Corpus
Modo: Corpus Pro

SALARIOS VENCIDOS. CONFORME A LA LEY PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS, VIGENTE DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CUANDO LA ENTIDAD PÚBLICA DEMANDADA NO ACREDITA LA CAUSA DE TERMINACIÓN O CESE, RESULTA IMPROCEDENTE LA CONDENA AL PAGO DE AQUÉLLOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. · Registro digital (IUS): 28115
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-10-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo II, Pág. 1800.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER Y EL CUARTO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO. 29 DE JUNIO DE 2018. PONENTE: GRISELDA GUADALUPE GUZMÁN LÓPEZ. SECRETARIOS: MARIO ALBERTO GARCÍA GARCÍA Y YURIDIA ARIAS ÁLVAREZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, correspondiente al veintinueve de junio de dos mil dieciocho, por el que se emite la siguiente:

SENTENCIA

En la que se resuelve la contradicción de tesis 3/2018.

RESULTANDO:

I. Denuncia de la contradicción de tesis.

Los Magistrados Miguel Lobato Martínez, Armando Ernesto Pérez Hurtado y José de Jesús López Arias, integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante oficio 384/2018, de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por ese Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 743/2017, y el sostenido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver los juicios de amparo directo 821/2016 y el diverso 1008/2016.

II. Trámite de la denuncia de contradicción de tesis.

El presidente del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por auto de tres de abril de dos mil dieciocho, admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, y la registró como 3/2018; asimismo, solicitó al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, copia certificada de las sentencias que motivaron el criterio discrepante, sin pedir la sentencia al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al remitirse con el escrito de denuncia, con el fin de integrar el expediente, y solicitó a los órganos jurisdiccionales contendientes informaran si el criterio contendiente continuaba vigente.(1)

III. Turno del asunto.

Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, se turnaron los autos a la ponencia de la Magistrada Griselda Guadalupe Guzmán López, para la formulación del proyecto de sentencia.(2)

CONSIDERANDO:

I. Competencia.

Este Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 94, párrafos séptimo y décimo, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216, párrafo segundo, y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, y 41 Quáter, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1, 3 y 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

II. Legitimación.

La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al formularla los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.(3)

III. Criterios contendientes.

Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, conviene transcribir las consideraciones de los asuntos contendientes, en la inteligencia de que las ejecutorias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito contienen consideraciones idénticas sobre el tema que interesa.

Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.

"DÉCIMO.—Estudio del amparo principal. ... Respuesta a las alegaciones sobre la improcedencia de los salarios caídos. Se indica en los conceptos de violación, que no era procedente la condena al pago de sueldos vencidos por demostrarse la existencia del despido alegado, habida cuenta que no se contemplan en la ley burocrática de la entidad (aplicable), ni tampoco encuentran su fundamento en la Constitución, por lo que la sanción correspondiente carece de fundamento, sin poder aplicar nuevas disposiciones de modo retroactivo, dado que la norma que debe regir tal situación es la vigente al momento en que se actualice la terminación de las labores que fue el diecinueve de marzo de dos mil trece; argumentos que resultan fundados.

"En efecto, ambos contendientes señalan que la ruptura del nexo laboral que los unió, sucedió el diecinueve de marzo de dos mil trece, la parte actora porque ese día ubica el despido alegado, mientras que la empleadora señala que fue la fecha en que abandonó el trabajo.

"Por consiguiente, la norma aplicable es la ley burocrática local, vigente en esa fecha, es decir, conforme a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la entidad el veintiséis de septiembre de dos mil doce, que implicaron la derogación del precepto 23 de ese ordenamiento legal, en el que se fijaba la procedencia del pago de salarios vencidos, en caso de que no se comprobara la causa de terminación o cese, o se resolviera que el despido alegado en vía jurisdiccional se estimara injustificado, el servidor público tendría derecho, sin importar la acción intentada, a que se le paguen los sueldos vencidos.

"Se establece así, porque del análisis de la exposición de motivos que precedió al respectivo decreto derogatorio, puede advertirse que denota la voluntad implícita del legislador de derogar la existencia de la prestación de pago de salarios caídos.

"En efecto, del análisis del dictamen aludido de dieciocho de septiembre de dos mil doce, se aprecia que con relación al Decreto 24121/LIX/12, estableció:

"‘H. Congreso del Estado de Jalisco

"‘Presente.

"‘Las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, de Trabajo y Previsión Social y de Responsabilidades, con fundamento en los artículos 69.1, fracción I, artículos 95, 97, 157 y 159.3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, emite el presente dictamen de decreto que reforma los artículos 3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 22, 25, 26, 55, 56 y 106, adiciona los artículos 17 Bis y 106 Bis, y deroga los artículos 9-A, 16 y 23, todos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; y reforma el artículo 146 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, de conformidad con lo siguiente:

"‘I. Parte expositiva

"‘El presente dictamen resuelve las siguientes iniciativas: ...

"‘5. Iniciativa del ley que deroga los artículo 9-A, 16, 23; se adicionan los artículos 17 Bis, 106 Bis, el inciso m) a la fracción V del artículo 22, la fracción XXVII al artículo 55, y las fracciones XIII, XIV, XV, XVI y XVII al artículo 56; y se reforman los artículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17, 22, 25, 26 y 106 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios; y reforma el artículo 146 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, presentada el 31 de marzo de 2011, por los diputados Roberto Antonio Marrufo Torres, Salvador Arellano Guzmán, Elisa Ayón Hernández, Salvador Barajas Del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Carlos Alberto Briseño Becerra, Jesús Casillas Romero, Luis Armando Córdoba Díaz, María del Rocío Corona Nakamura, Sergio Armando Chávez Dávalos, Mariana Fernández Ramírez, Javier Gil Olivo, Ana Bertha Guzmán Alatorre, Omar Hernández Hernández, José Luis Ocampo De la Torre, José Noel Pérez De Alba, Gabriel Ponce Miranda y Patricia Elena Retamoza Vega, integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI, y turnada el mismo día a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Reglamentos, de Trabajo y Previsión Social, y de Responsabilidades ...

"‘10. La iniciativa señalada en el punto 5 de la parte expositiva, presentada por los diputados Roberto Antonio Marrufo Torres, Salvador Arellano Guzmán, Elisa Ayón Hernández, Salvador Barajas Del Toro, Marco Antonio Barba Mariscal, Carlos Alberto Briseño Becerra, Jesús Casillas Romero, Luis Armando Córdoba Díaz, María del Rocío Corona Nakamura, Sergio Armando Chávez Dávalos, Mariana Fernández Ramírez, Javier Gil Olivo, Ana Bertha Guzmán Alatorre, Omar Hernández Hernández, José Luis Ocampo De la Torre, José Noel Pérez De Alba, Gabriel Ponce Miranda y Patricia Elena Retamoza Vega, establece en su exposición de motivos lo siguiente: ...

"‘La preescrita ley burocrática estatal, confronta y debilita a diversos ejes estratégicos para la vida pública del Gobierno. Las transiciones políticas hacen de las instituciones agencias de colocación en beneficio de unos cuantos, que con visión futurista, intentan debilitar las próximas gestiones administrativas o constitucionales, o también, se convierten en guarida que refugia al aliado que no tiene otro objeto que eludir su responsabilidad pública y posicionar sus próximos objetivos electorales. A ello se añaden los miles de pesos que se comprometen para el pago de los «derechos» laborales adquiridos por quienes ni siquiera cubren un perfil para el trabajo que se les dio; añádanse también los laudos millonarios que emite la autoridad jurisdiccional competente por los despidos injustificados originados por los Gobiernos y que no hacen otra cosa más que prolongar la agonía del erario público. La sociedad reclama resultados, que traducidos en servicios públicos cada vez son más deficientes por que no existen recursos económicos para atender las demandas ciudadanas, por qué existen ocurrencias en la atención a éstos, por qué no se cuenta con el personal apto o capacitado para ello ...’ (lo destacado es propio de este órgano jurisdiccional).

"Con lo reproducido, se evidencia que desde dicha exposición de motivos, el legislador tuvo presente la apremiante situación económica de las dependencias estatales, derivada de las cuantiosas condenas laudadas en su contra, con motivo de juicios en los que se alegaban despidos injustificados, y que tenían como consecuencia inmediata, prolongar la agonía del erario público y provocar que los servicios públicos que el Estado debe prestar, se vean afectados y satisfechos en forma deficiente, ante la ausencia de recursos para atenderlos.

"Esos señalamientos externados, conducen a estimar que el legislativo del Estado, de manera implícita, tuvo la voluntad de eliminar la existencia de la prestación de pago de los salarios caídos, en razón de que además de considerar que los laudos estaban afectando al erario público, omitió incluir ese concepto de manera expresa en las nuevas disposiciones reformadas, de suerte que fue eliminado.

"No es obstáculo para esta conclusión, la circunstancia de que en ese mismo dictamen se hubiera señalado que la nueva redacción del numeral 26, contendría las disposiciones del artículo 23 derogado, al precisar:

"‘Artículo 26. El propuesto artículo 26 contendrá las disposiciones del vigente artículo 23 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. En forma, el artículo contempla una redacción ciertamente práctica y sistemática del procedimiento de responsabilidad laboral, que permita mayor entendimiento y certidumbre al servidor público procesado y a la entidad pública.’

"Cierto, tras analizar lo expuesto por el legislador en su exposición de motivos, se evidencia la voluntad (como se dijo, implícita), de proteger al erario público, a fin de permitir la prestación efectiva de los servicios que se deben prestar con los recursos públicos, los cuales, se consideraron afectados en su eficiencia ante la ausencia de fondos suficientes para cumplir con ellos adecuadamente.

"Además, lo establecido en el dictamen, en el sentido de que el nuevo artículo 26 contendría las disposiciones del anterior numeral 23 (entonces derogado), ambos de la legislación burocrática estatal, debe ser entendido únicamente respecto a las disposiciones que contenía sobre el procedimiento de responsabilidad laboral que se debe seguir para separar de su empleo a un servidor público, pues como el mismo párrafo invocado del dictamen lo establece, la derogación y reforma de los invocados numerales (23 y 26), buscó lograr una redacción práctica y sistemática que simplificara y facilitara al servidor público el entendimiento del procedimiento de responsabilidad laboral.

"Conviene entonces recordar que los numerales 23 y 26, en su texto anterior a la mencionada reforma de veintiséis de septiembre de dos mil doce, establecen:

"(Reformado, P.O. 13 de diciembre de 2001)

"‘Artículo 23. Cuando el servidor público incurra en alguna de las causales de terminación a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el titular de la entidad pública o dependencia, o en su defecto, el funcionario que éste designe, procederá a levantar el acta administrativa en la que se otorgará derecho de audiencia y defensa al servidor público, en la que tendrá intervención la representación sindical si la hubiere y quisiera intervenir en ésta, con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del servidor afectado y la del representante sindical si intervino, las de los testigos de cargo, y de descargo idóneos; asimismo se recibirán las pruebas que procedan, firmándose las actuaciones administrativas al término de las mismas por los interesados, lo que harán de igual forma dos testigos de asistencia.

"‘De no querer firmar los intervinientes se asentará tal circunstancia, debiéndose entregar terminado el acto una copia de la actuación al servidor público, así como a la representación sindical si la solicitare.

"‘Cuando el procedimiento administrativo hubiere sido desahogado por el funcionario que se haya designado para tal efecto, éste deberá remitir dichas actuaciones al titular o encargado de la entidad o dependencia pública para que sea éste último quien resuelva sobre la imposición o no de alguna sanción.

"‘El servidor público que estuviera inconforme con la resolución emitida por la entidad pública al fin de la investigación administrativa que decreta la terminación de su nombramiento y de la relación de trabajo, tendrá derecho a acudir en demanda de justicia al Tribunal de Arbitraje y Escalafón en un término de 60 días contados a partir del siguiente a aquel en que se le haya dado a conocer por escrito la determinación que le afecte, lo cual se hará, dentro de los diez días que sigan a aquel en que se hubiera decidido la terminación de la relación de trabajo. La falta de oficio comunicando al servidor público la determinación que le afecte, hará presumir la injustificación del cese.

"‘El servidor público podrá optar en ejercicio de las correspondientes acciones ya sea por la reinstalación en el cargo o puesto que desempeñaba, con todas las prestaciones que disfrutaba y en las mismas, condiciones que no (sic) venía desempeñando o por que se le indemnice con el importe de tres meses de sueldo.

"‘Si en el juicio correspondiente no comprueba la entidad pública de la causa de terminación o cese, el servidor público tendrá derecho además a que se le paguen los sueldos vencidos, desde la fecha del cese hasta que se cumplimente el laudo.

"‘Lo dispuesto en este artículo no será aplicable a los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, los que se sujetarán a lo que dispone el capítulo XI de su ley orgánica.’

"‘Artículo 26. Ningún servidor público de base podrá ser sancionado en su empleo sino por causa justificada y plenamente comprobada. En su caso, los titulares de las entidades o dependencias públicas instaurarán procedimiento escrito dentro del cual se otorgue el derecho de audiencia y defensa al servidor público y en el que, con vista de las pruebas rendidas, el titular o encargado dicte acuerdo fundado y motivado.

"‘En caso de que la falta pudiese ameritar el cese por su gravedad, se estará a lo dispuesto por el artículo 23 de esta ley.’

"De la lectura anterior se concluye que ambos numerales establecían disposiciones relativas al procedimiento de responsabilidad laboral, por lo que la reforma buscó una redacción mejor, más comprensible y sistemática de la regulación de dicho procedimiento, a fin de lograr un mejor entendimiento por parte de los propios funcionarios públicos, lo cual se evidencia del contenido de la nueva redacción que se imprimió al artículo 26, dado que su texto reformado denota que se concentró lo relativo al procedimiento de responsabilidad:

"‘Artículo 26. El procedimiento administrativo de responsabilidad laboral se desahogará conforme a lo siguiente:

"‘I. Levantamiento del acta administrativa: el superior jerárquico o el servidor público que éste designe, mediante oficio facultativo, procederá a levantar el acta administrativa donde se asentarán las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos presuntamente irregulares y deberá firmarse por quien la levantó y dos testigos de asistencia;

"‘II. Remisión del acta administrativa: quien levantó el acta administrativa deberá remitir al órgano de control disciplinario:

"‘a) El acta administrativa;

"‘b) Los medios de prueba y demás elementos para acreditar la presunta responsabilidad, y

"‘c) El oficio facultativo, en su caso;

"‘III. Revisión de documentación: el órgano de control disciplinario revisará que la documentación cubra las siguientes formalidades:

"‘a) Que el acta administrativa esté firmada por quien la levantó y por dos testigos de asistencia;

"‘b) Que la fecha de levantamiento y remisión del acta junto con los demás anexos, estén dentro del tiempo establecido en la fracción I del artículo 106-Bis de esta ley;

"‘c) Que el oficio facultativo haya sido elaborado antes del levantamiento del acta administrativa, y

"‘d) Que las documentales públicas que sean remitidas como probanza sean remitidas en original o copia fotostática certificada por quien tenga fe pública conforme a la ley o reglamento.

"‘El no cumplimiento de alguna de las formalidades descritas será causa de la conclusión anticipada del procedimiento sin responsabilidad para el servidor público señalado.

"‘IV. Acuerdo de avocamiento y señalamiento de audiencia: recibida y analizada la documentación, el órgano de control disciplinario elaborará el acuerdo de avocamiento, que contendrá lo siguiente:

"‘a) Los datos de recepción y la descripción detallada del contenido de la documentación recibida;

"‘b) La mención del nombre del servidor público presunto responsable, el nombramiento que ostenta, los supuestos hechos irregulares cometidos, el nombre y cargo de quien levantó el acta y de quienes fungieron en ella como testigos de asistencia, y una relación entre la conducta irregular y las disposiciones legales vulneradas;

"‘c) El análisis o estudio realizado, del que se desprendan los razonamientos jurídicos respecto de la procedibilidad de la instrucción disciplinaria;

"‘d) El día, hora y lugar en que tendrá verificativo la audiencia de ratificación de acta y defensa del servidor público, y

"‘e) La orden de notificación al servidor público presunto responsable y a su sindicato, en su caso; a quien levantó el acta y a quienes fungieron como testigos de asistencia de la misma; al área de recursos humanos para que remita los antecedentes disciplinarios del servidor público señalado y archive la constancia en el expediente personal del presunto responsable.

"‘V. Notificación del acuerdo de avocamiento: el órgano de control disciplinario, con apoyo del personal que tenga asignado, deberá notificar a los siguientes:

"‘a) Al servidor público presunto responsable y a su representación sindical, en su caso: será de forma personal, corriéndoles traslado de copias fotostáticas simples del acta administrativa, de la totalidad de los documentos que la integran para su conocimiento y de las pruebas que hay en su contra.

"‘En caso de que el acuerdo no pueda ser notificado al servidor público, el notificador o quien haga sus veces levantará constancia donde se asienten la causa o motivos por los cuales no se pudo llevar a cabo la notificación, situación que hará que el órgano de control disciplinario difiera la audiencia de defensa, señalándose nuevo día y hora para esos efectos;

"‘b) Al superior jerárquico o el servidor público que firmó el acta administrativa;

"‘c) A los que fungieron como testigos de asistencia en el acta administrativa, y

"‘d) Al área de recursos humanos de la entidad pública.

"‘Para el caso de la notificación a los señalados en los incisos b), c) y d) basta con el oficio recibido en el que obre el sello de recepción de la dependencia respectiva;

"‘VI. Desahogo de audiencia: se emitirá constancia del desahogo de la audiencia por parte del órgano de control disciplinario. En la audiencia podrán intervenir el servidor público señalado, su representante sindical o legal y los firmantes del acta administrativa, conforme a lo siguiente:

"‘a) Primeramente se les dará el uso de la voz a los firmantes del acta administrativa para su ratificación. La no ratificación por parte de alguno de los firmantes, ya sea por ausencia o voluntad, será causa de conclusión anticipada del procedimiento administrativo sin responsabilidad para el servidor público señalado;

"‘b) Posteriormente el servidor público señalado rendirá su declaración de manera verbal o por escrito, por sí o por conducto del representante sindical o legal que haya intervenido;

"‘c) Rendirán su declaración, de igual forma, los testigos de cargo y de descargo idóneos;

"‘d) Se le otorgará el derecho al servidor público incoado en el procedimiento para por sí o por conducto de su representante sindical o legal, repreguntar a los firmantes del acta administrativa y desvirtuar el acta administrativa con relación a la declaración que rindan;

"‘e) El servidor público presunto responsable, por sí o a través de su representante sindical o legal podrá ofrecer las pruebas que estime convenientes, para su defensa;

"‘f) Previo estudio, se admitirán y desahogarán las pruebas ofrecidas por las partes, y

"‘g) La audiencia podrá suspenderse para el desahogo de las pruebas que por su propia naturaleza lo requieran o por la ausencia del servidor público denunciado o de los firmantes del acta administrativa, siempre y cuando esté motivada por alguna causa justificada. En caso de enfermedad que les impida comparecer, sólo podrá justificarse la causa a través del certificado médico que emita el Instituto Mexicano del Seguro Social en caso de estar inscrito a sus servicios, salvo que se trate de un accidente o urgencia que amerite inmediata intervención o atención.

"‘VII. Resolución: instruido el procedimiento administrativo, el órgano de control disciplinario remitirá el expediente de responsabilidad laboral al titular de la entidad pública, para que resuelva sobre la imposición o no de sanción, en la que se tomará, en cuenta:

"‘a) La gravedad de la falta cometida;

"‘b) Las condiciones socioeconómicas del servidor público;

"‘c) El nivel jerárquico, los antecedentes y la antigüedad en el servicio del infractor;

"‘d) Los medios de ejecución del hecho;

"‘e) La reincidencia en el incumplimiento de sus obligaciones, y

"‘f) El monto del beneficio, daño o perjuicio derivado de la falta cometida.

"‘La notificación de la resolución deberá realizarse dentro de los siguientes diez días hábiles al de la elaboración de la misma al servidor público sancionado y al área de recursos humanos, o quien haga sus veces, de la entidad pública. La resolución surtirá efectos jurídicos al día siguiente de su notificación. El área de recursos humanos adjuntará la resolución al expediente del servidor público sancionado y realizará, a la brevedad, los movimientos, trámites o procesos administrativos internos para el cumplimiento de la misma.

"‘El órgano de control disciplinario anualmente deberá elaborar y actualizar el registro de responsabilidades laborales de la entidad pública, en el que se dispondrá el número de expediente, fecha en que se recibió el acta administrativa y sus anexos, nombre y lugar de adscripción del servidor público sancionado, causa por la cual se le sancionó y el tipo de sanción que se le impuso. Es causa de responsabilidad administrativa la no elaboración y actualización del registro.’

"Empero, no es factible pretender que la voluntad del legislador fue contemplar el pago de los salarios caídos con base en la mención de que el artículo 26 reformado contendría las disposiciones del diverso numeral 23 derogado, ya que contra esa posible conclusión, se tiene que en ese párrafo se destacó expresamente la intención relacionada con la inclusión del numeral 23 (derogado) al 26 (reformado), consistió en lograr una redacción más práctica y sistemática que simplificara y facilitara al servidor público, el entendimiento del procedimiento de responsabilidad laboral, mas no, que tuviera como finalidad consignar la procedencia de esa prestación de pago de sueldos vencidos, en virtud de que al no haber establecido expresamente su existencia en el contenido de la nueva redacción legal reformada, es evidente que no se advierte la voluntad fehaciente del legislador de rescatar ese concepto.

"A mayor abundamiento, aunque el dictamen relativo consignara expresamente que el contenido del artículo 23 derogado de la ley burocrática estatal, en lo relativo al pago de salarios caídos, debería quedar incluido en el diverso numeral 26 reformado de ese ordenamiento, lo trascendente es que del contenido de la publicación oficial de la citada reforma, no se advierte que el contenido del mencionado precepto 26 establezca la existencia de esa prestación de pago de salarios vencidos; es decir, no quedó plasmada la procedencia de pago de sueldos caídos, como ocurría en la norma derogada.

"Por ello, se estima que sólo resulta legalmente válido el contenido expresamente establecido en la legislación publicada, pues aun cuando se expongan ‘vía dictamen’ uno u otro razonamiento, lo trascendente resulta ser el contenido que finalmente concluye como aprobado por el legislador; sin soslayar que en un momento dado, pueden ocurrir omisiones legislativas (sin que en la presente instancia se resuelva sobre la existencia o no de alguna).

"Sin embargo, se insiste, lo que aquí trasciende es que el contenido de la nueva ley no contempla el destacado concepto de pago de salarios caídos, sin que sea factible aplicar una legislación derogada para resolver sobre un despido ocurrido con posterioridad, con fundamento en lo señalado en el dictamen que dio lugar a la derogación, puesto que, en todo caso, únicamente procedería consultar ese dictamen y la exposición de motivos, para interpretar disposiciones establecidas en el nuevo ordenamiento aprobado y publicado, mas no para establecer instituciones, figuras o derechos no contemplados expresamente.

"Cobra aplicación a lo antes expuesto, por los razonamientos que informa, el criterio jurisprudencial P./J. 15/1992, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 52, correspondiente a abril de mil novecientos noventa y dos, con registro número: 205682, del siguiente (sic) rubro y contenido:

"‘LEYES. NO SON INCONSTITUCIONALES PORQUE SE APARTEN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS QUE LES DAN ORIGEN.—La Constitución de la República no instituye la necesaria correspondencia entre las leyes emanadas del Congreso de la Unión y las exposiciones de motivos que acompañan a las iniciativas que les dieron origen. El Constituyente no consideró a las exposiciones de motivos como elementos determinantes de la validez de las leyes, ni tampoco calificó la función que habrían de desempeñar en alguna de las fases de creación de las leyes. De ahí que el Congreso de la Unión puede apartarse de las razones o motivos considerados en la iniciativa, modificar los textos propuestos y formular los que en su lugar formarán parte de la ley, aunque éstos tengan alcances o efectos distintos o incluso contrarios a los expresados en la exposición de motivos por el autor de tal iniciativa. Por ello, desde el punto de vista constitucional, las exposiciones de motivos no condicionan en modo alguno las facultades del Congreso de la Unión para decidir y establecer las normas legislativas de acuerdo con su competencia.’

"De igual forma, se invoca el diverso criterio aislado 1a. LX/2011, de la Primera Sala del Máximo Órgano Jurisdiccional del País, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 308, Tomo XXXIII, abril de dos mil once, con número de registro: 162371, que establece:

"‘EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR: FUNCIONES QUE CUMPLEN EN EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS.—Aunque la exposición de motivos puede ser un elemento coadyuvante en el ejercicio de reconstrucción de la voluntad del legislador y ésta, a su vez, uno de los factores a tener en cuenta a la hora de determinar el contenido de una norma jurídica, no es por sí sola parámetro y medida de la constitucionalidad de lo establecido en la parte dispositiva de la ley. La parte dispositiva es en principio el lugar del que debe partirse para determinar la voluntad del legislador.’

"Estas consideraciones son, incluso, acordes al contenido del artículo tercero transitorio del citado Decreto 24121/LIX/12, que reformó la legislación burocrática estatal y derogó su precepto 23, dado que dicha disposición señala:

"‘Tercero. En cuanto a la materia adjetiva de los procedimientos de responsabilidad laboral iniciados antes del presente decreto, serán desahogados conforme a la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente en su momento.

"‘Por lo que respecta a la materia sustantiva, en lo referente a la responsabilidad laboral, será aplicable el presente decreto siempre y cuando sea en beneficio de los servidores públicos.’ (lo subrayado es propio)

"Este precepto señala que la nueva legislación será aplicable sólo en tanto beneficie al servidor público, lo que implica la prohibición de aplicar disposiciones establecidas en ese ordenamiento reformado, que resulten en perjuicio del trabajado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28115-ba9d9dbe/salarios-vencidos-conforme-a-la-ley-para-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.