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HORAS EXTRAS. PROCEDE LA RECLAMACIÓN DE SU PAGO TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON LA CATEGORÍA DE DIRECTOR.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. · Registro digital (IUS): 27911
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-06-29
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo III, Pág. 1803.

HORAS EXTRAS. PROCEDE LA RECLAMACIÓN DE SU PAGO TRATÁNDOSE DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO CON LA CATEGORÍA DE DIRECTOR.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 14/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE MAYO DE 2018. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS, JORGE RAFAEL OLIVERA TORO Y ALONSO, ELISA JIMÉNEZ AGUILAR, OSIRIS RAMÓN CEDEÑO MUÑOZ, VÍCTOR ERNESTO MALDONADO LARA, JULIA RAMÍREZ ALVARADO, HERLINDA FLORES IRENE, JORGE VILLALPANDO BRAVO, RICARDO RIVAS PÉREZ, NOÉ HERRERA PEREA, ÁNGEL PONCE PEÑA, FRANCISCO JAVIER PATIÑO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO ABEL AGUILAR SÁNCHEZ, JUAN ALFONSO PATIÑO CHÁVEZ, JUAN MANUEL VEGA TAPIA Y ALICIA RODRÍGUEZ CRUZ. DISIDENTE: EDNA LORENA HERNÁNDEZ GRANADOS. PONENTE: JORGE VILLALPANDO BRAVO. SECRETARIO: FERNANDO GALICIA RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Bis, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 1 y 3 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito y su anexo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Circuito, en un tema que corresponde a la materia laboral, de la especialidad de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.

TERCERO.—Puntos contendientes.

I. El Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 126/2015, en sesión de dieciséis de abril de dos mil quince, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

"Bien, la quejosa aduce, en esencia, que es incorrecta la absolución por concepto de horas extras, no obstante que la carga de probar la jornada de trabajo le correspondía a la demandada, motivo por el que debió condenarla al pago de cuatro horas extraordinarias diarias.—Al respecto, debe decirse que es infundado lo expuesto por la quejosa y, para ello, es menester hacer las siguientes precisiones.—La quejosa durante el nexo laboral con la demandada, ostentó el cargo de **********, con el rango de **********, esto es, en su carácter de servidora pública de carrera.—Esto es así, porque en el caso, no es un hecho controvertido que la trabajadora, en su carácter de servidor público de carrera titular, ostentó el puesto **********, nivel **********, adscrita a la **********, con el cargo de **********; pues así se desprende de la manifestación contenida en la demanda laboral y de la contestación, y se corrobora con el propio nombramiento ofertado por la operaria –foja 17–. Lo anterior, permite vislumbrar que la quejosa, en su carácter de funcionario público, reclama el pago de tiempo extraordinario; por ello, es oportuno traer a colación, lo que debe entenderse, por horario, jornada de trabajo y funcionario público ... Bien, las apuntadas definiciones se ven reflejadas en la legislación mexicana, específicamente en la Constitución Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los artículos 123, apartado ‘B’, fracción I, de la Constitución Federal, 58, 60, 61, 66, 67, 68 y 423, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, y 21, 22, 23, 24 y 26 de Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establecen lo siguiente: ... Lo anterior, permite advertir que en el Estado Mexicano, está regulada la jornada de trabajo con una máxima legal de ocho horas diarias, y que, cuando se exceda de dicha jornada, se computará como tiempo extraordinario, lo que desde luego permite vislumbrar la restricción legal que se impone a los patrones a fin de evitar que la clase obrera sea explotada en sus jornadas diarias, pues una vez que el obrero se exceda en la jornada legal, deberán cubrirle el tiempo extraordinario generado; esto, desde luego, de consentir el operario laborar tiempo extraordinario, pues conforme lo previsto en el párrafo tercero del artículo 5o. de la Constitución Federal, nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento.—En efecto, la protección a las jornadas de trabajo, se ve reflejado (sic) en los preceptos legales transcritos, pues de su lectura se puede apreciar que la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo; que existen tres tipos de jornada, a saber; 1) la diurna comprendida entre las seis y las veinte horas de cada día; 2) la nocturna, comprendida entre las veinte y las seis horas del día siguiente; y, 3) la mixta, que comprende periodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, siempre que el periodo nocturno sea menos de tres horas y media; así como que podrá prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, las cuales no podrán exceder de tres horas diarias ni tres veces en una semana; y, sobre todo, que el tiempo extraordinario laborado por la clase obrera, deberá retribuirse en una cantidad igual a la que corresponda a cada horas labores (sic) de la jornada, y que cuando exceda de nueve horas a la semana, el patrón deberá pagarlas con un doscientos por ciento más del salario que corresponda a cada hora de la jornada de trabajo, esto, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley. Como se puede ver, a las anteriores premisas deberán sujetarse los trabajadores y patrones, respecto de las actividades que desempeñen los obreros con motivo de sus actividades. También, será en el reglamento interior de trabajo, que debe regir en cada empresa o establecimiento, en donde se establece el horario de labores, ya que en él tendrán que indicarse las horas de entrada y salida de los trabajadores, así como el tiempo destinado para las comidas y los periodos de reposo que pueden disfrutar durante la jornada, esto desde luego, sujetándose a los parámetros legales descritos por la Carta Magna, la legislación laboral y la legislación burocrática. Por cuanto hace al tema de carga probatoria en tratándose del reclamo de horas extraordinarias; es de preciarse que, conforme «a» lo previsto por los artículos 784, fracción VIII, y 804, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley burocrática, ya que dicha legislación no regula lo relativo a dicha fatiga procesal, corresponde a la patronal demostrar la jornada de trabajo por disponer de los medios necesarios para ello, ya que, de no demostrar que sólo se laboró durante la jornada legal (ocho horas), deberá cubrirse el tiempo extraordinario reclamado. Lo anterior, así fue resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ‘HORAS EXTRAS. CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR LA DURACIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO AUN EN EL SUPUESTO EN QUE EL TRABAJADOR AFIRME QUE LE FUE MODIFICADO SU HORARIO DE LABORES. ...’.—No obstante lo anterior, cabe destacar que, el hecho de que un trabajador reclame el pago de tiempo extraordinario por afirmar haberlo laborado, no significa que su pretensión sea incuestionable y por ello procedente, ya que se debe atender a lo creíble o no de ese reclamo, esto es, si de acuerdo de (sic) las condiciones humanas puede excederse la jornada de trabajo en los términos reclamados por el operario.—De acuerdo con lo anterior, esto es, con la verosimilitud de las horas extras reclamadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 201/2005-SS, entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de veinte de enero de dos mil seis, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 7/2006; estableció que tanto la Junta del trabajo como el tribunal de amparo deben examinar la razonabilidad del tiempo extraordinario reclamado.—De igual forma, el Máximo Tribunal del País consideró creíble que un trabajador puede laborar una jornada diaria que exceda de la legal hasta en cuatro horas, cuando la jornada semanal comprenda cuando menos un día de descanso, porque sería ilógico que alguien laborara todos los días de la semana en una jornada excedida de la legal sin descansar cuando menos uno, durante mucho tiempo; y que, dicha razonabilidad debe ponderarse aun cuando la patronal deje de contestar la demanda o, en su caso, no oponga excepción alguna respecto a la improcedencia del pago de horas extras, porque ello no exime a la autoridad de valorar razonadamente lo demandado por el accionante.—Esto es, que siempre corresponderá al patrón la carga procesal de acreditar la jornada de trabajo, empero que, cuando la acción de pago de horas extraordinarias se funde en circunstancias inverosímiles, por reclamarse una jornada excesiva, las Juntas pueden válidamente apartarse del resultado formal y resolver con base en la apreciación en conciencia de esos hechos, además de que en la valoración de las pruebas deberán actuar con apego a la verdad material deducida de la razón, inclusive absolviendo de su pago, sin que sea necesario que el patrón oponga una defensa específica en el sentido de que no procede el reclamo correspondiente por inverosímil, sobre la base de que esa apreciación será el resultado de la propia pretensión derivada de los hechos que invoca la parte actora en su demanda, de manera que la autoridad jurisdiccional, tanto ordinaria como de control constitucional, deberán resolver sobre la razonabilidad de la jornada laboral, apartándose de resultados formalistas y apreciando las circunstancias en conciencia.—Los anteriores parámetros legales, respecto a lo verosimilitud o no en el reclamo de horas extras, fueron establecidos en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: ‘HORAS EXTRAS. ES LEGAL QUE TANTO LA JUNTA COMO EL TRIBUNAL DE AMPARO PROCEDAN AL ESTUDIO DE LA RAZONABILIDAD DEL TIEMPO EXTRAORDINARIO DE TRABAJO CUANDO SE ADVIERTA QUE LA DURACIÓN DE LA JORNADA ES INVEROSÍMIL. ...’.—Así como la diversa jurisprudencia emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘HORAS EXTRAS. RECLAMACIONES INVEROSÍMILES. ...’.—Una vez expuesto lo que debe entenderse por horario, jornada de trabajo, horas extraordinarias, carga probatoria y la razonabilidad que se debe emprender sobre su reclamo, tanto la Sala del trabajo, como el tribunal de amparo; corresponde examinar el carácter con el que la actora en contradictorio laboral que nos ocupa, reclamó el pago de horas extraordinarias. En el caso, debe recordarse que la actora es una funcionaria pública que durante el nexo laboral con el patronal, ostentó el cargo de **********, nivel **********, adscrita a la **********, con el cargo de **********, como se desprende del nombramiento que exhibió. Categoría que, como se puede apreciar, es de **********, ya que, por sus funciones dentro de la Administración Pública Federal, se debe al cabal cumplimiento de las actividades que le fueron encomendadas por el Estado; es decir, por su jerarquía, por regla general, no está sujeta a un horario de trabajo, pues la premisa fundamental es que cumpla con la encomienda otorgada por el Estado, sin que el horario de trabajo sea un obstáculo para ello, al poder organizar sus actividades de trabajo conforme a su prudente arbitrio. Para evidenciar lo anterior, es oportuno distinguir entre un empleado público general y un funcionario público. Así, el empleado público es la persona que presta sus servicios para algún órgano del Estado, en virtud de un nombramiento expedido por el funcionario facultado para ello; quienes ejecutan órdenes de la superioridad y no tienen representatividad del órgano al que están adscritos. En cambio, un funcionario público es un servidor del Estado, designado por disposición de la ley para ocupar grados superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Al respecto, el Diccionario Jurídico Mexicano, define como funcionario público, lo siguiente: ‘Funcionarios públicos. I. El funcionario público en México es un servidor del Estado, designado por disposición de la ley para ocupar grados superiores de la estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Este concepto se fundamenta en un criterio orgánico, de jerarquía y de potestad pública que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir, ejecutan órdenes de la superioridad y no tienen representatividad del órgano al que están adscritos ...’.—Acorde con lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis, respecto al carácter de funcionario público, definió lo siguiente: ‘FUNCIONARIO PÚBLICO. Por funcionario público debe entenderse toda persona a quien se ha encomendado el ejercicio de una función pública, y como para esto es indispensable poner en acción medios coercitivos, o lo que es lo mismo, ejercer autoridad, para considerar que alguien tiene el carácter de funcionario público, debe tenerse en cuenta si puede o no disponer de la fuerza pública, es decir, si puede ejercer autoridad.’.—Bajo ese contexto, se puede inferir que un funcionario público, es aquel que fue designado por disposición de la ley para ocupar grados superiores de la estructura orgánica del Estado y para asumir funciones de representatividad, iniciativa, decisión y mando. Bien, en el caso concreto se puede apreciar que la quejosa, como **********, con el rango de **********, adscrita al departamento de **********, es una servidora pública de un grado superior, esto es, ostenta un puesto un ********** dentro de la **********, como queda evidenciado del nombramiento otorgado por el ********** de dicha secretaría –foja 17–, en términos de lo previsto por el artículo 7, fracción III, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; nivel que incluso está inmerso dentro de las categorías a que hace referencia el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al señalar en qué funcionarios públicos el secretario de Estado, podrá apoyarse para el despacho de los asuntos, entre ellos, los directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamentos. Lo que pone al descubierto que, dado el ********** que desempeñaba la quejosa, no podía estar sujeta de manera cotidiana a un horario de trabajo, dentro de la Administración Pública Federal, lo que no sucede con el demás personal operativo, quienes sí tiene regulada la jornada de trabajo, lo que significa que la operaria podía regular su tiempo de trabajo conforme a su prudente arbitrio y necesidades del servicio para cumplir la encomienda otorgada por el Estado; encomienda otorgada bajo el principio de eficacia previsto en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en el bien común contenido en el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal.—Esto es, si la quejosa, dada la jerarquía ostentada ante la Administración Pública Federal, no estaba sujeta a un horario de trabajo, es inconcuso que en este caso, no podía obligarse al patrón a demostrar una jornada de trabajo, simplemente porque la trabajadora no estaba regulada bajo un control de entrada y salida, ya que dicha jornada la administraba la propia funcionaria, en su carácter de **********, con el rango de **********, con la finalidad de cumplir con el despacho del departamento del que era **********, lo que significa que podía regular sus actividades sin tener que registrar su entrada y salida dentro de la fuente laboral. Esto, porque dicha quejosa, como funcionaria pública de **********, para cumplir con eficacia el encargo conferido por el Estado, como es el despacho de los asuntos de su competencia, inherentes a los postulados descritos por el artículo 54 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, podía organizar sus actividades conforme a sus tiempos, pues por su encargo, está obligada entregar su actividad a la Administración Pública, sin que el horario sea una limitante para ello.—Es decir, su función se identifica con los fines del Estado, de manera que para cumplir con sus actividades, no tiene como límite un horario establecido, sino que deberá cumplir con su cometido cuando la naturaleza de las actividades requiera de su presencia, sin un horario que restrinja su encargo público, ya que sus funciones deben cumplirse de manera puntual, en función a que representa la voluntad del Estado; de ahí que, se insiste, sus actividades no podían ser reguladas, como ocurre con el demás personal operativo que, dado su nivel inferior, si están sujetos a un control de asistencia. Bajo esa premisa, se puede concluir que la quejosa, por el ********** desempeñado dentro de la Administración Pública Federal, no estaba sujeta a una jornada de trabajo, como el demás personal operativo, de manera que podía organizar sus actividades diarias conforme a lo que estimara prudente, a efecto de cumplir a cabalidad las exigencias que le fueron encomendadas por el Estado; es por ello, que el reclamo a un pago extraordinario no es procedente, cuando que, sus activadas (sic) de ********** no están sujetas a un horario de trabajo. Es decir, no es procedente que un funcionario público reclame el pago de horas extraordinarias, cuando que, por el ********** conferido por el Estado, no están sujetos a una jornada de trabajo como el demás personal operativo, al ser un funcionario que entrega su actividad a la ********** para cumplir con el despacho de los asuntos de su competencia y, por ende, su actividad laboral no está regulada por un horario de trabajo. En consecuencia, aunque por razones diversas a las expuestas por la Sala del trabajo, el pago de horas extraordinarias reclamadas por la actora –aquí quejosa– es improcedente y, por ello, lo infundado de su argumento ..."

Resolución que dio lugar a la tesis número I.16o.T.1 L (10a.), Décima Época, publicada el viernes once (11) de diciembre de dos mil quince (2015) a las once horas con quince minutos en (sic) la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo II, diciembre de dos mil quince, materia laboral, página mil doscientos cincuenta y uno, de rubro y texto:

"JORNADA EXTRAORDINARIA. TRATÁNDOSE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON CARGOS DE ALTO NIVEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE. De la interpretación sistemática de los artículos 123, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 61, 66, 67, 68 y 423, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 21, 22, 23, 24 y 26 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte la garantía que protege la jornada de trabajo y, por ende, el derecho de los empleados sujetos a un horario de trabajo a que sean retribuidos económicamente cuando sus labores excedan la jornada máxima legal; esto es, a que se les pague el tiempo extraordinario laborado. En cambio, el reclamo de horas extraordinarias, tratándose de servidores públicos con cargos de alto nivel en la administración pública federal, como son los directores de departamento de la Secretaría de Gobernación, es improcedente, ya que dichos servidores, para cumplir con las funciones encomendadas por el Estado, regidas por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia previstos en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en el bien común, contenido en el Código de Ética de los Servidores Públicos de esa dependencia, por regla general, no están sujetos a un horario de trabajo, como el personal operativo, pues por su alto nivel, su función está en representación del propio Estado y, por ello, pueden regular sus actividades diarias conforme a las necesidades encomendadas, por lo que es improcedente el pago de horas extras que reclamen."

II. El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo DT. 426/2017, en sesión de cinco de octubre de dos mil diecisiete, en lo que interesa, consideró lo siguiente:

"Como se ve de lo transcrito, la responsable condenó al pago de tiempo extra demandado, al considerar que si bien quedó acreditado con la confesional de la actora que como **********, estaba exenta de suscribir registro de asistencia y que ella administraba su jornada de trabajo, con la testimonial a cargo de **********, ********** y **********, y la confesión expresa vertida por la actora en el hecho uno de la demanda, se acreditaba que mientras prestó sus servicios para la **********, lo hizo en un horario de trabajo de las ********** (**********) a las ********** (**********) horas y de las ********** (**********) a las ********** (**********) horas diariamente, de ********** a **********; esto es, laboraba diariamente una jornada efectiva de ********** (**********) horas de las ********** (**********) que legalmente debía de trabajar. Luego, la Sala estimó que había pruebas para tener por acreditada la jornada de ********** (**********) horas que laboró diariamente la actora, consideración que la impetrante no controvierte, ya que se limita a sostener que era carga de la prueba de la actora demostrar que laboró tiempo extra, pero no desvirtúa las consideraciones de la Sala para estimar procedente su pago, por lo que deviene inoperante su motivo de disenso. En ese punto, en cuanto al criterio que invoca el quejoso, sustentado por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, I.16o.T.1 L (10a.), Décima Época, publicado el viernes once (11) de diciembre de dos mil quince (2015) a las once horas con quince minutos ... en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Tomo II, diciembre de dos mil quince, materia laboral, página mil doscientos cincuenta y uno, de rubro y texto: ‘JORNADA EXTRAORDINARIA. TRATÁNDOSE DE SERVIDORES PÚBLICOS CON CARGOS DE ALTO NIVEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SU RECLAMO ES IMPROCEDENTE. De la interpretación sistemática de los artículos 123, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 58, 60, 61, 66, 67, 68 y 423, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, en relación con los numerales 21, 22, 23, 24 y 26 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, se advierte la garantía que protege la jornada de trabajo y, por ende, el derecho de los empleados sujetos a un horario de trabajo a que sean retribuidos económicamente cuando sus labores excedan la jornada máxima legal; esto es, a que se les pague el tiempo extraordinario laborado. En cambio, el reclamo de horas extraordinarias, tratándose de servidores públicos con cargos de ********** en la **********, como son los **********, es improcedente, ya que dichos servidores, para cumplir con las funciones encomendadas por el Estado, regidas por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia previstos en el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como en el bien común, contenido en el Código de Ética de los Servidores Públicos de esa dependencia, por regla general, no están sujetos a un horario de trabajo, como el personal operativo, pues por su alto nivel, su función está en representación del propio Estado y, por ello, pueden regular sus actividades diarias conforme a las necesidades encomendadas, por lo que es improcedente el pago de horas extras que reclamen.’.—Este Tribunal Colegiado no comparte dicho criterio; en principio, el hecho de que un trabajador haya laborado en exceso su jornada laboral le confiere el derecho a que le sea pagado el tiempo extra, sin que el haber ejercido funciones de dirección dé lugar a ser excluido de su pago, porque el artículo 123, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: ‘I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas.’; es decir, consigna el derecho a una jornada laboral digna, así como el pago del tiempo laborado en demasía; por tanto, no limita o restringe ese derecho respecto a algún tipo de trabajadores, como podría ser los de confianza, los cuales si bien no tienen las mismas prerrogativas del resto de trabajadores, eso no les quita su carácter de trabajadores frente al patrón Estado; por consiguiente, conforme a las modalidades derivadas de la naturaleza específica de sus labores, en lo relativo a una jornada legal deben imperar las normas que más favorezcan a los trabajadores, que en el caso es el derecho a una jornada digna y el pago del tiempo laborado en demasía, tutelado por la Constitución Federal. De ahí que, si la Norma Suprema de la nación no limita el derecho al pago del tiempo extra laborado, ninguna disposición, ya sea legal o jurisprudencial puede restringirlo, pues ello implicaría contravención a la Carta Magna en notoria afectación a los derechos de los trabajadores. Asimismo, en el caso resulta inaplicable lo previsto en los artículos 58, 60, 61, 66, 67, 68 y 423, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, porque no existe necesidad de aplicar supletoriamente a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado esas normas, pues tratándose de los mínimos y máximos legales, así como el derecho al pago del tiempo extra laborado son aplicables los numerales 21, 22, 23, 24 y 26 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que protegen la jornada de trabajo y, por ende, el derecho de los empleados sujetos a un horario de trabajo a que sean retribuidos económicamente cuando sus labores excedan la jornada máxima legal, esto es, a que se les pague el tiempo extraordinario laborado; numerales que tampoco consignan alguna restricción al pago de ese derecho atendiendo al nivel jerárquico del trabajador. En relación con lo anterior, el hecho de que se trate de servidores públicos con cargos de ********** en la **********, como son los **********, los cuales se encuentran constreñidos a cumplir con las funciones encomendadas por el Estado, regidas por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia previstos en el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como el bien común contenido en algún Código de Ética de los Servidores Públicos, no implica que el pago de tiempo extra sea improcedente, porque una situación no guarda relación con la otra, esto es, el correcto desempeño de la función no se encuentra sujeta a la jornada legal, pues sostener lo contrario implicaría que quien labora más tiempo cumpla esos principios, y quien lo hace dentro de la jornada legal los incumpla, argumento que resulta falaz. Además, si bien, por regla general, esos trabajadores no están sujetos a un horario de trabajo como el personal operativo, pues por su alto nivel su función está en representación del propio Estado y, por ello, pueden regular sus actividades diarias conforme a las necesidades encomendadas; la determinación de excluirlos del registro de asistencia es del patrón Estado, de ahí que no puede beneficiarse de su propio error; esto es, si el patrón ha decidido no registrar la asistencia de este tipo de trabajadores no puede pretender excluir del pago de tiempo extra a los mismos por el hecho de que no regula su jornada de trabajo, pues como se ve, esa omisión sólo le es imputable a él mismo. Luego, la naturaleza de las funciones desempeñadas de confianza no excluye a los trabajadores que las desempeñan del pago de tiempo extra, pues el tipo de funciones no justifica la exclusión del cumplimiento de laborar una jornada legal, ni menos aún releva al patrón de la carga de demostrar la jornada de labores en términos del artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, que resulta supletoria en cuanto a la carga de la prueba, ante la falta de disposición expresa de la ley burocrática y regir la razón que la prevista en Ley Federal del Trabajo, relativa a que el patrón tiene mejores elementos para acreditar la jornada de labores. En ese orden de ideas, respecto a la tesis PC.IX. J/2 L (10a.), sustentada por el Pleno del Noveno Circuito, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Tomo II, mayo de dos mil catorce, Décima Época, página 1487, materia laboral, de rubro: ‘TIEMPO EXTRAORDINARIO. LA RECLAMACIÓN DE SU PAGO ES IMPROCEDENTE TRATÁNDOSE DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ QUE OSTENTEN CARGOS DE TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO DE SUBSECRETARIOS, DIRECTORES, SUBDIRECTORES Y PUESTOS DE RANGO SEMEJANTE.’, este criterio se sustenta en lo dispuesto en la Ley de los Trabaja

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27911-1b6059bf/horas-extras-procede-la-reclamacion-de-su-pago · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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