TERCERO INTERESADO EN EL AMPARO DIRECTO. NO PRECLUYE SU DERECHO PARA IMPUGNAR EN UNA RESOLUCIÓN ULTERIOR LAS CONSIDERACIONES QUE CONCLUYAN EN UN PUNTO DECISORIO QUE LE PERJUDICA, SI EN UN AMPARO ANTERIOR SE CONCEDIÓ AL QUEJOSO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR UNA VIOLACIÓN FORMAL.
AMPARO DIRECTO 750/2015. SECRETARIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 8 DE ENERO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: HÉCTOR LANDA RAZO. SECRETARIA: CARMEN GONZÁLEZ VALDÉS.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Como cuestión previa a la contestación de los conceptos de violación se precisa lo siguiente:
Si en un primer amparo instado por alguna de las partes se concedió la protección constitucional por la existencia de una violación formal que le restaba validez al acto reclamado y se concedió para el efecto de que se dejara insubsistente el laudo y se dictara otro reparando los vicios resaltados en la ejecutoria, es inconcuso que ello impidió que se realizara un pronunciamiento sobre la legalidad del acto reclamado; por tanto, quedó expedito el derecho del tercero interesado a impugnar el nuevo laudo que resultó adverso a sus intereses, pues se encuentra en aptitud de hacer valer conceptos de violación contra las consideraciones que sustentan el ulterior fallo, al carecer de validez el acto primigenio; por tanto, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el secretario del Trabajo y Previsión Social.
********** demandó de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el cumplimiento de la relación de trabajo con motivo del despido injustificado y, en consecuencia, su reinstalación en su puesto en los mismos términos y condiciones en que se desempeñaba, entre otras prestaciones.
Narró que el veintinueve (29) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) fue contratado como **********, asignándolo a la **********.
Señaló que el dos (2) de septiembre de dos mil dos (2002) aproximadamente a las 9:30 horas encontrándose en su oficina, ********** le manifestó que estaba despedido por órdenes de ********** y que hiciera entrega de su puesto a **********, quien ejercía actos de dirección, administración, representación y supervisión.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, a través de apoderado, al contestar la demanda, negó acción y derecho al actor, indicando que el accionante era un trabajador de confianza que había incurrido en diversas irregularidades, entre ellas, la falta de productividad en las labores que desempeñaba, lo que motivó una falta de supervisión y una grave deficiencia en las funciones asignadas, por lo que se le había perdido la confianza, y por oficio de veintisiete (27) de agosto de dos mil dos (2002), se le comunicó a ********** que a partir del treinta y uno (31) de agosto del mismo año, se daban por terminados los efectos de su nombramiento como personal de confianza en el puesto de **********.
La Junta dictó un primer laudo en el que absolvió a la demandada de la reinstalación y condenó al pago de prestaciones autónomas.
Inconforme con lo anterior, ********** promovió demanda de amparo directo que correspondió conocer a este tribunal con el expediente DT. **********, mismo que fue resuelto por ejecutoria de quince de enero de dos mil quince, en el que se concedió la protección constitucional para el efecto de que:
"1. Deje insubsistente dicho laudo; y, 2. Dicte otro en el que subsane la violación formal cometida y sea la secretaria general auxiliar quien autorice y dé fe de la emisión del mismo."
En cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable emitió un segundo laudo que ahora se impugna en el que determinó absolver a la parte demandada de la reinstalación y condenó al pago de vacaciones, prima vacacional, salarios devengados, horas extras, aguinaldo y las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Sistema del Ahorro para el Retiro y Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Inconforme con lo anterior, el secretario del Trabajo y Previsión Social promovió la presente demanda de amparo directo.
Aduce el inconforme (tercer concepto de violación) que para que un acto de autoridad se encuentre debidamente fundado era necesario que se expresara con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión, siendo necesario que existiera el equilibrio entre los motivos aducidos y la configuración de éstos en la hipótesis normativa, lo que no contempló la autoridad al dictar el laudo, ya que era incongruente.
Es menester establecer que una resolución jurisdiccional encuentra su fundamentación y motivación en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, a la luz del material probatorio que obra en autos, apoyándose, además, en los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan las hipótesis que sean base de su resolución, así como la exposición de las circunstancias, razones o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto y, junto con ello, la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto.
Encuentra sustento lo anterior, en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, que establece:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."
Contrario a lo manifestado por el impetrante, la Sala responsable no apartó su actuación de lo ordenado en los artículos 14 y 16 constitucionales ya que, en general, se ajustó a las constancias procesales existentes, haciendo la valoración de las pruebas; además, cumplió con la garantía de legalidad, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de su determinación, porque en ella expresó los razonamientos que la llevaron a concluir como lo hizo.
Por otro lado, arguye el quejoso (primer concepto de violación), que la responsable no hizo una valoración plena del material probatorio ofrecido por las partes realizando un análisis incongruente, toda vez que sostuvo que: "...la carga de la prueba corresponden (sic) al demandado ...sin embargo del escrito de contestación a la demanda señala que los salarios que devengó le fueron cubiertos (F. 20) sin demostrar con prueba alguna que lo haya realizado"; consideración errónea, ya que del recibo original de pago de salarios del treinta y uno (31) de agosto de dos mil dos (2002) exhibido por **********, bajo el numeral 3B del capítulo de pruebas de la demanda quedó demostrado que le pagó hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dos (2002) día en que el actor dejó de trabajar para el demandado.
Que de forma contradictoria la Sala dijo que el demandado acreditó que el actor causó baja el primero (1o.) de septiembre de dos mil dos (2002) con la propuesta de movimiento de personal; sin embargo, también dijo que no se excepcionó en el sentido de que no hubiera laborado ese día, extralimitándose, y no se allegó de elementos mínimos para dictar el laudo.
Que en ese orden de ideas, el quejoso refiere que sí se excepcionó en el sentido de que realizó el pago de todas las prestaciones a que tenía derecho durante el tiempo laborado, es decir, hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dos (2002), por lo que era imposible excepcionarse en relación con el primero (1o.) de septiembre de dos mil dos (2002) cuando su baja fue a partir de esa fecha, es decir, que desde el citado día el actor ya no laboró para la demandada.
Que el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española señala qué se debe de entender "a partir", como "intr. tomar un hecho, una fecha o cualquier otro antecedente como base para un razonamiento o cómputo" de lo que se deducía que el 1 de septiembre de 2002 el actor ya no trabajó para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aunado a que no era posible que se presentara en las instalaciones de su adscripción, ya que ese día fue domingo, un día inhábil, y según el dicho del quejoso laboró para la demandada de lunes a sábado y no el domingo; por tanto, resultaba improcedente el pago de salarios devengados del primero (1o.) de septiembre de dos mil dos (2002) por la suma de $********** (**********).
Son en una parte inoperantes y en otra infundados los anteriores argumentos.
********** demandó su reinstalación como consecuencia del despido injustificado del que dijo fue objeto el dos (2) de septiembre de dos mil dos (2002) y reclamó, entre otras prestaciones, el pago del salario devengado correspondiente al uno (1) de septiembre de dos mil dos (2002).
El secretario del Trabajo y Previsión Social, a través de apoderado, al contestar la demanda, negó acción y derecho para reclamar el pago de esas prestaciones, ya que el actor era un trabajador de confianza y había incurrido en diversas irregularidades, entre ellas, la falta de productividad en las labores desempeñadas, por lo que le informó al trabajador que a partir del treinta y uno (31) de agosto de dos mil dos (2002) se daban por terminados los efectos de su nombramiento.
La Sala, al laudar, estimó procedente condenar al pago de salarios devengados en los siguientes términos:
"Por lo que respecto al pago de salarios devengados por el día 1 de septiembre de 2002, prestación reclamada en el inciso D; en tal virtud la carga de la prueba le corresponde al demandado en términos del artículo 784, fracción XII, de la Ley Federal de Trabajo, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sin embargo del escrito de contestación a la demanda señala que los salarios que devengó le fueron cubiertos (F. 20), sin demostrar con prueba alguna que lo haya realizado, ya que aun y cuando con la propuesta de movimiento de personal (F. 191), se acreditó que causó baja a partir del 1 de septiembre de 2002, también es cierto que el demandado no se excepciona en el sentido de que no lo haya laborado ese día, en cambio resalta que ya se lo cubrió, en tal virtud, se condena a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a pagar al accionante el salario devengado del día 1 de septiembre de 2002, correspondiéndole la cantidad de $********** (**********), salvo error u omisión de carácter aritmético, menos los descuentos que por ley tenga que realizar el patrón, ya que como se señaló anteriormente se acreditó que dicha cantidad era el salario diario integrado que percibía el actor."
Se dice que es inoperante lo que arguye la inconforme cuando en relación a que la autoridad incurrió en contradicción al decir que su representado acreditó que causó baja el tercero interesado a partir del uno (1) de septiembre de dos mil dos (2002) con la propuesta de movimientos de personal, pero que no se había excepcionado en el sentido de que ese día no había laborado, empero refirió el inconforme que en su contestación manifestó que le pagó las prestaciones a que tenía derecho hasta el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dos (2002) y que era imposible excepcionarse en relación con el primero (1o.) de septiembre de dos mil dos (2002) cuando su baja había sido a partir de esa fecha.
Se califica de inoperante, en razón de que, como se advierte del escrito de contestación a la demanda, el titular de la secretaría no realizó las manifestaciones en los términos que ahora pretende hacerlo valer, pues señaló que se le notificó al actor el oficio ********** de veintisiete (27) de agosto de dos mil dos (2002), mediante el cual se le había notificado su baja a partir del treinta y uno (31) de agosto del mismo año y no a partir del uno (1) de septiembre, como ahora lo refiere; por lo anterior, es que se estima que en este punto resulta inoperante el argumento vertido, ya que no efectuó dicha manifestación en su contestación.
De ahí que los argumentos que ahora pretende hacer valer constituyen nuevos elementos que no fueron materia de la litis, por lo que no pueden tomarse en cuenta aquí ya que, de hacerlo, implicaría variar la litis original.
Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación, Volumen setenta y dos, Quinta Parte, página 53, de rubro y texto siguientes:
"LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA.—Si las cuestiones que alega el quejoso no fueron materia de controversia ante la Junta, tampoco pueden serlo de la litis constitucional, en virtud de que la sentencia de amparo que se pronuncie sólo debe tomar en cuenta las cuestiones planteadas ante la autoridad jurisdiccional."
Continuó alegando el inconforme (segundo concepto de violación) que la Sala incurrió en contradicciones al valorar las pruebas, ya que en el considerando IX señaló que el actor había referido en su demanda que laboraba de 8:00 a 20:00 horas de lunes a sábado cubriendo tiempo extraordinario de las 16:00 a las 20:00 horas contando con tiempo suficiente para descansar dentro del centro de trabajo y que el demandado no había acreditado que el actor no cubriera tiempo extraordinario, ya que aun cuando de la propuesta de movimientos de personal se advertía que tenía un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, no era suficiente para demostrar dicho horario; sin embargo, en el considerando VII del laudo, la autoridad de forma contradictoria manifestó que: "...de las pruebas que ofreció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se desprende que: ‘1. Confesional a cargo del actor, misma que fue desahogada en audiencia de fecha 14 de octubre de 2010 (F. 331 vuelta)... 19. Que usted nunca se le pidió ni autorizó por escrito el que laborara tiempo extraordinario...’" (sic).
Que lo anterior denotaba parcialidad, al argumentar que no acreditó que el actor laboraba tiempo extraordinario, apoyando su condena en una jurisprudencia, la cual no se encontraba por encima de la ley, por lo que si no fundamentó ni motivó debidamente el laudo, éste resultaba incongruente.
Que la Sala dijo que el demandado no demostró que el actor no laborara tiempo extraordinario; sin embargo, la carga de la prueba era del actor y no del quejoso.
Que dentro de ese marco de consideraciones la demandada cumplió con probar la jornada ordinaria del actor con la propuesta de movimientos de personal de cuatro (4) de septiembre de dos mil dos (2002), misma a la que se le otorgó valor probatorio para acreditar que el actor ocupó el puesto de **********, con número de plaza **********, nivel **********, código de puesto **********, horario de las 9:00 a las 18:00 horas y dado de baja a partir del primero (1o.) de septiembre de dos mil dos (2002).
Los argumentos reseñados resultan en una parte inoperantes y en otra infundados.
Se dice que resultan inoperantes aquellas manifestaciones en las que aduce que la Sala incurrió en contradicciones al estimar que el demandado no había acreditado que el actor no cubriera tiempo extraordinario, ya que aun cuando de la propuesta de movimientos de personal se advertía que tenía un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, no era suficiente para demostrar dicho horario; sin embargo, en el considerando VII del laudo la autoridad de forma contradictoria manifestó que: "...de las pruebas que ofreció la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se desprende que: ‘1. Confesional a cargo del actor, misma que fue desahogada en audiencia de fecha 14 de octubre de 2010 (F. 331 vuelta)...’ 19. Que usted nunca se le pidió ni autorizó por escrito el que laborara tiempo extraordinario..." (sic). Y que lo anterior denotaba parcialidad, al argumentar que no acreditó que el actor laboraba tiempo extraordinario, apoyando su condena en una jurisprudencia, la cual no se encontraba por encima de la ley, por lo que si no fundamentó ni motivó debidamente el laudo, éste es incongruente.
Lo anterior en virtud de que se estima que el quejoso sólo realiza planteamientos generalizados, pues se limita a establecer que la Sala fue contradictoria al señalar que la documental denominada propuesta de movimientos de personal no fue suficiente para demostrar el horario del actor, pero que había sido contradictoria al expresarse sobre el desahogo de la confesional del actor, en particular respecto de la posición 19; empero, de dichas manifestaciones no se desprende que exponga de manera precisa y suficiente los motivos por los cuales existía incongruencia de la responsable, ni cómo le afectaba la apreciación que hizo de la confesional de la actora, ni en qué sentido se desahogó, tampoco indicó en qué jurisprudencia se apoyó la Sala para condenarlo al pago de horas extras, ni el agravio que esto le causó, tampoco especificó el motivo por el cual no se encontraba a su consideración debidamente fundada la resolución; realizando argumentos genéricos en los que no precisó la afectación que pudiera existir contra sus derechos; de ahí que se estimen inoperantes.
Por otro lado, se estiman infundados los demás argumentos en relación con que no le correspondía la carga de la prueba al demandado respecto al reclamo de horas extras.
De los antecedentes transcritos se destaca que el tercero interesado reclamó del titular de la secretaría el pago de tiempo extraordinario, ya que ingresó a prestar servicios con un horario de lunes a sábado de cada semana de las ocho (8:00) a las veinte (20:00) horas con tiempo suficiente para descansar dentro de la fuente de trabajo.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, al dar contestación manifestó que el accionante ingresó a prestar sus servicios para la demandada como ********** con un horario de labores de las nueve (9:00) a las quince (15:00) y de las dieciséis (16:00) a las dieciocho (18:00) horas de lunes a viernes de cada semana como lo acreditaría con los documentos que ofreció como pruebas y sin que se le hubiera solicitado, ni autorizado por escrito que laborara tiempo extraordinario.
La Sala condenó al pago de horas extras al estimar que el demandado no había acreditado con ninguna prueba que el actor no hubiera laborado el tiempo extraordinario que reclamó, ya que aun cuando de la propuesta de movimientos de personal se advertía un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, no era suficiente para demostrar que el trabajador únicamente cubría dicho horario.
Se estima que no asiste razón al inconforme, pues de acuerdo con lo establecido por el artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la carga de la prueba del tiempo efectivamente laborado cuando exista controversia sobre el particular, siempre corresponde al patrón, por ser quien dispone de los medios necesarios para ello, de manera que si el patrón no demostró que sólo trabajó la jornada legal, es inconcuso que deberá cubrir el tiempo extraordinario que se le reclame.
Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 22/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, marzo de 2005, página 254, que dice:
"HORAS EXTRAS. CUANDO LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO RECLAMAN SU PAGO Y EL TITULAR CONTROVIERTE LA DURACIÓN DE LA JORNADA, A ÉSTE LE CORRESPONDE LA CARGA DE ACREDITAR QUE ÚNICAMENTE LABORABAN LA LEGAL.—De conformidad con el artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en lo no previsto en ese ordenamiento o en disposiciones especiales, se aplicará supletoriamente, en primer término, la Ley Federal del Trabajo. En tal virtud, y toda vez que la ley burocrática no señala expresamente cómo debe probarse la jornada laboral o a quién corresponde la carga de la prueba en tratándose del tiempo extraordinario, deben considerarse aplicables los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo que disponen, en esencia, que es al patrón a quien corresponde probar su dicho cuando exista discrepancia sobre la jornada de trabajo. Por tanto, si al contestar la demanda el titular controvierte la duración de la jornada de trabajo sin acreditar que el trabajador laboraba la jornada legal, debe condenársele al pago de las horas extras reclamadas en razón de que es a aquél a quien corresponde la carga de la prueba."
Por lo que hace a que con la documental denominada propuesta de movimientos de personal acreditó que el actor tenía un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, tal medio de convicción fue insuficiente para desvirtuar el horario señalado por el tercero interesado, pues con el mismo de ninguna manera quedó acreditado fehacientemente el horario real que éste desempeñó, pues en el caso, dicha documental sólo prueba cuál fue el horario que se señaló en el que el actor prestaría sus servicios, pero no así las condiciones reales en las que el actor cumplió la jornada de trabajo, es decir, el citado documento no justifica, por sí solo, la duración del horario de labores, ya que en él únicamente se consigna la condición bajo la cual se desarrollará la prestación de los servicios, pero no comprueba que efectivamente lo estipulado se haya materializado, máxime que la jornada de trabajo es una condición que puede variarse durante la relación laboral; en ese sentido, debe atenderse a la realidad en la que se prestó el servicio, por lo que el patrón debió aportar medios probatorios para demostrar que el accionante se desempeñó en el horario que señaló, ya que pesa sobre él probar la jornada de trabajo, en términos del artículo 784, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la materia en términos del artículo 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Añadió el inconforme (tercer concepto de violación) que el laudo era incongruente en relación con el pago de cuatro (4) horas extras laboradas de lunes a sábado por el periodo del dos (2) de enero al uno (1) de septiembre de dos mil dos (2002), y que haciendo la cuantificación condenó al pago de 292 horas que se pagarán al 100% más del salario, es decir, al doble, 480 horas extras que se pagarán al 200% más del salario, es decir, al triple, apoyándose en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, cuando en realidad sólo se debió de apoyar en el artículo 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que en este asunto no era aplicable la supletoriedad, en virtud de que la ley burocrática sí prevé en su artículo 39 horas extraordinarias, por lo que la autoridad, en exceso a sus atribuciones, se apoyó en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo.
Que para la procedencia de la supletoriedad deberían satisfacerse los siguientes requisitos: a) que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente y señale el estatuto de supletorio; b) que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevenga la institución jurídica de que se trate; c) que previniendo dicha institución, sean insuficientes las normas existentes para la aplicación de la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia contraríen las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.
Que a los trabajadores al servicio del Estado no les corresponde la cuantificación como lo refiere la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la ley burocrática sí contempla dicha figura y es clara en la precisión de su cuantificación. Que no se estaba frente a una omisión, sólo que el legislador no contempló ese derecho a favor de esos trabajadores, lo contrario, daría lugar a la creación de derechos no establecidos en la legislación que se pretende suplir, por lo que en ese orden de ideas la Sala había excedido en sus atribuciones al condenar en el considerando IX (lo transcribe) al pago de horas extras, ya que a la luz del artículo 39, en relación con los artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado debió condenar a su cuantificación sin distinción, es decir, todas al 100% y conforme al salario tabular, y no conforme al salario que conste en los comprobantes de percepciones, por haber consignado el legislador un tope para el pago de horas extras.
Que por el nivel de puesto que desempeñó el actor era una plaza que debía atender de tiempo completo, por lo que era improcedente se demandaran horas extras.
Lo que así se arguye es en una parte inoperante y, en otra, infundado.
En relación con lo que aduce que el pago de las horas extras debía ser al cien por ciento del salario tabular. Y que por el nivel de puesto que desempeñó el actor era una plaza que debía atender de tiempo completo por lo que era improcedente se demandaran horas extras.
Dichos argumentos resultan inoperantes, el primero, por insuficiente, porque no señaló a cuál o a qué se refiere con "salario tabular", ni el motivo por el que debía considerarse ese salario, aspectos que resultaban importantes para analizar el argumento de disenso y, el segundo, al no haber realizado dichas manifestaciones al dar contestación a la demanda y, al no hacerlo así, este Tribunal Colegiado de Circuito está jurídicamente imposibilitado para estudiar esta parte del concepto propuesto, porque, de hacerlo, implicaría suplir la deficiencia de la queja, situación que no está permitida por la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo.
Apoya esta determinación, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 74, de la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 65 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, Volumen 1, cuyos rubro y contenido son de este tenor:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.—Los conceptos de violación en el amparo promovido por el patrón, que son simples afirmaciones y no se fundan en razonamientos jurídicos, traen como consecuencia la imposibilidad de estudiarlos, pues hacer dicho estudio, equivaldría a suplir la deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del amparo promovido por el patrón."
Ahora, en cuanto a lo que arguye en el sentido de que indebidamente la autoridad responsable se apoyó en el artículo 68 de la Ley Federal del Trabajo, pero que únicamente debió atender al artículo 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que no procedía aplicar supletoriamente la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que la ley burocrática preveía en su artículo 39 las horas extraordinarias, por lo que al no estimarlo así la autoridad se excedió en sus atribuciones.
Al resolver sobre este tópico, la autoridad de instancia determinó:
"En cuanto al pago de horas extras que reclama en el inciso F; es de advertirse que si bien es cierto que en su capítulo de hechos señala que tenía un horario de las 8:00 a las 20:00 (sic) de lunes a sábado, cubriendo un tiempo extraordinario las 16:00 a las 20:00 (sic), contando con tiempo suficiente para descansar dentro del centro de trabajo; también es cierto que el demandado no acredita con prueba alguna que el actor no cubriera el tiempo extraordinario que reclama, ya que aun y cuando de la propuesta de movimientos de personal (F. 6), se advierte que tenía un horario de las 9:00 a las 18:00 horas, la misma no es suficiente para acreditar que el actor únicamente cubría dicho horario en términos de la siguiente jurisprudencia: ‘JORNADA DE TRABAJO. EL CONTRATO DE TRABAJO NO PRUEBA SU DURACIÓN.’ (La transcribe y cita datos de publicación).—Por lo que en tal virtud,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26224-3f1ce600/tercero-interesado-en-el-amparo-directo-no-precluye · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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