TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CUANDO LA DEPENDENCIA DETERMINE SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA DEBE JUSTIFICAR QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE ORIGINA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY NÚMERO 364 ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DE VERACRUZ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 3 DE JULIO DE 2018. PONENTE: MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY. SECRETARIA: CLAUDIA VÁZQUEZ MONTOYA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito es competente para conocer la denuncia de la posible contradicción de tesis, tomando en cuenta lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, y en los considerandos segundo y cuarto, así como en los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, en vigor a partir del uno de marzo de dos mil quince.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.
TERCERO.—Criterios contendientes. Los principales antecedentes y las consideraciones esenciales de los criterios que se denuncian como contradictorios, son los siguientes:
1) El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo directo de trabajo **********, en sesión de veintitrés de abril de dos mil quince, planteó que al margen de que al trabajador le correspondiera el carácter de confianza o no, lo cierto era que para efectuar los cambios de adscripción de los servidores públicos a un área o unidad localizada en diferente población en la que realizan sus labores, se requería justificar que se cumplió con los requisitos previstos en el precepto 28 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, bajo las consideraciones siguientes:
"SEXTO.—Estudio de fondo. Resultan fundados los conceptos de violación aducidos, aun cuando para estimar que revisten dicha categoría se supla la deficiencia de su exposición, como lo autoriza el artículo 79, fracción V, de la vigente Ley de Amparo, y de conformidad, además, con apoyo en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número seiscientos diez, en la página cuatrocientos noventa y seis y siguiente, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, de voz: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.’.—De inicio, para mayor claridad del asunto, es dable precisar que el actor ********** (ahora quejoso), demandó de la **********, las siguientes prestaciones: ‘1. El cumplimiento de la orden de presentación número **********, concerniente al movimiento de personal de fecha 12 de julio del 2007, expedida por la **********, en donde se informa de la categoría que a partir de esa fecha ostentaré, es decir, inspector general de Educación Física, con número de plaza **********; teniendo como área de adscripción la región deportiva de Poza Rica, ahora llamada Supervisión Número 18 (de acuerdo a la reingeniería autorizada), ubicada en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz y, como consecuencia de lo anterior: 2. La nulidad del oficio de comisión número **********, de fecha 16 de mayo del 2011, expedido por el maestro **********, en su carácter de director general de Educación Estatal, en donde se me ordena presentarme a la Subdirección Administrativa de la Dirección General de Educación Física Estatal, y estar bajo las órdenes del profesor **********, subdirector administrativo de la Dirección General de Educación Física; en esta ciudad de Xalapa, Veracruz.—3. La nulidad del oficio de comisión número **********, de fecha 9 de agosto de 2012, expedido por el profesor **********, en su carácter de director general de Educación Física Estatal, en donde se me comisiona a la Inspección General de San Andrés Tuxtla, Veracruz, estando bajo las órdenes de **********, inspector general de San Andrés Tuxtla, Ver., y, como consecuencia de lo anterior.—4. La reubicación a mi centro de trabajo, es decir, inspector general de Educación Física adscrito a la región deportiva Poza Rica (actualmente llamada Supervisión Número 18, de acuerdo a la reingeniería autorizada), con la clave que ostento actualmente y que corresponde a mi nombramiento, es decir, como inspector, siendo la misma la número **********.’ (fojas 2-3 del juicio laboral).—Dicha parte fundó su demanda en los hechos que ahí describió, en los que destaca que mediante los oficios aludidos se dio su nombramiento inicial y los cambios que se realizaron en forma posterior, agregando ‘... que todos los movimientos señalados con anterioridad fueron decretados de manera arbitraria, afectando al que suscribe, ya que mi domicilio particular, así como toda mi familia se encuentra ubicada en Poza Rica, Veracruz, y al estar «comisionado» a San Andrés Tuxtla, Veracruz, se me han afectado mis derechos laborales ...’ (foja 3 del juicio laboral).—Asimismo, mediante escrito de veintinueve de agosto de dos mil trece, el actor amplió su demanda en los siguientes términos: ‘5. Se reclama el cumplimiento del movimiento personal, con número de folio **********, de fecha 12 de julio del 2007, expedida y firmada por el profesor ********** y licenciado **********, y mediante el cual me designan inspector general de Educación Física, con adscripción a la región deportiva de Poza Rica, Veracruz, zona B.’ (fojas 17 a 18 del juicio laboral).—Esto es, el actor reclamó únicamente A) La nulidad de los oficios de comisión; B) La reubicación de que fue objeto; y, C) Que se cumpliera con el movimiento personal inicial, mediante el cual se le designó como inspector general de Educación Física, con adscripción a la región deportiva de Poza Rica, Veracruz, zona B, aludiendo a que ‘... mi domicilio particular, así como toda mi familia se encuentra ubicada en Poza Rica, Veracruz, y al estar «comisionado» a San Andrés Tuxtla, Veracruz, se me han afectado mis derechos laborales ...’ (foja 3).—Luego, no se advierte que haya reclamado cambio alguno de su puesto de trabajo o actividades.—Sino que, reclamó lo relativo a las reubicaciones de que fue objeto y que se dé cumplimiento al oficio inicial en el cual se le designó como inspector general de Educación Física, con adscripción a la región deportiva de Poza Rica, Veracruz, zona B.—En ese entendido, al margen de lo que la autoridad responsable haya vertido sobre si el actor tiene o no, el carácter de trabajador de confianza, lo cierto es que debe atenderse a los siguientes puntos: El quejoso aduce en sus conceptos de violación, que la autoridad responsable no toma en cuenta que ha realizado gastos económicos extras por haber sido desplazado de su centro de trabajo que se ubicaba en Poza Rica, Veracruz, ello, de conformidad con el artículo 28 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, lo que estima ilegal.—Es fundado lo así argumentado, atento a lo siguiente.—El artículo 28 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz establece: ‘Artículo 28. Las entidades públicas podrán determinar el traslado de un trabajador de una población a otra por las siguientes causas: I. Por reorganización o necesidades del servicio; II. Por desaparición del centro de trabajo; III. Por permuta debidamente autorizada.—En el caso de las fracciones I y II de este artículo, se procederá de la siguiente manera: A) Si el traslado es por periodo menor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran los gastos de viaje y viáticos, de conformidad con los montos y procedimientos que se establezcan en los ordenamientos correspondientes, excepto cuando el traslado se hubiese solicitado por el trabajador.—B) Si el traslado es por periodo mayor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran los gastos que origine el transporte de menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y de sus demás familiares en línea recta ascendente o descendente, o colaterales en segundo grado, siempre que estén bajo su dependencia económica. Asimismo, tendrá derecho a que se le cubran los gastos de traslado de él, de su cónyuge y parientes antes mencionados, de conformidad con los procedimientos y montos establecidos en los ordenamientos que correspondan, salvo que el traslado se deba a solicitud del propio trabajador.’.—De lo anterior, se advierte que los trabajadores al servicio del Estado, únicamente pueden ser trasladados de una población a otra por: A) Reorganización o necesidades del servicio; B) Por desaparición del centro de trabajo; o, C) Por permuta debidamente autorizada.—El artículo en cita es aplicable, exclusivamente, cuando la readscripción de un trabajador del Estado implique cambiarlo de la población en la que desempeña sus labores a otra diversa.—En ese tenor, cabe invocar por las razones que le informan e identidad jurídica, a la jurisprudencia número 2a./J. 1/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, publicada en la página tres mil doscientos cuarenta, Libro III, Tomo 4, diciembre de dos mil once, materia laboral, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN DE UNA POBLACIÓN A OTRA REQUIERE QUE LA DEPENDENCIA JUSTIFIQUE QUE LA ORDEN RESPECTIVA SE DA POR ALGUNA DE LAS CAUSAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE SE LE DÉ.—El precepto citado establece que cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o causas por las que se realiza, sufragando los gastos de viaje y menaje de casa, y que cuando el traslado sea por un periodo mayor a 6 meses, el trabajador tendrá derecho a que se le cubran previamente los gastos del transporte del menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados, y el de dichas personas, con la excepción, en ambos casos, del supuesto en que haya sido el propio trabajador quien haya solicitado el traslado referido. Ahora bien, de la lectura del artículo 16 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como de las razones plasmadas en los dictámenes de las Cámaras de Origen y Revisora del Congreso de la Unión, correspondientes a la reforma al indicado precepto, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1975, se infiere que para efectos de ese ordenamiento, resulta irrelevante la denominación que se dé al cambio de adscripción, a otra población, de los trabajadores en sus labores, ya sea traslado o comisión, o si en tiempo es menor o mayor a 6 meses, en razón de que el referido numeral 16 dispone expresamente que sólo se podrá ordenar el traslado por las siguientes causas: 1. Reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas; 2. Desaparición del centro de trabajo; 3. Permuta debidamente autorizada; y, 4. Fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, de lo que se colige que la intención del legislador fue que en los casos en que se ordene el traslado de un trabajador de una población a otra, la dependencia burocrática debe justificar que la orden respectiva se da por alguna de las causas señaladas. Lo anterior independientemente de la existencia de cualquier disposición de carácter administrativo contenida en las Condiciones Generales de Trabajo de las dependencias burocráticas.’.—Jurisprudencia de la que se desprenden las siguientes hipótesis: I) Cuando se trate del traslado del empleado de una población a otra, la dependencia respectiva debe darle a conocer la causa o causas por las que se realiza.—II) Debe sufragar los gastos de viaje y menaje de casa.—III) Cuando el traslado sea por un periodo mayor de seis meses el trabajador, tendrá derecho a que se le cubran previamente gastos de transporte de menaje de casa indispensable para la instalación de su cónyuge y sus familiares, en las líneas y grados ahí precisados.—Así también, la dependencia puede ordenar el traslado del empleado por las siguientes causas: reorganización o necesidades del servicio; por desaparición del centro de trabajo; o, por permuta debidamente autorizada.—En este punto, es oportuno definir el concepto de población, que significa: ‘(Del lat. Populatio ... f.1. Acción y efecto de poblar; 2. Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar; 3. Conjunto de edificios y espacios de una ciudad ... 4. Conjunto de individuos de la misma especie que ocupan una determinada área geográfica ...’, ello, conforme al Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, México, edición 2014, vigesimotercera edición, tomo II, página 1741).—Ahora, de las constancias que obran en el expediente laboral se advierte que el cambio de adscripción se realizó en la misma entidad federativa de Veracruz; sin embargo, fue en diferentes Municipios, por tanto, en diferentes localidades y distinta población, ya que la adscripción que tenía el actor como inspector general de Educación Física, fue en la Región Deportiva Poza Rica, Veracruz, ahora llamada Supervisión Número 18, lo que se desprende de la copia del aviso de movimiento de personal con folio **********, expedido por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, de doce de julio de dos mil siete, en donde se informó el cambio de plaza de **********, ubicado de planta a interino (foja 26, mismo que la autoridad responsable le otorgó valor probatorio, en virtud de que aun cuando fue objetada en autenticidad, la demandada no exhibió el documento requerido y se tuvo por cotejada, véase foja 62); posteriormente, se le comisionó mediante el oficio **********, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once a la Subdirección Administrativa de la Dirección General en esta ciudad, desempeñando sus funciones; posteriormente, fue comisionado mediante el oficio **********, del nueve de agosto de dos mil doce, mediante el cual se le informó su comisión a partir de la fecha del oficio hasta nuevo aviso, en el puesto de ‘auxiliar de la Coordinación **********" de San Andrés Tuxtla’ Veracruz (documentales que se les otorgó valor probatorio, atento a que fueron objetadas en autenticidad, dado que se trata de documentos unilaterales emitidos por la entidad y la objeción debió acreditarse por la patronal y no se hizo).—Y si el espacio geográfico que existe entre Poza Rica y San Andrés Tuxtla, ambas del Estado de Veracruz, es de aproximadamente de 320.5 kilómetros, es decir, un estimado entre tres y cuatro horas de distancia en tiempo de recorrido carretero, por lo cual se considera que su cambio fue a otra población y localidad, datos que se pueden desprender de la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), conforme a la siguiente liga: **********.—Luego, si bien la dependencia demandada, mediante el oficio **********, de fecha dieciséis de mayo de dos mil once a la Subdirección Administrativa de la Dirección General en esta ciudad, comisionó al actor a desempeñar sus funciones en esta ciudad (foja 28); y, posteriormente mediante el oficio **********, de nueve de agosto de dos mil doce, la patronal consideró trasladar al actor a San Andrés Tuxtla, Veracruz, argumentando que dicho traslado era por necesidades del servicio, lo cierto es que no cumplió con los requisitos establecidos tanto en la norma burocrática estatal, como en la jurisprudencia transcrita emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—En conclusión, para efectuar los cambios de adscripción de los servidores públicos a un área o unidad localizada en diferente población en la que realizan sus labores, se requiere justificar que se cumplió con los requisitos previstos en el referido artículo 28 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, lo que la Junta responsable omitió estudiar, pues se limitó a señalar que por ser un trabajador de confianza era factible su reubicación de una población a otra.—De tal manera, se advierte, de lo que se duele efectivamente el actor es lo relativo a los cambios o traslados de que fue objeto y que ello le ha ocasionado afectación a sus derechos laborales, lo cual, en efecto, es así, atento a que de las constancias se desprende que la adscripción inicial que tenía el accionante como inspector general de Educación Física, fue en la Región Deportiva Poza Rica, Veracruz, ahora llamada Supervisión Número 18, como se desprende de la copia del aviso de movimiento de personal con folio **********, expedido por la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, de doce de julio de dos mil siete, en donde se informó el cambio de plaza de **********, ubicado de planta a interino; hubo un traslado intermedio a esta ciudad y, finalmente, fue comisionado mediante el oficio **********, de nueve de agosto de dos mil doce, mediante el cual se le informó su comisión a partir de la fecha del oficio hasta nuevo aviso, en el puesto de ‘auxiliar de la coordinación ********** de San Andrés Tuxtla’, Veracruz. Esto es, incluso se le modificó el puesto laboral.—En vista de las consideraciones vertidas, lo procedente es otorgar el amparo solicitado para que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria, el tribunal responsable: I. Deje sin efectos el laudo impugnado.—II. Se pronuncie de nueva cuenta sobre la justificación de la demandada, en el sentido de que dicho cambio se debió por necesidades del servicio; así como considere que se trata de un cambio de adscripción en otra localidad y población, el cual requiere que la dependencia justifique que la orden respectiva, se da por alguna de las causas previstas en el artículo 28 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, y si éstas se encuentran justificadas o no, y, en consecuencia, se pronuncie conforme a derecho, en forma fundada y motivada." (fojas 42 vuelta a 49)
2) Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo directo de trabajo 238/2017, en sesión de ocho de febrero de dos mil dieciocho, sostuvo que a los trabajadores de confianza no les aplica el artículo 28 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, por las siguientes razones:
"QUINTO.—Estudio del asunto.—Para mayor claridad en la exposición del presente asunto, es conveniente precisar, inicialmente, los antecedentes relevantes que se desprenden de las constancias que integran el juicio laboral **********, y su acumulado **********, que en justificación de su informe remitió el tribunal responsable, las cuales gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y de las cuales se advierte, lo siguiente: Por escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil catorce, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, **********, por propio derecho, demandó de la **********, la prestación siguiente: ‘A. La nulidad y/o cancelación de la medida disciplinaria consistente en el cambio de adscripción de la suscrita en donde hagan falta mis servicios y que consta en el instructivo de notificación de fecha 7 de marzo de 2014, notificado por la Profa. **********, en su calidad de directora general de Educación Inicial y Preescolar, dependiente de la Subsecretaría de Educación Básica de la **********; y que obra en el expediente **********; anotado en el libro que lleva la Oficialía Mayor de la citada secretaría; documento que me fue entregado el día 31 de marzo de 2014, y que carece de fundamentación y motivación para que produzca efectos legales ...’ (fojas 1 a 11 del juicio laboral).—Mediante proveído de cinco de junio de dos mil catorce, la autoridad responsable requirió a la parte actora para que, en el término de tres días, precisara el hecho marcado con el numeral ‘3’ de su escrito de demanda, en virtud de que no señaló el lugar en que se encontraba cuando se le hizo entrega del instructivo de notificación de siete de marzo de dos mil catorce, ello, con el apercibimiento que de no hacerlo, se procedería conforme al cardinal 878, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Servicio Civil (foja 14 ídem).—En la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil catorce, el tribunal del conocimiento tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio (fojas 24 y 30 ibídem); y, en la etapa de demanda y excepciones la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda, y de viva voz, dio cumplimiento a lo anterior, señalando lo siguiente: ‘Que en este acto me permito informar a este H. Tribunal que el instructivo de notificación de fecha siete de marzo de dos mil catorce, se le entregó a mi representada en la ciudad de **********, **********, específicamente, en las oficinas de la **********, ubicadas en el ********** de la **********, en la colonia **********, código postal **********, en esta ciudad de **********, ********** ...’.—Razón por la cual, la autoridad responsable difirió esa audiencia.—Por otra parte, mediante escrito de veinte de enero de dos mil quince, presentado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, el veintisiete de enero siguiente, **********, por propio derecho, instauró un diverso juicio laboral, que fuera radicado bajo el número **********, del índice de la responsable, en contra de la **********, de quien demandó las prestaciones siguientes: ‘A. El pago del salario de los meses de noviembre y diciembre de 2014, y la primera quincena de enero de 2015, cada uno de ellos a razón de $21,902.46 quincenales.—B. El pago del aguinaldo correspondiente al año 2014, el cual asciende a tres meses de salario, mismos (sic) que a la fecha no ha sido cubierto por la secretaría demandada, el cual se debe calcular tomando con base el importe de $21,902.46 quincenales.—C. El pago de los salarios que la demandada deje de cubrirme y que se generen durante el trámite de este expediente y hasta que cumpla con el laudo que se emita en este caso; en donde se ordene que se cubran dichos salarios, a razón de $21,902.46 quincenales, o el salario superior que esté vigente en ese momento.—D. El pago de todas y cada una de las prestaciones que se generen durante el tiempo que dure este juicio y hasta el momento de ejecución del laudo condenatorio respectivo.—E. El pago de los aumentos salariales que se otorguen al puesto que venía desempeñando mi representada, de acuerdo con lo que se prevenga en las condiciones de trabajo aplicables en la fuente de trabajo, que sean superiores a las previstas en la ley ...’.—Asimismo, solicitó la acumulación de ese juicio, al diverso expediente **********, del índice de la responsable, por así permitirlo el estado de los autos (fojas 35 a 37 del sumario laboral).—Atento a lo anterior, el cinco de marzo de dos mil quince (fojas 40, 42 y 49 ídem), la autoridad responsable determinó acumular el juicio laboral **********, al diverso **********, ello, a fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias sobre acciones conexas, cuenta habida que ambos asuntos fueron promovidos por la misma trabajadora, en contra de la misma parte demandada, supuesto que actualiza las hipótesis previstas en el artículo 776, fracciones II y IV, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Servicio Civil, aun cuando se reclamaron prestaciones diversas; asimismo, se requirió a la parte actora para que, en el término de tres días, precisara a qué prestaciones se refería en el inciso D) de su escrito inicial de demanda de veinte de enero en cita, por lo que, mediante diverso ocurso de cuatro de marzo de dos mil quince, dio cumplimiento a dicho requerimiento, exponiendo lo siguiente: ‘Respecto de la prestación marcada con el inciso D), del escrito de demanda inicial, se modifica de la manera siguiente: Se solicita el pago de las prestaciones que mi representada recibía quincenalmente, y que se incluyen en la tabla siguiente; citando la clave, descripción y el importe de cada una de ellas: ...’ (se transcribe).—En la audiencia de conciliación celebrada, únicamente, por lo que hace al expediente acumulado **********, así como de demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a cabo en relación con ambos sumarios de trabajo, el veinticuatro de abril de dos mil quince (fojas 49, 94, 114 y 116 del expediente laboral), la autoridad responsable tuvo a las partes por inconformes con todo arreglo conciliatorio; y en la etapa de demanda y excepciones, a la actora ratificando su escrito inicial de demanda que dio origen al juicio ********** en cita; por su parte, la **********, por conducto de su apoderada legal, dio contestación a las demandas instauradas en su contra, mediante escrito de veintitrés de septiembre de dos mil catorce, y de viva voz, oponiendo las excepciones y defensas que estimó pertinentes (fojas 45 a 48, así como 49 vuelta y 94 ídem); y, en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, las partes ofrecieron los medios de convicción acordes con sus pretensiones (fojas 50 a 56 y 95 a 99 ibídem).—Concluida la secuela procesal, previo agotamiento del término otorgado a las partes para que formularan sus alegatos (foja 175 del juicio laboral), mediante proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, se declaró cerrada la instrucción (foja 176 ídem); hecho lo anterior, se dictó laudo el treinta de enero de dos mil diecisiete, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: ‘PRIMERO.—La actora **********, probó parcialmente sus acciones, y la demandada **********, quedó igualmente excepcionada; en consecuencia: SEGUNDO.—Se absuelve a la **********, de la nulidad y/o cancelación de la medida disciplinaria consistente en el cambio de adscripción al lugar donde hagan falta sus servicios a la actora **********, por los motivos expuestos y fundados en el considerando tercero del presente laudo.—TERCERO.—Se condena a la demandada **********, a pagar a la actora **********, cuatro quincenas correspondientes a noviembre y diciembre del año dos mil catorce, veinticuatro quincenas del año dos mil quince, veinticuatro quincenas del año dos mil dieciséis, y dos quincenas del mes de enero del año dos mil diecisiete que contemplan los conceptos de «Compe. Pers. de Sup. que lab en zona $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.); despensa $84.07 (ochenta y cuatro pesos 07/100 M.N.); material didáctico $49.72 (cuarenta y nueve pesos 72/100 M.N.); ayuda Adq. Mat. de ID. y G. Tas. a Sup. $375.00 (trescientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.); bono para pasajes $130.00 (ciento treinta pesos 00/100 M.N.); previsión social múltiple $100.66 (cien pesos 66/100 M.N.); Comp. temporal compacta $4,635.12 (cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos 12/100 M.N.); asignación docente carrera magisterial $315.00 (trescientos quince pesos 00/100 M.N.); quinquenio docente básico N 5 $153.14 (ciento cincuenta y tres pesos 14/100 M.N.); servicios cocurriculares $704.28 (setecientos cuatro pesos 28/100 M.N.); sueldo comp carrera magisterial $15,205.47 (quince mil doscientos cinco pesos 47/100 M.N.)» menos deducciones, más las prestaciones que adicionalmente acreditó la actora quincena veintitrés del año en conceptos de gratificación de fin de año o aguinaldo por la cantidad de $19,879.03 (diecinueve mil ochocientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.), más prima vacacional y dominical $4,969.75 (cuatro mil novecientos sesenta y nueve pesos 75/100 M.N.), y, compensación virtual impuesto aguinaldo y prima $12,727.81 (doce mil setecientos veintisiete pesos 81/100 M.N.); en la segunda quincena de abril, adicionalmente a su quincena en concepto de compensación por fortalecimientos, la cantidad de $6,750.04 (seis mil setecientos cincuenta pesos 04/100 M.N.); segunda quincena de mayo, adicionalmente a su quincena en concepto de compensación por fortalecimientos, la cantidad de $7,043.52 (siete mil cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.); primera quincena de junio, adicionalmente a su quincena en concepto de compensación por fortalecimientos, la cantidad de $6,750.04 (seis mil setecientos cincuenta pesos 04/100 M.N.); en la segunda quincena de junio, adicionalmente a su quincena en concepto de compensación por fortalecimientos, la cantidad de $7,043.52 (siete mil cuarenta y tres pesos 52/100 M.N.); en la primera quincena de septiembre, adicionalmente a su quincena en concepto de compensación nacional única, la cantidad de $1,300.00 (un mil trescientos pesos 00/100 M.N.); bono anual de imagen la cantidad de $2,150.00 (dos mil ciento cincuenta pesos 00/100 MN.); y, en la segunda quincena de octubre, adicionalmente a su quincena en concepto de compensación nacional única, la cantidad de $1,299.99 (un mil doscientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), correspondiente a los años dos mil quince, dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete, y, hasta que se regularice el otorgamiento de los pagos como contraprestación por los servicios prestados, más los incrementos al salario, a las prestaciones y aguinaldo que hubiese otorgado la entidad pública demandada a los trabajadores con igual categoría y funciones, y ábrase el incidente de liquidación, ordenado, sin perjuicio de que en esta e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28079-54865852/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-cuando · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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