I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. REQUISITOS, OBJETO Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE UNA LEGISLATURA ESTATAL TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA. III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA DERIVADO DE SU REFORMA (ARTÍCULO 23, PÁRRAFO QUINTO, DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). IV. PROCESO LEGISLATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A ÉSTE POR EL HECHO DE QUE EL DECRETO IMPUGNADO NO PREVEA EN SUS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA SOLICITAR EL REFERÉNDUM ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN LOCAL, PUES ESE MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO FORMA PARTE DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN DE LEYES (ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DEL DECRETO 24461/LX/13 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL "EL ESTADO DE JALISCO", EL DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE). V. SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ESTADO MEXICANO, COMO MEDIO REPARADOR DE UN DESPIDO INJUSTIFICADO (ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). VI. SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, SU NATURALEZA Y FUNCIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL, COMO MEDIO REPARADOR DE UN DESPIDO INJUSTIFICADO (ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). VII. SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SI BIEN NO SE TRATA DE UN DERECHO DE RANGO CONSTITUCIONAL, CONSTITUYE UNA PRESTACIÓN QUE PROPORCIONA EFICACIA AL DERECHO HUMANO DE REPARAR LOS PERJUICIOS PROVOCADOS POR UN DESPIDO O CESE INJUSTIFICADO. VIII. SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENEN LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES BUROCRÁTICAS, SIEMPRE Y CUANDO NO CONTRAVENGAN EL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. IX. SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. TODA DECISIÓN LEGISLATIVA TENDIENTE A DISMINUIR SU PAGO DEBE ESTAR PLENAMENTE JUSTIFICADA PARA NO INCURRIR EN UNA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. X. SALARIOS VENCIDOS DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. LIMITACIÓN DE SU PAGO DE LA FECHA DEL CESE HASTA POR UN PERIODO MÁXIMO DE DOCE MESES (ARTÍCULO 23 DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XI. MULTAS IMPUESTAS A LOS ABOGADOS, LITIGANTES O REPRESENTANTES EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. NO VULNERA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA AL NO ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO TENDENTE PARA SU IMPOSICIÓN, AL REMITIR A LA NORMA APLICABLE (ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XII. MULTAS IMPUESTAS A LOS ABOGADOS, LITIGANTES O REPRESENTANTES EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. NO PROCEDEN ANTE LO INFUNDADO DE LAS PROMOCIONES SINO ANTE SU NOTORIA IMPROCEDENCIA (ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS). XIII. MULTAS IMPUESTAS A LOS ABOGADOS, LITIGANTES O REPRESENTANTES EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO. NO SE VULNERA EL DERECHO DE ACCESO A UNA JUSTICIA GRATUITA YA QUE NO SE ESTABLECE EL COBRO DE UNA CANTIDAD POR LA ACTIVIDAD QUE REALIZA EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (ARTÍCULO 23, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO DE LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2013. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2016. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis.
VISTOS Y RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de la acción de inconstitucionalidad, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Mediante escrito depositado el veintiuno de octubre de dos mil trece en la Oficina de Correos de Guadalajara, Jalisco, recibido el veintiocho de octubre de dos mil trece, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, (1) Gabriela Andalón Becerra, (2) Mariana Arámbula Meléndez, (3) Norma Angélica Cordero Prado, (4) José Hernán Cortés Berumen, (5) Juan José Cuevas García, (6) Jaime Ismael Díaz Brambila, (7) Alberto Esquer Gutiérrez, (8) José Gildardo Guerrero Torres, (9) Elías Octavio Íñiguez Mejía, (10) Juan Carlos Márquez Rosas, (11) Luis Guillermo Martínez Mora, (12) José Luis Munguía Cardona y (13) Víctor Manuel Sánchez Orozco, en su carácter de integrantes de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez del Decreto Número 24461/LX/13, expedido por el Congreso del Estado de Jalisco y promulgado por el gobernador de dicha entidad federativa, el cual fue publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el diecinueve de septiembre de dos mil trece, impugnando, específicamente, los párrafos segundo, quinto y sexto del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el artículo primero transitorio del decreto aludido, cuyos textos son los siguientes:
"Artículo 23. El servidor público cesado o despedido injustificadamente, podrá solicitar a su elección, ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.
"Si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad pública la causa de terminación o cese, o se resuelve que el despido fue injustificado, el servidor público tendrá derecho, sin importar la acción intentada, además a que se le paguen los sueldos vencidos, computados desde la fecha del cese hasta por un periodo máximo de doce meses.
"Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior, no ha concluido el procedimiento o no se ha cumplimentado el laudo, se pagará también al servidor público los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones.
"En caso de muerte del servidor público, dejarán de computarse los salarios vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento.
"A los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y, en general, toda actuación en forma notoriamente improcedente, con la finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral, el Tribunal de Arbitraje y Escalafón le impondrá una multa de 100 a 1000 veces el salario mínimo general vigente de la zona económica de Guadalajara.
"Si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los funcionarios o servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por treinta días sin pago de salario y, en caso de reincidencia, la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto se dará vista al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia."
"Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial ‘El Estado de Jalisco’."
SEGUNDO.—Conceptos de invalidez.
a) La porción normativa "hasta por un periodo máximo de doce meses" contenida en el párrafo segundo del artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos Estatal, es contraria a los derechos humanos, garantías, principios y obligaciones previstos en los artículos 1o., 4o., 5o., 14, 16, 39, 123, apartado B, fracción IX, 128 y 133 de la Constitución Federal.
Ello, debido a que se vulnera la equidad entre los sujetos de la relación laboral, al violarse el derecho a obtener una remuneración por una actividad lícita y el de no ser molestado o privado de aquélla, lesionando los derechos contractuales adquiridos y habilitando la privación anticipada de la propiedad generada de la relación laboral, lo que actualiza en consecuencia, una vulneración a los derechos a una alimentación adecuada, a la salud, a la vivienda digna, a la conformación de un patrimonio y al principio de progresividad respecto de aquellos derechos.
Asimismo, no se observan las garantías del debido proceso y de audiencia ni las formalidades esenciales del procedimiento ante la privación o restricción de los derechos laborales burocráticos, y se introduce en el orden jurídico una distorsión al derecho a un juicio justo e imparcial para reponer el derecho vulnerado, toda vez que la norma impugnada permite restituirlo en una intensidad menor a la que se gozaba con anterioridad, en perjuicio a la estabilidad en el empleo y el cumplimiento de las obligaciones laborales.
En suma, se desobedece arbitrariamente la obligación de todo servidor público de cumplir y hacer cumplir la Constitución General, así como las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales que estén de acuerdo con aquélla, obligación indispensable para alcanzar el objetivo genético-teleológico de la Norma Fundamental, consistente en el bienestar de la población mediante el cumplimiento de los derechos humanos, garantías, principios y obligaciones constitucionales.
Al respecto, las disposiciones constitucionales siempre contienen implícito un concepto de pueblo, lo cual justifica no sólo los medios de control jurisdiccional de la constitucionalidad, sino también aquellas previsiones y principios de observancia previa de naturaleza administrativa y legislativa, para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse limitación alguna que dé lugar a arbitrariedades en contra del pueblo.(1)
En este sentido, el carácter vinculante de la Constitución, la inviolabilidad de los derechos humanos y sus garantías, así como los principios y obligaciones constitucionales se proyectan sobre todos los integrantes de la colectividad, quienes están obligados a respetar los derechos fundamentales de la persona en todas sus actuaciones.(2)
Señalan que la Constitución General reconoce que la soberanía reside, originalmente, en el pueblo del cual deriva todo poder público para beneficio de aquél, por lo que la Norma Fundamental es una manifestación de la soberanía popular y desconocer su fuerza superior y naturaleza vinculante coloca bajo sospecha el origen del Estado Mexicano.
Por tanto, el grado de intervención del Estado sobre los particulares y sus relaciones está acotado por los principios de legalidad, autoridad competente y seguridad jurídica, sustentando lo anterior en la tesis P./J. 10/94, de rubro: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD."(3)
En este contexto, de las disposiciones constitucionales de observación inexcusable se encuentran los artículos 1o., 3o., 4o., 5o., 14 y 123 de la Constitución General relacionados con garantizar el desarrollo de la persona y su familia por medio de la alimentación, la protección de la salud, la educación y la vivienda digna, a partir de un patrimonio previamente constituido o del producto derivado del trabajo, profesión u oficio.
La formación de un patrimonio, el cual se constituye con los bienes obtenidos del intercambio comercial o civil y de los valores pecuniarios convenidos por la prestación de un servicio subordinado, profesional u oficio, es un derecho humano implícito en la Constitución, la cual garantiza la certeza y pacífica propiedad, posesión, uso y goce de los bienes y derechos que integran el peculio, los cuales son oponibles frente al poder público y a terceros, pues están destinados a procurar el desarrollo de la persona y su entorno familiar y social.
Si bien la Constitución General reconoce el derecho fundamental a la propiedad privada, por su función social la delimita fijando su contenido con el fin de evitar la colisión con otros bienes o valores constitucionales, mediante límites previstos en la propia Constitución, o bien, vía la determinación del ámbito de actuación del legislador en determinados casos, sin afectar la esencia del derecho ni su ejercicio.
Por su parte, las obligaciones internacionales asumidas por el Estado Mexicano en los artículos 17, 23, 24, 25, 29 y 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 21, 26, 28, 29 y 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, 1, 4, 5, 6 y 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" coinciden con la Constitución General en garantizar el desarrollo pleno de la persona, tanto en lo individual como para su familia.
No obstante, respecto de la propiedad privada generada como producto del trabajo, la Constitución General establece un régimen especial de protección al salario y a las demás contraprestaciones remuneratorias del trabajo, bajo una consideración de equidad y justicia social, a favor de los trabajadores, lo cual resulta de la lectura de los artículos 1o., 5o., 14, 115, 116, 123, 127 y 133 constitucionales. Bajo aquella protección constitucional se encuentran los contratos laborales, pues a través de ellos, las partes se obligan al cumplimiento de las contraprestaciones pactadas, las cuales tienen como objeto inmediato proporcionar a los trabajadores la remuneración convenida, y en último término, la satisfacción de las necesidades inherentes a su desarrollo personal y familiar.
Por tanto, la remuneración de la obligación laboral está tutelada por la Constitución y los instrumentos internacionales, pues no sólo la prevén de forma explícita sino además establecen restricciones que limitan la competencia de configuración normativa de la autoridad. Asimismo, los contratos laborales forman parte del ámbito genérico de los convenios y contratos, al participar de los elementos esenciales de éstos, en especial la expresión de la voluntad de las partes en obligarse, de ahí que, deben comportarse de buena fe no sólo a lo expresamente pactado, sino también a sus consecuencias inherentes, por lo que ante el incumplimiento se genera una responsabilidad contractual, causando la rescisión del contrato o el pago de daños y perjuicios, o ambos concurrentemente.
Así, la porción normativa combatida interviene directamente sobre una contraprestación pactada por las partes, el salario, toda vez que el nombramiento es un contrato laboral burocrático, por lo que, el legislador posee una libertad de configuración normativa limitada para interferir en la voluntad de las partes, ya que no existe norma constitucional que habilite su intervención en las obligaciones pactadas, ni la ley puede desconocer los derechos y obligaciones de las partes o de relevar el cumplimiento de las obligaciones a una de ellas o privar del patrimonio derechos adquiridos, máxime los relativos a la remuneración que aseguran las condiciones de subsistencia del trabajador y su familia, así como la estabilidad de los trabajadores en su empleo.
Al respecto, los artículos 1o., 5o., 14 y 123, apartados A, fracción XXXII y B, fracción XIV, de la Constitución General excluyen, expresamente, al salario de cualquier acto o norma que intente expropiar, cesar, menoscabar o afectarlo negativamente en perjuicio del trabajador, cuando únicamente el patrón ha incumplido con sus obligaciones.
En atención a lo anterior, la porción normativa combatida priva a los trabajadores del derecho adquirido consistente en la contraprestación del trabajo subordinado, al suprimir y desconocer sin sustento constitucional parte de la remuneración determinada consensualmente, ya que el legislador local se inmiscuye en la relación contractual de forma subordinante y expropiatoria respecto del trabajador al acceder al producto de su trabajo en una cuantía menor, configurando una violación a la propiedad privada con relación a la responsabilidad contractual y a la voluntad de las partes, la cual ni el cumplimiento de la garantía de audiencia previa puede reparar.
Además, señalan que el régimen de protección de las relaciones laborales previsto en la Ley para los Servidores Públicos estatal, no sólo garantiza la protección del salario y la seguridad social, sino que el legislador local cumplió con el principio de progresividad al reconocer el derecho a la estabilidad en el empleo al prever que los servidores públicos cuyo nombramiento sea definitivo, ya sean de base o de confianza, adquieren la inamovilidad(4) en el cargo público, derechos adquiridos que son oponibles frente a la parte contractual y a las leyes posteriores a su adquisición, de igual forma lo son los derechos inherentes o consecuenciales para el ejercicio de aquéllos, como la reintegración de los daños y perjuicios ante el incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones laborales.
Señalan que la porción normativa combatida no sólo priva al trabajador del derecho patrimonial tutelado por la protección al salario y la estabilidad en el empleo, sino también se releva de responsabilidad contractual al patrón quien ha incumplido ilegalmente sus obligaciones mediante la rescisión injustificada, lo que desconoce los derechos adquiridos.
En este sentido, se encubre de forma injusta e inequitativa la exención de responsabilidad contractual del patrón ante su incumplimiento, así como se desconocen las obligaciones laborales pactadas a favor del trabajador relacionadas con el derecho a la estabilidad en el empleo, la protección al salario y de seguridad social.
Ello es así, pues una vez demostrada por el trabajador en el proceso laboral su acción, la resolución que se dicte se fundará en la porción normativa impugnada, con lo cual se niega el cumplimiento de las obligaciones pactadas, en especial el salario, haciendo nugatorios los derechos del trabajo, de propiedad, alimentación adecuada, salud y vivienda digna, así como el principio de progresividad.
Señalan que la norma impugnada es atractiva para el incumplimiento patronal de sus obligaciones pactadas y dicha actitud de mala fe es motivada por el legislador, al imponer una responsabilidad menor a la obligación original y por la indiferencia de la autoridad jurisdiccional influida por la legislación recargada de plazos y términos que no garantizan la impartición de justicia imparcial, pronta, gratuita y completa que restituya el goce de los derechos violados, ya que la resolución dictada se fundará en la porción normativa combatida, por lo que se desconocería el orden constitucional al actualizarse la privación de los derechos laborales tutelados desde el aspecto patrimonial, laboral y como elementos esenciales de la obligación de todo servidor público de cumplir la Constitución.
b) La reforma al artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios desconoce los derechos de acceso a la justicia completa y expedita, a la seguridad jurídica y al debido proceso contenidos en los artículos 14 y 17, párrafo segundo, de la Constitución General, al ser deficiente e incompleta la regulación de los procesos judiciales en materia laboral, toda vez que la ley de mérito no regula los plazos y términos legales para que la autoridad judicial competente pueda concluir en tiempo un proceso y la sentencia dictada sea compensatoria del daño generado por el despido injustificado al servidor público.
Señalan que de las iniciativas presentadas para la redacción del artículo combatido, el común denominador fue limitar la duración de los procesos judiciales y el pago de indemnizaciones gravosas a cargo de las entidades públicas.
Para cumplir lo anterior era necesario observar lo que dispone el artículo 17 constitucional y establecer medidas legislativas complementarias para limitar la duración de los procesos laborales al plazo máximo establecido para el pago de los salarios vencidos, para garantizar la economización de recursos de las entidades públicas y la compensación de daños a favor del ciudadano despedido injustificadamente.
Precisan que la indebida e incompleta regulación de la Ley para los Servidores Públicos estatal no es por establecer un límite al pago de salarios vencidos, sino por el hecho de que no se prevé un límite a la duración del proceso judicial.
Además, la norma combatida no responde a los principios de convencionalidad, pues los Estados están no sólo obligados a respetar los derechos y libertades de la persona, entre ellos, el del trabajo, la protección del sueldo y la tutela jurídica efectiva, sino también a garantizar su libre y pleno ejercicio, ello se advierte de los artículos 1, 2, 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Al respecto, el derecho alegado no es la protección del pago de los salarios vencidos, sino que el legislador local no fue cuidadoso en garantizar al servidor público reinstalado en caso de despido injustificado, que los salarios vencidos serán suficientes para retribuirle el daño causado, siendo la única manera viable a través de limitar el proceso judicial al plazo máximo establecido para el pago de los salarios vencidos y que en ese periodo se garantice la posibilidad de hacer valer todos los derechos y recursos que garanticen una defensa adecuada.
Así entonces, los Estados deben garantizar una protección judicial efectiva, la cual en el presente caso es parcial, en virtud de que existe el derecho regulado en la ley, el tribunal competente y la posibilidad de que se dicte sentencia; sin embargo, no se establecen plazos para las distintas etapas procesales, lo que ocasiona que la justicia sea dilatada y, en consecuencia, se niega el acceso a una justicia completa.
Además, con relación al principio de acceso a la tutela jurisdiccional, los promoventes advierten de la contradicción de tesis 35/2005-PL que, los procesos deben ser justos y razonables, así como que deben respetarse todas las etapas que integran un proceso pues la tutela judicial efectiva tiene un carácter gradual y complejo.
c) El artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios al establecer un límite de doce meses al pago de salarios vencidos transgrede el artículo 14, párrafos primero, segundo y cuarto, de la Constitución General, puesto que reconoce la validez de que el servidor público sea privado del derecho al trabajo y a percibir su salario, sin causa justificada.
Además, la ley de mérito no permite la restitución del daño originado por el despido injustificado una vez concluido el proceso judicial laboral, al establecerse un límite al pago de salarios vencidos.
Al respecto, sostienen que este Alto Tribunal en el amparo directo en revisión 2019/2012 determinó que, el legislador puede establecer un tope a los salarios vencidos, lo cual será viable, si en el ordenamiento legal existen elementos que garanticen al trabajador que los salarios serán retributivos con relación a los daños y perjuicios sufridos, es decir, sólo cuando se establezca un tope a la duración del juicio. Se apoya lo anterior en la tesis 2a. XLIV/2013 (10a.), de título y subtítulo: "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO. EL ARTÍCULO 45, FRACCIÓN XIV, DE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS, NO ES VIOLATORIO DE DERECHOS HUMANOS [ABANDONO DE LA TESIS AISLADA 2a. XLVIII/2009 (*)]."(5)
En este sentido, la Ley para los Servidores Públicos estatal debió contemplar alguna medida legislativa para garantizar la duración del proceso judicial, con el fin de que el trabajador separado indebidamente de su trabajo y privado de su sueldo, encuentre protección a sus derechos y a un medio para que se le restituyan.
d) El artículo 23, párrafos quinto y sexto de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios viola los artículos 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo y 17, segundo párrafo, de la Constitución General, toda vez que es deficiente e incompleta la regulación legislativa relativa a garantizar los derechos de audiencia y defensa, al debido proceso y de acceso a la justicia completa y retributiva, en virtud de que se establece arbitrariamente una multa económica a los abogados, litigantes o representantes que patrocinen procesos laborales en el Estado de Jalisco, en el caso de promover actuaciones que resulten notoriamente improcedentes, sin mediar un procedimiento previo, lo que inclusive abona a la discrecionalidad para que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón considere o no qué actuaciones resultan notoriamente improcedentes.
Aunado a lo anterior, se limita el derecho del justiciable para la promoción de acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimientos de pruebas, recursos y, en general, toda actuación.
No obstante que el artículo 17 constitucional establece que la administración de justicia será gratuita, prohibiendo las costas judiciales, se pretende que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón determine sanciones por la promoción de actuaciones notoriamente improcedentes sin existir certeza sobre los casos considerados con tal carácter, dentro del proceso laboral, debido a que es necesario un procedimiento previo en donde se acredite que la actuación afecta de forma directa e inmediata al proceso laboral y existe el propósito de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanciación o su resolución, para garantizar la defensa de los abogados postulantes.
De igual manera, son transgredidos los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que los Estados no sólo están obligados a respetar los derechos y libertades reconocidos en la convención, sino a garantizar su libre y pleno ejercicio, debido a que el legislador no fue cuidadoso de adoptar las medidas legislativas suficientes para garantizar los derechos de audiencia y defensa.
e) La reforma al artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos estatal vulnera el artículo 14, primer párrafo, de la Constitución General al aplicarse en perjuicio del trabajador, quien al momento de ingresar al servicio público adquirió derechos, así como el acceso a la justicia, toda vez que prevé un límite máximo de doce meses al pago de salarios vencidos en caso de despido injustificado, derecho adquirido que no contemplaba límite alguno con anterioridad al decreto impugnado.
Asimismo, no se establece en el régimen transitorio que la aplicación del artículo combatido sería para los trabajadores incorporados al servicio público posteriormente a la entrada en vigor del decreto, con la finalidad de proteger los derechos adquiridos de aquellos que ingresaron con anterioridad a la modificación de la Ley para los Servidores Públicos estatal.
Señalan que los trabajadores del Estado contaban con la protección de reclamar los salarios vencidos por el tiempo que durara el juicio hasta su resolución, derecho que suprime la reforma a doce meses de salarios vencidos, toda vez que el ingreso al servicio público configura una situación jurídica concreta con derechos y obligaciones, y si surgen bajo el imperio de una ley anterior, deben subsistir con las características y consecuencias que la propia ley les atribuye. Sustentando lo anterior, en la tesis de la Sexta Época, de rubro: "RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA."(6)
Además, en materia de retroactividad, la realidad jurídica no corresponde rigurosamente a la realidad material, ya que al nacer una situación jurídica lleva en sí una porción de porvenir, de actos futuros tutelados, que no pueden destruirse por reformas posteriores. Por lo que, al ser contratados por el Estado, se generaron derechos aunque no presentes, quedan salvaguardados por la ley de mérito. Se apoya en la tesis de la Quinta Época, de rubro: "RETROACTIVIDAD."(7)
Al respecto, señalan que al ingresar al servicio activo, los trabajadores saben de los derechos que adquieren y la posibilidad jurídica de ser despedidos, lo cual no debe cambiarse, pues si se actualizó el supuesto de una norma y alguna de sus consecuencias, pero no todas, ninguna reforma posterior puede modificar los ya ejecutados sin ser retroactiva.
Sostienen que podría argumentarse falsamente que la norma reclamada no es retroactiva al aplicarse sobre supuestos definidos de despido, ya que no todos los servidores públicos se encuentran en esa situación. Sin embargo tal circunstancia no es así, ya que el trabajador al ingresar al servicio público la Ley para los Servidores Públicos estatal contemplaba supuestos venideros, como lo es el despido injustificado y los derechos para poder reclamar en caso de presentarse éste.
Asimismo, la norma combatida transgrede los artículos 1, 2 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establecen la garantía de que se respete lo constitucionalmente previsto en el Estado, la aplicación de la justicia pronta y expedita, y la definición de los plazos para garantizar su aplicación.
f) Señalan que con motivo de la emisión del decreto impugnado, el legislador local incurrió en omisión legislativa, al no prever la irretroactividad sobre los derechos sustantivos de los servidores públicos, como lo es el pago de salarios, ya que de la lectura del artículo segundo transitorio del decreto impugnado, se advierte que, se respetaron únicamente los derechos adjetivos, al disponer que los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la reforma deben concluirse de conformidad con aquéllas.
Lo anterior, permite que el decreto impugnado sea aplicado a todos los servidores públicos independientemente de la fecha de inicio de sus actividades, sin respetar los derechos previamente adquiridos.
Apoyan su argumento en la tesis jurisprudencial P./J. 123/2001, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA."(8)
Manifiestan que al suscribir el contrato laboral o recibir el nombramiento del cargo público, se adquirieron diversos derechos, como lo son, que el patrón cumpla con las condiciones generales de trabajo, así como el pago del salario y ninguna disposición legal posterior puede modificarlos sin violar el principio de irretroactividad.
g) El artículo primero transitorio del decreto impugnado vulnera el artículo 34 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, ya que dispone que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación sin prever el plazo de treinta días para solicitar el inicio del referéndum derogatorio, lo cual impide la participación de los ciudadanos en el proceso legislativo y, en consecuencia, se transgrede el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución General.
El artículo 34 prevé que las leyes que expida el Congreso Local, que sean trascendentes para el orden público o interés social, serán sometidas a referéndum derogatorio. Además, tal precepto forma parte del proceso legislativo al ubicarse en el titulo cuarto, capítulo II, de la Constitución Local, denominado: "De la Iniciativa y Formación de Leyes".
Así entonces, el Congreso Local al emitir el Decreto 24461/LX/13 impugnado no respetó el procedimiento que le dio origen y proscribe la actuación de los ciudadanos en éste.
Sustenta su argumento en la tesis jurisprudencial P./J. 4/99, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON LA LEY RECLAMADA."(9)
TERCERO.—Artículos constitucionales que se estiman violados. Los preceptos de la Constitución Federal que se estiman vulnerados son los artículos 5o., 14, 16, 17, 115, 116, 123 y 133.
CUARTO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil trece, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 32/2013.
Asimismo, mediante certificación de la misma fecha se ordenó remitir el expediente al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien por razón de turno fue designado como ponente para formular el proyecto de resolución respectivo.
En el proveído de treinta de octubre de dos mil trece, el Ministro instructor admitió la acción relativa y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al ejecutivo que la promulgó, para que rindieran sus respectivos informes.
QUINTO.—Informe de la autoridad emisora. El Congreso del Estado de Jalisco al rendir su informe, en síntesis, señaló:
a) En relación con el concepto de invalidez consistente en la transgresión de los artículos 1o., 5o., 14 y 123, apartados A, fracción XXII y B, fracción XIV, de la Constitución General, el Congreso jalisciense sostiene la constitucionalidad de la reforma a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, toda vez que fue con apego a las atribuciones que tiene para emitir las disposiciones impugnadas.
Apoya su argumento en la tesis 146 de la Séptima Época, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA."(10)
De igual forma, señala que no existe una afectación consti
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28402-941c9157/i-accion-de-inconstitucionalidad-requisitos-objeto-y-finalidad · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- SALARIOS CAÍDOS, PAGO DE; CASO DE DESTITUCIÓN ADMINISTRATIVA DECLARADA INCONSTITUCIONAL.- (954)
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- SALARIOS CAÍDOS. PROCEDE SU PAGO AUN CUANDO NO SE DEMANDE COMO PRESTACIÓN PRINCIPAL LA REINSTALACIÓN O INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL SI EL TRABAJADOR FUE REINSTALADO POR LA PATRONAL (XX.1o.118 L)
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