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Modo: Corpus Pro

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE EN UN SEGUNDO JUICIO DE AMPARO EL QUEJOSO ADUCE LA INEXISTENCIA DEL DESPIDO, YA QUE ESA CIRCUNSTANCIA LA DEBIÓ IMPUGNAR EN EL AMPARO ADHESIVO, POR SER UN PUNTO DECISORIO IMPLÍCITO, AL CALIFICARSE DE BUENA FE EL OFRECIMIENTO DE TRABAJO EN UN PRIMER LAUDO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 891/2015. · Registro digital (IUS): 27559
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-01-12
Promovente: SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO.
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo IV, Pág. 1909.

AMPARO DIRECTO 891/2015. SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO. 9 DE MAYO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL RAMOS PÉREZ. SECRETARIO: RAÚL ARTURO HERNÁNDEZ TERÁN.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Primeramente, cabe decir que en materia laboral, acorde con la fracción V del artículo 79(7) de la Ley de Amparo en vigor, la suplencia de la queja deficiente sólo opera en favor del trabajador.

En el caso, del examen de las constancias originales del expediente laboral **********, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129,(8) 197(9) y 202(10) del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde al segundo de los numerales de esta última, se advierte que la parte quejosa tiene el carácter de patrón en la controversia laboral de la que emana el laudo reclamado; por tanto, el análisis de los conceptos de violación que planteó será de estricto derecho; de ahí que no serán suplidas las deficiencias de los mismos, ello, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 42/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 61/96, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, en la página 494, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la legislación citada, de rubro: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA."

En principio, procede el análisis de las violaciones procesales que aduce la parte quejosa, las cuales consisten en lo siguiente:

a) La personalidad de las partes en el juicio laboral constituye un presupuesto procesal sin el cual no puede desarrollarse válidamente el mismo, por lo que debía analizarse de oficio, aunque no se hubiera expuesto, pues con ello se cumpliría con la garantía constitucional relativa a que en los juicios deben observarse las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, porque se da la certeza de que la actuación del representante causará un efecto válido para el inicio del procedimiento, pues si una de las partes no cumple con el requisito de personalidad como lo exige la fracción VI del artículo 196 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la autoridad laboral no puede tenerla por acreditada, sin sujetarse a las reglas del derecho, ya que es un requisito indispensable acreditar la profesionalidad exigida en la citada ley, que obliga que la persona que actúe en nombre y representación de otra acredite ser licenciado en derecho.

Luego, si la demanda laboral presentada en fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, fue promovida por **********, ya que es quien la firmó y no acreditó su calidad de licenciado en derecho, porque no acompañó la cédula profesional que demuestre tal profesionalidad y que es un requisito indispensable; en consecuencia, deberá archivarse el presente expediente por no cumplir con el requisito que la ley impone a cualquier persona que promueva en su carácter de apoderado de cualquiera de las partes; por tanto, al no exhibir la citada persona, ni acompañar a su escrito de demanda la cédula profesional que acreditara que era licenciado en derecho, deberá tenerse por no interpuesta dicha demanda; y citó como aplicable al caso, la tesis de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. QUIENES COMPARECEN POR LAS PARTES DEBEN ACREDITAR EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO CON LA EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA PROFESIONAL O CARTA DE PASANTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."

Lo anterior, toda vez que de los propios autos se desprende que del escrito inicial de demanda, la carta poder y el auto de radicación, no aparece y/o no se exhibió cédula profesional alguna a nombre de **********, persona que promovió la demanda; inclusive, en el acuerdo de radicación, la responsable reconoció la personalidad de quien actuaba en nombre de la actora, sin hacer ninguna referencia a que no se identificó con cédula profesional que lo acreditara con la calidad de licenciado en derecho.

b) La responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y debido proceso establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que de los autos del expediente laboral se advierte que la actuación de veintitrés de marzo de dos mil doce, en la que se llevó a cabo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, al final de la misma no se expresa el cargo, nombre y apellido de los servidores públicos que en ella intervinieron ni del secretario que autorizó y dio fe de esa actuación, lo que hace que ésta carezca de validez legal; y citó la tesis de rubro: "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA."

Son inoperantes los anteriores conceptos de violación, dado que están encaminados a controvertir cuestiones que, en su caso, le irrogaron perjuicio desde la emisión del primer laudo decretado en el juicio laboral de origen el diez de septiembre de dos mil trece, toda vez que fue condenado a la entrega de una constancia de servicios, sin que al respecto la parte hoy quejosa hubiere combatido dichas circunstancias a través del juicio de amparo contra ese primer laudo, lo que de suyo hace que las consintiera.

En efecto, si desde la emisión del laudo de diez de septiembre de dos mil trece, en su caso, ya le causaban perjuicio las violaciones procesales, relacionadas con que el apoderado de la actora no exhibió cédula profesional que lo acreditara como licenciado en derecho, por lo que no debió tenerse por interpuesta la demanda; y, que la audiencia de veintitrés de marzo de dos mil doce, no contiene el nombre y el cargo de las autoridades que en ella intervinieron, por lo que era nula; pero al no haberse inconformado promoviendo juicio de amparo, tal circunstancia hace patente que consintió lo determinado en ese aspecto.

Por tanto, las cuestiones ahora alegadas, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo anterior **********, fueron reiteradas por la responsable como cuestiones firmes en el juicio de origen, por lo que es inconcuso que dichos argumentos devienen inoperantes.

Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2003, de la Novena Época, registro digital: 183886, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, julio de 2003, materia laboral, página 196, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la legislación citada, de rubro y texto siguientes:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES CUANDO LAS VIOLACIONES ALEGADAS EN UN SEGUNDO O ULTERIOR JUICIO DE AMPARO, SE COMETIERON EN UN LAUDO ANTERIOR, Y NO FUERON IMPUGNADAS OPORTUNAMENTE, AUNQUE NO SE HUBIERA SUPLIDO LA QUEJA DEFICIENTE.-Son inoperantes los conceptos de violación encaminados a combatir actos u omisiones de la autoridad responsable, cuando de autos se aprecia que se produjeron en un laudo contra el cual se promovió en su oportunidad juicio de amparo, sin haberse impugnado; por lo que debe entenderse que fueron consentidos y, por ende, el derecho a reclamarlos en amparos posteriores se encuentra precluido, ya que las cuestiones que no formaron parte de la litis constitucional, habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, derivado precisamente de ese consentimiento, máxime que dichas violaciones, por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable como cuestiones firmes en ese juicio de origen. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el Tribunal Colegiado de Circuito no hubiera advertido deficiencia que diera lugar a la suplencia de la queja para estudiar cuestiones diversas de las planteadas por el quejoso, pues ello no puede ser causa para alterar los principios jurídicos respecto de las violaciones consentidas o los efectos protectores del fallo constitucional, ya que redundaría en perjuicio de la seguridad jurídica de las partes, así como de la firmeza de las determinaciones judiciales."

En consecuencia, los diversos criterios invocados por la parte disconforme, cuyos rubros dicen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO LABORAL. QUIENES COMPARECEN POR LAS PARTES DEBEN ACREDITAR EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE LICENCIADO EN DERECHO CON LA EXHIBICIÓN DE LA CÉDULA PROFESIONAL O CARTA DE PASANTE EXPEDIDA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)." y "ACTUACIONES JUDICIALES O JURISDICCIONALES. LA MENCIÓN EXPRESA DEL NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN AQUÉLLAS CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU VALIDEZ, SIENDO INSUFICIENTE, AL EFECTO, QUE SÓLO ESTAMPEN SU FIRMA." son inatendibles, al haberse declarado inoperantes los conceptos de violación que respecto de los referidos temas fueron planteados.

En apoyo se invoca la jurisprudencia VIII.1o. (X Región) J/3 (9a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, que este órgano jurisdiccional comparte, consultable en la página 3552, Libro III, Tomo 5, diciembre de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SU CALIFICACIÓN DE INOPERANTES O INATENDIBLES IMPIDE ABORDAR EL ANÁLISIS DE LAS JURISPRUDENCIAS Y TESIS AISLADAS INVOCADAS PARA SUSTENTAR EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS QUE EN ELLOS SE PLANTEA.-Del análisis a la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 14/2008-PL, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 130/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, de rubro: ‘TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.’, se advierte que la obligación que se impone al órgano jurisdiccional de fundar y motivar la aplicación o inaplicación de las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas en una demanda de amparo, parte del supuesto específico de que el tema planteado en ellas, haya sido efectivamente abordado por el tribunal constitucional; esto es, que el tribunal se pronuncie sobre el tema de mérito, expresando las razones por las que se acoge al criterio señalado o se aparta de él, pues en atención a la causa de pedir se estima que las tesis aisladas y de jurisprudencia invocadas constituyen o son parte de los argumentos de la demanda de amparo como conceptos de violación; de ahí que la obligación se actualiza, únicamente, cuando los temas contenidos en ellas son motivo de análisis por el órgano jurisdiccional, en cuyo caso el tribunal de amparo deberá resolver si el argumento que se pretende robustecer con dicho criterio, resulta fundado o infundado, conforme a las pretensiones del quejoso. Sin embargo, cuando exista una diversa cuestión que impida atender a las cuestiones efectivamente planteadas en los conceptos de violación, así como en las tesis aisladas y de jurisprudencia que se invocan, esto es, que tales argumentos resulten inoperantes o inatendibles, por causa distinta a la insuficiencia dado que el objeto de la invocación de las tesis aisladas o jurisprudenciales es robustecer su argumento con un determinado criterio, no sólo no resulta obligatorio abordar el análisis y desestimación pormenorizada de cada uno de los criterios invocados sino, incluso, demostraría una deficiente técnica en el estudio, pues los conceptos de violación y argumentos de fondo que se pretenden demostrar con la aplicación de los criterios invocados resultan inatendibles, precisamente por existir una cuestión diversa al tema que en dichos argumentos se plantea, que resulta suficiente para sustentar el sentido del fallo constitucional; de ahí que no proceda realizar pronunciamiento sobre la aplicación o inaplicación de las jurisprudencias o tesis aisladas invocadas en la demanda de amparo."

A mayor abundamiento, contrario a lo señalado por la parte quejosa, la audiencia de veintitrés de marzo de dos mil doce, sí contiene el nombre y cargo de los servidores públicos que en ella intervinieron, como se observa de la foja 83 del expediente laboral.

Ahora, procede el análisis de los argumentos de fondo formulados por la parte quejosa.

Respecto del argumento relacionado con la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, así como a los diversos 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo.

Es infundado lo anterior, pues la sola lectura del laudo revela que la autoridad responsable, al emitirlo, en lo que fue materia de concesión, invocó los preceptos legales, razones particulares y circunstancias especiales que le sirvieron de consideración para resolver como lo hizo, dando con ello cumplimiento a las garantías invocadas previstas en el artículo 16 constitucional.

Determinación de la responsable que apoyó en el artículo 242 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, lo cual le permitió emitir ese laudo y establecer la hipótesis que generó en su emisión; razones particulares y causas inmediatas para apoyar el laudo, las cuales encuentran adecuación con las normas aplicables al caso.

Se sustenta lo anterior, en el hecho de que la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional consiste en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas estimadas para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso.

En la especie, del examen del laudo reclamado, se aprecia que contiene dichos elementos, ya que la responsable, en lo que fue materia de concesión, efectuó el análisis de las cuestiones planteadas y citó los preceptos legales que consideró aplicables, asimismo, expuso las razones particulares y las circunstancias especiales, conforme a las que decretó las determinaciones relativas a las prestaciones reclamadas, por ende, cumplió con lo previsto en el artículo 16 constitucional, respecto a que los actos de autoridad se deben fundar y motivar.

Sobre el particular, se cita la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la legislación citada, que se transcribe a continuación:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.-Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

En lo que se refiere a la violación de los artículos 245 y 246 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vinculados con los principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo, relativos a los de congruencia y exhaustividad, el primero está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa correspondiente; de ahí que la congruencia interna es entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí; por su parte, la congruencia externa atañe a la concordancia que debe con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes, sin introducir cuestión alguna que no se hubiese reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral.

Por su parte, el segundo, esto es, el principio de exhaustividad, está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación de la Junta de decidir las controversias que se someten a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que fueron materia de debate.

Tiene aplicación a lo antes expuesto, por analogía, la jurisprudencia IV.2o.T. J/44, de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, misma que se comparte por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, marzo de 2005, página 959, materia laboral, porque no se opone a la Ley de Amparo vigente, de acuerdo con el artículo sexto transitorio de la legislación citada, de rubro y texto siguientes:

"CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS.-Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal."

Así, ninguno de dichos preceptos se encuentran violentados por la autoridad responsable, dado que el laudo reclamado, en lo que fue materia de concesión, se observa dictado a verdad sabida y buena fe guardada, al haberse apreciado los hechos en conciencia, sin sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, siendo éste claro, preciso y congruente con la demanda, contestación y pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.

Por otra parte, la parte quejosa, en relación con el ofrecimiento de trabajo que se calificó de mala fe, aduce lo siguiente:

1. La responsable violó en su perjuicio las garantías de legalidad y debido proceso establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que determinó que el ofrecimiento de trabajo fue realizado de mala fe, situación que era contraria a derecho, pues de las propias manifestaciones de la actora se toma una confesión expresa sobre la declaración del domicilio en donde prestó sus servicios para la parte quejosa, ya que se está en el entendido de que todas las declaraciones realizadas ante autoridad serán realizadas bajo protesta de decir verdad; esto es así, atendiendo a lo que reza el artículo 722 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria. (lo transcribe)

Sin embargo, la responsable resolvió incongruentemente dicha cuestión, ya que no actuó de mala fe al ofrecerle el trabajo a la tercero interesada, pues se realizó para que siguiera prestando sus servicios en donde los prestaba hasta antes de que se separara del mismo, puesto que si la actora manifestó que se le asignó para que prestara sus servicios en ese lugar "**********, ubicada en calle **********, sin número, esquina **********, colonia **********, Ecatepec de Morelos Estado de México, y fue el mismo lugar en donde se le ofreció el trabajo, es porque era el mismo domicilio que se tiene registrado en donde la actora desempeñaba su trabajo, por lo que es el domicilio correcto, ya que resultaría ilógico que la actora haya prestado sus servicios para mi representada en una de sus instancias que ella misma ha declarado y resulte que la misma nunca existió.

Asimismo, expone la parte quejosa, que la responsable se hizo llegar de elementos deficientes para resolver que el trabajo ofrecido fue de mala fe, ya que en la razón de la actuaria de tres de agosto de dos mil nueve, determinó que el domicilio no existía; sin embargo, se aprecia de la razón, que en ningún momento estuvo presente la actora, es decir, su intención verdadera no era reincorporarse a prestar sus servicios, pero esa conducta no la observó la responsable.

Además, la actuaria jamás dio más elementos de convicción para dar cuenta a la responsable que el domicilio buscado no existía, ya que sólo se limitó a manifestar que por dicho de "vecinos" quienes le manifestaron que las "calles son, de por secciones", y no existía la calle que ella buscaba, sin dar mayor explicación, por lo que se entiende que rebasó lo que la ley le concedía, es decir, abusa de su "fe pública", pues jamás asentó en la razón, con claridad, los elementos de convicción en que se apoyó, por lo que sus declaraciones fueron vagas; y citó las tesis de rubros: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. PRESUPUESTOS O CONDICIONES PARA CONSIDERARLO DE BUENA FE. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA DEL DESPIDO." y "DESPIDO, NEGATIVA DEL, Y OFRECIMIENTO DEL TRABAJO. REVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA."

2. La determinación que realizó la responsable al decretar que el ofrecimiento de trabajo se consideraba de mala fe, debido a que no refirió que sería con los beneficios que pudiera arrojar el Convenio de Condiciones Generales de Trabajo celebrado entre el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Ecatepec de Morelos, Estado de México e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, la misma resulta inaplicable.

Lo anterior, porque de la cláusula trigésima octava del mencionado convenio, del periodo correspondiente a los años 2003-2007 y 2007-2011, que señala que el convenio será aplicable única y exclusivamente para el personal sindicalizado que esté al corriente de sus cuotas sindicales y tengan el reconocimiento escrito de pertenecer a dicha organización, por medio de la identificación que expida el propio sindicato y que manifieste su vigencia actual, excluyendo la aplicación del presente convenio a todos los demás trabajadores, así como los de base y confianza, es decir, la tercero perjudicada no puede beneficiarse con lo estipulado en dicho convenio por la simple y sencilla razón de que ella no fue personal sindicalizado.

Son inoperantes dichos argumentos, por las siguientes consideraciones:

La actora, en su demanda laboral, como hechos, señaló:

"...4. Me indica mi poderdante **********, que fue contratada para prestar sus servicios personales y subordinados para los demandados a partir del día 13 de febrero de 2006, con una categoría inicial de ‘auxiliar de estancias’ y que a últimas fechas le asignaron la categoría de ‘promotora’, asignándole un horario de labores de las 7:00 a las 15:00 horas de lunes a sábado de cada semana, haciendo la aclaración de que en realidad la demandada obligaba a la actora a laborara (sic) de las 7:00 a las 17:00 horas de lunes a sábado de cada semana, teniendo media hora variable en el interior de la demandada (sic) para ingerir alimentos y reposar, teniendo como día de descanso los domingos de cada semana, y percibiendo un salario quincenal de la siguiente manera; como sueldo, bajo la clave P001 Sueldo Base, la cantidad de $********** quincenal, más una compensación, bajo la clave P094 Compensación, la cantidad de $********** quincenales, por lo que integradas estas dos cantidades hacen un total de $********** como salario quincenal integrado, lo que se comprobará en el momento procesal oportuno, así mismo (sic) solicito que en términos del artículo (sic) 84 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, este último salario sea considerado para cuantificar las prestaciones que resulten los demandados (sic) pagar a la parte actora.

"Es importante señalar que la demandada asignó a la actora, como lugar para desempeñar el trabajo para la cual la contrataron, la **********, ubicada en calle ********** sin número, esquina **********, colonia **********, Ecatepec de Morelos, Estado de México, desempeñando la categoría de promotora, que a últimas fechas antes de ser despedida tenía..."

"...4.3. Me indica la hoy actora que el día 7 de enero de 2009, como a las 7:00 horas aproximadamente, se disponía a ingresar a la fuente de trabajo como de costumbre para iniciar su jornada de labores, y estando en la puerta principal de entrada y salida de la fuente de trabajo en la cual la habían asignado ubicada en: calle ********** sin número, esquina **********, colonia **********, Ecatepec de Morelos, Estado de México, se presentó ante la actora la C. **********, persona que se ostenta como coordinadora de estancias infantiles, y quien ejerce actos de dirección y administración de forma general den

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27559-9ffc5bb6/conceptos-de-violacion-inoperantes-lo-son-aquellos-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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