Corpus
Modo: Corpus Pro

TRABAJADORES DE CONFIANZA. REFERENTES NORMATIVOS PARA IDENTIFICAR QUIÉNES TIENEN ESE CARÁCTER (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 133/2014. · Registro digital (IUS): 27708
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2018-03-23
Promovente:
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Pág. 3231.

AMPARO DIRECTO 133/2014. 9 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: JUAN CARLOS CORONA TORRES.

CONSIDERANDO:

QUINTO.-Decisión del tribunal.

Violaciones procesales.

Conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal, vigente a partir del cuatro de octubre de dos mil once,(1) en el primer amparo directo que promueve un justiciable en relación con un proceso ordinario debe decidirse respecto de todas las violaciones procesales planteadas y aquellas que, en su caso, se adviertan en suplencia de la queja.

En la especie, nos encontramos frente al primer amparo que promueve la parte quejosa, y en su favor opera la suplencia de la queja deficiente, en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo.(2)

No obstante ello, en su demanda de amparo el quejoso no expuso violación adjetiva que deba ser analizada y este tribunal, oficiosamente, no advierte alguna que en suplencia de la queja deba ser subsanada. Por ello, lo que impone es analizar el laudo reclamado, bien sea en cuanto a su forma o al fondo, según corresponda.

Laudo

El origen del caso es la demanda que ********** promovió contra 1) Ayuntamiento Municipal de Solidaridad, Estado de Quintana Roo; 2) **********; y, 3) quien resultara propietario o responsable de la fuente de trabajo. La prestación principal fue la reinstalación y, entre otras, también demandó el pago de salarios devengados. Ad cautelam, el actor exigió la indemnización constitucional, así como, en lo que destaca, el pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo por todo el tiempo que duró la relación laboral, así como el pago de tiempo extraordinario.

Como hechos de su demanda, el actor señaló que el diez de abril de dos mil once ingresó a laborar para la Novena Regiduría del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo, con las siguientes condiciones de trabajo: en el puesto de asesor, realizando funciones de revisión de reglamentos y de acuerdos de pre-cabildeo, así como elaborando proyectos;(3) con un salario quincenal de $********** (********** pesos con ********** centavos moneda nacional), y con un horario de 9:00 a 17:00 (nueve a diecisiete) horas, de lunes a viernes, aunque en realidad también trabajó ocho horas los días domingo. Por último, refirió que el tres de junio de dos mil once, siendo las nueve de la mañana, se presentó en la oficina de regidores, en el primer piso del inmueble que ocupan las oficinas de Municipio de Solidaridad, y al intentar ingresar a las instalaciones, una persona del sexo masculino le negó el acceso y le refirió que ya había sido dado de baja como trabajador del Ayuntamiento.

El veintinueve de septiembre de dos mil once, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo admitió la demanda, teniendo como único demandado al Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo.(4)

En oposición a la pretensión, el demandado presentó la siguiente defensa: negó la procedencia de las prestaciones, aunque respecto del pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, expresó que estaba de acuerdo en pagarlas, una vez que se determinara su monto. En relación con el capítulo de hechos, en términos generales aceptó: la fecha de inicio de la relación laboral; la adscripción; la jornada laboral y el salario del actor. A diferencia de ello, negó el despido injustificado y al respecto refirió que "... a las 9:00 horas del tres de junio de dos mil once, el actor se presentó a las oficinas del noveno regidor al cual se encontraba adscrito, sin que persona alguna le impidiera su ingreso ni comunicara despido alguno como lo señala; salió de tales oficinas, sin saber más de él..."(5)

La controversia fue resuelta por el tribunal responsable conforme a las consideraciones siguientes:

...

• Tercero. En este considerando fijó la litis haciéndola consistir en: a) establecer si existió o no el despido injustificado; y, b) dilucidar el salario que devengaba el actor.(6)

• Cuarto. Hizo una enunciación de las pruebas ofrecidas y admitidas a las partes, e hizo alusión a la forma de su desahogo (respecto de las que se desahogaron).

• Quinto. a) Al analizar la existencia o inexistencia del despido injustificado, advirtió oficiosamente que el actor ostentaba un puesto de confianza (asesor) y realizaba funciones de confianza (revisar reglamentos y acuerdos de pre cabildeo). De ahí, que consideró que no tenía estabilidad en el empleo y que, por ende, no tenía derecho a la reinstalación o al pago de indemnización constitucional.

b) La responsable determinó que, no obstante ser su carga, el demandado no había demostrado el monto del salario del actor, por lo que consideró cierto el que éste expresó; es decir, el quincenal de $********** (********** pesos con ********** centavos moneda nacional).

c) Se consideró que, no obstante ser su carga, el demandado no había demostrado el pago del aguinaldo y de la prima vacacional, por lo que el actor tenía derecho a su pago proporcional.

• Sexto. Se condenó al Ayuntamiento al pago de aguinaldo proporcional y prima vacacional.

• Séptimo. Se absolvió al demandado, entre otras prestaciones, del pago de: tiempo extraordinario, bajo el argumento de que no acreditó haberlo laborado y tampoco precisó los días en que se desempeñó de forma extraordinaria; y salarios devengados, pues a decir de la responsable, el actor tenía la carga de probar que no le habían sido pagados y no probó tal extremo.(7)

Cabe señalar que en el laudo reclamado no se hizo pronunciamiento alguno sobre la procedencia del reclamo de pago de vacaciones.

Ahora bien, mediante amparo, el quejoso ataca lo resuelto por la responsable. Del análisis integral de tal escrito, se advierte que, en lo sustancial, alega que:

1) La cita de texto a pie de página vuelve confuso, inexplicable e inentendible el laudo;

2) No fue acertado que la Ley Federal del Trabajo se aplicara en forma supletoria;

3) La responsable omitió pronunciarse respecto del pago y entrega de comprobantes del sistema de ahorro para el retiro, Infonavit y Seguro Social, porque como en su demanda señaló que reclamaba "el pago de otras prestaciones que tengan derechos" (sic), se debió resolver sobre aquellos objetos de la pretensión;

4) Se debió tener por cierta su fecha de ingreso y su salario, porque: a) sobre esos hechos era a la demandada a la que correspondía la carga de la prueba; b) aquélla aceptó tales hechos; y, c) con las pruebas que aportó acreditó tales hechos;

5) Fue incorrecto que se absolviera del pago de tiempo extraordinario, porque: a) la carga de la prueba sobre la jornada de trabajo correspondía a la demandada; b) con los talones de pago de sueldos que ofreció, los cuales, contrario a lo determinado por la responsable, sí forman parte de la litis, demostró que se le pagaron salarios extraordinarios;

6) La declaratoria de inexistencia del despido fue incorrecta porque: a) partió de una indebida asignación de la carga probatoria y de una valoración incorrecta de las pruebas allegadas al sumario, particularmente de la videograbación que presentó, así como de la confesional de la demandada y los talones de pago que exhibió; c) la demandada no probó que dejó de presentarse a sus labores; y, d) no se valoraron de manera exhaustiva las pruebas;

7) Fue incorrecta la determinación sobre que su calidad era de confianza, porque: a) la carga de la prueba sobre ese hecho correspondía al demandado; b) no se acreditó que ejerciera funciones de dirección, inspección, vigilancia o fiscalización, que tuviera personal a su mando o que emitiera órdenes o instrucciones; y, c) al terminar la administración 2011-2013 (dos mil once-dos mil trece) dejó de ser trabajador de confianza; y,

8) Se le debieron pagar sus vacaciones, ya que no las había disfrutado, y también fue incorrecto que se omitiera el pago de antigüedad, al momento de ser despedido.

Respecto de los conceptos de violación que plantea el quejoso, los Magistrados de este tribunal consideran lo que a continuación se expone.

1. Cita de textos a pie de página.

Del análisis de la totalidad del laudo reclamado se advierte que en su foja diez, la responsable hizo una cita al pie de página, cuyo contenido es:

"Novena Época, Registro digital: 187492, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, marzo de 2002, materia (s): laboral, tesis I.1o.T. J/38, página 1233, ‘LAUDO. OMISIONES QUE NO TRASCIENDEN EN SU RESULTADO.’"

Esa cita se relacionó con la consideración siguiente:

"Cabe resaltar que los demás hechos del escrito inicial de demanda y la contestación de la persona moral demandada que esta autoridad omite transcribir; en mayoría (sic) de razón son ociosas, inútiles e intrascendentes peticiones; y, en tal virtud, ténganse los mismos como si a la letra se insertaran a la presente resolución en todo su alcance y valor probatorio, de acuerdo con los principios de economía y congruencia procesal."

Para este tribunal, la función de la nota al pie de página, no vuelve a una resolución jurisdiccional como el laudo "confuso, inexplicable e inentendible", como lo afirma el quejoso.

Dado que las notas al pie de página son instrumentos de la redacción de textos; de la expresión de la lengua escrita, el conocimiento o la descripción de ellas no ha sido abordado en los actos jurisdiccionales. Por ello, el primer acercamiento a ese conocimiento debe provenir de los textos que fijan los lineamientos para la investigación, pues es ahí donde se ha abordado su estudio, esto es, de la doctrina.(8)

En su texto "Técnicas de investigación jurídica", Sandra Luz Hernández Estévez y Rosalío López Durán,(9) nos dicen lo siguiente:

a) Las referencias bibliográficas, también conocidas como notas de referencia, son instrumentos convencionales editoriales; su uso depende de la idea del autor, y tienen como propósito orientar el apoyo argumental del discurso, para lo cual siempre deben cumplir una finalidad: informar de la manera más clara y concisa de dónde proviene el apoyo de las ideas.

b) Las notas de referencia pueden ser: 1) Aclaratorias, cuando los vocablos que se utilizan pueden ser extraños o de difícil comprensión para el público al que se dirige el texto, cuando el editor del texto expone una opinión o aclaración, o cuando se hace alguna precisión, corrección o se da información adicional sobre un tema; 2) Amplificativas, cuando desarrollan una idea que el autor incluye en el texto, pero se abstiene de hacerlo en el mismo para evitar distraer al lector; y, 3) De fuentes de información, cuando en ellas se detallan las fuentes que se emplearon o consultaron.

c) Las notas de referencia, por el lugar en el que se ubican en la obra o texto, pueden ser: 1) notas al pie de página; 2) notas al final de capítulo; o, 3) notas al final de la obra.

d) Entre las ventajas del uso de las notas al pie de página están: 1) ayudan a adquirir disciplina en el proceso de investigación; 2) el aparato crítico está a disposición del lector; y, 3) se tienen a la vista los datos completos de las obras consultadas por el autor.

Para los integrantes de este tribunal, es evidente que en la actualidad, la mayoría de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, e incluso algunos otros del orden común, utilizan referencias bibliográficas al emitir sus pronunciamientos escritos. No obstante, también es claro que el uso de esas notas, como las que se ponen al pie de página, no era común en la redacción de los textos jurisdiccionales hasta hace algunos años. En realidad su utilización es relativamente reciente.

La legislación no prohíbe el uso de referencias bibliográficas y tampoco señala reglas expresas sobre ellas para la redacción judicial o jurisdiccional. La ausencia de la utilización de esos instrumentos se debió a los lineamientos que el uso y la costumbre durante años impusieron a la denominada escritura jurídica forense o redacción judicial. Sin justificación, la idea generalizada fue que las referencias bibliográficas eran para escritos de difusión como libros, revistas especializadas e investigaciones con cierto rigor científico, o por lo menos, con determinado fundamento bibliográfico; pero no para las sentencias, las demandas y demás escritos del ámbito legal.

Sin menoscabo de algunos Tribunales Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito, los primeros pasos claramente identificables en el cambio de esos usos y costumbres jurisdiccionales los dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la primera mitad de la primera década del año dos mil. Ejemplo de ello es la sentencia de tres de junio de dos mil tres, dictada en la contradicción de tesis 23/2002-PL, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Segundo Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito), Primero del Sexto Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del propio Circuito), y Cuarto del Décimo Séptimo Circuito, en la que ya aparecen referencias al final de la decisión judicial.(10)

Pero el Alto Tribunal fue más lejos. Mediante su "Manual de Redacción Jurisdiccional para la Primera Sala" pretendió -y pretende- estandarizar el uso del lenguaje escrito en sus actos jurisdiccionales con el objeto de complementar las tareas que emprendió para "presentar de manera clara todos sus elementos de juicio y, con ello, mostrar mejor los pasos de sus decisiones a efecto de someterse a un más amplio escrutinio público".(11) En la "presentación" de ese texto, se expresa que con él no se trató sólo de elaborar reglas comunes para todos sus integrantes, lo que de suyo ya sería un buen avance, sino más específicamente de la formulación de los elementos que de manera común guiarían la presentación de los argumentos a desarrollar, lo que tuvo -y tiene- como intención expresar una vocación común por una más completa motivación de normas y hechos, garantía fundamental de los gobernados en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional.

En relación con el uso de las referencias bibliográficas, en el manual se expresa que es particularmente importante que a la fecha -en aquel entonces, dos mil siete-, no se habían establecido en México bases comunes para la presentación de los elementos de resolución; que si se analizaba en otros países, se encontraría que existen formas ciertas y de aceptación generalizada para identificar cuerpos normativos legislativos o jurisprudenciales, así como para realizar las citas de las referencias académicas; y que ello era tal que las mismas eran utilizadas por el foro, la academia o la judicatura de manera compartida, siendo de especial relevancia el Blue Book que elaboran diversas universidades estadounidenses, lo cual, entre nosotros, no existe, sino que cada cual cita sus fuentes de manera diversa, complicando con ello la posibilidad de realizar diálogos continuados entre diversos actores jurídicos.

De ahí que a través del "manual" la Primera Sala expresó su deseo de que sus integrantes alcancen un grado importante de homogeneidad en el uso escrito del lenguaje, la cita de fuentes, el formato de sentencias y el modo de redacción de los proyectos, y que esa obra también sirva como guía de trabajo para otros órganos jurisdiccionales o en otros quehaceres de la profesión.(12)

Según el manual del que se habla, las citas son usadas para apoyar, comparar, contradecir o dar más información en relación con el tema que el escritor está desarrollando, así como cumplir una función parentética, esto es, permitir al escritor agregar argumentos que le ayuden a apuntalar los argumentos que va desarrollando en su propio texto. Las notas al pie de página reflejan la forma en la cual se usa la cita. Así, en la nota al pie de página debe señalarse si la cita se utiliza para reforzar, comparar, replicar o dar más información respecto de argumentos que se expresan en el texto. Las citas que se pueden realizar ejemplificativamente son: citas propiamente bibliográficas (libros, ensayos, opiniones verbales, artículos, etcétera), citas de tesis de jurisprudencia, de tesis aisladas, de sentencias, de documentos legales y de documentos administrativos.(13)

Un mes después de que se publicara el Manual de Redacción Jurisdiccional para la Primera Sala en diciembre de dos mil siete la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicaron el texto "Estructura y Estilo en las Resoluciones Judiciales", cuyos autores son Miguel López Ruiz y Miguel Alejandro López Olvera.(14) Éste tiene el propósito de ayudar a los juzgadores a simplificar la tarea jurisdiccional, mejorar la estructura y comprensión de los documentos judiciales por parte de los interesados e, indirectamente, agilizar los trámites y desahogar los rezagos de los órganos jurisdiccionales, lo cual -según el propio texto- redundará en beneficio de la tutela judicial efectiva; derecho reconocido en los artículos 17 de la Constitución Mexicana y 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que si las resoluciones que emiten los órganos jurisdiccionales son contrarias a derecho, o no tienen la claridad necesaria para ser oídas y comprendidas sin dificultad por los destinatarios -ahí se dice-, desde luego, contravienen el derecho de tutela judicial efectiva.(15)

De este documento destaca que una condición para que las citas textuales no dificulten la lectura, es que éstas se hagan de forma correcta; que el uso de las citas textuales contribuye al cumplimiento del principio de certeza jurídica, en tanto dan conocimiento sobre las fuentes de donde provienen las ideas, por ejemplo, cuando se alude a doctrina o legislación; y que las citas textuales pueden ser sobre: doctrina, legislación, jurisprudencia y pruebas.(16)

Tomando en cuenta lo expuesto, los integrantes de este tribunal consideran que como instrumentos convencionales de la redacción o escritura jurisdiccional, las notas al pie de página, o al final del documento (o del capítulo), son referencias cuyo uso depende de la idea del autor, pueden ser aclaratorias, amplificativas o de fuentes de información y, en esos términos, tienen como propósito reforzar los argumentos que dan forma al pronunciamiento jurisdiccional y, si son utilizadas adecuadamente, contribuyen a la expresión completa, precisa y clara de las razones del juzgador y correlativamente al entendimiento correcto de ellas, lo que incide en el cumplimiento de los principios de certeza jurídica y tutela judicial efectiva reconocidos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

A la par de lo anterior, el contenido de las notas de referencia debe ser seleccionado con detenimiento y adecuadamente, pues si lo que se pretende es el entendimiento correcto de la decisión jurisdiccional, las razones que de manera determinante le dan forma no pueden integrar el apartado de referencias, que en realidad es secundario.

Partiendo de lo expuesto, este tribunal considera que, en el caso, la función que en el acto reclamado tuvo la cita al pie de página, fue la de apoyar argumentativamente, como referencia al fundamento de derecho, la consideración en la cual la responsable estimó que era innecesario transcribir los escritos de demanda y contestación de demanda.

Dicho de otra forma, en el acto reclamado el uso de la cita textual no provocó la incomprensión del fallo; al contrario, como herramienta de la redacción de textos, es decir, de la expresión del lenguaje escrito, atendiendo a su contenido, con toda claridad y puntualidad expresó la invocación de un soporte jurídico de la consideración concreta a la que se le ligó. De ahí que se califique como infundado el concepto de violación.

2. Invocación supletoria de la Ley Federal del Trabajo.

En el laudo reclamado la responsable invocó la Ley Federal del Trabajo como ordenamiento aplicable por supletoriedad. Para los integrantes de este tribunal, tal proceder no infringe la ley; al contrario, da cumplimiento a ella en tanto el artículo 5 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Quintana Roo,(17) establece que, entre otras, es supletoria de ese ordenamiento la Ley Federal del Trabajo.

3. Falta de decisión sobre el reclamo de entrega de comprobantes de seguridad social.

El quejoso yerra al sostener que la responsable omitió pronunciarse respecto de los reclamos de pago de aportaciones y entrega de los comprobantes correspondientes al Sistema de Ahorro para el Retiro, Seguro Social e Infonavit; esto, porque en su demanda no planteó tales prestaciones.

Los integrantes de este tribunal aprecian que en el inciso m) del capítulo de prestaciones de la demanda, el actor expresó que reclamaba cualquier otra u otras prestaciones y derechos que de hecho y por derecho le correspondan y que se desprendan de la demanda. Sin embargo, un reclamo formulado en tal sentido es inatendible por parte del órgano jurisdiccional del trabajo.

En efecto, el artículo 136 de la ley laboral burocrática estatal, en su fracción III,(18) establece que la demanda deberá contener su objeto, esto es, la prestación o prestaciones que se demanden. Tal imperativo se traduce en una obligación para el actor de señalar con toda precisión lo buscado en juicio, es decir, sus prestaciones concretas. De manera que el sólo señalamiento de que se reclaman todas las prestaciones que por ley corresponden, por genérico, se vuelve inatendible. Admitir otra conclusión implicaría dejar en estado de indefensión al demandado, por lo genérico de lo demandado, y no podría presentar una adecuada defensa, lo que desde luego no buscó el legislador, quien por regla, al producir las leyes, parte de la base de que éstas deben cumplir con los mandatos constitucionales pilares del orden jurídico mexicano, entre los que se encuentra la garantía de defensa de los gobernados. De ahí que se estime infundado lo que alega el quejoso.

4. Certeza de la fecha de ingreso y salario.

Este tribunal califica como inoperantes los conceptos de violación en los cuales, en esencia, se sostiene que se debió tener por cierta la fecha de ingreso y salario del trabajador. Esto, porque tales planteamientos parten de premisas falsas,(19) en tanto suponen que en la citada resolución se determinó que no eran ciertos aquellos hechos, lo cual no es acertado, esto es, por cuanto hace al salario, la responsable tuvo como cierto el que el actor expresó en su demanda; y en lo que corresponde al inicio del vínculo de trabajo, aquélla no señaló que no fuera cierta la expresada por el actor.

5. Absolución del pago por tiempo extraordinario.

El actor alegó que su jornada de labores era de lunes a viernes, con un horario de nueve a diecisiete horas (ocho horas), descansando los días sábado y domingo. A la par de ello, también dijo que, no obstante su horario formal de trabajo, durante la relación laboral prestó sus servicios ocho horas más, los días domingo. Respecto de esa pretensión, la responsable absolvió bajo el argumento de que el actor no acreditó haber laborado tiempo extraordinario y tampoco precisó los días en los que dijo laboró.

En principio, este tribunal considera que no es correcto que se haya considerado que el actor no señaló los días en los que dijo laboró tiempo extraordinario porque, como se ha visto, aquél fue claro en señalar que el tiempo extraordinario lo prestó ocho horas los días domingo. Al margen de esto, en realidad no fue incorrecto que se absolviera del pago extraordinario, por las razones siguientes:

Debe quedar bien claro que el actor ubicó la prestación de sus servicios "extraordinarios" en un día fijado formalmente como de descanso, esto es, el domingo. A la par de ello, el artículo 32 de la ley burocrática laboral local establece que por cada cinco días de trabajo disfrutará el servidor público de dos días de descanso (sábados y domingos), con goce de salario íntegro.(20) Así pues, en el caso, de lo que se habla no es, estrictamente, del tiempo extraordinario laborado, sino de labores en días de descanso y, conforme al artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria "Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado."(21)

Respecto de la carga de la prueba sobre la prestación de trabajo en días no laborables, no corresponde al patrón probar que sus trabajadores no laboraron, sino que toca a éstos demostrar que lo hicieron. Esto tiene sentido porque si el patrón niega la prestación del trabajo en días no laborables, imponerle la carga de la prueba se traduciría en la obligación de probar un hecho negativo no atribuible a él, lo cual, desde luego, contraría el principio probatorio de disponibilidad de la prueba.(22) Por ello, en el caso, no opera la regla general sobre carga de la prueba que se infiere de los artículos 184 y 804 de la Ley Federal del Trabajo,(23) de aplicación supletoria, que postula que es el patrón quien tiene la carga de probar los elementos básicos de la relación de trabajo, entre ellos, el horario.

Ahora bien, si un trabajador al servicio del Estado de Quintana Roo acredita que laboró en días de descanso, respecto de los cuales la ley dice que se procurará sean sábado y domingo, se genera el derecho al pago de los sextos y séptimos días, como lo previene el artículo 73 de la Ley Federal del Trabajo. Empero, lo anterior no significa que las horas laboradas en esos días constituyan horas extras, cuando el trabajador no excedió la duración máxima de la jornada que regulan los artículos 25 a 27 de la ley burocrática local, diurna (ocho horas), mixta (siete horas y media) o nocturna (siete horas); ya que se trata de supuestos con diversas bases y consecuencias jurídicas.(24)

En efecto, los sextos y séptimos días de descanso semanal tienen como objeto preservar la salud física y mental de los trabajadores, por lo que éstos no están obligados a prestar sus servicios en esos días pero, de hacerlo, tendrán derecho a que se les cubra, independientemente del salario que les corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado; en cambio, la estipulación de jornadas máximas de trabajo tiene como finalidad que el servidor público cuente con tiempo suficiente diario para reposar, comer, reponer energías y convivir con su familia; de ahí que se busque desincentivar que se labore en exceso de ellas a través del pago de horas extras a razón de 100% (hasta nueve horas a la semana) o 200% (las que excedan de nueve horas a la semana) del salario que corresponda a las horas de la jornada.

Luego, las horas laboradas en los días de descanso semanal que no excedan de la jornada legal diaria -en el caso según el actor, ocho horas-, no deben cuantificarse como horas extras de la semana, pues el hecho de laborar esos días engendra el derecho a reclamar un salario doble como sanción económica para el patrón, por lo que tomarlas en cuenta también como horas extras implicaría un doble pago.(25)

Entonces, sobre la base de que lo que en el juicio laboral en realidad demandó el actor fue el pago de sus labores en días de descanso, el domingo concretamente, y tomando en cuenta que era a él a quien correspondía probar que prestó sus servicios en aquellos días, en la especie, con ninguna de sus pruebas demostró tal hecho. Luego, a final de cuentas, aunque por razones diversas, fue válido que la responsable absolviera del pago de la prestación demandada, aun considerada indebidamente como tiempo extraordinario.

Cabe mencionar que se equivoca el quejoso al sostener que en el juicio común presentó como pruebas recibos de pago de salarios que amparan ciertos pagos por concepto de tiempo extraordinario (o por labores en días domingo). En realidad, del examen de su ofrecimiento de pruebas y del pronunciamiento sobre su admisión, así como del análisis de las constancias del juicio común, no se advierte la existencia de los documentos que refiere el quejoso. La documental que presentó, es un detalle de movimientos del **********, de tres de junio de dos mil once, y de esa prueba no se advierte, en nada, la información que refiere el inconforme.

6. Declaratoria sobre la inexistencia del despido.

Los integrantes de este tribunal consideran inoperantes los conceptos de violación en los que por diversas causas se postula el incorrecto análisis de la prueba del hecho del despido injustificado. Esto, porque tal impugnación parte de premisas falsas, al suponer que en el laudo reclamado se examinó ese hecho. En realidad, lo que en esa resolución se analizó -oficiosamente- fue si el actor tenía o no la calidad de confianza, de suerte que se concluyó que era trabajador de confianza; que por ello carecía de estabilidad en el empleo y que, por lo mismo, las prestaciones derivadas de su despido, bien fuera injustificado, resultaban improcedentes.

7. Calidad de confianza del trabajador.

En principio, es inoperante el planteamiento del quejoso por el cual aduce que, al terminar la administración dos mil once-dos mil trece, dejó de ser trabajador de confianza. Esto, en tanto que tal hecho, al no haber sido planteado en la demanda y, por lo mismo, al no haber sido parte de la litis común, constituye un elemento novedoso que, por lo mismo, en este juicio de amparo no es susceptible de ser examinad

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27708-7b75514b/trabajadores-de-confianza-referentes-normativos-para-identificar-quienes · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.