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TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL DERECHO PARA DEMANDAR LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA QUE CORRESPONDE A LAS FUNCIONES QUE REALMENTE DESEMPEÑAN Y LA ACCIÓN RELATIVA, NO PRESCRIBEN, MIENTRAS CONTINÚEN PRESTANDO EL SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. · Registro digital (IUS): 25059
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-05-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, Pág. 1488.

TRABAJADORES AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. EL DERECHO PARA DEMANDAR LA ASIGNACIÓN DE LA PLAZA QUE CORRESPONDE A LAS FUNCIONES QUE REALMENTE DESEMPEÑAN Y LA ACCIÓN RELATIVA, NO PRESCRIBEN, MIENTRAS CONTINÚEN PRESTANDO EL SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS DEL NOVENO CIRCUITO. 21 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS CARLOS LUIS CHOWELL ZEPEDA, ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ Y DALILA QUERO JUÁREZ. PONENTE: ENRIQUE ALBERTO DURÁN MARTÍNEZ. SECRETARIO: JOSÉ ARTEMIO NAVARRETE SÁNCHEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Pleno del Noveno Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y, 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo Noveno Circuito.

Por tanto, procede que este órgano colegiado asuma el conocimiento del asunto para evitar que su solución se retrase, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ya que la formula el autorizado de la parte quejosa en el amparo directo del que conoció el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.

TERCERO. Criterios contendientes. A fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones que expusieron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes en los asuntos mencionados en los resultandos de esta resolución.

Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Dicho tribunal, al fallar el amparo directo laboral **********, en sesión celebrada el diez de octubre de dos mil trece, sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:

"De ahí que, resulta evidente que al pronunciar el nuevo laudo la Junta laboral, lo hizo en acatamiento a dicha ejecutoria de amparo, que le dejó plena libertad de jurisdicción, pero sí le acotó por cuanto a que debía llevar a cabo el estudio de la excepción de prescripción de la acción ejercitada y ello conforme a las pruebas de autos y en los términos establecidos en el artículo 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, tal como así lo planteó al oponer la excepción correspondiente el representante legal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado. Empero, en relación con ello y partiendo de las bases de que todas las demandadas por igual opusieron dicha excepción de prescripción de la acción, la autoridad laboral se pronunció en los términos siguientes: ‘Excepción que es de previo y especial pronunciamiento, por lo que se entra al estudio de la misma; ahora bien, por principio, debe decirse que en efecto, el numeral invocado por la demandada dispone que prescriben en un año los derechos de los trabajadores derivados de la relación de trabajo o del nombramiento, con excepción de los casos previstos en el artículo siguiente de esta ley. Así las cosas, es de resaltarse que dada la naturaleza de la acción en comento, cae en el ámbito de las consideradas como de tracto sucesivo, es decir, se actualiza día con día por lo que, bajo ese esquema se determina que la misma no se encuentra prescrita en los términos planteados por la demandada, sino que, de asistirle derecho a la demandante y de declararse procedente la acción intentada, la misma surtirá efectos legales a partir del día 13 de mayo de 2010, o sea, un año anterior a la presentación de la demanda. Por lo que, atendiendo principalmente a las funciones que realiza la C. ********** y considerando la situación real en que se ubica, respecto al tiempo que lleva efectuando las actividades de jefe de oficina, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se llega al convencimiento de que ha permanecido desempeñando tal cargo de manera permanente desde el 13 de mayo de 2010, continuando en activo.’. Por tanto, asiste razón a la quejosa, Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de San Luis Potosí, al argumentar por conducto de su representante que el laudo que combate no está dictado a verdad sabida y buena fe guardada, en los términos que obligan las disposiciones contenidas en el artículo 130, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, porque indebidamente y no obstante las pruebas de autos, declaró improcedente la excepción de prescripción de la acción principal ejercitada en su contra por la trabajadora **********, ello no obstante que al producir su contestación a la demanda la excepción se hizo valer con sustento en que la acción promovida debió ejercitarla la trabajadora dentro del año siguiente al que inició a prestar sus servicios, que fue el día primero de octubre de dos mil tres, pues en esa fecha empezó a surtir efectos el nombramiento de base, que le fue otorgado como ‘supervisor’, y dicho nombramiento subsiste en sus términos, no obstante que la trabajadora eventualmente ha desarrollado otras actividades que le han sido encomendadas; que, por tanto, con exceso transcurrió el referido término de un año a que se refiere el artículo 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, mismo que cabe decir establece: ‘Prescriben en un año los derechos de los trabajadores, derivados de la relación de trabajo o del nombramiento, con excepción de los casos previstos en el artículo siguiente de esta ley.’. Y que todo ese tiempo en que ha durado la relación de trabajo, la actora ha permanecido adscrita en los términos de su nombramiento, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, por tanto resulta aplicable el criterio jurisprudencial que cita y transcribe en los términos siguientes: Quinta Época. Registro: 374193. Instancia: Cuarta Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXX, materia laboral, página 1175. ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Aun cuando es cierto que en términos generales, existe una relación de trabajo entre el poder público y sus servidores, también lo es que esta relación no tiene las características de un verdadero contrato de trabajo, tal y como está previsto en nuestra ley laborista, supuesto que ésta tiende esencialmente a regular las actividades del capital y del trabajo como factores de la producción, o sea, en funciones económicas; lo que no sucede tratándose del poder público y de sus empleados, atenta nuestra organización político y social, porque las funciones encomendadas al Estado, no persiguen ningún fin económico, sino más bien un objeto de control para la convivencia de los componentes de la sociedad. Por eso no puede afirmarse que exista paridad entre los fenómenos jurídicos derivados del trabajo, cuando interviene por una parte el Estado y sus empleados, y cuando intervienen un patrono y sus trabajadores, y por lo mismo, no puede aceptarse que la jurisprudencia en relación con la suspensión, tratándose de verdaderos contratos de trabajo, haya de regir cuando se trata de trabajadores al Servicio del Estado.’. Y que, por ello, es que, la responsable debió también considerar al dictar el nuevo laudo, las razones en que se sustenta la ejecutoria de amparo, pero el laudo que se combate lo pronunció en los mismos términos que aquel que quedó sin efecto, solamente bajo el argumento de que la relación de trabajo es de tracto sucesivo y, por tanto, no puede producirse la prescripción de la acción que se deriva de ello, por lo que la trabajadora actora en el juicio se encontraba legitimada no obstante el tiempo transcurrido mucho mayor a un año, para demandar en la vía laboral ejercitando la acción correspondiente a la de recategorización como trabajador de base con el puesto ‘12-05 jefe de oficina’; y que al ser procedente la excepción de prescripción, no se requería que la demandada ahora quejosa aportara pruebas para demostrar las funciones reales que desempeña a su servicio la actora como supervisor a que corresponde el nivel 05-17. Ahora bien, en esencia asiste razón a la quejosa, pues como lo argumenta es cierto que, de acuerdo con lo que dispone el transcrito artículo 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, prescriben en un año los derechos de los trabajadores, derivados de la relación de trabajo o del nombramiento y, en el caso a estudio, resulta evidente, que la acción ejercitada por la actora en el juicio **********, se sustenta en el nombramiento que según narra en el capítulo de hechos de su demanda, y está así demostrado en autos, le fue otorgado con fecha primero de octubre de dos mil tres y que corresponde al nivel 05 categoría 17 y por cuyos servicios hasta la fecha de su demanda, en forma quincenal se le ha venido pagando la cantidad de **********, tal como así está establecido en el tabulador de puestos y sueldos del sector burocrático, en el Estado de San Luis Potosí. De ahí, es de considerarse, que si la acción que se ejercita, en la demanda laboral por **********, deriva del nombramiento que le fue otorgado con fecha primero de octubre del año dos mil tres y éste subsiste hasta la fecha de su demanda presentada ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el día trece de mayo de dos mil once, según el sello fechador impreso; de consiguiente, como tal acción se sustenta en dicho nombramiento, resulta igualmente claro, que es de aquellas a las que se refiere el artículo 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, por lo que debió ejercitarse dentro del año siguiente al en que empezó a surtir sus efectos laborales dicho nombramiento, y desde luego, ello con sustento en lo que se argumentó en la demanda laboral, es decir, que a la trabajadora le fueron variadas sus condiciones laborales, precisadas en el nombramiento en mención, que es el de supervisor, nivel 05 categoría 17, conforme al tabulador de puestos y salarios de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, ello porque desde que inició a prestar sus servicios laborales subordinados, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha desempeñado labores que corresponden a la categoría de jefe de la Unidad de Información Pública, la razón que esgrime para que se le extienda un nuevo nombramiento, ahora como ‘jefe de oficina’, al cual corresponde el nivel 12 categoría 05 del referido tabulador. De ahí que, resulta manifiesto que la acción laboral ejercitada, se encuentra prescrita a la fecha de presentación de la demanda, lo cual así debió declararlo el tribunal laboral, pues su razonamiento es erróneo, al sustentarse en que tal acción no prescribe, porque es de tracto sucesivo, con lo cual confunde los efectos del nombramiento, con las condiciones laborales en que se da la relación de trabajo, que sí son de tracto sucesivo, pero cuando éstas son cambiadas unilateralmente por el patrón, da comienzo el término dentro del cual se puede ejercitar por el trabajador, la demanda laboral exigiendo que se respete el nombramiento o en su caso el contrato y, con ello, las condiciones laborales; o bien, que se le otorgue la recategorización con los efectos legales consiguientes. Así las cosas, ante lo fundado de los conceptos de violación, debe otorgarse el amparo y protección de la Justicia Federal, que solicita por conducto de su representante la persona moral oficial denominada Secretaría de Comunicaciones y Trasportes en el Estado, para el efecto de que el tribunal laboral señalado como responsable, deje insubsistente el laudo combatido, y en su lugar pronuncie otro, en el cual atendiendo a las consideraciones que sustentan esta ejecutoria de amparo, declare que la acción de prescripción propuesta por la demandada resulte procedente y en lo demás resuelva la litis en los términos que estime apegados a derecho acorde con la demanda y contestación a la misma y las pruebas de autos."

Criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. Dicho tribunal, al resolver el amparo directo **********, en sesión celebrada el veinticuatro de enero de dos mil trece, en lo que interesa al caso, sostuvo lo siguiente:

"De esta forma, lo que técnicamente procedería es conceder el amparo y protección constitucional solicitados ante la violación formal aludida, empero, este órgano de control constitucional, también en suplencia de la queja deficiente conforme lo establecido por el numeral 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe analizar si en la especie la acción intentada se encuentra prescrita como así lo determinó el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje responsable. Bien sobre el particular, el tribunal resolutor sostuvo que si la impetrante sostenía que desde que había ingresado a laborar para la demandada Dirección General de la Policía Ministerial, el primero de enero de mil novecientos noventa y ocho, había desempeñado las funciones que hoy reclamaba su reconocimiento, y que, por ellas merecía las diferencias salariales de mayor monto a lo que su nombramiento actual generaba, comparándose a los trabajadores de base de la parte demandada; entonces, era claro que el derecho de la actora nacía a partir de que eran variadas sus funciones contra aquellas que su propio nombramiento emanaba y obligaba, como agente C, desde el primero de enero de mil novecientos noventa y nueve. Por lo que, suponiendo sin conceder que las funciones que decía realizar las hubiese o siguiera realizando de mutuo propio, devenía un consentimiento expreso a las mismas, y que, por el solo transcurso del tiempo y el inejercicio, en todo caso, para reclamar ahora su reconocimiento. Y que en función de lo cual, resultaba fundada y procedente la excepción de mérito, estableciéndose prescrita la acción intentada con fundamento en el artículo 112 del ordenamiento local burocrático y, consecuentemente, las prestaciones reclamadas en cuanto a su pago. Determinación que es incorrecta. En efecto, debemos partir de la base que la acción principal de otorgamiento de nombramiento como secretaria de director, nivel 08, categoría 07 se sustenta en las funciones que día a día dice realizar la trabajadora actora **********, por lo que es preciso determinar la naturaleza jurídica de tales funciones para así estar en aptitud de establecer cuándo debe computarse el periodo de prescripción de la acción sustentada en esas actividades. Así se tiene, que el otorgamiento de un nombramiento en base a las funciones propias del mismo, constituye la obligación que, en virtud de contrato, adquieren los patrones para satisfacer sus salarios a los trabajadores que le han prestado servicios durante el tiempo que señala ese contrato. Atento a lo anterior, el derecho a exigir el otorgamiento de un nombramiento en base a las funciones realizadas y a obtener el pago correspondiente se puede ejercer y solicitar por medio de una acción. Empero, ésta (la acción) como derecho procesal, por regla general puede estar sujeta o condicionada a que no haya prescrito su ejercicio. Efectivamente, el único derecho adjetivo susceptible de prescribir es el de la acción, pues si bien otros derechos procesales distintos pueden extinguirse por su no ejercicio oportuno, ello ocurre por la actualización de otra institución conocida como la preclusión. Aquí radica una de las diferencias fundamentales entre la prescripción y la preclusión, pues mientras la primera se refiere a la extinción o pérdida de la acción, entendida ésta como la facultad que corresponde a todo ciudadano de obtener la intervención del Estado para hacer efectivas las relaciones jurídicas concretas, la segunda opera, únicamente, por lo que hace a los derechos de carácter procesal que la ley concede a las partes dentro de las diferentes fases procedimentales del juicio. En otras palabras, la acción procesal a través de la cual se pueda exigir o reclamar el reconocimiento o cumplimiento de un derecho sólo está sujeta a la figura de la prescripción (considerada ésta como la sanción impuesta por la ley al acreedor que por negligencia o deliberada intención no los ejecuta en tiempo). La consideración acabada de externar tiene apoyo, en lo conducente, en el criterio sustentado por la Cuarta Sala del Más Alto Tribunal de la Nación, consultable en la página 20 del Volumen LXVIII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA DEMANDA ANTE AUTORIDAD INCOMPETENTE. La prescripción de la acción es la sanción impuesta por la ley al acreedor que por negligencia o deliberada intención no las ejercita en tiempo, demostrando falta de interés en hacer uso de ese derecho, por lo que no puede aplicarse tal sanción a quien, por el contrario, hace en tiempo oportuno manifiesta expresión de que no renuncia el derecho de ejercitar la acción que le compete. Por tal razón, la presentación de la demanda aunque sea ante autoridad incompetente, por ser un acto demostrativo del interés del actor en el ejercicio de sus derechos, interrumpe la prescripción.’. Hechas las precisiones precedentes, es de especificar que el derecho a obtener un nombramiento tiene una naturaleza que la constituye una obligación de tracto sucesivo, porque su cumplimiento se realiza periódicamente, durante un tiempo determinado, que se prolonga durante todo el tiempo en que el trabajador va realizando las funciones inherentes a ese nombramiento y, por lo mismo, no implica una obligación de ejecución momentánea o instantánea, como la prestación de un hecho o de una cosa, dentro de las diferentes categorías que la ley reconoce, al catalogar las distintas figuras contracturales. Y que por lo mismo, por la destacada naturaleza jurídica, tal derecho considerado intrínsecamente es imprescriptible por generarse el derecho momento a momento por lo sucesivo en el desempeño de las funciones propias del nombramiento que se exige. Corrobora lo precedente, el criterio adoptado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impreso en el Tomo XCVI, página 973, del Semanario Judicial de la Federación, en su Quinta Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguientes: ‘TRABAJADORES, NO PRESCRIBE EL DERECHO DE LOS, PARA EXIGIR QUE SE LES ASIGNE LA PLAZA MAYOR QUE ESTÉN DESEMPEÑANDO. Si la acción que se ejercitó fue la de asignación de una plaza, fundándose en que el trabajador, a pesar de tener nombramiento de un puesto menos, desempeñaba las labores de aquel que pretendía se le asignara, la Junta no pudo legalmente estimar acreditada la excepción de prescripción opuesta, tomando indebidamente como punto de partida, la fecha en que dicho trabajador obtuvo su nombramiento, pues si se tiene en cuenta que el contrato de trabajo es de los que se llaman de tracto sucesivo, o sea que se realizan de momento a momento, el derecho a pretender el puesto que desempeñaba el trabajador y por tanto la acción consiguiente, no podía prescribir mientras la estuviera desempeñando.’. De acuerdo a lo anotado, las acciones dirigidas a obtener un nombramiento no prescriben hasta en tanto se sigan desarrollando las funciones desempeñadas por el trabajador, que se reiteran, las constituyen hechos y actos de tracto sucesivo, los cuales se producen día a día por lo que en realidad, el término para ejercer esas acciones comienza a computarse todos los días, lo cual hace imprescriptibles las acciones para ejercerla, pues no debe soslayarse el principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan; luego, si el derecho a obtener un nombramiento por las funciones laborales que se desarrollan es imprescriptible, por consecuencia lógica también lo es la acción para exigir su otorgamiento y el salario que el mismo debe devengar. Se insiste, lo anotado es así, porque la acción de obtener el pago por un nombramiento dura igual tiempo que tal derecho pues ambos forman una unidad indisoluble. Con base en los razonamientos precedentes, se considera que si el derecho a obtener un nombramiento es imprescriptible, en consecuencia, también lo es la acción correspondiente; de ahí que la demanda respectiva se pueda promover en cualquier tiempo mientras se efectúen las funciones pertinentes, porque de acuerdo a todo lo establecido, el derecho con el cual se vincula no prescribe por generarse día a día y momento a momento. De esta forma es incorrecta la resolución adoptada por la autoridad responsable, puesto que la acción de otorgamiento de nombramiento como secretaria de director, nivel 08, categoría 07, intentada por la trabajadora actora **********, al ser de tracto sucesivo las funciones que la sustentan, no es prescriptible."

CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Sí existe la contradicción de tesis denunciada, pues los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron un mismo problema jurídico y sostuvieron posturas contrarias.

En principio, debe precisarse que de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.

Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.

Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

La jurisprudencia P./J. 72/2010 en cita, es consultable en la página siete del Tomo XXXII, agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello, que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que, ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Precisado lo anterior, como se adelantó, sí existe la contradicción de tesis, en razón de que el Primer y el Tercer Tribunales Colegiados del Noveno Circuito examinaron el punto de derecho consistente en determinar si el derecho de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado para exigir que se les asigne una plaza mayor a la que están desempeñando y la expedición del nombramiento correspondiente es o no prescriptible.

En efecto, el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito sostiene que los derechos de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado derivados de la relación de trabajo o del nombramiento, relativos a demandar la recategorización por realizar funciones que no corresponden a su nombramiento, no son de tracto sucesivo y, por tanto, el trabajador cuenta con un año para ejercer la acción respectiva, so pena de prescripción, conforme a lo que dispone el artículo 112 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí.

En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, sostuvo que la acción de otorgamiento de nombramiento intentada por los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, es imprescriptible, pues el derecho a obtener un nombramiento tiene una naturaleza de tracto sucesivo, porque su cumplimiento se realiza periódicamente durante un tiempo determinado, que se prolonga durante todo el tiempo en que el trabajador realiza las funciones inherentes a ese nombramiento.

En consecuencia, se produce la contradicción de tesis cuya materia consiste en determinar si el derecho de los trabajadores para demandar que se les asigne la plaza mayor que desempeñan, es prescriptible.

QUINTO. Estudio. Este Pleno del Noveno Circuito considera que debe prevalecer con carácter jurisprudencial, en términos de lo establecido por el artículo 225 de la Ley de Amparo, el criterio que se desarrollará, sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, por las razones que a continuación se precisan:

En principio, procede definir lo que se entiende por prescripción en materia laboral, para lo cual debemos referirnos a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 393/2009, fallada en sesión de diecisiete de febrero de dos mil diez, por mayoría de cuatro votos.

Las consideraciones sustentadas en la ejecutoria referida son, en lo conducente, las siguientes:

"Ahora bien, se estima conveniente precisar qué debe entenderse por prescripción. En términos generales, la doctrina ha definido a la prescripción de acciones, como el modo de adquirir el dominio de cosa ajena, a través de la posesión de ella durante cierto tiempo y con los requisitos marcados por la ley, o de liberarse de una obligación que se hubiere contraído y cuyo cumplimiento no se exija durante el plazo que señale asimismo la ley. El diccionario «de la Lengua Española» de la Real Academia especifica que la prescripción es un modo de adquirir el dominio de una cosa por haberla poseído con las condiciones y durante el tiempo prefijado por las leyes. También dice que significa concluir o extinguir una carga, obligación o deuda por el transcurso de cierto tiempo y tiene como finalidad dar certeza a todo acto jurídico, puesto que no es posible permitir al acreedor el ejercicio de una acción o derecho en cualquier tiempo, sino que precisamente para dar certeza jurídica a un acto se hizo necesario establecer límites de tiempo para el ejercicio de tal derecho, estableciéndose como sanción, ante la falta de ejercicio del mismo dentro de un ti

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25059-def2a8a9/trabajadores-al-servicio-de-las-instituciones-publicas-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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