TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS. GOZAN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, AL PODER DEMANDAR, CONFORME A LA LEY RELATIVA, SU REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL CON MOTIVO DE SU CESE.
AMPARO DIRECTO 789/2016. 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: HÉCTOR MARTÍNEZ FLORES. SECRETARIA: GABRIELA ESQUER ZAMORANO.
CONSIDERANDO:
DÉCIMO.-En cambio, los conceptos de violación planteados por **********, en relación con el análisis que la autoridad responsable realizó respecto de la acción que ejerció por despido injustificado resultan fundados y suficientes para concederle el amparo que impetra.
En efecto, en el laudo reclamado se desestimó la acción de despido injustificado ejercida por **********, bajo el argumento esencial de que el cargo de secretario particular del presidente municipal feneció en forma natural junto con la administración municipal en la que fue contratado; que al ostentar un cargo de confianza, no tenía derecho a la estabilidad en el empleo y, por ende, carecía de acción para demandar la indemnización constitucional y demás prestaciones inherentes al despido injustificado.
Determinaciones que se estiman ilegales.
En primer término, es necesario precisar que si bien la persona que ocupa el cargo de secretario particular del presidente municipal es un trabajador de confianza, conforme a la fracción XV del artículo 6 de la Ley del Servicio Civil local, lo que se corrobora con las actividades que ********** dijo realizaba en la entidad pública demandada, lo cierto es que su función no encarna la administración municipal, esto es, no es un funcionario de primer nivel del que el Ayuntamiento se auxilie para ejercer el gobierno municipal, su designación no está supeditada a la opinión del Ayuntamiento (representante del Municipio), por lo que no puede estimarse que la designación, nombramiento y temporalidad del cargo otorgado a ********** se rija por las mismas disposiciones de la ley orgánica del Municipio, aplicables a los altos funcionarios del gobierno municipal.
Bajo esa tesitura, la relación de trabajo entablada entre el aquí quejoso y la entidad pública demandada, aun cuando pueda calificarse como de confianza, se encuentra sujeta a las disposiciones que establece la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y sus normas supletorias.
En ese contexto, si bien este tribunal ha sostenido el criterio de que los trabajadores de confianza contratados por el Municipio no tienen la calidad de trabajadores definitivos respecto de aquellos funcionarios que encabezan puntos estratégicos para el debido ejercicio de la gestión municipal correspondiente y pueden ser removidos dada, precisamente, la naturaleza del cargo; los diversos trabajadores que propiamente no encarnan la voluntad del gobierno no pueden ser separados injustificadamente, esto es, sin que medie una causa razonable que justifique su retiro del empleo, o que explique por qué su permanencia en él puede entorpecer el debido ejercicio de la gestión municipal para la que fue contratado.
Ahora, en el laudo reclamado, la separación justificada de **********, se sostuvo en la facultad que se dijo, derivaba del artículo 49, fracción XIV, de la Ley Orgánica del Municipio, cuyo contenido es el siguiente:
"Artículo 49. En los términos de la presente ley, las facultades y atribuciones de los Ayuntamientos son las siguientes:
"...
"XIV. Nombrar secretario de gobierno municipal, tesorero y directores, a propuesta del presidente municipal y removerlos por justa causa, así como designar y remover al contralor municipal, en los términos de la presente ley.
"Nombrar representantes y apoderados generales o especiales, sin perjuicio de las facultades que esta ley confiere a la sindicatura municipal;
"..."
Bajo esa tesitura, conviene destacar que el puesto que ocupaba **********, no correspondía a ninguno de los enunciados en el precepto legal transcrito, pues sus funciones eran las de secretario particular del presidente municipal, y si bien sus funciones eran propias de un trabajador de confianza (aspecto que no generó controversia), en él no se depositó la responsabilidad de encabezar un área de ejecución del gobierno municipal.
En el laudo, el tribunal burocrático incluyó a ********** como uno de los trabajadores con nombramiento por tiempo determinado, lo cual sustentó básicamente en que se trataba de un trabajador de confianza.
En ese sentido, cobran trascendencia los apuntamientos (sic) de la parte quejosa en cuanto a que la Ley del Servicio Civil no prevé como causa de conclusión de la relación trabajo la naturaleza del cargo (confianza) que desempeña el demandante y que el artículo 15 de dicho cuerpo de normas dispone que el cambio de titulares de la entidad pública no puede afectar los derechos de los trabajadores; disposición que, debe señalarse, no hace distinción entre trabajadores de confianza o sindicalizados, en el entendido, además de que como se ha indicado, en el caso de **********, la ley orgánica del Municipio, no puede justificar que su permanencia en el empleo correspondiera sólo al periodo de la administración municipal en la que fue contratado.
Ahora bien, la autoridad responsable determinó que la acción de despido injustificado era improcedente y, por ende, las prestaciones inherentes al mismo (indemnización constitucional y salarios caídos), en virtud de que tal pretensión contravenía lo establecido en el apartado B del artículo 123 constitucional, fracción XIV, pues dijo que dicho dispositivo no contemplaba el principio de estabilidad en el empleo para los trabajadores de confianza, postura que fundó, además, en las tesis de títulos y subtítulos: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU FALTA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSTITUYE UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LES RESULTAN INAPLICABLES NORMAS CONVENCIONALES." y "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO AL CARECER DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, SU REMOCIÓN ORDENADA POR QUIEN CARECE DE FACULTADES PARA DECRETARLA, NO TIENE COMO CONSECUENCIA QUE SE DECLARE PROCEDENTE EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA Y GUANAJUATO)."
Al respecto, es necesario señalar que, en efecto, la fracción XIV del numeral 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no contempla el principio de estabilidad en el empleo para los trabajadores burocráticos de confianza.
Sin embargo, tal como lo indica la parte quejosa, la autoridad responsable soslayó que el artículo 8, fracción IV,(1) de la Ley del Servicio Civil de la entidad, otorga a los trabajadores de confianza la posibilidad de ejercer, a su elección, la acción de reinstalación o de indemnización cuando no medie motivo razonable de pérdida de la confianza y, en el caso, como se ha indicado, la patronal no invocó motivo alguno para separar al demandante de su empleo.
En ese contexto, se tiene que el legislador local en el mencionado artículo 8, fracción IV, amplió los derechos que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, pues incorporó el de la estabilidad en el empleo y, por ende, a los derechos derivados de esta prerrogativa en beneficio de esa clase de trabajadores.
Por lo tanto, la circunstancia de que el aquí demandante ocupara un puesto de confianza dentro del Municipio demandado, no puede erigirse como soporte de la improcedente acción de despido (indemnización), como lo estimó la responsable.
Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 184/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual interpreta la legislación laboral burocrática del Estado de Jalisco que, en lo conducente, guarda correspondencia con la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, criterio que puede ser consultado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Tomo 2, enero de 2013, página 1504, de rubro y texto: "SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LA LEY RELATIVA LES CONFIRIÓ EL DERECHO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A RECLAMAR LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2012).-Del artículo 8o. de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, reformado mediante decreto publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 20 de enero de 2001, deriva que los servidores públicos de confianza tienen derecho a que, previamente a su cese, se les instaure procedimiento administrativo en el que se les otorgue garantía de audiencia y defensa conforme a los numerales 23 y 26 de la ley citada, salvo a los titulares de las entidades públicas a que se refiere el artículo 9o. del indicado ordenamiento y los que sean designados y dependan directamente de ellos, lo que evidencia que aquéllos gozan del derecho a la estabilidad en el empleo y pueden demandar la reinstalación o indemnización correspondiente en caso de que el despido sea injustificado. Por tanto, el hecho de que un servidor público tenga un nombramiento en una plaza considerada de confianza resulta insuficiente para declarar improcedente la acción de reinstalación, toda vez que en el mencionado artículo 8o. el legislador local amplió los derechos que para los trabajadores burocráticos de confianza consagra la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, limitados a las medidas de protección al salario y a los beneficios de la seguridad social, pues incorporó el de la estabilidad en el empleo y, por ende, a los derechos derivados de esta prerrogativa en beneficio de esa clase de trabajadores."
Lo anterior guarda correspondencia con la tesis emitida por este Tribunal Colegiado de Circuito y que puede ser consultada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Tomo IV, junio de 2017, página 3029 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 9 de junio de 2017 a las 10:15 horas», cuyos título, subtítulo y texto son los siguientes: " La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el artículo 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en diversas tesis ha establecido que los trabajadores de confianza no tienen derecho a la estabilidad en el empleo, sino que únicamente disfrutarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social y, por ello, carecen de acción para demandar la indemnización constitucional o su reinstalación por despido, salvo que la ley que rige la relación específica se los conceda. Ahora bien, de conformidad con la exposición de motivos de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas y de sus artículos 8, fracción IV, 28, 32 y 33, se advierte que los trabajadores de confianza gozan no únicamente del derecho a disfrutar de las medidas de protección al salario y de la seguridad social, sino que también están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo, al tener acción para solicitar su reinstalación o el pago de la indemnización constitucional con motivo del cese."
En las relatadas condiciones, el laudo reclamado deviene ilegal, pues la autoridad responsable partió de premisas equívocas al sostener la improcedencia de la acción de despido injustificado entablada por **********, puesto que no es verdad que la calidad de trabajador de confianza le negara a dicho trabajador la prerrogativa de estabilidad en el empleo y la temporalidad de su nombramiento tampoco podía verse determinada por lo dispuesto en la ley orgánica del Municipio, al no tratarse de un funcionario municipal de primer nivel; por lo que, en todo caso, la autoridad responsable deberá analizar nuevamente la acción de despido, sin soslayar lo dispuesto en el artículo 8, fracción IV, en relación con el numeral 33, ambos de la Ley del Servicio Civil de la entidad.
DÉCIMO PRIMERO.-En el concepto de violación siete, la parte quejosa se duele del análisis que realizó la responsable en relación con los salarios percibidos por los demandantes y que resultarían útiles para cuantificar los montos de las prestaciones declaradas procedentes.
En efecto, los ahora impetrantes de amparo aducen que es ilegal lo decidido al respecto, porque los salarios establecidos en la resolución reclamada no corresponden a los salarios integrados que se señalaron en el escrito de demanda y con base en los cuales se exigieron las prestaciones reclamadas; sin embargo, la autoridad responsable no emitió pronunciamiento en relación con el monto que la parte actora tomó en consideración para hacer las cuantificaciones correspondientes, por lo que no se tomó en consideración lo señalado en el escrito inicial, de manera que se violó lo dispuesto en el artículo 237 de la Ley del Servicio Civil, y se emitió un fallo indebidamente fundado y motivado, violatorio del principio de seguridad jurídica, ya que la demandada nada dijo sobre este aspecto en su contestación a la demanda, puesto que si bien es cierto que contradijo el salario al hacer valer la excepción de plus petitio, nada refirió en relación con el salario integrado, por lo que si al respecto guardó silencio, debió tenerse por admitido y cuantificar las prestaciones reclamadas en términos del artículo 252, tercer párrafo, de la Ley del Servicio Civil del Estado; que en ese sentido las nóminas y planillas de personal o actas de cabildo no se valoraron debidamente, porque con ninguna se acreditó que el salario integrado sea distinto al que se señaló en la demanda, ya que las pruebas valoradas sólo acreditaban el salario diario; por lo tanto, el tribunal debió sujetarse a las reglas de valoración de estas pruebas, conforme a lo establecido en el artículo 222, en relación con el 236 de la ley, y como apoyo se cita la tesis de rubro: "CONFESIÓN FICTA EN MATERIA LABORAL. FORMA EN QUE LA JUNTA DEBE VALORARLA."
El motivo de disenso es infundado.
Como ya se ha referido con anterioridad, la autoridad laboral burocrática está obligada a emitir laudos a verdad sabida y buena fe guardada.
Además, con independencia de las excepciones opuestas e, incluso, ante la existencia de una confirmación ficta de los hechos narrados en la demanda, la parte actora debe acreditar los elementos de su acción, entre los que se encuentra el derecho o facultad que se tiene sobre lo que se exige.
En ese contexto, si bien no se ignora que es carga de la patronal acreditar los aspectos esenciales de la relación de trabajo, entre ellos, el salario y prestaciones legales percibidas, también es verdad que la parte trabajadora debe tener reconocido en la ley el derecho que exige, esto es, acreditar la causa jurídica o título de la acción.
Bajo tales premisas, se tiene que el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil de la entidad, conforme a la fracción III del artículo 12 de dicho cuerpo de normas, prevé que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo; salario que conforme al artículo 89 de la propia norma supletoria sólo servirá de base para las indemnizaciones que deban pagarse; de manera que el pago de vacaciones, aguinaldo y demás prestaciones en dinero o en especie que con motivo del trabajo perciba el empleado, no debe cuantificarse con base en el salario integrado, pues precisamente tales conceptos ya se contemplan en la cuota integrada, por lo que pretender que con ésta se cuantifiquen las mismas prestaciones que integran el salario, implicaría autorizar un doble pago que no se justifica jurídicamente.
En ese contexto, al no asistirle derecho a la parte actora para demandar las prestaciones reclamadas, diversas a la indemnización constitucional, con base en el salario integrado, los motivos de disenso que se plantean en relación con el análisis realizado por el tribunal responsable respecto del salario percibido por los trabajadores, debe desestimarse.
Cabe además señalar, que no pasa inadvertido por este Tribunal Colegiado de Circuito, que la parte quejosa, en su demanda sólo refirió las cantidades que dijo correspondían al salario integrado de cada uno de los demandantes, sin precisar qué conceptos eran aquellos que lo integraban.
Bajo tales premisas, se ha dicho que las razones expresadas por el tribunal burocrático declarara (sic) improcedente la acción de despido injustificado ejercida por **********, son desacertadas, lo que obligará a que la responsable realice un nuevo análisis que puede derivar en condena al pago de indemnización constitucional, la cual sí debe calcularse conforme al salario integrado; de manera que, en tal caso, el tribunal deberá realizar el cálculo que corresponda y determinar el salario integrado conforme a las prestaciones que por ley le correspondan a dicho trabajador, en concordancia con el salario quincenal o cuota diaria acreditada en autos, en el entendido de que la cuota integrada puede ser diversa a la establecida en el escrito inicial, ya que la parte actora no acreditó la existencia de prestaciones extralegales a su favor que integraran el salario y a la demandada sólo le corresponde la carga respecto del monto y pago de las prestaciones legales.
DÉCIMO SEGUNDO.-En el concepto de violación que en la demanda de amparo se marca como octavo, la parte quejosa se duele de que se haya declarado improcedente el reclamo de horas extras bajo el argumento de que los demandantes ostentaban cargos de confianza y no estaban sujetos a supervisión de algún otro funcionario público.
Aduce que tal apreciación es ilegal, porque la demandada no hizo valer defensas y excepciones en tal sentido, puesto que la patronal sólo tildó de inverosímil las jornadas extraordinarias reclamadas al afirmar que conforme a lo manifestado por los accionantes, era necesario que sus jornadas fueran constantes los cinco días de la semana e, incluso, los sábados y domingos.
Que en atención a la defensa planteada, debió tomarse en consideración que ciertos demandantes señalaron que laboraban los sábados y domingos y aclararon que lo hacían en tiempo de feria y cuando se presentaban circunstancias especiales con algún detenido; que otros actores indicaron que cubrían una jornada de lunes a sábado.
Que el Municipio no refirió que la categoría de trabajadores de confianza que ostentaban los actores, tornara improcedente el reclamo de tiempo extra; que entonces las razones expresadas por la responsable no fueron alegadas por las partes, de manera que el laudo es incongruente y viola los artículos 236 y 237 de la Ley del Servicio Civil del Estado.
Aduce la parte inconforme que no se afirmó en la demanda que todos los trabajadores laboraban tiempo extraordinario o que asistían a la fuente de empleo los domingos, sino que se especificó que ello ocurría en circunstancias especiales y sólo respecto de algunos comparecientes; que no podía estimarse que fuera inverosímil el reclamo de las horas extraordinarias trabajadas; que se les privó del derecho al pago de horas extraordinarias y, con ello, se violaron los artículos 42, 43 de la Ley del Servicio Civil del Estado y el artículo 123, apartado B, fracciones I y XIV, de la Constitución.
Que la Ley del Servicio Civil local no contiene precepto alguno que determine la improcedencia del pago de tiempo extraordinario de los trabajadores de confianza o con funciones de dirección, por lo que la tesis de jurisprudencia invocada en el acto reclamado es inaplicable y, como apoyo, cita las tesis de rubros: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. TIENEN DERECHO AL PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "HORAS EXTRAS, DEBE ATENDERSE A LA NATURALEZA DEL TRABAJO PARA CONSIDERARLAS O NO INVEROSÍMILES."
El motivo de disenso transcrito debe desestimarse.
Es verdad que en la sentencia reclamada la autoridad responsable estimó que el reclamo de tiempo extraordinario formulado por los trabajadores era improcedente, pues señaló que en virtud de que se trataba de trabajadores de confianza que no se encontraban sujetos a supervisión de algún otro servidor, tenían libertad para ejercer sus funciones en la jornada que ellos estimaran conveniente. Con la pretensión de fundar tal decisión, el tribunal invocó una jurisprudencia emitida por el Pleno del Noveno Circuito, que interpreta legislación del Estado de San Luis Potosí, cuyos título y subtítulo son: "TIEMPO EXTRAORDINARIO. LA RECLAMACIÓN DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE OSTENTEN CARGOS DE TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO DE SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y PUESTOS DE RANGO SEMEJANTE."
Cabe señalar que el criterio jurisprudencial invocado por la responsable no es congruente con los motivos expresados para declarar la improcedencia de la pretensión de horas extras pues, como se ha indicado, el tribunal burocrático razonó la improcedencia del reclamo en que eran los actores, quienes fijaban su jornada sin supervisión, mientras que en la tesis de jurisprudencia invocada, se sostuvo que los funcionarios públicos titulares de dependencias y entidades, así como secretarios, directores, subdirectores y puestos de rango semejante en el Estado de San Luis Potosí, no tienen derecho al pago de horas extras, porque así deriva de las normas de aquel Estado que interpreta el tribunal que emite el criterio invocado, es decir, de la tesis no se desprende que la carencia de derecho obedece a que dichos funcionarios son de confianza y ellos deciden laborar tiempo extra o ellos deciden administrar su jornada.
Sin embargo, los motivos de disenso que en relación con el reclamo de tiempo extraordinario formula la parte aquí quejosa, devienen ineficaces para revertir el sentido del fallo, puesto que más allá del derecho que les asista o no, los trabajadores de la categoría que gozaban los demandantes -de confianza- para recibir el pago de tiempo extra, lo cierto es que los actores estaban obligados a acreditar la jornada extraordinaria en la que sustentaron tal reclamo, al ser un elemento esencial de su pretensión, a mayor razón, cuando la parte demandada tildó de inverosímil el tiempo extraordinario exigido.
En efecto, ********** (secretario particular del presidente municipal), ********** (Juez comunitario), ********** (director de Desarrollo Económico), ********** (oficial mayor), ********** (directora del Instituto Municipal de Cultura), ********** (director de Obras y Servicios Públicos), ********** (director del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia), ********** (tesorera municipal) y ********** (jefe del Departamento de Desarrollo Agropecuario), en su escrito inicial, sin precisar el periodo de tiempo, sino que únicamente indicando la jornada que cubrían, reclamaron el pago de tiempo extra.
Ahora bien, es verdad que conforme al artículo 219, fracción VII, de la Ley del Servicio Civil local, corresponde a los titulares de las entidades públicas demandadas la carga de acreditar la jornada laboral en caso de controversia, carga que se justifica en virtud de que la patronal tiene mejores posibilidades para acreditar ese hecho, debido a la obligación que deriva del artículo 227 del cuerpo de normas citado, de conservar los documentos que se relacionen con la relación laboral; sin embargo, la posibilidad de que genere y supervise controles de asistencia de trabajadores de confianza de alto nivel se reduce, pues éstos son sus representantes en las diversas áreas que les son encomendadas y, en ellas, encargados y responsables de supervisar la asistencia puntual de los trabajadores sujetos a su mando y supervisión; por lo tanto, si en el juicio se genera controversia en relación con la jornada, no puede exigirse la regla general de que el patrón acredite la jornada efectiva laborada, en virtud de la diminuta posibilidad de que el patrón genere controles de asistencia relativos a los altos mandos, por lo que, en tales casos, corresponderá a la parte trabajadora la carga de acreditar su dicho.
Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia 2a./J. 12/2017 (10a.) de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Tomo II, marzo de 2017, página 1116 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas», de título, subtítulo y texto: "JORNADAS ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LABORES DE LOS TRABAJADORES DE CONFIANZA DE ALTO NIVEL QUE OCUPAN EL CARGO DE DIRECTOR, ADMINISTRADOR O GERENTE. A ÉSTOS LES CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE SU DURACIÓN. Conforme al texto de la fracción VIII del artículo 784 de la Ley Federal del Trabajo, en vigor hasta el 30 de noviembre de 2012 y al vigente a partir del 1 de diciembre siguiente, la obligación del patrón de acreditar la jornada ordinaria de trabajo se sustenta sobre la premisa de que tiene mejores posibilidades para acreditar ese hecho, debido a su obligación de conservar la documentación de la relación laboral; sin embargo, la posibilidad de que genere y supervise controles de asistencia de los trabajadores de confianza de alto nivel, que ocupan el cargo de director, administrador o gerente, se reduce significativamente en la medida en que, precisamente, éstos son sus representantes, en términos del artículo 11 de la ley citada y, por tanto, los encargados y responsables de generar los controles de asistencia del resto de los trabajadores de la empresa y verificar su cumplimiento; de ahí que no es dable imponer, como regla general, que en la empresa o establecimiento existan controles de asistencia para este tipo de trabajadores. Por tanto, si en el juicio laboral se genera controversia sobre la duración de la jornada ordinaria de labores e, indirectamente, respecto a la extraordinaria, de un trabajador de confianza de alto nivel que ocupa el cargo de director, administrador o gerente, ante la diminuta posibilidad de que el patrón genere los controles de asistencia relativos, corresponde al trabajador la carga de la prueba para acreditar su dicho, debido a que, en el caso, no se actualiza la premisa de que el patrón tenga mejores posibilidades para acreditar ese hecho. En virtud de lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abandona el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 3/2002 (*), de rubro: ‘JORNADA DE TRABAJO. LA CARGA DE LA PRUEBA SOBRE SU DURACIÓN RECAE EN EL PATRÓN, AUN CUANDO EL TRABAJADOR HAYA DESEMPEÑADO FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN.’"
En esa tesitura, como ya ha quedado evidenciado en esta resolución, los demandantes antes prenombrados, a excepción de **********, ocuparon cargos de primer nivel dentro de la administración pública municipal en la que prestaron sus servicios, incluso, al narrar las funciones que con motivo del puesto desempeñaban, refirieron que algunas eran fuera de las oficinas municipales, como asistencia a congresos, impartición de conferencias y la supervisión del desarrollo de programas encomendados, lo que representa con mayor nitidez que en el ejercicio de su función, no estaban sujetos a supervisión.
En ese contexto, se tiene que **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, no aportaron prueba eficaz que lograra demostrar la jornada extraordinaria reclamada en su escrito inicial, lo que resultaba suficiente para declarar la improcedencia de su reclamo.
Lo anterior, en el entendido de que de las confesionales y declaraciones de partes ofrecidas por dichos trabajadores, no se obtuvo algún reconocimiento del absolvente que pudiera favorecerles en ese sentido y la inspección judicial ofrecida por la parte actora no estuvo encaminada a verificar los documentos en los que pudiera constar la jornada laboral efectivamente laborada.
Ahora, en cuanto al demandante **********, en esencia, operan las mismas razones para sostener la improcedencia de su reclamo por tiempo extraordinario, pues el prenombrado en su escrito inicial, expresamente refirió que la jornada que dijo cubría, no constaba en sistema de control alguno, pues expresamente indicó:
"...aun cuando no checaba la entrada y salida a la jornada laboral, al depender de manera subordinada del presidente municipal, él me daba las indicaciones sobre las funciones que tenía que hacer, por lo que tanto él como el secretario de gobierno sabían que mi trabajo era en el horario que he señalado."
En esa tesitura, frente a **********, la entidad pública demandada se encontró en la misma postura que respecto de los funcionarios de confianza de primer nivel, puesto que su función estaba estrechamente vinculada al más alto funcionario (presidente municipal), y el demandante reconoció que no estaba obligado a reportar su entrada o salida de la fuente de empleo y refirió que muchas de sus funciones las cubría fuera de la fuente de trabajo, lo que disminuía la posibilidad del establecimiento de controles de asistencia respecto de dicho trabajador y, por ende, la posibilidad de la patronal de aportar pruebas que acreditaran la jornada efectivamente cubierta por dicho accionante.
Bajo esa tesitura, también le correspondió a ********** acreditar la jornada laboral manifestada; carga que no cumplió, aun cuando indicó que el horario de trabajo cubierto le constaba a quienes fungieron como presidente municipal y secretario de gobierno durante la administración municipal en la que él se desempeñó y dichos testimonios que no fueron desahogados en autos; además, la confesional con cargo a **********, persona que al veintitrés d
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27484-dce3824b/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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