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Modo: Corpus Pro

RENUNCIA POR ESCRITO. REGLAS PARA SU VALORACIÓN (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 802, 811 Y 880, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 884/2012 (EXPEDIENTE AUXILIAR 138/2013). · Registro digital (IUS): 24422
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Pág. 1432.

AMPARO DIRECTO 884/2012 (EXPEDIENTE AUXILIAR 138/2013). 22 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: LIVIA LIZBETH LARUMBE RADILLA. SECRETARIO: JOSÉ FRANCISCO AGUILAR BALLESTEROS.

CONSIDERANDO:

SEXTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado.

I. Antecedentes.

De manera previa a abordar los conceptos de violación, se estima necesario precisar una breve síntesis de los aspectos más importantes de la contienda natural.

********** y **********, ambos de apellidos ********** demandaron del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Pijijiapan, Chiapas: i) la indemnización constitucional, en virtud del despido injustificado; y, ii) salarios vencidos, entre otras prestaciones.

La demanda se admitió a trámite por la responsable el veintiséis de marzo de dos mil diez y con su contenido se mandó correr traslado y emplazar a la parte enjuiciada con el apercibimiento respectivo.

En su parte expositiva, los actores refirieron que se desempeñaban como músicos de la marimba municipal y que el quince de enero de dos mil diez fueron despedidos por el director de la referida agrupación musical.

Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil diez, el Ayuntamiento demandado dio contestación a la demanda, en donde negó que los enjuiciantes hubieran sido despedidos, sino que éstos renunciaron el propio quince de enero de dos mil diez.

Por acuerdo de siete de junio de dos mil diez, el tribunal burocrático tuvo por contestada la demanda en tiempo y forma y por ofrecidas las pruebas precisadas en los escritos de mérito.

Seguido el juicio laboral en todas sus etapas procesales, el tribunal dictó laudo en el que determinó que los actores acreditaron su acción parcialmente y el Ayuntamiento demandado justificó sus defensas y excepciones, por lo que lo absolvió del pago de indemnización constitucional, salarios caídos, jornada extraordinaria; trescientas doce medias horas laboradas, y lo condenó en cuanto al concepto de días festivos, ciento cuatro sextos y séptimos días que fueron laborados y la prima dominical del 25% (veinticinco por ciento).

Inconforme con tal determinación, los actores, aquí quejosos, promovieron juicio de amparo uniinstancial, cuya materia ocupa a este tribunal auxiliar.

II. Fundamentación y motivación.

La parte quejosa señala que el tribunal del trabajo responsable no fundó ni motivó su fallo, lo que estima resultó contrario a las garantías de legalidad y seguridad jurídica, resolviendo sin precisar la esencia de las circunstancias que ameritaron la absolución respecto al pago de la indemnización constitucional y sus prestaciones accesorias, así como al pago de media hora extra, prima dominical y horas extras, a razón de salario doble y triple.

El anterior concepto de violación es infundado.

Contrario a lo que afirman los quejosos, en el laudo reclamado se da cumplimiento a los párrafos segundo del artículo 14 y primero del artículo 16, ambos de la Constitución.(6)

En efecto, la garantía de seguridad jurídica de fundamentación y motivación por la cual debe entenderse la obligación de que todo acto de autoridad ya sea de molestia o de privación, para que pueda incidir en la esfera jurídica del gobernado debe expresar el precepto legal en el que se funda, y las razones especiales o causas inmediatas por las cuales la autoridad emitió el acto, debiendo existir además, entre ellos, una relación y orden lógico.

La garantía de fundamentación y motivación involucra dos aspectos: el formal que se satisface por la cita de los preceptos y las razones especiales o causas inmediatas por las cuales la autoridad emitió el acto; y, el aspecto material, que consiste en que haya una relación lógica entre los preceptos citados, los motivos aducidos y las situaciones de hecho.

Cuando en un acto de autoridad no se citan los preceptos legales o las razones especiales o causas inmediatas por las cuales la autoridad emitió el acto, se dice que el acto de autoridad carece de fundamentación y motivación; en cambio, cuando los preceptos legales invocados no son aplicables o las razones especiales o causas inmediatas por las cuales la autoridad emitió el acto, no guardan simetría con las situaciones de hecho, esto es, que no son aplicables al caso, se dice que el acto de autoridad está deficientemente fundado o motivado.

En este contexto, en el caso, el quejoso adujo que el acto reclamado no se fundó ni motivó como era obligación de la autoridad responsable, lo cual carece de razón, pues tal extremo no se justifica de la sola lectura del laudo reclamado, sino que de su contenido se aprecia que encontró, entre otros dispositivos, su apoyo en los artículos 1o., 19, 20 y 94 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; 250 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado; 73, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 807, 810 y 811 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación supletoria a la ley burocrática local, lo que se traduce en el cumplimiento de la garantía fundamental exigida por el artículo 16 constitucional; mientras que el requisito de la motivación se encuentra satisfecho por todas las razones vertidas a lo largo de los considerandos II al VI que comprende el punto de estudio de la acción intentada por el trabajador.

Asimismo, en lo que se refiere a los considerandos III y IV, la responsable sustentó que:

1) Correspondía a la demandada acreditar que no se presentó el despido que le fue atribuido; ello en virtud de que los accionantes demandaron la indemnización constitucional por despido injustificado y el Ayuntamiento demandado negó dicha circunstancia.

2) A fin de acreditar lo anterior, el Ayuntamiento demandado exhibió los originales de dos escritos de renuncia signados por los actores, el quince de enero de dos mil diez, respectivamente, donde dieron por terminado su vínculo laboral con la demandada, cuyo contenido solicitó fuera ratificado por sus signantes en caso de ser objetados.

3) Sostuvo que los actores no objetaron los escritos de renuncia cuya suscripción les fue atribuida, pues sólo manifestaron objeciones en el periodo de alegatos que evidenciaban razonamientos exclusivos de valoración, por lo que dejó de desahogar la ratificación de contenido y firma ofertada por el Ayuntamiento demandado.

4) En tales condiciones, al reconocerse tácitamente el contenido de las renuncias atribuidas a los enjuiciantes, les otorgó valor probatorio dado que aquéllas reflejaban una "manifestación unilateral del trabajador expresando su deseo o intención de ya no prestar sus servicios al patrón."

5) En tales condiciones, absolvió a la demandada del pago de la indemnización constitucional, así como también del pago de salarios caídos, por no haber prosperado la acción de indemnización constitucional.

De igual forma, en lo tocante al considerando V, la responsable sustentó que:

1) Resultaba procedente condenar a la patronal al pago tanto de los días festivos que laboraron, como de los séptimos días reclamados, en virtud de que para satisfacer su carga probatoria ofertaron la inspección ocular sobre diversos documentos en poder del Ayuntamiento demandado, quien al no exhibir la documentación requerida, se actualizó la presunción de ser ciertos los hechos que los actores pretendieron acreditar.

2) Respecto a la prima dominical, sostuvo que dicha prestación no se contemplaba por la ley burocrática local y, que en tal virtud, resultaba improcedente su condena;

3) Finalmente, expuso que el actor en sus hechos no acreditó laborar horas extras, al sostener que se desempeñó en una jornada legal, esto es, de las 8:30 a las 16:30 horas, por lo que determinó absolver al Ayuntamiento demandado.

Finalmente, en el considerando VI de su ejecutoria, determinó que el pago de medias horas extras para descansar y tomar alimentos dentro de la jornada de trabajo tampoco era una prestación contemplada en la ley burocrática, por lo que resultaba improcedente su condena.

Así las cosas, se estima que la Sala responsable, correctamente, citó los preceptos legales y expuso con exhaustividad la motivación que dio sustento al fallo que pronunció, sin que resolviera omitiendo expresar las consideraciones en que sustentó el laudo aquí reclamado.

Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE."(7)

Lo anterior, aunado a que citó como apoyo a su fundamentación los siguientes criterios:

• "RENUNCIA, ESCRITO DE. SI EL TRABAJADOR LO OBJETA EN CUANTO A LA FIRMA QUE LO CALZA, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA PROBATORIA PARA ACREDITAR SU OBJECIÓN Y SI NO LO HACE, LA DOCUMENTAL REFERIDA PRUEBA QUE RENUNCIÓ Y QUE NO HUBO DESPIDO."

• "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LAS MANIFESTACIONES EFECTUADAS POR LAS PARTES EN RELACIÓN CON SU ALCANCE PROBATORIO NO DEBEN TENERSE COMO OBJECIÓN."

• "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."

• "RENUNCIA VERBAL. VALIDEZ LEGAL DE LA."

• "PRESTACIONES ACCESORIAS, CARECE DE INTERÉS EL ESTUDIO DE LAS, CUANDO NO ESTA ACREDITADA LA ACCIÓN PRINCIPAL, POR SER LA BASE PARA SU PROCEDENCIA."

• "SÉPTIMOS DÍAS Y DÍAS FESTIVOS. CARGAS PROCESALES."

• "DÍAS DE DESCANSO SEMANAL Y OBLIGATORIO, PRUEBA DE LA LABOR EN."

• "PRIMA DE ANTIGÜEDAD. POR NO ENCONTRARSE CONTEMPLADA EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES A QUE SE REFIERE LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE CHIAPAS Y LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DEBE ABSOLVERSE A LA PATRONAL DEL PAGO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)."

• "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. IMPROCEDENCIA DE LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY LABORAL CUANDO SE RECLAMA PRIMA DE ANTIGÜEDAD."

Por tanto, es incorrecto que la parte quejosa atribuya a la responsable la emisión de un laudo carente de un análisis exhaustivo, carente de la debida motivación, pues como se corroboró, el tribunal obrero responsable expuso correctamente los preceptos aplicables al caso concreto, donde además citó criterios sustentados por órganos del Poder Judicial de la Federación cuyo contenido es apto para abonar en relación con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación por ser aplicables al caso concreto.

Es aplicable la jurisprudencia P./J. 88/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:(8)

"JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional."

De ahí que sea infundada la inconformidad planteada.

III. Conceptos de violación relativos a la indebida valoración de la carta renuncia.

En su primer y segundo conceptos de violación, los quejosos sostienen que la responsable indebidamente otorgó valor probatorio a los escritos de renuncia cuya suscripción les atribuyó la demandada. Ello es así, refieren, pues en lugar de concederles eficacia probatoria por el hecho de no haber sido objetados, la Sala, oficiosamente, debió advertir que a simple vista se apreciaba la alteración de las firmas que les fueron atribuidas.

Lo anterior es infundado.

Resulta inexacto que el tribunal obrero errara al otorgar valor probatorio a los escritos de renuncia ofertados por la demandada, pues para ello resultaba imprescindible que la parte actora los objetara y que acreditara dicho extremo, pues en caso de no expresar alguna impugnación respecto a su autenticidad ya bien de firma o contenido; o ambos, se presenta un reconocimiento tácito de dichas documentales.

Para corroborar lo anterior, resulta necesario citar las disposiciones que regulan la distribución de las cargas probatorias cuando la controversia se centra en determinar si el patrón despidió injustificadamente al obrero, o si éste renunció por escrito a su empleo.

Al respecto, los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, supletoria en términos de los artículos noveno transitorio(9) de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas y 11 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,(10) disponen:

"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: ... IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en los términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción III, de esta ley; ..."

"Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan: I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato colectivo o contrato ley aplicable; II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o recibos de pagos de salarios; III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y V. Los demás que señalen las leyes. Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan."

"Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con tales documentos, salvo la prueba en contrario."

De los artículos 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo se desprende que corresponde al patrón la carga de probar los elementos básicos de la relación laboral, entre los cuales figuran las causas de terminación de ese vínculo. Asimismo, del artículo 805 del mencionado ordenamiento se sigue que si el patrón no asume la referida carga, deben presumirse ciertos los hechos aducidos en la demanda del obrero.

Ello se justifica porque la patronal dispone de mejores elementos para la comprobación de los hechos inherentes al vínculo de trabajo. Así, cuando el patrón niega el despido afirmando que el trabajador renunció a su empleo, le corresponderá a aquél la carga de demostrar la renuncia que alega.

Es menester precisar que el escrito de renuncia es el documento privado suscrito por el trabajador mediante el cual expresa al patrón su voluntad unilateral de extinguir la relación laboral.

Esto significa que como la renuncia por escrito se expresa en un documento privado que se atribuye a una de las partes, pueden presentarse dos supuestos que se tratan de manera diferente, según sea el caso.

En primer término, hay que precisar que la objeción denota la actitud del trabajador hacia el documento privado que contiene la renuncia, para evitar el reconocimiento tácito, esto es, con ella se pone de manifiesto que no existe disposición de someterse al documento en el que se expresa la renuncia.

Por el contrario, la falta de objeción implica la conformidad con el contenido del documento privado en el que se formula la renuncia.

1. Renuncia no objetada. Si el documento privado en el que se manifiesta la renuncia no es objetado por la parte en contra de la que se presenta (trabajador), entonces opera el reconocimiento tácito como medio de perfeccionamiento, cuya consecuencia es tener por admitido el documento en el que consta la renuncia, como si hubiera sido reconocido expresamente y, por tanto, adquiere plena validez como prueba del acto que en él se hizo constar (renuncia).

Apoya la consideración anterior, el siguiente criterio de la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:(11)

"RENUNCIA AL TRABAJO. DOCUMENTOS NO OBJETADOS. VALOR PROBATORIO. Si el trabajador demandante no objetó en cuanto a su autenticidad la documental exhibida por la empresa demandada, consistente en el escrito en el que aquél renunció al puesto que desempeñaba, para que se conceda valor probatorio a dicho documento no se requiere que haya sido perfeccionado mediante la ratificación de las personas que en el mismo intervinieron."

2. Renuncia objetada. En este supuesto pueden presentarse, a su vez, dos hipótesis.

a) Desconocimiento del operario tanto del contenido como de la firma o huella contenidas en el documento exhibido por el patrón.

Ante esta situación opera la regla contenida en el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo,(12) del que se infiere que si el operario objeta la autenticidad del escrito de renuncia, a éste le corresponderá acreditar dicho extremo.

Es así, dado que dicho numeral prevé que cuando las partes objeten la autenticidad de un documento en cuanto a contenido, firma o huella digital, podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones; luego, en ese supuesto, el trabajador tiene la carga de probar el hecho en el que se sustenta su impugnación de falsedad, es decir, que la firma, huella o contenido de la renuncia no le corresponden.

En tal evento, si el operario demuestra que alguno de esos elementos no le es atribuible, entonces debe tenerse por probada la objeción que haga valer.

b) Desconocimiento del contenido, no así de la firma o la huella digital.

En el supuesto señalado debe aplicarse la regla contenida en el artículo 802 de la Ley Federal del Trabajo, que dice:

"Artículo 802. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe. Se entiende por suscripción, la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que sean idóneas, para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital; excepto en los casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que deberá justificarse con prueba idónea y del señalado en el artículo 33 de esta ley."

Del precepto transcrito se desprende que la suscripción hace plena fe de la formulación del documento por parte del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital; esto es, ante tal reconocimiento el documento adquiere valor probatorio pleno.

No obstante, si la parte a quien se le atribuye el documento impugna de falso sólo el contenido, a ella le corresponde demostrar sus objeciones mediante prueba idónea pues, de no hacerlo, conservará su valor probatorio, pues se considerará al objetante autor del contenido en el que aparece la firma o la huella digital que reconoció.

Esto es, ante un documento privado en que expresa o tácitamente se reconoció la firma o la huella digital, aunque no se reconozca el contenido, la simple objeción es insuficiente para restarle la fuerza probatoria plena que adquiere por virtud precisamente del reconocimiento.

Con relación al tema, resulta ilustrativa la parte final de la jurisprudencia 2a./J. 2/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto:(13)

"RENUNCIA DEL TRABAJADOR. PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO, CUANDO CONSTA POR ESCRITO, NO ES NECESARIO QUE AL CONTESTAR LA DEMANDA EL PATRÓN PRECISE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE FUE PRESENTADA, SIN PERJUICIO DE QUE EL DOCUMENTO SE PERFECCIONE SI ES CUESTIONADO. Al tenor de lo dispuesto por los artículos 797, 798, 801 y 802 de la Ley Federal del Trabajo, los documentos privados para tener valor probatorio pleno, deben ser perfeccionados con otras probanzas, tales como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial, la testimonial, etcétera. Así, cuando el patrón demandado en un juicio laboral opone como excepción que el trabajador renunció voluntariamente en una fecha determinada, conforme a las reglas procesales de la carga de la prueba a él le corresponde demostrar tal evento y si para ello ofrece como prueba el escrito en que consta dicha renuncia, por ser éste un documento privado, al valorarlo debe tenerse en cuenta si fue o no objetado y, en su caso, perfeccionado, para efectos de determinar su alcance probatorio, aunque el patrón no haya precisado en su contestación de demanda las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la renuncia, pues si ésta consta por escrito, los datos que puedan exigirse, constarán en el documento, o su omisión será motivo de estudio al analizar su valor probatorio, ya que las circunstancias relativas a cómo, cuándo y dónde renunció, son propias del escrito cuestionado y la procedencia de la excepción opuesta por el patrón dependerá de la valoración que se haga del referido documento. Lo anterior deriva de que la litis queda debidamente fijada al precisar el patrón que el trabajador renunció a su empleo, correspondiéndole al primero demostrar los hechos en que funda su defensa y al segundo, en su caso, desvirtuar las pruebas que aquél presente, como sucedería si el escrito de renuncia fuera cuestionado."

Asimismo, se comparte el criterio sustentado por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en la tesis XVII.2o.31 L, que a continuación se reproduce:(14)

"RENUNCIA, ESCRITO DE. SI EL TRABAJADOR LO OBJETA EN CUANTO A LA FIRMA QUE LO CALZA, A ÉL CORRESPONDE LA CARGA PROBATORIA PARA ACREDITAR SU OBJECIÓN Y SI NO LO HACE, LA DOCUMENTAL REFERIDA PRUEBA QUE RENUNCIÓ Y QUE NO HUBO DESPIDO. Si el trabajador, en la etapa laboral correspondiente, objeta la documental que contiene la renuncia al trabajo, aduciendo que no la firmó, le corresponde la carga probatoria para acreditar su objeción, pues el artículo 811 de la Ley Federal del Trabajo establece que si se objeta la autenticidad de un documento en cuanto a contenido, firma o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas con respecto a las objeciones; de donde debe entenderse que el trabajador debe ofrecer las pruebas pertinentes para acreditar que la firma que calza ese documento no es de él, y si no lo hace, la Junta responsable está en lo correcto al considerar que con dicho documento, la patronal acredita que el trabajador no fue despedido, sino que renunció voluntariamente a su trabajo; sin que obste el que la patronal ofrezca la pericial caligráfica y se le tenga por desechada esa prueba, pues al trabajador le corresponde la carga de la prueba para acreditar su objeción y tuvo la oportunidad de ofrecer dicha probanza, de ahí que el laudo reclamado se encuentre apegado a derecho y no sea violatorio de los artículos 14 y 16 constitucionales."

Ahora bien, para exponer la forma en la que operaron las cargas probatorias en el juicio natural, cabe recordar que:

1) Los actores sostuvieron haber sido injustificadamente despedidos el quince de enero de dos mil diez.

2) El Ayuntamiento demandado negó el despido y sostuvo que no suspendió la relación laboral existente entre ambos, sino que los enjuiciantes presentaron su renuncia el quince de enero de dos mil diez.

3) Para acreditar la renuncia de los trabajadores, la patronal ofertó las cartas de renuncia que respectivamente fueron signadas por los operarios en la fecha previamente referida, y como medio de perfeccionamiento ofreció:

i. La ratificación de contenido y firma a cargo de los actores, y en caso de no reconocerlos.

ii. La pericial en caligrafía y documentoscopia.

4) Por su parte, los actores no objetaron dichos documentos en cuanto a su contenido y firma, sino que se constriñeron a referir al formular sus alegatos las razones por las que no debía otorgárseles valor probatorio.(15)

5) Así, la responsable admitió las documentales ofertadas por la demandada (escritos de renuncia) aclarando que no era el caso admitir los medios de perfeccionamiento que ofertó porque los escritos de renuncia no fueron objetados.(16)

6) Finalmente, al dictar el laudo aquí reclamado, la responsable determinó que los actores no objetaron los escritos de renuncia cuya suscripción les fue atribuida por la enjuiciada, pues sólo manifestaron objeciones en el periodo de alegatos que evidenciaban razonamientos exclusivos de valoración, por lo que al reconocerse tácitamente el contenido de las renuncias atribuidas a los enjuiciantes, les otorgó valor probatorio, dado que reflejaban una "manifestación unilateral del trabajador expresando su deseo o intención de ya no prestar sus servicios al patrón."

Dichos documentos son del tenor siguiente:

Ver documentos

De lo anterior se advierte que la controversia en el juicio natural, por lo que concierne a la causa de terminación del vínculo de trabajo, se fijó para establecer si, como lo adujeron los actores, la patronal los despidió el quince de enero de dos mil diez, o bien, si como lo refirió la demandada, aquéllos renunciaron mediante escrito presentado ese mismo día.

Por ende, dada la forma en la que quedó entablada la contienda, correspondía a la enjuiciada acreditar su afirmación sobre la renuncia que adujo, de conformidad con los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, supletorios a la ley burocrática estatal, carga que satisfizo con la exhibición de los escritos de renuncia de quince de enero de dos mil diez.

Por su parte, como se dijo, los trabajadores no objetaron los escritos de renuncia cuya suscripción les fue atribuida.

De esta forma, los operarios se colocaron en el supuesto de no objeción respecto a la autenticidad de los escritos de renuncia que les fueron atribuidos, esto es, no impugnaron su contenido ni su firma.

Luego, es claro que operó el reconocimiento tácito como medio de perfeccionamiento, cuya consecuencia es tener por admitido el documento en el que consta la renuncia, como si hubiera sido reconocido expresamente y, por tanto, adquiere plena validez como prueba del acto que en él se hizo constar (renuncia), máxime que dada la postura de los enjuiciantes, la responsable determinó correctamente que no era necesario desahogar los medios de perfeccionamiento ofertados por el Ayuntamiento demandado.

Es así, pues la parte demandada fue la única que ofreció medios de prueba tendentes a perfeccionar las referidas documentales, lo que hizo sólo ante la posible objeción de los actores, sin que durante la fase procesal relativa éstos expresaran alguna.

En consecuencia, al no manifestarse ninguna objeción por parte de los operarios respecto al contenido y firma y de los documentos que les fueron atribuidos, debe concluirse que el Ayuntamiento enjuiciado cumplió con su carga de acreditar que el trabajador renunció a su empleo mediante escrito de quince de enero de dos mil diez.

Además, contra lo aducido, aun cuando la enjuiciada no señaló con detalle el modo y lugar en que se presentó la renuncia, tal aspecto carece de trascendencia pues, como se dijo, conforme a las reglas procesales de la carga de la prueba, correspondió a aquélla acreditar la renuncia con la cual se excepcionó, sin que obsten las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que aconteció, lo cual es acorde con la jurisprudencia 2a./J. 2/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:(17)

"RENUNCIA DEL TRABAJADOR. PARA OTORGARLE VALOR PROBATORIO, CUANDO CONSTA POR ESCRITO, NO ES NECESARIO QUE AL CONTESTAR LA DEMANDA EL PATRÓN PRECISE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE FUE PRESENTADA, SIN PERJUICIO DE QUE EL DOCUMENTO SE PERFECCIONE SI ES CUESTIONADO. Al tenor de lo dispuesto por los artículos 797, 798, 801 y 802 de la Ley Federal del Trabajo, los documentos privados para tener valor probatorio pleno, deben ser perfeccionados con otras probanzas, tales como el reconocimiento expreso o tácito, el cotejo, la prueba pericial, la testimonial, etcétera. Así, cuando el patrón demandado en un juicio laboral opone como excepción que el trabajador renunció voluntariamente en una fecha determinada, conforme a las reglas procesales de la carga de la prueba a él le corresponde demostrar tal evento y si para ello ofrece como prueba el escrito en que con

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24422-66cd0817/renuncia-por-escrito-reglas-para-su-valoracion-interpretacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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