TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE VERACRUZ. NO LES SON APLICABLES LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS TRABAJADORES DE BASE.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN XALAPA, VERACRUZ, EN AUXILIO DEL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, HOY PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO, Y EL ENTONCES TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 2 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA, MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ GALLEGOS, HUGO ARTURO BAIZÁBAL MALDONADO, JORGE TOSS CAPISTRÁN Y JOSÉ ALBINO LAGUNES MENDOZA. DISIDENTE: MARTÍN JESÚS GARCÍA MONROY. PONENTE: JORGE SEBASTIÁN MARTÍNEZ GARCÍA. SECRETARIO: JUAN MANUEL JIMÉNEZ JIMÉNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de posible contradicción de tesis, en términos de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como los diversos numerales 41 Bis, 41 Bis 2, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 17, 30 y 31 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince; pues la disidencia de criterios jurídicos tuvo verificativo entre un Tribunal Colegiado de este Séptimo Circuito y un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar, en apoyo a otro órgano colegiado de este propio circuito, según se ha dado cuenta en los resultandos de esta ejecutoria; en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, febrero de 2015, Tomo II, materias constitucional y común, páginas 1656 «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas», de rubro y texto:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.-Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los tribunales auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, conforme con lo establecido en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por **********, quien tuvo el carácter de quejosa en el juicio de amparo directo 590/2011, resuelto por el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad.
TERCERO.-Criterios contendientes. Los Tribunales Colegiados de Circuito que participan en esta contradicción expusieron, en las ejecutorias de las que derivaron, los criterios que la denunciante estima divergentes, textualmente, como sigue:
1) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en esta ciudad
"SEXTO.-El único concepto de violación hecho valer es infundado.
"En éste, el peticionario del amparo aduce, en forma destacada, que viola sus garantías el que la responsable lo condenara al pago de la prestación consistente en el ‘fondo de ahorro’, ya que al hacerlo -dice- realizó una interpretación incorrecta del artículo 137 de la Ley Estatal del Servicio Civil, pues concluyó en que las condiciones generales de trabajo son aplicables a todos los trabajadores incluidos los de confianza, lo que es inexacto, porque no fue esa la voluntad del legislador, pues solamente se refiere a los trabajadores que no sean sindicalizados, mas no a los de confianza.
"Más aún, agrega, si el artículo 7o., fracción VI, del ordenamiento legal en consulta establece que los trabajadores de confianza gozarán únicamente de las medidas de protección al salario y los beneficios de seguridad social, esto es, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, seguro social, mas no fondo de ahorro, prestación extralegal que no encuadra dentro del párrafo último del artículo en comento.
"No asiste razón al promovente.
"En principio, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, es necesario acudir al contenido del artículo 137 de la Ley Estatal del Servicio Civil vigente en la entidad, el cual dice:
"‘Artículo 137. Las condiciones generales de trabajo se extienden a todos los trabajadores que ampara esta ley, que laboren para la misma entidad pública aunque no pertenezcan al sindicato.’
"Como se advierte, el dispositivo legal anteriormente reproducido establece que las condiciones generales de trabajo se extienden a todos los trabajadores que ampara la ley de que se trata, que laboren para la misma entidad pública, aunque no pertenezcan al sindicato.
"Ahora bien, para entender con mayor claridad a qué se refiere la expresión ‘todos los trabajadores que ampara esta ley’, es necesario invocar el contenido del numeral 1o. de la Ley Estatal del Servicio Civil, que es del tenor siguiente:
"‘Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para los Poderes del Estado, los Municipios, así como los organismos descentralizados del Estado o municipales y las empresas de participación estatal o municipales, que tengan a su cargo función de servicios públicos, a quienes en lo sucesivo se les denominará entidades públicas, y los trabajadores a su servicio.’
"Del dispositivo legal transcrito, se advierte que el ámbito de aplicación de la ley del caso comprende, entre otras entidades públicas, a los Municipios, así como a los trabajadores a su servicio.
"En ese orden, el artículo 5o. de la ley en comento establece lo siguiente:
"‘Artículo 5o. Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento que le sea expedido.’
"Y de igual forma, el diverso numeral 6o. dispone:
"‘Artículo 6o. Para los efectos de esta ley, los trabajadores al servicio de las entidades públicas se clasifican en dos categorías: de confianza y de base.’
"De esta manera, resulta evidente que el artículo 137 de dicho ordenamiento, al establecer que las condiciones de trabajo son aplicables a todos los trabajadores ‘que ampara la ley de que se trata’, se refiere a aquellos que presten sus servicios a alguna de las entidades públicas en virtud de un nombramiento, aunque éstos no pertenezcan al sindicato respectivo, sin hacer distinción entre si éstos son trabajadores de confianza o de base.
"Más aún, si no existe una disposición expresa que excluya a los trabajadores de confianza de la aplicación de las condiciones generales de trabajo.
"Sobre este último aspecto, cabe destacar que no se inadvierte que el artículo 11, fracción I, de la ley estatal en comento dispone, en lo conducente, que:
"‘Quedan excluidos de la aplicación de esta ley los trabajadores:
"‘...
"‘I. De confianza; ...’
"No obstante, dicha disposición sólo entraña que el legislador estatal, al excluir a los trabajadores de confianza de la aplicación de sus disposiciones, únicamente quiso enfatizar la distinción que había entre éstos y los diversos empleados de base, en cuanto a la estabilidad en el empleo, de la cual los primeros no gozarán de ese derecho, en la hipótesis de que reclamen el pago de la indemnización constitucional o la reinstalación, pero de ninguna manera fue su intención la de exceptuarlos de la aplicación de los preceptos que regulan otras prestaciones previstas en la ley o en las condiciones generales de trabajo en favor de todos los demás trabajadores.
"Ahora bien, en la especie, como quedó acreditado en el juicio natural, el aquí quejoso fue nombrado **********, mediante acuerdo del Cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, de diez de junio de dos mil dos.
"Esto es, tomando en cuenta que en autos quedó demostrado que el actor ********** prestaba un servicio a la entidad pública demandada en razón de haberle sido otorgado un nombramiento, lógicamente se demostró también que era trabajador de ésta.
"Consecuentemente, al ser trabajador del Municipio de Tuxpan, Veracruz, al aquí tercero perjudicado le resultaba aplicable la Ley Estatal del Servicio Civil, de conformidad con el artículo 1o. de la misma.
"Luego, conforme a lo dispuesto en el artículo 137 de dicha ley, por extensión, le resultaban aplicables las condiciones generales de trabajo de que se trata.
"La conclusión anterior se justifica, además, tomando en cuenta que las condiciones generales de trabajo establecen las bases sobre las cuales se sustentan las relaciones laborales, tales como la jornada laboral, los días de descanso, las vacaciones, el salario, el aguinaldo, y demás reglas necesarias para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo.
"Para evidenciar lo anterior, resulta ilustrativo transcribir -en lo conducente- los siguientes artículos de la Ley Estatal del Servicio Civil:
"‘Título séptimo
"‘De las condiciones generales de trabajo
"‘Capítulo único
"‘De su celebración, contenido y efectos
"‘Artículo 135. Las condiciones generales de trabajo se revisarán cuando menos cada dos años por la entidad pública, tomando en cuenta la opinión del sindicato y a petición de éste.’
"‘Artículo 136. Las condiciones generales de trabajo establecerán:
"‘I. La jornada de trabajo;
"‘II. La intensidad y calidad del trabajo;
"‘III. Los días de descanso y las vacaciones;
"‘IV. Las prestaciones que se otorguen a los trabajadores;
"‘V. Las medidas que deban adoptarse para prevenir los riesgos de trabajo;
"‘VI. Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas;
"‘VII. Las fechas y condiciones en que los trabajadores deban someterse a exámenes médicos previos y periódicos;
"‘VIII. Las labores insalubres y peligrosas que no deban desempeñar los menores de edad y la protección que se dará a las mujeres embarazadas;
"‘IX. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban constituirse de acuerdo con esta ley; y
"‘X. Las demás reglas que fuesen convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia en el trabajo.’
"‘Artículo 138. Las condiciones generales de trabajo deberán estipularse por escrito. Se harán por triplicado debiendo entregarse un ejemplar a cada una de las partes y depositar otro tanto en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.’
"‘Artículo 139. Las condiciones generales de trabajo surtirán sus efectos a partir de la fecha de su depósito ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.’
"‘Artículo 29. Son obligaciones de los trabajadores:
"‘...
"‘II. Desempeñar sus labores con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a las instrucciones de sus jefes y a las disposiciones de la ley, reglamentos y condiciones generales de trabajo; ...’
"‘Artículo 30. Son obligaciones de las entidades públicas:
"‘...
"‘XI. Aplicar a sus trabajadores las correcciones disciplinarias a que se hagan acreedores contenidas en los reglamentos o instructivos de trabajo, por incumplimiento a las obligaciones establecidas por esta ley o en las condiciones generales de trabajo. Tratándose de suspensión, ésta no podrá exceder del término de ocho días; ...’
"De esta manera, se estima objetivamente legal lo resuelto por la responsable, ya que las condiciones generales de trabajo sí eran aplicables al tercero perjudicado.
"Al caso resulta conveniente invocar, por analogía, la tesis sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Tomo XCI, página diecisiete, de rubro y texto siguientes:
"‘EMPLEADOS DE CONFIANZA. NO SON EXCLUIDOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO COLECTIVO SI NO HA SIDO PACTADO EXPRESAMENTE.-El artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo dispone que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado y que se podrá exceptuar de esta disposición a las personas que desempeñen puestos de dirección y de inspección de las labores, así como a los empleados de confianza en trabajos, personales del patrón, dentro de la empresa. De la disposición se observa que la regla establecida por la misma es la de que las estipulaciones de la contratación colectiva se extienden a todo el personal que trabaje en la empresa, involucrando lógicamente hasta a los empleados de confianza, y permite que estos empleados sean excluidos de la aplicación de dicha contratación lo que indica que éste es el caso de excepción y que por tanto debe pactarse expresamente. En estas condiciones, si en el contrato colectivo de trabajo aplicable en un caso, no se excluyó de sus beneficios al personal de confianza por no haberse declarado así expresamente, resulta lógica la conclusión en el sentido de que dicha contratación colectiva le es aplicable al trabajador aun siendo de confianza.’
"Asimismo, por su sentido, es aplicable la jurisprudencia II.T. J/33, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, que este órgano jurisdiccional comparte, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, agosto de dos mil siete, página mil doscientos cinco, que dice:
"‘CONVENIOS LABORALES. SON APLICABLES PARA TODOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS, TANTO SINDICALIZADOS COMO DE CONFIANZA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DEL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS VIGENTE EN EL ESTADO DE MÉXICO).-El abrogado Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal establecía la supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo, la cual en sus artículos 396 y 184 señala que las condiciones de trabajo contenidas en un contrato colectivo se extienden a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario, y que resultan aplicables a todas las personas que trabajen en la empresa aunque no sean miembros del sindicato; sin embargo, en términos del numeral 193 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México vigente, aquel ordenamiento ya no resulta aplicable supletoriamente a esta ley en su parte sustantiva. No obstante lo anterior, el capítulo III de la actual legislación burocrática estatal se refiere a las condiciones generales de trabajo, la cual en su artículo 54 establece: «Cada institución pública o, en su caso, dependencia, en razón de la naturaleza de sus funciones, fijará las condiciones generales de trabajo aplicables a sus servidores públicos, de común acuerdo, con el sindicato, en caso de existir esta representación, las que tendrán una duración de tres años y podrán ratificarse o modificarse a su término.», de donde se advierte que las condiciones generales de trabajo contenidas en un convenio o contrato colectivo de trabajo celebrado con el sindicato, deben aplicarse a los «servidores públicos», entendiéndose por éstos, de conformidad con el diverso numeral 4o., fracción I, de dicha ley «toda persona física que preste a una institución pública un trabajo personal subordinado de carácter material o intelectual, o de ambos géneros, mediante el pago de un sueldo». Consecuentemente, si en ningún precepto de la ley local se establece que los convenios laborales son aplicables únicamente a los trabajadores sindicalizados, debe entenderse que rigen para todos los «servidores públicos», es decir, tanto para los sindicalizados como para los de confianza.’
"Sin que obste a lo anterior, la manifestación del quejoso en el sentido de que, en términos del artículo 7o. de la Ley Estatal del Servicio Civil, los trabajadores de confianza, los trabajadores de confianza (sic) gozarán de las medidas de protección al salario y los beneficios de la seguridad social, pues dicha circunstancia en modo alguno pugna con el hecho de que éstos puedan eventualmente gozar de prestaciones contractuales por extensión, como lo es el mencionado ‘fondo de ahorro’, pues, como ya se dijo, en la ley de la materia no existe disposición alguna en ese sentido.
"Máxime si de la propia cláusula 18/A de las condiciones generales de trabajo, se observa que ésta no sólo hace referencia a los trabajadores de la entidad pública, sino a personas distintas a éstos, como se observa a continuación:
"‘18/A. El Ayuntamiento conviene con la representación sindical en que la aportación del primero para el fondo de ahorro de los trabajadores que ampara este documento, será de un 20% obligándose el mismo a depositar juntos el 20% que se descuente a los trabajadores, el importe mensual en una institución bancaria, en cuenta de inversiones para que genere el mayor interés posible en beneficio de los propios trabajadores y, en su caso, a funcionarios que lo perciban, de acuerdo al criterio de las personas encargadas del mismo. ...’
"Con base en lo anterior, debe desestimarse el argumento que se estudia.
"En las relatadas circunstancias, al ser, según se ha visto, infundado el único concepto de violación hecho valer, lo que procede en la especie es negar el amparo solicitado."
2) Criterio del entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad
"QUINTO.-Son sustancialmente fundados los conceptos de violación, los que se analizarán en términos del artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo.
"Con independencia de lo que posteriormente se decidirá en esta ejecutoria, no tienen razón las quejosas cuando aducen que indebidamente se absolvió del pago de las diversas prestaciones independientes de la acción principal, identificadas con los incisos arábigos cinco a veinticuatro del escrito inicial de demanda, cuyo monto y existencia de algunas se sustentó en las condiciones generales de trabajo convenidas entre el sindicato relativo y la entidad pública demandada.
"En efecto, e insistiéndose, con independencia de lo que posteriormente se resolverá en relación con el carácter de trabajadoras de confianza que tuvieran las actoras hoy quejosas, punto de partida para resolver por parte de la autoridad responsable en los términos conocidos, lo cierto es que la aplicación que vertió el Tribunal de Conciliación apoyado en el artículo 137 de la Ley Estatal del Servicio Civil, resultó objetivamente correcta, porque el numeral en cita es del siguiente texto:
"‘Las condiciones generales de trabajo se extienden a todos los trabajadores que ampara esta ley, que laboren para la misma entidad pública, aunque no pertenezcan al sindicato.’
"Del dispositivo legal anterior, se obtiene que la conclusión en cuestión resulta legal, en la medida que, como se dijo, tal determinación derivó de que previamente a resolver la procedencia o no de esas prestaciones, la responsable consideró a las trabajadoras como de confianza, luego, si se toma en cuenta que, de acuerdo con el artículo 11 de la propia ley que se consulta, se destaca que quedarán excluidos de la aplicación de ese ordenamiento legal los trabajadores de confianza, por ende, analizado el texto del numeral 137 supratranscrito, es de señalar que, sin mayor argumentación, las condiciones generales de trabajo sólo se extenderán a los trabajadores de esta ley en comento, y si según se estimó, en el acto reclamado, a las peticionarias de amparo se les ubicó como de confianza, es inconcuso que en aras del dispositivo legal 11, fracción I, se evidencia la improcedencia de la aplicación de esas normas generales de trabajo al personal de confianza; de ahí que por la razón de la que partió la responsable para absolver de las prestaciones de cuenta se considere que no procedió contra derecho.
"No obsta a lo anterior, el criterio que invocan las quejosas como apoyo de su concepto de violación, de rubro: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO EXISTENTES EN LA DEPENDENCIA EN QUE PRESTAN SUS SERVICIOS LES SON APLICABLES, AUNQUE NO GOCEN DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 137 DE LA LEY ESTATAL DEL SERVICIO CIVIL DEL VERACRUZ).’, sin embargo, con respecto del criterio que se destaca, este Tribunal Colegiado no lo comparte por la interpretación previamente destacada que se ha hecho del artículo 137 de la ley burocrática estatal.
"A mayor abundamiento, debe decirse que el criterio invocado por las peticionarias de amparo, no obliga a este Tribunal Colegiado, en principio, por tratarse de una tesis aislada y no de una jurisprudencia, aprobada no por unanimidad de votos y, por otro lado, aun teniendo esa calidad, por provenir de un órgano de igual jerarquía al que emite la presente ejecutoria, al disentir del criterio no se encuentra constreñido a su aplicación, pues esto sólo se da respecto de las pronunciadas por las Salas y el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se desprende de lo dispuesto por los artículos 192, primer párrafo, y 193 de la Ley de Amparo, que dicen:
"‘Artículo 192. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.’
"‘Artículo 193. La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria para los Tribunales Unitarios, los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.
"‘Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los Magistrados que integran cada Tribunal Colegiado.’
"Como se anunció al inicio del presente considerando, los conceptos de inconformidad expresados devienen fundados, aun cuando para considerarlos así se suplan en la deficiencia de su exposición, como lo prevé el artículo 76, fracción IV, de la Ley de Amparo, y para arribar a la anterior conclusión no debe perderse de vista que la autoridad responsable concluyó que las quejosas son empleadas de confianza, y para ello parafraseó parte del escrito inicial y de la contestación de la demanda, analizó medios de convicción habidos en el sumario y, posterior a ello, concluyó:
"‘De la presuncional e instrumental de actuaciones sí favorece a sus intereses, sobre todo la consistente en la confesión expresa de las actoras contenida en su escrito reclamatorio, donde éstas desempeñaban labores directamente vinculadas con las funciones de confianza del titular del área a la cual se encontraban adscritas al manifestar: «... a) **********, al área de servicios administrativos y financieros, realizando actividades estrictamente administrativas, tales como ordenar el archivo, elaborar todo tipo de documentos, sacar copias, realizar y recibir llamadas telefónicas, entre otras. Recibía órdenes directas de trabajo del C. **********, quien ostenta el cargo de secretario de servicios administrativos y financieros de la demandada. B) **********, al área de recursos materiales y servicios generales, realizando actividades estrictamente administrativas, tales como ordenar el archivo, elaborar todo tipo de documentos, sacar copias, realizar y recibir llamadas telefónicas entre otras. Recibía órdenes directas de trabajo del C. **********, quien ostenta el cargo de director de Recursos Materiales y Servicios Generales de la demanda ...»; de acuerdo a lo señalado por los artículos 39 y 48 del Reglamento de Servicios Administrativos del Congreso del Estado de Veracruz, que establecen: «... 39.» (se transcribe) «... 48.» (se transcribe); adminiculados con lo establecido por el artículo 7o., fracción IV, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que establece: «... IV. Los secretarios particulares o privados; el personal adscrito presupuestalmente a las secretarías particulares o ayudantías, así como los destinados presupuestalmente, o que realicen trabajos personales y directos para los servidores públicos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo; ...». Evidencia la calidad de confianza con la cual se venían desempeñando las accionantes, dada su dependencia directa de los titulares de las áreas indicadas, aunado que de la presunción humana derivada de los hechos en que se hacen consistir los reclamos de las actoras, puede válidamente concluirse que las mismas tenían asignado un sueldo de ********** diarios, cuyos límites rebasan los tabuladores que corresponden a las plazas sindicalizadas, siendo éste un hecho notorio y público que en términos de lo dispuesto por el artículo 221 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, debe tomarse en consideración, y puede corroborarse en la publicación de máximos y mínimos salariales que se encuentran en la página de transparencia y acceso a la información del Congreso del Estado, luego, las actividades y el salario indicado no corresponden a una plaza de base sindicalizada. Asimismo, resulta evidente de las propias reclamaciones, que la categoría con la que se venían desempeñando las actoras no se encontraba contemplada para ser objeto de sindicalización, tan es así, que las mismas ofrecen, como medio convictivo (foja 65), copia fotostática de oficio dirigido por el secretario general del sindicato al secretario de Servicios Administrativos, donde propone una relación de nombres para ser considerados como aspirantes a obtener una plaza sindicalizada, de ahí que, derive a favor de la demandada la presunción de la inexistencia de la calidad de base que pretenden las actoras y, por ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7o., último párrafo, de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, no se actualiza en su favor el derecho a la estabilidad laboral y la consecuente reinstalación que demandan, por lo que, se absuelve a la demandada Congreso del Estado de Veracruz, ...’
"Ahora bien, este Tribunal Colegiado considera que la conclusión anterior adolece de la falta de motivación que requiere toda resolución jurisdiccional para cumplir con el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución General de la República. No debe perderse de vista lo que respecto de trabajadores de confianza establecen los artículos 7o., fracción IV, y 11, fracción I, ambos de la Ley Estatal del Servicio Civil, que dicen:
"‘Artículo 7o. Son trabajadores de confianza:
"‘...
"‘IV. Los secretarios particulares o privados; el personal adscrito presupuestalmente a las secretarías particulares o ayudantías, así como los destinados presupuestalmente, o que realicen trabajos personales y directos para los servidores públicos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo.’
"‘Artículo 11. Quedan excluidos de la aplicación de esta ley los trabajadores:
"‘I. De confianza.’
"Primordialmente, la responsable para concluir, en el sentido de que las actoras fueron trabajadoras de confianza, se apoya en lo manifestado por éstas en su escrito que dio inicio al juicio laboral, ubicándolas en los supuestos a que se contrae el transcrito numeral 7o., fracción IV; sin embargo, la concl
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25744-dd35c20b/trabajadores-de-confianza-al-servicio-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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