos que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artículo 123 constitucional, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, puesto que incorporó el de la estabilidad en el empleo y, por ende, a los derechos derivados de esta prerrogativa en beneficio de esa clase de trabajadores. ... En consecuencia, procede conceder el amparo solicitado para el efecto de que el tribunal responsable deje insubsistente el laudo reclamado y dicte otro en el que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, estime que el actor, aun cuando tiene el carácter de servidor público de confianza, cuenta con el derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, a reclamar las prestaciones derivadas de éste, en caso de despido y resuelva lo que en derecho corresponda; finalmente, reitere aquellos aspectos no afectados por las consideraciones que sustentan la protección constitucional que se ha otorgado al quejoso."

CUARTO. El Primer Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Guadalajara, Jalisco (actual Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con la misma residencia), al resolver el amparo directo **********, en sesión de **********, esencialmente sostuvo:

"OCTAVO. ... Ahora bien, los artículos 115, fracción VIII, último párrafo y 123, apartado B, en sus fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: ‘Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, conforme a las bases siguientes: ...VIII. .... Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.’. ‘Artículo 123.’ (transcribe lo conducente). De los preceptos transcritos se advierte que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional. Asimismo, se observa que los trabajadores de base al servicio del Estado, sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley; que en caso de que sean separados de manera injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal; y que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, así como el que las personas que desempeñen éstos, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. De lo antes expuesto, se tiene que están limitados los derechos laborales de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, pues sólo podían disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis P. LXXIII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 176, Tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL.’ (la transcribe). Por otra parte, el artículo 4o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, según reformas que entraron en vigor el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, que resultan aplicables porque el trabajador ********** afirmó inició a laborar el primero de febrero de dos mil siete, lo cual fue aceptado por la demandada al dar contestación a la demanda, en la parte conducente, establece lo siguiente: ‘Artículo 4o. Son servidores públicos de confianza, en general, todos aquellos que realicen funciones de: ... Además de los anteriores, tendrán tal carácter los siguientes: ... III. En los Ayuntamientos de la entidad y sus organismos descentralizados: ... e inspectores.’. Del contenido del citado precepto legal, se pone de manifiesto quienes son considerados trabajadores de confianza, entre los que se encuentran, los inspectores de los Ayuntamientos. Por tanto, por disposición expresa de la ley burocrática aplicable, debido al puesto y funciones que desempeñaba el actor, de inspector de padrón y licencias, adscrito a la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias del Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jalisco, como lo confesó expresamente en el capítulo de hechos de la demanda y fue aceptado por el citado Ayuntamiento, aquél se encuentra conceptuado, legalmente como servidor de confianza y, en esa virtud, no tiene derecho a la estabilidad en el empleo y por consiguiente, tampoco le asistía el derecho a reclamar prestaciones derivadas del despido del que dijo fue objeto; pues, como ya se precisó, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, están limitados en sus derechos laborales, pues sólo pueden disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social. De tal forma que reitérase al estar excluido el actor del derecho a la estabilidad en el empleo, no podía válidamente demandar prestaciones derivadas de ese derecho con motivo del despido, como es la reinstalación en el empleo, porque deriva de un derecho que sólo se confiere a los trabajadores de base. Al respecto, cabe aclarar que no pasa inadvertido para este tribunal tanto la jurisprudencia 36/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PARA DETERMINAR SI TIENEN UN NOMBRAMIENTO DE BASE O DE CONFIANZA, ES NECESARIO ATEND

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24206-9b7eee21/servidores-publicos-de-confianza-del-estado-de-jalisco · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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