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Modo: Corpus Pro

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. NOMBRAMIENTO QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA DETERMINAR SI TIENEN DERECHO O NO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 3/2012. · Registro digital (IUS): 24083
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, Pág. 1723.

AMPARO DIRECTO 3/2012. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2012. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ. SECRETARIO: MARTÍN VILLEGAS GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO. El estudio de los conceptos de violación alegados conduce a realizar las siguientes consideraciones jurídicas.

Se analizarán, en primer término, los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad planteada respecto del artículo 135 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de que en términos de lo normado por el artículo 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, al realizarse el pronunciamiento respecto al fondo del asunto, debe analizarse primero la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, si es necesario, la legalidad del acto de aplicación, bajo la premisa de preferir los argumentos que conduzcan a mayores beneficios a favor del quejoso y, reservar para un análisis ulterior los planteamientos de menores logros, a fin de cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de las sentencias de amparo, en aras de tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así lo ha determinado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis cuyos rubro y texto seguidamente se trasuntan:

"LEYES, AMPARO CONTRA. CUANDO SE CONTROVIERTEN CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE AQUÉLLAS DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE ÉSTE, EN ARAS DE TUTELAR LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Conforme a la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se controvierte una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio respecto de ambos actos de autoridad, debe abordarse el estudio de constitucionalidad de la disposición general impugnada y, posteriormente, en su caso, es factible analizar los vicios propios atribuidos al acto de aplicación; sistema cuya justificación se ubica tanto en la dependencia lógico-jurídica de éste respecto de aquélla, como en que a través de él se permite tutelar la garantía de acceso a la justicia establecida en el artículo 17 de la Carta Magna, pues de condicionarse el análisis de constitucionalidad de una norma a que su aplicación sea correcta, aun cuando esa disposición fuera transgresora del marco constitucional, la autoridad aplicadora podría continuar concretando sus efectos en perjuicio de un gobernado y, solamente hasta que ello se realizara de manera fundada y motivada, éste obtendría la protección respectiva, a lo cual tuvo derecho desde el primer acto de aplicación que trascendió a su esfera jurídica."

Se duele, en esencia, el Ayuntamiento quejoso, de que la norma tildada de inconstitucional viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en el procedimiento laboral burocrático, "concluida la recepción de las pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles", con lo cual, alega el Ayuntamiento quejoso, se le priva de la posibilidad de alegar lo que a sus intereses jurídicos convenga, ya que no se prevé, en el precepto tildado de inconstitucional, la apertura de una etapa procesal específica, previa al dictado del laudo.

El concepto de violación de que se trata es infundado.

En efecto, habida cuenta que si bien es cierto que el precepto tachado de inconstitucional no prevé de forma expresa la apertura de una etapa procesal en la que los litigantes puedan formular alegatos con posterioridad a que se cierre el periodo de instrucción y antes del dictado del laudo, ya que el enunciado normativo que lo conforma establece textualmente que: "Concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles"; también lo es que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido jurisprudencia en la cual se indica que cuando en los juicios de amparo directo se reclama la inconstitucionalidad de una ley, con motivo de un acto de aplicación dentro de un procedimiento, para que proceda su análisis a fin de que el Tribunal Colegiado pueda calificar su constitucionalidad, con motivo de su aplicación en un acto dentro del juicio, es preciso que éste constituya una violación procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, porque los actos dentro de juicio que no son de imposible reparación y no tengan como consecuencia directa e inmediata la afectación de las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, no causan perjuicio jurídico que legitime para provocar que se califique la constitucionalidad de la ley, porque finalmente lo que le causa agravio es lo resuelto en la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio, lo cual es congruente con el objeto del amparo directo, pues una ejecutoria que conceda el amparo anula la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin al juicio, o bien, ordena la reposición del procedimiento, a partir del acto procesal que produjo la afectación a las defensas del quejoso y que trascendió al resultado del fallo.

El criterio jurídico de que se trata está inmerso en la jurisprudencia 514, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 592, Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que seguidamente se trasunta:

"VIOLACIONES PROCESALES. PARA RECLAMARLAS EN AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO, DEBEN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO Y TRASCENDER AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a lo que establece el artículo 158 de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucionales, cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. Esta hipótesis implica que cuando el acto dentro del juicio tenga la característica de imposible reparación, será procedente el juicio de amparo indirecto conforme al supuesto previsto en el artículo 114, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, que si se trata de un acto dentro de juicio, como acto de aplicación de una ley, tratado internacional o reglamento, para ser examinable en el juicio de amparo directo, debe incidir en la afectación a las defensas del quejoso y trascender al resultado del fallo, porque del análisis armónico y sistemático de lo dispuesto en los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo se observa que debe precisarse con claridad en qué consiste el acto de aplicación, en su caso cuál es el precepto o preceptos aplicados, y deben expresarse los conceptos de violación relativos, a fin de que el Tribunal Colegiado pueda calificar esa constitucionalidad en la parte considerativa de la sentencia. Pero, para que proceda el análisis de la constitucionalidad de la ley, tratado internacional o reglamento, con motivo de su aplicación en un acto dentro de juicio, es preciso que éste constituya una violación procesal que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo, porque los actos dentro de juicio que no son de imposible reparación y no tengan como consecuencia directa e inmediata la afectación de las defensas del quejoso y que trasciendan al resultado del fallo, no causan perjuicio jurídico que legitime para provocar que se califique la constitucionalidad de la ley, porque finalmente lo que le causa agravio es lo resuelto en la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin al juicio. Lo anterior es congruente con el objeto del juicio de amparo directo, pues una ejecutoria que conceda el amparo anula la sentencia, el laudo o la resolución que puso fin al juicio o bien ordena la reposición del procedimiento a partir del acto procesal que produjo la afectación a las defensas del quejoso y trascendió al resultado del fallo."

Hechas las precisiones anteriores, conviene puntualizar que si bien es cierto que en el texto del precepto legal combatido no se prevé expresamente, como ocurre en otros ordenamientos procesales, como por ejemplo, en la fracción IV del artículo 884 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "... IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus alegatos", la posibilidad de que las partes puedan formular alegatos, sino que textualmente se dispone que concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días; sin embargo, dicha omisión no se traduce en afectación a las defensas del quejoso que pueda tener trascendencia al resultado del laudo.

Así es, al estudiar la naturaleza de los alegatos en el procedimiento laboral, la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que en el juicio arbitral la controversia se compone con la demanda y contestación y sobre ella debe pronunciarse el tribunal jurisdicente y no respecto de los alegatos de las partes, porque éstos no son otra cosa que las manifestaciones que los litigantes pueden producir en relación con sus pretensiones y, en esa medida, las jurisdicentes laborales no están obligadas a resolver conforme al contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada, enumerando las pruebas, apreciándolas conforme lo crean debido en conciencia, exponiendo las razones legales de equidad y las doctrinas jurídicas que les sirven de fundamento. Es decir, que los alegatos no constituyen cuestiones que deban ser analizadas por la autoridad, ya que solamente constituyen el punto de vista del litigante que los formula, por tanto, sólo tienden a producir convicción en el ánimo del Juzgador, para decidir un negocio, pero tratándose de hechos que necesariamente deben ser probados por las partes que los aducen como fundatorios de sus respectivas pretensiones, son las pruebas que sobre el particular rindan, las que deben tomarse en cuenta para resolver los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate en un conflicto laboral y, consecuentemente, las argumentaciones en torno al resultado de las pruebas, no vienen a constituir sino juicios u opiniones de las partes que la autoridad puede atender o no, sin que esto último produzca perjuicios de indefensión, máxime que la entidad pública quejosa, en el procedimiento laboral primigenio, ni siquiera solicitó que se le permitiera presentar sus alegatos con posterioridad a que se declaró cerrada la instrucción y antes de que se emitiera el laudo; de ahí que, por tales motivos y ante su falta de trascendencia, los conceptos de violación atinentes no pueden ser acogidos favorablemente a los intereses del peticionario.

Las consideraciones anteriores encuentran apoyo, en lo conducente, en los criterios jurídicos que informan las tesis siguientes que se trasuntan junto con sus datos de identificación:

"ALEGATOS, OMISIÓN DEL EXTRACTO O DE REFERENCIA A LOS, INTRASCENDENTE. No constituye violación de garantías por parte de la Junta el hecho de que ésta, en el laudo impugnado, no haga un extracto de los alegatos presentados por las partes o deje de hacer referencia de los mismos en el propio laudo, porque tal omisión no trasciende al resultado de la resolución, ya que los alegatos no son otra cosa que las manifestaciones que las partes pueden producir en relación a sus pretensiones y la Junta no está obligada a resolver conforme el contenido de ellos, sino de acuerdo con la litis planteada, enumerando las pruebas, apreciándolas conforme lo crea debido en conciencia, exponiendo las razones legales de equidad y las doctrinas jurídicas, que le sirven de fundamento." (Registro IUS 915168. Jurisprudencia. Materia(s): Laboral. Séptima Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. Tomo V. Materia del Trabajo. Jurisprudencia SCJN. Tesis 31. Página 25).

"ALEGATOS EN EL PROCEDIMIENTO OBRERO. VALOR DE LOS. Es improcedente el concepto de violación en el sentido de que se infringieron los artículos 550, 551 y 553 de la Ley Federal del Trabajo, en vista de que la Junta responsable no analiza detallada y detenidamente los alegatos presentados por el actor, puesto que en los considerandos de su laudo no menciona para nada las consideraciones que en dichos alegatos se asentaron, y que de haberlos estudiado, habría llegado a la conclusión de que en realidad todas las acciones intentadas quedaron plenamente justificadas y habría declarado probada la acción, condenando al demandado; porque los alegatos sólo tienden a producir convicción en el ánimo del juzgador, para decidir un negocio, pero tratándose de hechos que necesariamente deben ser probados por las partes que los aducen como fundatorios de sus respectivas pretensiones, son las pruebas que sobre el particular rindan, las que han de tomar en cuenta las Juntas para resolver los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate en un conflicto de trabajo y consecuentemente, las argumentaciones en torno al resultado de las pruebas, no vienen a constituir sino juicios u opiniones de las partes que la autoridad puede atender o no, sin que esto último produzca perjuicios de indefensión." (No. Registro: 369211. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CV. Página 1636).

"DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE, FUNDAMENTOS POSTERIORES DE LA (ALEGATOS). En el juicio arbitral la controversia se compone con demanda y la contestación y sobre ella debe pronunciarse el tribunal y no respecto de los alegatos de las partes. Por tanto, si el quejosos se limitó a afirmar en su demanda, que las contestaciones que dio en el examen de competencia, fueron superiores a las de su contrincante, sin dar sus razones, todo lo que con posterioridad hubiere expresado en los alegatos, no puede ser tomado en consideración por el Tribunal de Arbitraje." (Registro IUS No. 369403. Tesis aislada. Materia(s): Laboral. Quinta Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIII. Página 1090).

CUARTO. Atendido al tema de constitucionalidad de leyes planteado, procede ahora realizar el estudio de los conceptos de violación relacionados con el fondo del asunto.

Es fundada, pero a la postre inoperante, de acuerdo con las razones que más adelante se expondrán, la parte de los motivos de inconformidad planteados en que se señala fundamentalmente que el laudo combatido es incongruente y falta al principio de exhaustividad debido a que, asegura el quejoso, el tribunal responsable omitió pronunciarse con relación a todos los argumentos planteados en la contestación que produjo.

En efecto, afirma el peticionario que el instructor omite "tomar a conciencia y legalmente la totalidad de los hechos, defensas y excepciones hechos valer por la parte demandada", específicamente porque dejó de apreciar que no existe litis respecto al puesto que desempeñó la accionante como directora de área adscrita a la Dirección de Recursos Humanos, lo que acredita que la actora es de los servidores públicos previstos en el artículo 16, último párrafo, y por remisión de dicho numeral al 4, inciso a), ambos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Luego, refiere el peticionario, que en caso de que no se señale el carácter del nombramiento otorgado por el titular de los Ayuntamientos, según establece el artículo 4o. de dicha ley, en el que se incluye el personal que realice funciones de dirección, se entiende que su periodo será por el término constitucional o administrativo para el que fue contratado. Además, refiere que tanto la actora en su demanda inicial como ese Ayuntamiento demandado en la contestación que produjo, no se suscitó controversia en relación al cargo que desempeñaba la accionante; por lo que, reitera, se trata de un nombramiento de los considerados en el referido artículo 4 y, por ende, se ubica en la hipótesis normativa de terminación del nombramiento del último párrafo del artículo 16 de dicha legislación.

Además, aduce la parte quejosa que el tribunal del conocimiento no tomó en consideración lo dispuesto en el último párrafo del artículo 16 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, que señala que si los nombramientos son de los contemplados en el artículo 4 de la mencionada legislación y no se señala su carácter, se entiende que su periodicidad será por el término constitucional o administrativo para el que fue contratado; del tal suerte que, afirma el agraviado, la responsable no tomó en consideración lo anterior al emitir la resolución que ahora se combate y, que con ello, se advierte la improcedencia de la reinstalación exigida por la actora.

Para arribar a la conclusión enunciada, es importante traer a colación que del contenido de los autos que conforman el juicio laboral del que deriva el acto reclamado consta que la parte actora exigió de su contraria, entre otras, la reinstalación en el cargo que ocupaba como directora de área adscrita a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento demandado, así como el pago de salarios caídos, entre otras, con motivo del despido injusto del que dijo haber sido objeto; al exponer los hechos en que sustentó sus reclamos, manifestó que ingresó a laborar para la dependencia demandada el ocho de enero de dos mil siete, con nombramiento de jefe de departamento adscrito a la Dirección de Recursos Humanos y que el primero de febrero del mismo año la ascendieron al puesto de director de área; además, mediante escrito ampliatorio de demanda, manifestó que pese a ser empleado de confianza, la legislación que le resulta aplicable es la vigente a partir de su contratación, es decir, del ocho de enero de dos mil siete y que en caso de que la demandada pretenda sostener la aplicación de lo previsto en el numeral 16 último párrafo de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios en vigor al momento del despido, es incorrecto, dada la fecha de inicio de la relación laboral, además, en respeto al principio constitucional de que a ninguna persona se le puede aplicar de manera retroactiva una ley en su perjuicio.

Del escrito de contestación a la demanda se aprecia que, medularmente, en el capítulo intitulado "contestación a las prestaciones", en los incisos a) y c), el Ayuntamiento demandado negó la existencia del despido aducido, así como que era improcedente la reinstalación exigida y el pago de salarios caídos porque, afirmó el demandado, que el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve, terminó la relación de trabajo en virtud de haber vencido el nombramiento otorgado, en términos del artículo 22, primer párrafo, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios. Luego, en el capítulo primero de "contestación a los antecedentes", añadió que es falso el despido aducido, porque lo cierto es que en el último nombramiento otorgado a su opositora, al no indicarse el carácter del mismo, en términos del numeral 16, último párrafo de la Ley Burocrática Jalisciense, se entiende que su periodo será por el término constitucional o administrativo feneciendo el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve.

Ahora bien, en el laudo cuestionado la responsable luego de hacer referencia a las manifestaciones realizadas por las partes contendientes y de analizar las excepciones de prescripción y obscuridad en la demanda opuestos por la empleadora, determinó que la litis se constriñe a dilucidar si asiste derecho a la parte actora a obtener la reinstalación en el cargo que ocupaba como directora de área adscrita a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento demandado, con motivo del despido injusto aducido ocurrido el dos de enero de dos mil diez, sin que mediara procedimiento alguno ni con motivo razonable de pérdida de la confianza; o si no existe el despido alegado, sino que la relación de trabajo terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve en que venció el nombramiento de la accionante, en términos del artículo 22 párrafo primero, fracción III de la Ley Burocrática Estatal; acto seguido, consideró que a la demandada incumbe acreditar la causa que dio fin a la relación de trabajo suscitada entre los contendientes y procedió al análisis del material probatorio por ésta suministrado.

Lo anteriormente destacado permite concluir que la autoridad responsable, tal y como se alega, llevó a cabo una deficiente delimitación de la litis, lo cual provocó que, al final de cuentas, emitiera un laudo incongruente porque la instructora se limitó a atender lo concerniente a si tiene derecho la actora a la reinstalación demandada en el cargo que ocupaba como directora de área adscrita a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento demandado, con motivo del despido injusto aducido o si no existe el despido alegado, sino que la relación de trabajo terminó el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve en que venció el nombramiento de la accionante, en términos del artículo 22 párrafo primero, fracción III de la ley burocrática estatal; empero, como se aduce, no analiza la totalidad de los argumentos vertidos por la empleadora, mismos que quedaron anteriormente precisados, ni tampoco atiende a lo precisado en ampliación de demanda por la accionante; sin embargo, pese a dicha irregularidad, resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a sus intereses jurídicos en conflicto, si a fin de cuentas, opuesto a lo aducido, no le producen éxito alguno en sus pretensiones, por lo que resultaría impráctico conceder el amparo para que la responsable resolviera al respecto y emitiera un nuevo laudo; sobre el particular es aplicable la jurisprudencia número 108, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 85, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES. Si del estudio que en el juicio de amparo se hace de un concepto de violación se llega a la conclusión de que es fundado, de acuerdo con las razones de incongruencia por omisión esgrimidas al respecto por el quejoso; pero de ese mismo estudio claramente se desprende que por diversas razones que ven al fondo de la cuestión omitida, ese mismo concepto resulta inepto para resolver el asunto favorablemente a los intereses del quejoso, dicho concepto, aunque fundado, debe declararse inoperante y, por tanto, en aras de la economía procesal, debe desde luego negarse el amparo en vez de concederse para efectos, o sea, para que la responsable, reparando la violación, entre al estudio omitido, toda vez que este proceder a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquélla, la propia responsable, y en su caso la Corte por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, tendría que resolver el negocio desfavorablemente a tales intereses del quejoso; y de ahí que no hay para qué esperar dicha nueva ocasión para negar un amparo que desde luego puede y debe ser negado".

Para llegar a la convicción anterior, es preciso tomar en cuenta el contenido de los artículos 115, fracción VIII, último párrafo y 123, apartado B, en sus fracciones IX y XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen lo siguiente:

"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio libre, conforme a las bases siguientes: ... VIII. ... Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias".

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: ... B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los términos que fije la ley. En caso de separación injustificada tendrán derecho a optar por la reinstalación de su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley; ... XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social."

De los preceptos transcritos se advierte que las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 constitucional.

Asimismo, se observa que los trabajadores de base al servicio del Estado, sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada en los términos que fije la ley; que en caso de que sean separados de manera injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal y que la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza, así como el que las personas que desempeñen éstos, sólo disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social.

De lo anterior, se tiene que constitucionalmente están limitados los derechos laborales de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, pues sólo podrán disfrutar de las medidas de protección al salario y de seguridad social, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo.

Sobre el tema, se cita el criterio P. LXXIII/97, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 176, del Tomo V, correspondiente a mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto dicen:

"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ESTÁN LIMITADOS SUS DERECHOS LABORALES EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XIV DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL. El artículo 123, apartado B, establece cuáles son los derechos de los dos tipos de trabajadores: a) de base y b) de confianza; configura, además, limitaciones a los derechos de los trabajadores de confianza, pues los derechos que otorgan las primeras fracciones del citado apartado, básicamente serán aplicables a los trabajadores de base; es decir, regulan, en esencia, los derechos de este tipo de trabajadores y no los derechos de los de confianza, ya que claramente la fracción XIV de este mismo apartado los limita en cuanto a su aplicación íntegra, puesto que pueden disfrutar, los trabajadores de confianza, sólo de las medidas de protección al salario y de seguridad social a que se refieren las fracciones correspondientes de este apartado B, pero no de los demás derechos otorgados a los trabajadores de base, como es la estabilidad o inamovilidad en el empleo, puesto que este derecho está expresamente consignado en la fracción IX de este apartado."

Por su parte, como se vio, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que los trabajadores de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social, limita los derechos que a tales trabajadores les corresponde, también es verdad que no prohíbe que puedan establecerse otros derechos en su beneficio, pues sólo consagra las bases mínimas de protección a los trabajadores para asegurar su tranquilidad personal y el bienestar de su familia, como cuestiones esenciales que deben ser respetadas, las cuales servirán de sustento para la creación de las leyes reglamentarias respectivas, máxime que dicho dispositivo constitucional no señala que éstas deben ajustarse de manera exacta a la propia Constitución Federal.

En consecuencia, basta que la Ley Fundamental faculte expresamente a los Poderes Legislativos de los Estados para legislar sobre las relaciones entre los Estados y los Municipios con los trabajadores a su servicio, para que tengan libertad de dictar las normas que consideren convenientes, sujetándose a las bases que al respecto establezca el apartado B del referido artículo 123 constitucional.

Por tanto, debe atenderse a lo que establece la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente al momento en que fue contratada la demandante, en relación con este tipo de trabajadores, al otorgar mayores concesiones que los consignados en la Constitución Federal, como más adelan

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24083-37fac866/servidores-publicos-de-confianza-al-servicio-del-estado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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