VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO LABORAL. PARA QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO LAS EXAMINE, ES SUFICIENTE QUE EL QUEJOSO ADUZCA QUE SE LE DEJÓ EN ESTADO DE INDEFENSIÓN SI SU DEFENSA SE APOYA EN LA INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN LABORAL.
AMPARO DIRECTO 331/2016. 16 DE JUNIO DE 2016. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GILBERTO DÍAZ ORTIZ. PONENTE: JOSÉ JUAN TREJO ORDUÑA. SECRETARIO: JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ GAYTÁN.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Son infundados en una parte y fundados en otra los argumentos transcritos, cuyo estudio se realizará conforme al principio de estricto derecho, por ser la patronal quien acude en solicitud de la tutela constitucional y, en su favor, no opera la figura jurídica de la suplencia de la queja, regulada en el artículo 79 de la Ley de Amparo.
Además, por tener aplicación al caso concreto, se invocan las siguientes tesis de jurisprudencia: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA.-El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador ‘con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI’, lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de ‘tercero extraño a juicio’, hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora."(1)
"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO LABORAL. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SÓLO OPERE EN BENEFICIO DEL TRABAJADOR, NO VULNERA EL DERECHO HUMANO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. El artículo 76 Bis, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, sustituido por el numeral 79, fracción V, de ley de la materia en vigor al día siguiente, al prever expresamente que la suplencia de la queja deficiente en materia laboral procede sólo a favor del trabajador, es producto de los procesos históricos de reforma constitucional y legal, cuya distinción de trato, en relación con el patrón, radica en que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos, derivado de que: a) el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo regulan la relación laboral como un derecho de clases; b) el patrón tiene mayores posibilidades económicas, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados y, al tener la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio; y, c) la protección a bienes elementales tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral; motivo por el cual se le liberó de la obligación de ser experto en tecnicismos jurídicos, lo que contribuyó, por un lado, a que no se obstaculizara la impartición de justicia y, por otro, a la salvaguarda de los derechos fundamentales consagrados en el referido artículo 123 de la Carta Magna. En esas condiciones, la Segunda Sala reitera el criterio de la jurisprudencia 2a./J. 42/97 (*), en el sentido de que es improcedente la suplencia de la queja deficiente a favor del patrón, inclusive bajo el contexto constitucional sobre derechos humanos imperante en el país, porque la distinción de trato en referencia con el trabajador está plenamente justificada y, por lo mismo, resulta proporcional, es decir, sí guarda una relación razonable con el fin que se procura alcanzar, dado que tal diferenciación constituye una acción positiva que tiene por objeto medular compensar la situación desventajosa en la que históricamente se ha encontrado la clase trabajadora frente a la patronal."(2)
En los motivos de disenso, la parte quejosa aduce dos violaciones al procedimiento; la primera relacionada con la admisión y desahogo de la prueba inspeccional ofrecida por su contraparte; y, la segunda con la testimonial ofertada por la patronal, concretamente respecto de la obligación que le impuso la Junta para presentar a sus testigos, a pesar de que en su momento le expuso que no estaba en posibilidad de hacerlo, el motivo por el cual, se encontraba impedida y le solicitó que fueran citados por conducto del actuario adscrito a la autoridad responsable, de modo que, ante el incumplimiento de esa carga, le fue declarada desierta la prueba.
Así, en relación con la inspeccional, aduce quien ejerce la acción constitucional, medularmente, que en audiencia de diez de junio de dos mil quince, fue la parte actora quien ofreció dicho medio de convicción sobre diversos documentos (contrato individual de trabajo, listas de raya, controles de entrada y salida, así como comprobantes de pago), por el periodo comprendido del veintiuno de octubre de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, no obstante, en acuerdo del día doce siguiente, la Junta admitió la prueba aunque por el periodo que abarca del "quince de enero de dos mil quince al quince de enero de dos mil quince", (sic) además que se apercibió a la demandada que, de no hacerlo, entonces se tendrían por presuntivamente ciertos los hechos que la parte actora pretendía probar con el desahogo de esa prueba; posteriormente, en la diversa audiencia de desahogo de pruebas celebrada el quince de septiembre de dos mil quince, se asentó que se procedía a llevar a cabo la prueba inspeccional ofrecida por la parte demandada, a cuyo apoderado legal se le requirió para que presentara los documentos que le fueron requeridos en acuerdo de admisión de pruebas de fecha dos de agosto de dos mil quince por un periodo comprendido del quince de enero de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince.
Es decir, añade la parte inconforme, quien ofreció y además le fue admitida la prueba inspeccional fue la actora; sin embargo, en su desahogo se asentó que se procedía a llevar a cabo la ofrecida por la demandada, la que en ningún momento ofertó ese medio de convicción, por ende, tampoco le fue admitido. Además, el periodo que comprendían los documentos a exhibir por la patronal era del veintiuno de octubre de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, porque así lo solicitó la oferente, no obstante, al admitir la prueba, la Junta acordó que sería del quince de enero al quince de enero de dos mil quince (sic) y luego se extralimitó al requerir la relativa al quince de enero de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince; consecuentemente, concluye la quejosa, esas irregularidades afectan de nulidad el desahogo del referido medio de convicción, lo que a su vez incidió en el laudo de condena que le fue dictado, contraviniendo de manera particular lo establecido en el artículo 829, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, conforme al cual, en el desahogo de la prueba de inspección el actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado por la Junta, aunque en el caso particular la responsable varió el lapso por el cual debió exhibirse la documentación correspondiente; asimismo, apercibió por un tiempo y desahogó por otro. Finalmente, alega el actor, no fijó los hechos que pretendía acreditar con ese medio probatorio.
Contrariamente a lo que aduce quien promueve amparo, las destacadas irregularidades no constituyen violaciones procesales con las características de que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, como se pasa a evidenciar.
El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal establece lo siguiente:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:
"a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior."
Como se puede apreciar, del precepto transcrito se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito que conozcan de amparos directos contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, deberán decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hacen valer, ya sea que se cometan en dichas resoluciones o que sean cometidas durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, asimismo, deberán decidir en relación con las violaciones procesales que, cuando proceda, adviertan en suplencia de la queja, de modo que si las referidas violaciones carecen de tales cualidades, entonces, pese a que se hayan cometido no ameritarán que el procedimiento sea repuesto.
Ahora bien, en primer lugar, cabe destacar que, en el caso que nos ocupa, la parte actora sí ofreció la prueba inspeccional ajustándose a lo que establece el artículo, para lo cual conviene transcribir lo que la Ley Federal del Trabajo dispone en los siguientes artículos:
"Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: I. Confesional; II. Documental; III. Testimonial; IV. Pericial; V. Inspección; VI. Presuncional; VII. Instrumental de actuaciones; y (Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) VIII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y de video, o las distintas tecnologías de la información y la comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia."
"Artículo 777. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido confesados por las partes."
"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: I. Fecha de ingreso del trabajador; II. Antigüedad del trabajador; III. Faltas de asistencia del trabajador; IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; (Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta ley; (Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de su despido; VII. El contrato de trabajo; (Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de nueve horas semanales; (Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo; X. Disfrute y pago de las vacaciones; XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; XII. Monto y pago del salario; XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y (Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) XIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. (Adicionada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros medios."
"Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato Ley aplicable; II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; (Reformada, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley, y pagos, aportaciones y cuotas de seguridad social; y V. Los demás que señalen las leyes. (Reformado, D.O.F. 30 de noviembre de 2012) Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, III y IV, durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan."
"Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario."
"Artículo 827. La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la misma; el lugar donde debe practicarse; los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma."
De los preceptos transcritos se aprecia que la Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, para cuyo efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador.
Es decir, entre los medios de prueba permitidos por la ley para que el juzgador pueda llegar al conocimiento real de la verdad de los hechos expuestos por las partes, se encuentra la inspección, prevista en el artículo 827 de la legislación laboral, respecto de la cual, la parte que la ofrezca, deberá precisar el objeto materia de la misma, el lugar donde debe practicarse, los periodos que abarcará y los objetos y documentos que deben ser examinados, determinando que su ofrecimiento deberá hacerse en sentido afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma.
Así, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas llevada a cabo el diez de junio de dos mil quince (folio 34 del expediente laboral), en lo que aquí interesa, el apoderado legal de la parte actora ofreció el referido medio de convicción en los siguientes términos:
"La inspeccional sobre las listas de raya, contrato individual de trabajo, controles de entrada y salida, así como comprobantes de pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional por el periodo comprendido del 21 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015, misma prueba que deberá de llevarse a cabo en los despachos de este tribunal, requiriendo a los apoderados legales de las codemandadas para que presenten los documentos, materia de inspección, dicha prueba se ofrece en sentido afirmativo para acreditar todos y cada uno de los puntos narrados en la demanda, así como en la ampliación realizada a la misma."
Como puede advertirse, el demandante sí precisó el objeto, materia de la misma, el lugar donde habría de practicarse (los despachos de la Junta), los periodos que abarcaría (del 21 de octubre de 2014 al 15 de enero de 2015) y los documentos que debían ser examinados (listas de raya, contrato individual de trabajo, controles de entrada y salida así como comprobantes de pago de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional), determinó que su ofrecimiento se hizo en sentido afirmativo y fijó los hechos o cuestiones que se pretendieron acreditar (todos y cada uno de los puntos narrados en la demanda, así como en la ampliación); de ahí que no asista razón a quien promueve el amparo, en el sentido de que no se satisfizo el último de los requisitos mencionados.
Por otra parte, al emitirse el acuerdo de admisión de pruebas el doce de junio de dos mil quince, en relación con dicho medio de convicción la autoridad responsable determinó:
"Se admite a la actora la inspeccional a cargo de la parte demandada, sobre la siguiente documentación: Listas de raya, contrato individual de trabajo, controles de entrada y de salida, comprobantes de pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, prueba que se admite por el periodo comprendido del 15 quince de enero del año 2015 al 15 quince de enero del año 2015 (sic), ello en términos del artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que se requiere a la parte demandada para que en la fecha y hora señalada para desahogar las pruebas por este tribunal exhiba la documentación de referencia, quedando percibida (sic) para el caso de no hacerlo así que se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que la parte actora pretendía probar con el desahogo de esta probanza salvo prueba en contrario, lo anterior con fundamento en los artículos 805, ochocientos cinco, 827, ochocientos veintisiete y 828, ochocientos veintiocho de la Ley Federal del Trabajo"
Si bien la autoridad responsable cometió el error de señalar que el periodo comprendido de la documentación requerida sería del quince de enero de dos mil quince a ese mismo día, la realidad es que ese yerro era superable al grado de admitir que, en realidad, el lapso que pretendió señalar fue el comprendido del quince de enero de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, esto es, por el periodo de un año anterior a la fecha que el actor refirió como ocurrido el despido, precisamente porque se invocó como fundamento el numeral 804 de la Ley Federal del Trabajo, antes transcrito, de acuerdo con el cual, el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio, entre otros documentos: contratos individuales de trabajo que se celebren, listas de raya o nómina de personal, controles de asistencia y comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos; inclusive, los mismos deberán conservarse durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral. Es decir, si atendiendo al dicho del demandante, el despido aconteció el quince de enero de dos mil quince, entonces los documentos que se requirieron al patrón, por tener el deber de conservar los correspondientes al último año de la relación de trabajo, fueron los que comprendieron el periodo del quince de enero de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince.
Aún más, si el oferente de la prueba no extendió los documentos al último año de vigencia del vínculo laboral, sino que lo limitó al lapso del veintiuno de octubre de dos mil catorce al quince de enero de dos mil quince, esto es, a los últimos cuatro meses, entonces la patronal estuvo en condiciones de exhibir la documentación que le fue requerida exclusivamente por ese periodo, con lo cual habría quedado satisfecha la pretensión de su contraparte; sin embargo, lo cierto es que, al desahogarse la prueba, no exhibió documento alguno y por ningún lapso, ni siquiera los relativos al día quince de enero de dos mil quince, en el extremo de que se atendiera a la literalidad del auto que admitió la inspeccional, motivos por los cuales se concluye que las indicadas irregularidades cometidas por la autoridad responsable, de ninguna manera afectaron la defensa de la parte quejosa ni trascendieron al resultado del laudo porque, se insiste, finalmente ésta estuvo en aptitud de exhibir los documentos que interesaban al operario fueran exhibidos, ya fuera por el año anterior a la vigencia del vínculo de trabajo, por el lapso que especificó el trabajador, o bien, por el día quince de enero de dos mil quince, no obstante, no presentó ninguno.
De igual modo, el error en que incurrió la responsable al asentar en la audiencia de desahogo de la prueba que se procedía con la inspeccional ofertada por la demandada, resulta irrelevante si al final de cuentas de las constancias, tales como el ofrecimiento de pruebas y el auto de su admisión, se aprecia que realmente fue el actor quien ofreció ese medio de convicción, aunado a que fue al apoderado legal de la parte reo a quien se le requirió la exhibición de los documentos relativos; en consecuencia, se insiste, no se trata de violaciones procesales que hayan dejado sin defensa a quien acude en solicitud de amparo, ni trascendido al resultado del laudo, al grado tal que justifiquen la reposición del procedimiento laboral.
Por otra parte, la segunda violación procesal que hace valer la patronal quejosa y que en efecto resulta fundada, es la consistente en que pese a que al ofrecer la prueba testimonial proporcionó los nombres y domicilios de los testigos para que fueran citados por la Junta, toda vez que la oferente no estaba en posibilidad de presentarlos directamente, porque previamente le manifestaron que no acudirían si no eran citados por la propia autoridad, dado que debían justificar su ausencia en sus centros de trabajo, como se lo expuso al tribunal del trabajo, éste decidió constreñirle a que presentara a las personas que debían declarar, porque no justificó el impedimento invocado, apercibiéndolo que, de no hacerlo, le sería declarada desierta la prueba, lo que efectivamente así sucedió.
En contra de tal determinación, ahora insiste la parte quejosa que se violaron las leyes del procedimiento, toda vez que la autoridad responsable se negó a citar a sus testigos, no obstante que proporcionó sus nombres y el domicilio donde habrían de ser citados, además de exponer la razón por la cual no estaba en posibilidad de presentarlos directamente, esto es, que le manifestaron que no comparecerían si no eran citados por autoridad competente a fin de justificar su inasistencia a sus trabajos, de manera que al referir la Junta que la oferente no justificaba el impedimento, en realidad se excedió, porque la propia jurisprudencia que invocó como sustento de su decisión refiere que no es necesario que se prueben los motivos expuestos, de manera que no se ajustó a lo dispuesto en el artículo 813 de la Ley Federal del Trabajo que concede la facultad a las partes para que soliciten a la Junta realice la citación a los testigos, una vez que se hayan proporcionado nombres y domicilios donde debe realizarse la notificación correspondiente, además de exponer el motivo por el cual se encuentran imposibilitadas para presentarlos de manera directa. Agrega que dicha violación trascendió al resultado del fallo porque "la prueba testimonial era muy importante para demostrar las excepciones y defensas planteadas", de modo que se le condenó a cubrir determinadas prestaciones y se le privó de acreditar los hechos en que apoyó su defensa, por lo que procede reponer el procedimiento a efecto de estar en aptitud de obtener las declaraciones de los testigos.
Motivos de disenso que resultan fundados.
Como lo asevera la quejosa, la determinación de la Junta responsable de no acceder a la citación de los testigos que ofreció y la posterior declaración de deserción de la prueba, es ilegal, en virtud de que los artículos 813, fracción II, 814 y 815, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, establecen que el oferente puede solicitar a la Junta que cite a sus testigos, imponiéndole únicamente la carga de señalar los nombres, domicilios y la causa justificada de la petición; el tribunal obrero, por su parte, debe citar a los testigos propuestos en los términos señalados y recibir su testimonio, como se puede ver enseguida:
"Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos siguientes: ... II. Indicará los nombres de los testigos; cuando exista impedimento para presentarlos directamente, podrá solicitar a la Junta que los cite, señalando la causa o los motivos justificados que se lo impidan en cuyo caso deberá proporcionar sus domicilios y, de resultar éstos incorrectos, quedara a cargo del oferente su presentación."
"Artículo 814. La Junta, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará que se cite al testigo para que rinda su declaración, en la hora y día que al efecto se señale, con el apercibimiento de ser presentados por medio de la fuerza pública."
"Artículo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes: I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto en el artículo 813, y la Junta procederá a recibir su testimonio."
En el caso concreto, la testimonial ofrecida por la aquí quejosa cumple con los elementos necesarios para que se desahogara, pues propuso tres testigos, indicando los nombres y precisó los domicilios en los cuales debían ser citados; asimismo, solicitó que la presentación de los declarantes fuera por conducto de la Junta responsable; ello es así, ya que en el escrito de ofrecimiento de pruebas, estableció lo siguiente: (folio 35 del expediente laboral)
"...2. La testimonial a cargo de un grupo de testigos de nombres **********, con domicilio en calle ********** número ********** colia (sic) **********, ********** con domicilio en ********** colonia ********** y ********** con domicilio en ********** número ********** colonia **********, todos estos domicilios de esta ciudad de Irapuato, Guanajuato. Personas éstas que solicito sean citados por conducto de esta H. Junta en los domicilios antes proporcionados para que rindan su testimonio el día y hora que se señale para el desahogo de dicha prueba, ya que no obstante que tienen conocimiento de la totalidad de los hechos constitutivos de la litis y que han manifestado que no comparecerán si no son citados por una autoridad competente que así lo ordene a fin de justificar su inasistencia a sus respectivos trabajos..."
En tanto que en el acuerdo de doce de junio de dos mil quince, la Junta (folios 3
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26708-19eb0a5c/violaciones-procesales-en-el-juicio-laboral-para-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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