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Modo: Corpus Pro

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SI AL OFRECERSE Y PROPORCIONAR LOS DATOS DEL DOMICILIO DE LA PERSONA, SE OMITE PRECISAR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE, ES ILEGAL QUE, POR ESE MOTIVO, LA JUNTA DECLARE QUE NO SE REUNIERON LOS ELEMENTOS PARA SU DESAHOGO CONFORME AL ARTÍCULO 780 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y PROCEDA A SU DESECHAMIENTO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 778/2013. · Registro digital (IUS): 24870
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-02-21
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Pág. 2585.

AMPARO DIRECTO 778/2013. 3 DE OCTUBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ LUIS TORRES LAGUNAS; ENCARGADO DEL ENGROSE: VÍCTOR PEDRO NAVARRO ZÁRATE. SECRETARIOS: ANGÉLICA LUCIO ROSALES Y VICTORIANO EDUARDO ALANÍS GARCÍA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO. Es esencialmente fundado uno de los conceptos de violación que se analizarán y suficiente para conceder el amparo solicitado.

Antes de demostrar la conclusión apuntada, es necesario narrar los antecedentes más destacables del juicio de origen, iniciando con la demanda laboral presentada por el ahora quejoso en contra de **********, de quien reclamó literalmente lo siguiente: "reconocimiento y declaración de esta autoridad de la utilización de intermediarios insolventes y responsabilidad solidaria, reinstalación por despido, salarios caídos y devengados, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo a razón de un mes, séptimos días, días festivos, diferencias salariales, comisiones, horas extras, media hora para ingerir mis alimentos, entrega de constancias de aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro e Infonavit y pago de salarios vencidos de los periodos comprendidos del quince al veintiocho de febrero, quince al treinta de marzo, quince al treinta de junio, quince al treinta de agosto y quince al veinticuatro de noviembre de dos mil once, así como tiempo extra".

Como hechos fundatorios de su acción, narró que tenía once meses laborando para la mencionada empresa como jefe del área de servicios y garantías, percibiendo un salario diario de **********, con una jornada de labores comprendida de las 7:30 a las 18:30 horas diariamente, ingiriendo sus alimentos en el desempeño de sus labores. Que fue dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con diversas empresas intermediarias insolventes y que el veintitrés de noviembre de dos mil once fue despedido de su empleo por el administrador general.

Posteriormente, en la fecha fijada por la responsable para celebrar la audiencia de ley, el apoderado del actor precisó que su representado aparecía administrativamente como trabajador de una empresa denominada **********, quien lo tenía dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores y que dicha persona jurídica era una simple prestadora de servicios administrativos de personal que carece de bienes suficientes para responder de sus obligaciones laborales, razón por la cual se solicitó que la reinstalación se efectuara en el domicilio de la diversa codemandada y se le declarara responsable solidaria dada la insolvencia de la primera. Finalmente, agregó como reclamo el pago de bonos de despensa, de puntualidad y asistencia en un diez por ciento del salario y el entero de los salarios devengados del uno al quince de marzo, dieciséis al treinta y uno de abril, dieciséis al treinta de mayo, uno al quince de julio y dieciséis al treinta de agosto de dos mil once.

El apoderado de **********, contestó negando la existencia del vínculo laboral alegado por el actor, así como todos los hechos narrados en la demanda.

Por su parte, **********, contestó a través de su apoderado reconociendo el vínculo laboral con el accionante, así como la antigüedad y el puesto que adujo tener, pero controvirtió el monto del salario, precisando que en realidad recibía como tal ********** diarios pagaderos de forma quincenal y que contrario a lo alegado, la jornada no era contínua, dado que el horario en que trabajaba era el comprendido de las 7:30 a las 11:30 horas y de las 13:30 a las 17:30 horas de lunes a sábado, contando con dos horas de descanso para ingerir sus alimentos fuera del centro de trabajo y descansando los domingos. Agregó que era falso que se hubiese dado de alta al actor como trabajador de diversas personas morales y que hubiese sido despedido de su empleo, el cual le ofreció en los términos y condiciones apuntados.

El treinta de noviembre de dos mil doce, la Junta dictó el laudo respectivo, en el cual absolvió **********, al estimar que no se desvirtuó la negativa que por cuanto al nexo laboral opuso como defensa y con relación a **********, determinó que el ofrecimiento del empleo se hizo de buena fe, porque aun cuando se controvirtieron el salario y la jornada, acreditó el monto alegado y propuso la reincorporación con una jornada ajustada a la legal; por la que al no justificarse el despido, la absolvió del pago de salarios caídos. Asimismo, la condenó al pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y salarios retenidos.

Inconforme con esa decisión, el aquí tercero interesado promovió juicio de amparo, radicado en este tribunal federal bajo el expediente número **********, resuelto en sesión celebrada el tres de abril del año que transcurre, en el cual se concedió la protección constitucional solicitada, a fin de que la Junta responsable dejara insubsistente el laudo reclamado y emitiera otro en el cual al calificar la propuesta del empleo, considerara que **********, debía justificar la duración de la jornada con que ofreció la reincorporación al actor.

En acatamiento a dicha ejecutoria, la responsable emitió el laudo que ahora se reclama, en el cual concluyó que al no acreditarse la duración de la jornada con que se ofertó la reincorporación al actor, la propuesta del empleo fue hecha de mala fe y, en consecuencia, condenó a la ahora quejosa a pagar los salarios caídos comprendidos del veintitrés de noviembre de dos mil once al siete de agosto de dos mil doce, última fecha señalada para la materialización de la reinstalación, así como al pago de otras prestaciones accesorias.

Ahora, es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, el concepto de violación en el que la parte quejosa reclama una violación al procedimiento laboral en relación con la prueba testimonial que ofreció en el sumario.

Para estimarlo de esa forma, es preciso señalar que la amparista ofreció la prueba testimonial de la siguiente forma:

"... La testimonial. Que hago consistir en el testimonio que deberán rendir bajo protesta de decir verdad ante esta autoridad ********** y **********, con domicilio en calle **********, número **********, colonia **********, ciudad **********, ********** y calle **********, número **********, colonia **********, **********, respectivamente, solicitando que sean citadas por esta autoridad toda vez que me han manifestado que sólo acudirán a declarar con un llamado de esta autoridad, puesto que en sus respectivos centros de trabajo únicamente les serán justificadas sus faltas si exhiben la cédula citatoria de esta autoridad, con las cuales se acreditará la jornada de trabajo del actor **********, con mi representada **********, motivo por el cual me es imposible de presentarlos directamente y del cual deberán de responder al siguiente interrogatorio: 1. Que diga el testigo sus generales. 2. Que diga el testigo si conoce al actor **********. 3. Que diga el testigo si conoce a la empresa **********. 4. Que diga el testigo el horario de labores que desarrollaba el actor **********, en la empresa denominada **********. 5. Que diga el testigo de que día a que día y de qué hora a qué hora laboraba el actor **********, en la empresa **********. 6. Que diga el testigo la razón de su dicho, (por qué le consta lo que ha declarado lo anterior de conformidad con lo dispuesto con el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo en vigor ..." (foja 39 de autos).

De lo anterior, se puede evidenciar que la prueba testimonial se ofreció a fin de demostrar la jornada laboral.

La Junta concluyó desechar dicho medio de convicción al estimar.

"... La Junta acuerda. Tener por celebrada y desahogada la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, declarándose cerrada dicha fase procesal, se tiene a las partes por ofreciendo los medios de convicción de su intención, los cuales se califican de legales en virtud de estar ajustadas a derecho y tener relación con la litis planteada, con excepción de la prueba testimonial ofrecida como de la intención de la parte demandada **********, lo anterior en virtud de que no cumple con los requisitos establecidos por el artículo 823, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, ya que si bien es cierto, proporciona el nombre de los testigos así como el domicilio completo del primer testigo **********, también es cierto que no proporciona el domicilio completo de la segunda testigo **********, ya que establece como su domicilio el ubicado en calle **********, número **********, colonia **********, **********, nótese que proporciona el nombre y número de la calle, así como el nombre de la colonia y del Estado, más no así el nombre del Municipio, y en tal virtud no reúne los elementos necesarios para su desahogo en los términos del artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo ..." (foja 43 de autos)

Ahora, se considera ilegal la determinación de la Junta responsable de desechar la testimonial, porque hay que partir de la base de que, como lo alega el amparista, sí precisó el domicilio de la persona que se propone como testigo, al mencionar el número de la finca, la calle y colonia en donde se podía notificar al ateste, siendo en este caso rigorista el criterio de la Junta responsable en el sentido de que por el sólo hecho de no mencionar el Municipio correspondiente, inclusive, únicamente por lo que se refiere a uno de los atestes, no reunía los elementos necesarios para su desahogo conforme al numeral 780 de la Ley Federal del Trabajo, cuando que en la especie no existe un incumplimiento de esos elementos, máxime, cuando no se advierte que la intención del quejoso sea la de entorpecer o dilatar el asunto con la violación procesal alegada, por el contrario, su pretensión es que se le admita una prueba para acreditar sus defensas.

En efecto, es evidente la intención de la ahora quejosa de ofrecer la prueba testimonial a cargo de los testigos propuestos, pues con ella pretende demostrar sus defensas, de ahí que en relación con la testigo **********, la mención de la calle, el número de la finca y la colonia en donde se encuentra esa calle, incluso el Estado, son datos suficientes para estimar la cita del domicilio a que alude el artículo en comento, aunque no fuere del todo propia, pues, finalmente se proporcionaron los elementos necesarios para su admisión, por lo que, como lo alega la parte quejosa, se le dejó en estado de indefensión, al no admitirse la probanza de que se trata, por las razones apuntadas por la responsable.

En la especie, es necesario citar el artículo 813, en su fracción II, de la Ley Federal del Trabajo:

"Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes:

"I. ...

"II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Junta que los cite, señalando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente; ..."

Dicho numeral establece que se indicarán, entre otros requisitos, el domicilio del testigo propuesto, lo que ocurrió en la especie, pues el oferente de la prueba precisó que a **********, podía citársele en su domicilio ubicado en la calle **********, número **********, de la colonia **********, en **********, de tal manera que la falta de mención del nombre del Municipio, no implica, de suyo, la falta de cita del domicilio y, por tanto, que no se hayan proporcionado todos los elementos que se requieren, dado que con ello se le priva a la quejosa de que se le reciban las pruebas que ofreció tendentes a demostrar la jornada y en su caso que se califique de buena fe la oferta de trabajo; por eso, no debe de llegarse al grado de considerar que esa simple omisión de la cita del Municipio, sea tan grave como para desechar la prueba, pues en el caso particular, no se trata de una conducta procesal inadecuada del oferente, cuyo objetivo sea retrasar o paralizar el procedimiento; sino que, por el contrario, no es más que un mero error involuntario, que no le puede acarrear como consecuencia el quedarse sin su medio de prueba.

Así es, pues, debe tomarse en cuenta que el amparista, con la información que proporcionó por una parte cumplió con el requisito de precisar los elementos necesarios para la admisión de la prueba testimonial y, por otra, su intención de acreditar las defensas correspondientes, siendo que las Juntas para la preparación de las pruebas, tienen la obligación de lograr la comparecencia de los testigos, ordenando su notificación, contando con facultades para dictar las medidas necesarias para que los testigos comparezcan a rendir su declaración, es decir, la Junta debe preparar el desahogo de dicho medio de convicción.

De esta manera, en la especie, es cierto que para la citación de un testigo, se debe conocer el dato del Municipio en donde se encuentra el domicilio en que se le citará, sin embargo, si éste no se menciona al ofrecerse el medio de convicción, y solamente se precisa el número de la finca, la calle y colonia, incluso la entidad federativa correspondiente, en todo caso, lejos de desecharse el medio de convicción, debe admitirse la prueba y, en todo caso, lo procedente es que, para preparar la prueba testimonial, entonces es necesario que la responsable previniera al oferente para que proporcionara el dato del Municipio que no se precisó, con el apercibimiento de que si no lo hace, se declararía desierta la misma, pero no desecharla.

Lo anterior, en la medida en que se deben respetar los principios que rigen el procedimiento laboral y las reglas de la lógica pues, el desechamiento de la prueba por faltar el nombre del Municipio, no obstante manifestarse el número de la finca, la calle y colonia, como ya se indicó, constituye un criterio rigorista, por lo que la Junta, con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, que regula el plazo de tres días para la realización de un acto o el ejercicio de un derecho, cuando no se tenga plazo fijo, debió requerir a la ahora quejosa para que proporcionara el nombre del Municipio y de no hacerlo, apercibirla de declarar la deserción de la probanza, pero no considerar que por la sola falta de ese dato, no se cumplió con el requisito consistente en precisar los elementos necesarios para el desahogo del medio de convicción de que se trata conforme al numeral 780 de la Ley Federal del Trabajo, pues se insiste, como lo alega el amparista, proporcionó el número de la finca, el nombre de la calle y de la colonia.

Es decir, la regla general prevista en los artículos 780 y 813 de la Ley Federal del Trabajo, es que las pruebas se ofrezcan acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo, y tratándose de la testimonial, entre otros requisitos se debe precisar el domicilio de los testigos, teniendo las Juntas atribuciones para desecharla cuando se ofrece sin los indicados elementos para su desahogo; sin embargo, dicha facultad de la autoridad debe ejercerse respetando los principios que rigen el procedimiento laboral y las reglas de la lógica, pues el desechamiento indiferenciado puede conducir a injusticias, como en la especie, en que la parte oferente de la testimonial precisa el número de la finca, la calle y colonia de uno de los testigos (siendo que del diverso testigo **********, sí precisó el Municipio), incluso precisando que se trata del Estado de Nuevo León, donde tiene jurisdicción la Junta responsable, por lo que ésta debió admitir la prueba y posterior a ello, proveer lo necesario para su desahogo, dándole oportunidad de precisar el Municipio correspondiente, para lo cual, como se adelantó, debe concederle el plazo de tres días con fundamento en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, a fin de que precise el dato de que se trata, y al no haberlo hecho de esa manera, se actuó con demasiado rigorismo al sostener que no se cumplió con los elementos necesarios para su desahogo.

Es aplicable al respecto y, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 217/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página trescientos once del Tomo XXXI, enero de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:

"PRUEBA PERICIAL RELACIONADA CON EL ESCRITO DE RENUNCIA DE LA PARTE TRABAJADORA EXHIBIDO EN LA AUDIENCIA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO DEBE DESECHARSE AUN CUANDO NO SE EXHIBAN EL CUESTIONARIO Y LAS COPIAS RESPECTIVAS. La regla general prevista en los artículos 780 y 823 de la Ley Federal del Trabajo, es que las pruebas se ofrezcan acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo, y tratándose de la pericial, deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que versará, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes, teniendo las Juntas atribuciones para desecharla cuando se ofrece sin los indicados elementos para su desahogo; sin embargo, siguiendo la lógica a que hace referencia la parte final de la jurisprudencia 4a./J. 18/91, de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN FACULTAD PARA DESECHARLA CUANDO NO SE APORTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESAHOGO, COMO LO SON EL CUESTIONARIO RESPECTIVO O SUS COPIAS.’, dicha facultad de la autoridad debe ejercerse respetando los principios que rigen el procedimiento laboral y las reglas de la lógica, pues el desechamiento indiferenciado puede conducir a desatinos o inconsecuencias, como en aquellos casos en que la necesidad de ofrecer la pericial surge en el momento mismo de la audiencia, sin que el oferente haya tenido oportunidad de elaborar el cuestionario y acompañar las copias respectivas, de donde deriva una excepción a la regla general. Luego, cuando en la audiencia a la parte trabajadora se le da a conocer el escrito de su renuncia y lo objeta, ofreciendo la prueba pericial sin el cuestionario y las copias respectivas, la Junta debe proveer lo necesario para su desahogo, dándole oportunidad de prepararla, para lo cual deberá suspender la audiencia y concederle el plazo de 3 días con fundamento en el artículo 735 de la ley indicada, a fin de que aporte tales elementos y proceda a su reanudación, pues no sería lógico exigir a la oferente la presentación del cuestionario respectivo y sus copias, al momento de ofrecerla en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, porque precisamente es en dicho acto donde tuvo conocimiento de la existencia del documento ofrecido por su contraparte."

No estimarlo así, se privaría al oferente del medio de convicción de demostrar sus defensas e impediría lograr el conocimiento de la verdad, dejándosele en estado de indefensión, como ahora lo alega el amparista.

Ello en la medida en que las Juntas tienen facultades que les permiten remover cualquier obstáculo que impida el desarrollo normal y culminación de los procesos, dentro de las cuales pueden requerir a la ahora quejosa para que proporcionara el nombre del Municipio, con el apercibimiento de que de no hacerlo, declarar la deserción de la probanza.

Se invoca como apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 79/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página doscientos cincuenta y dos del Tomo X, julio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena, Época, que reza:

"PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. INCOMPARECENCIA DE LOS TESTIGOS CITADOS A SOLICITUD DEL OFERENTE, CUANDO EL DOMICILIO PROPORCIONADO ES INCORRECTO. LA JUNTA, APRECIANDO CADA CASO PUEDE, DE MANERA FUNDADA Y MOTIVADA, DECLARAR DE PLANO LA DESERCIÓN DE LA PRUEBA O REQUERIR AL OFERENTE PARA QUE PROPORCIONE EL DOMICILIO CORRECTO.-La interpretación sistemática que implica la armónica relación de los artículos 686, 771, 776, 778, 779, 780, 782 y 783 de la Ley Federal del Trabajo, permite establecer que las Juntas tienen facultades que les permiten remover cualquier obstáculo que impida el desarrollo normal y culminación de los procesos, dentro de las cuales pueden, de manera fundada y motivada, declarar la deserción de la prueba en cuestión, si estiman que la cita frustrada de los testigos se debió a una conducta procesal inadecuada del oferente, cuyo objetivo fue retrasar o paralizar el procedimiento. Dicha facultad, correcta en términos generales, debe ejercitarse respetando los principios que rigen al juicio laboral, ya que su empleo de manera indiscriminada podría llevar a incongruencias. En ese contexto, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y a las máximas de la experiencia, la Junta podrá, atendiendo a las circunstancias del caso particular, dar vista al oferente con el resultado de las notificaciones relativas y, dependiendo de lo que éste manifieste, de estimar que subsiste el interés legítimo en su desahogo y que no se trata de retardar el procedimiento, se proveerá a la citación de los testigos nuevamente, permitiéndole al interesado corregir un error que no le fue atribuible."

De ahí que sea ilegal la determinación de la Junta, trascendiendo al resultado del fallo, porque se debe tener en cuenta que existe un laudo anterior de fecha treinta de noviembre de dos mil doce, que le fue favorable a la ahora quejosa, pues en él se le absolvió, sin embargo, la parte actora promovió juicio de garantías el cual se registró en este Tribunal Colegiado con el número **********, donde se le concedió el amparo para el efecto de que la Junta dejara insubsistente dicho fallo y, dictara otro en el cual, al calificar la propuesta del empleo, tomara en cuenta que **********, debía justificar la jornada con que ofreció la reincorporación al actor, al haber variado la hora de salida, haciéndola discontinua y, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo procedente conforme a derecho.

Es decir, la concesión del amparo incluía que se analizara si la parte patronal aquí quejosa, había justificado la jornada con que ofreció la reincorporación al actor y con ello calificar la buena o mala fe del ofrecimiento del trabajo, siendo que en el laudo que ahora se reclama, la Junta fue categórica en precisar que la demandada no justificó la jornada con que ofreció la reincorporación al actor, pues del estudio de las pruebas que ofreciera como de su intención se desprende que no cumple con el extremo procesal que se le impuso, dentro de las cuales no se encuentra la testimonial de que se ha venido hablando, precisamente al haberse desechado la misma, entonces, es indudable que al incurrir en la violación procesal antes analizada, trascendió al resultado del fallo, pues ahora el laudo le fue adverso.

Así las cosas, ante lo esencialmente fundado de los conceptos de violación analizados y que versan sobre una violación al procedimiento, resulta innecesario el análisis de los restantes motivos de disenso, siendo procedente conceder el amparo solicitado, para los siguientes efectos:

a) Que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado.

b) Que se deje sin efectos el acuerdo tomado en la audiencia de ley celebrada el once de mayo de dos mil doce, mediante el cual desechó la prueba testimonial ofrecida por la demandada **********, a cargo de ********** y **********.

c) Que dicte un nuevo proveído en el que admita la prueba testimonial con cargo de ********** y **********, considerando que reúne los requisitos de los artículos 780 y 813, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo.

d) Que para la preparación de la prueba y lograr su desahogo, la Junta formule a la quejosa requerimiento para que dentro del término de tres días, de acuerdo con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, proporcione el Municipio del domicilio que corresponde a la testigo **********, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le declarara la deserción de la misma.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, contra el acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos al lugar de su origen, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por mayoría de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, Luis Alfonso Hernández Núñez y Víctor Pedro Navarro Zárate, contra el voto del Magistrado José Luis Torres Lagunas, siendo presidente y ponente el último de los mencionados y relator el segundo de los citados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24870-c5707afb/prueba-testimonial-en-el-procedimiento-laboral-si-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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