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Modo: Corpus Pro

ALEGATOS EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO EN EL ESTADO DE JALISCO. AUN CUANDO LA LEY RELATIVA NO PREVEA EXPRESAMENTE TAL PRERROGATIVA, LA OMISIÓN DEL TRIBUNAL DE OTORGAR LA OPORTUNIDAD PARA FORMULARLOS, APLICANDO SUPLETORIAMENTE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN QUE AFECTA LAS DEFENSAS DEL QUEJOSO, EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 1180/2015 (CUADERNO AUXILIAR 148/2016) DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENT · Registro digital (IUS): 26335
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2016-06-03
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, Pág. 2473.

AMPARO DIRECTO 1180/2015 (CUADERNO AUXILIAR 148/2016) DEL ÍNDICE DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO, CON APOYO DEL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 10 DE MARZO DE 2016. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MOISÉS MUÑOZ PADILLA. SECRETARIO: NICOLÁS ALVARADO RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO.-Resultan, por una parte, ineficaces y sustancialmente fundados por la otra, suplidos en su deficiencia, los conceptos de violación formulados.

Para evidenciar lo anterior, cabe recordar que **********, por su propio derecho, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco el catorce de agosto de dos mil trece (foja 1 ídem), demandó del **********, el pago y cumplimiento de diversas prestaciones derivadas de lo que denominó el despido injustificado del que fue objeto.

La demanda en cita se radicó en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco, con sede en Guadalajara, Jalisco, bajo el expediente ********** y se admitió el veintidós de octubre de dos mil trece, previniendo a la parte actora para que aclarara su escrito inicial de demanda en los términos ahí descritos. (fojas 4 y 5 ídem)

En audiencia de veintiocho de enero de dos mil catorce (fojas 29 y 30 ídem), en su etapa de conciliación, no hubo arreglo entre las partes; en la etapa de demanda y excepciones, la parte actora, por conducto de su apoderado **********, dio cumplimiento a la prevención de aclaración de demanda antes citada; luego ratificó sus ocursos de demanda inicial y aclaración.

En la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, las partes ofrecieron los medios de convicción que estimaron pertinentes.

Seguida la secuela procesal, el tribunal responsable dictó laudo el dieciocho de septiembre de dos mil quince, en el que resolvió parcialmente fundada la acción del quejoso. (fojas 86 a 99 ídem)

Por cuestión de método y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 189(2) de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional se encuentra constreñido a analizar, primeramente, aquellos conceptos de violación a través de los cuales se hacen valer algunos aspectos relacionados con violaciones a las reglas que rigen el procedimiento laboral que, de resultar fundados, pudieran redundar en el mayor beneficio para la quejosa.

Determinación que se encuentra en estrecha vinculación con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(3) reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de seis de junio de dos mil once, en relación con los diversos 174 y 182, último párrafo, de la ley de la materia;(4) de lo que se sigue que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, acorde con el cual este Tribunal Colegiado de Circuito está obligado a procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo cual implica pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuando ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la sentencia, laudo o resolución reclamada, con el fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia.

Es de exacta aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 813, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas», Décima Época, que dice:

"VIOLACIONES PROCESALES. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, ESTÁ OBLIGADO A PRONUNCIARSE SOBRE TODAS LAS QUE HAGAN VALER LAS PARTES O LAS QUE, CUANDO ELLO PROCEDA, ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 4 DE OCTUBRE DE 2011). Del artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, así como del proceso legislativo que le dio origen, se sigue que el juicio de amparo directo se rige por el principio de concentración, acorde al cual el Tribunal Colegiado de Circuito debe procurar resolver el asunto en su integridad, conforme a la lógica y a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, lo que implica pronunciarse sobre todas las violaciones procesales que se hagan valer y las que advierta en suplencia de la queja, cuando ello proceda, así como de las violaciones cometidas en la sentencia, laudo o resolución reclamada, a fin de evitar dilaciones innecesarias en la resolución definitiva de la controversia. En ese tenor, la circunstancia de que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio constitucional advierta que la resolución impugnada adolece de un vicio formal, no le impide analizar las violaciones procesales que pudieran trascender a su sentido, al encontrarse obligado a ello ya que, aun cuando determine su existencia, válidamente puede destacar la violación formal advertida, a fin de evitar que la autoridad responsable incurra de nueva cuenta en ella, al emitir la resolución que corresponda en cumplimiento a la ejecutoria de amparo."

Igualmente, cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 58/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 814, Libro 7, Tomo I, junio de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época «y en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas», cuyos título, subtítulo y texto son del tenor literal siguiente:

"VIOLACIONES PROCESALES EN EL JUICIO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ANALIZAR TODAS LAS QUE LE PROPONGAN LAS PARTES O QUE ADVIERTA EN SUPLENCIA DE LA QUEJA, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL LAUDO CAREZCA DE LA FIRMA O DE LA IDENTIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL DEL TRABAJO O DEL SECRETARIO QUE LO AUTORIZA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 171, 172, 174 y 182 de la Ley de Amparo, se advierte la obligación de las partes, al reclamar la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, de hacer valer en la demanda de amparo principal y, en su caso, en la adhesiva, todas aquellas violaciones procesales que estimen se cometieron, precisando la forma en que trascendieron al resultado de la resolución, así como la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de decidir respecto de todas las que se hicieron valer y las que, en los casos que proceda, adviertan en suplencia de la queja, con la consecuencia de que si tales violaciones no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente las hizo valer de oficio, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en un juicio de amparo posterior. Así, cuando en el juicio de amparo directo promovido contra un laudo emitido por una autoridad en materia laboral, el órgano jurisdiccional que conozca de él advierta que la resolución respectiva carece de la firma o de la identidad del secretario o de uno de sus integrantes, si bien es cierto que debe conceder el amparo para subsanar tal omisión, con independencia de quién promueva la demanda, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 147/2007 (*), también lo es que conforme al nuevo sistema establecido en los preceptos constitucional y legales citados, los señalados órganos jurisdiccionales están obligados a analizar las demás violaciones procesales propuestas en la demanda de amparo, en el amparo adhesivo e, incluso, las que adviertan en suplencia de la queja, cuando proceda, pues de no ser así, la consecuencia será que no podrán hacerse valer o analizarse de oficio en un juicio de amparo posterior."

En efecto, aduce el promovente del amparo en el primer concepto de violación, que unas pruebas no le fueron admitidas, por lo que considera que el laudo reclamado no está fundado ni motivado y, por lo tanto, es ilegal.

Como se adelantó, estas manifestaciones resultan ineficaces, dado que como se advierte del auto de veintiuno de julio de dos mil catorce (foja 56 ídem), le fueron admitidas la totalidad de las pruebas ofrecidas, con la precisión de que una vez admitidas en su totalidad, entre ellas, las documentales que propuso bajo el número 1, el tribunal responsable con acierto resolvió que en cuanto a la ratificación de contenido y firma de esas documentales que le fueron admitidas en el mencionado número 1, no se proveía favorablemente porque no señaló qué persona debería hacer la ratificación de contenido y firma de cada uno de los documentos ahí propuestos.

En efecto, en este apartado de su escrito de ofrecimiento de pruebas, la parte quejosa ofreció las documentales públicas siguientes:

"1. Documentales públicas. Consistentes en los siguientes documentos:

"a) Consistente en 16, dieciséis, comprobantes de percepciones y deducciones expedidos por el ********** a favor del trabajador **********...

"b) Consistente en 16, dieciséis, documentos denominados cheques a cargo de la institución bancaria denominada ********** correspondiente a la cuenta **********...

"c) Propuesta y movimiento de personal, realizado por el **********, a través de la Dirección de Recursos Humanos mediante el cual tramitaron la baja como empleado de **********...

"d) Identificación expedida por el ********** a través del secretario general y el director de Recursos Humanos...

"e) 2 oficios, el primero número **********, de fecha miércoles 2 de enero diciembre (sic) del 2013, generados por la Secretaría de Servicios Públicos Municipales...

"f) Oficio número ********** de fecha 13 de marzo del año 2013, suscrito por el actor **********...

"g) Queja por escrito presentada por el trabajador ********** ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos...

"h) Queja número **********, acordada por el **********, en su carácter de segundo visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos...

"i) Constancia de recibo de fecha 5 de julio del año 2013, correspondiente a la entrega del vehículo oficial número patrimonial 2570..."

Pruebas que, como ya se dijo, fueron admitidas en su totalidad, empero, como al proponer la ratificación de contenido y firma, la parte actora no señaló a cargo de quién se desahogaría la ratificación de estas documentales, pues al encontrarse suscritas por personas diversas, se hacía necesario que el oferente precisara a qué persona o personas le encomendaba su ratificación para que el tribunal responsable, en su caso, estuviera en aptitud jurídica de citar a esa o esas personas, en razón de que el oferente no lo propuso así, es por lo que se considera ajustada a derecho la consideración del tribunal responsable de no proveer favorablemente la ratificación solicitada, dado que conforme al artículo 780 de la Ley Federal del Trabajo,(5) las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.

Por lo tanto, ante la imprecisión de quién llevaría a cabo el desahogo de la ratificación de la firma de los documentos públicos ofrecidos, el tribunal responsable estaba imposibilitado para llevar a cabo dicha probanza; de ahí lo ineficaz de las manifestaciones del ahora quejoso.

A lo que debe añadirse que no se debe perder de vista que las documentales ofrecidas por el mismo actor fueron documentales públicas, caso en el cual, conforme lo dispone el segundo párrafo del diverso artículo 795(6) de la Ley Federal del Trabajo, este tipo de documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados o de los Municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización, pues los documentos que son sujetos de ratificación son los privados, conforme al numeral 797(7) de la ley obrera en cita.

En otro aspecto, el peticionario de amparo, igualmente refiere que la confesional a cargo de **********, indebidamente se cambió a testimonial, porque a esta persona sí se le imputaron hechos propios y, por ende, su contestación confirmó los acontecimientos.

Manifestaciones que, igualmente, deben desestimarse por ineficaces, pues conviniendo con el tribunal responsable, conforme lo ha considerado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acorde a los artículos 786, 787, 788 y 793 de la Ley Federal del Trabajo, es factible se cite a la contraria a absolver posiciones, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien, que por razón de sus funciones les deban ser conocidos. Sin embargo, respecto de esta modalidad, puede suceder que para la fecha del desahogo de la probanza, el absolvente ya no labore para el patrón, caso en que el tribunal laboral se encuentra obligado a requerir al trabajador para que proporcione el domicilio en donde debe citar al declarante y, en el supuesto de que ignore el domicilio, a solicitarlo del patrón, además, de que "si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar por la policía" lo que no sólo armoniza el desahogo de la prueba con las reglas del testimonio, conforme al artículo 814(8) de la mencionada legislación, sino que determina la imposibilidad de que se declare confeso ficto al absolvente por no comparecer, según los artículos 788(9) y 790,(10) fracción VII, de la citada legislación, salvaguardando los derechos de la empresa de que es parte, la que al ya no encontrarse unida con aquél por el vínculo de trabajo, no podría exigirle, en cumplimiento a sus obligaciones laborales, que comparezca a declarar y, entonces, bastaría que no asistiera o no quisiera contestar para que se le declarara confeso ficto, en evidente perjuicio de las pretensiones de la empresa; de ahí lo ineficaz de estas manifestaciones.

En apoyo a lo anterior, se invoca el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 67, Tomo V, Trabajo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Materia Laboral, Novena Época, registro digital: 915214, que dice:

"CONFESIÓN EN MATERIA DE TRABAJO, A CARGO DE PERSONAS QUE PARA LA FECHA DEL DESAHOGO YA NO DESEMPEÑEN FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN PARA EL PATRÓN. EQUIVALE A UN TESTIMONIO PARA HECHOS PROPIOS, QUE DEBE SER DESAHOGADO COMO TAL.-De los artículos 786, 787, 788 y 793, de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que las partes están autorizadas a solicitar se cite a la contraria a absolver posiciones, tratándose de personas morales, por conducto del represente legal y, como salvedad, cuando el oferente sea el trabajador, a cargo de los directores, administradores, gerentes y, en general, de las personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios, y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razón de sus funciones les deban ser conocidos. Respecto de esta modalidad puede suceder que para la fecha del desahogo de la probanza el absolvente ya no labore para el patrón, caso en que la Junta se encuentra obligada a requerir al trabajador para que proporcione el domicilio donde citar al declarante y, en el supuesto de que ignore el domicilio, a solicitarlo del patrón, además, de que ‘si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar por la policía’ lo que no sólo armoniza el desahogo de la prueba con las reglas del testimonio, conforme al artículo 814 de la mencionada legislación, sino que determina la imposibilidad de que se declare confeso ficto al absolvente por no comparecer, según los artículos 788 y 790, fracción VII, de la citada legislación, salvaguardando los derechos de la empresa que es parte, la que al ya no encontrarse unida con aquél por el vínculo de trabajo, no podría exigirle, en cumplimiento a sus obligaciones laborales, que comparezca a declarar y, entonces, bastaría que no asistiera o no quisiera contestar para que se le declarara confeso ficto, en evidente perjuicio de las pretensiones de la empresa. Estas precisiones descubren que el desahogo de la prueba no puede ser la misma que la que se verifica cuando el deponente continúa trabajando para la empresa e investido de la representación patronal, pues su animus confitendi o intención de aceptar en perjuicio propio, clara y terminante, ya sea de manera parcial o total la verdad de una obligación o de un hecho propio que es susceptible de producir efectos jurídicos, puede tener diferentes motivaciones y ya no, precisamente, la derivada de la relación laboral que tenía con el patrón; además de que habrá desaparecido el motivo que determinó la naturaleza de confesión de la prueba, la que sólo puede ser vertida por una de las partes en el juicio, presupuesto que ya no se actualiza en el supuesto de que se trata, en el que el deponente se convierte en un tercero extraño a la relación litigiosa, desprovisto del interés de parte y de la obligación de obligarse por la empresa, con la que en todo caso sólo debe responder por los sucesos que en el juicio se le imputan. Consecuentemente, se está en presencia ya no de una prueba de confesión, sino de un testimonio para hechos propios que debe ser desahogado en términos del artículo 815 de la citada ley."

En cambio, en otro orden de ideas, este órgano jurisdiccional advierte una infracción a las reglas que rigen el procedimiento del juicio laboral de origen, la cual trascendió al resultado del fallo, ya que la autoridad responsable no permitió a la parte enjuiciante, aquí quejosa, formular alegatos dentro de dicho sumario, aunque para ello se supla en la medida necesaria la deficiencia de la queja, según se expondrá.

Ante todo, conviene precisar que el artículo 172, fracción VI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente:

"Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:

"I. No se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;

"II. Haya sido falsamente representado en el juicio de que se trate;

"III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;

"IV. Se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;

"V. Se deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;

"VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley;

"VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes;

"VIII. Previa solicitud, no se le muestren documentos o piezas de autos para poder alegar sobre ellos;

"IX. Se le desechen recursos, respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan estado de indefensión;

"X. Se continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o la autoridad impedida o recusada, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley expresamente la faculte para ello;

"XI. Se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del Juez o se practiquen diligencias judiciales de forma distinta a la prevenida por la ley; y

"XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo."

Como puede apreciarse, el artículo 172, fracción VI, de la Ley de Amparo dispone que en los juicios tramitados ante tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando no se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley.

Luego, en el caso fáctico, la violación procesal consiste en que la autoridad responsable no permitió a la parte actora formular alegatos, para lo cual ha de mencionarse que aunque la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios no establece expresamente un periodo de alegatos, debe aplicarse supletoriamente lo que sobre esa prerrogativa prevé la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que la institución jurídica de la supletoriedad es la que sirve de medio para la integración normativa y cuyo fin es llenar el vacío legislativo de la ley.

Así es, los artículos 112, 115, 117, 128, 129, 130, 131, 132, 133 y 134 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establecen:

"Artículo 112. Para conocer de los conflictos laborales individuales y colectivos que se presenten entre los sujetos de esta ley habrá un Tribunal de Arbitraje y Escalafón, el cual se integrará por:

"I. Un Magistrado designado por el gobernador del Estado de Jalisco;

"II. Un Magistrado que será designado por la Federación de sindicatos que tenga mayor representación de servidores públicos, lo cual será validado por el propio Tribunal de Arbitraje y Escalafón, de conformidad con las disposiciones que establezca esta ley; y

"III. Un tercer Magistrado, designado por los otros dos árbitros.

"Los Magistrados del Tribunal de Arbitraje y Escalafón durarán en su cargo tres años, que iniciarán a partir del día primero de julio del año en que principie su periodo, pudiendo ser ratificados.

"Por cada integrante, se nombrará un suplente, quien en ausencia temporal del titular, lo sustituirá de oficio. En caso de ausencia definitiva deberá hacerse nueva designación, sin perjuicio de la sustitución temporal por el suplente, hasta que ésta haya sido hecha.

"El presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón será designado de entre los mismos, el cual durará en funciones un año y no podrá ser reelecto para el periodo inmediato.

"El Tribunal de Arbitraje y Escalafón contará con el personal administrativo que sea necesario para su debido funcionamiento."

"Artículo 115. El Tribunal de Arbitraje y Escalafón actuará en Pleno, cuando se trate de conflictos de naturaleza colectiva o de importancia trascendente, a juicio de los Magistrados; las votaciones serán nominales sin perjuicio de que en caso de discrepancia, el Magistrado inconforme emita voto particular por escrito."

"Artículo 117. El procedimiento será público, gratuito, inmediato, y se iniciará a instancia de parte. Los integrantes del Tribunal de Arbitraje y Escalafón deberán tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía de tiempo, concentración y sencillez en el proceso."

"Artículo 128. El procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón se iniciará con la presentación del escrito de demanda ante la Oficialía de Partes, quien la turnará al secretario o al auxiliar de instrucción a más tardar al siguiente día hábil.

"El Tribunal de Arbitraje y Escalafón dictará acuerdo admitiendo la demanda si procediere conforme a derecho, o la desechará de plano cuando sea notoriamente frívola o improcedente.

"En el acuerdo de admisión se señalará día y hora para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas; ordenándose se notifique el acuerdo personalmente a las partes y se entregue copia certificada de la demanda a la parte demandada para que produzca contestación en un término de diez días contados a partir del día siguiente de su notificación, con el apercibimiento que de no contestar, se le tendrá por contestada la demanda en sentido afirmativo.

"Cuando el domicilio del demandado se encuentre fuera del lugar en donde radica el tribunal, el término para la contestación de la demanda se ampliará un día por cada 40 kilómetros de distancia o fracciones que excedan de la mitad. Además se apercibirá al demandado para que señale domicilio para recibir notificaciones en la zona metropolitana de Guadalajara, con el apercibimiento que de no hacerlo las posteriores notificaciones, aun las personales, se harán en los estrados del tribunal.

"La falta de notificación a alguna de las partes, obliga al tribunal a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que las partes concurran a la misma, o que el actor se desista de las acciones intentadas en contra de quien no hubiere sido notificado.

"Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, el tribunal en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o estuviera ejercitando acciones contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días."

"Artículo 129. Si las partes no comparecen a la celebración de la audiencia señalada se les tendrá por ratificada su demanda y contestación de demanda; en caso de no asistir a la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, se les tendrá por perdido el derecho a presentar pruebas e inconformes con todo arreglo, dándose por concluidas todas y cada una de las etapas procesales y se pronunciará laudo en un término que no exceda de quince días."

"Artículo 130. La audiencia se iniciará con la intervención del Pleno del tribunal, del auxiliar de instrucción o del secretario, haciendo una exhortación a las partes para que solucionen la controversia en forma conciliatoria, y de lograrse el convenio relativo aprobado por el tribunal, surtirá todos los efectos legales de un laudo y se dará por concluido el procedimiento, sin perjuicio de la ejecución de los acuerdos consignados por las partes.

"Sólo podrá suspenderse una sola vez la audiencia, si las partes lo solicitan por encontrarse en pláticas conciliatorias, por lo que el tribunal en ese acto, señalará nuevo día y hora para la continuación de la misma, fecha ésta que se procurará ser la más cercana, con la finalidad de darle celeridad al procedimiento."

"Artículo 131. En el caso de no lograrse el arreglo conciliatorio, el tribunal, tendrá a las partes como inconformes y concederá el uso de la palabra al actor o a su representante legal, para que ratifique, rectifique o amplíe su escrito inicial de demanda, en cuya ampliación sólo podrá aportar nuevos datos respecto a los hechos o incluir mayores prestaciones, sin poder demandar en ese acto a quien no haya incluido en su escrito inicial. En el caso de que se ejerciten nuevas acciones o se adicionen hechos substanciales a los narrados en la demanda y el demandado o demandados no estén en aptitud de contestar los mismos en ese acto por su desconocimiento o inasistencia, se suspenderá la audiencia para dar conocimiento a los demandados de los nuevos conceptos, fijándose el término y apercibimientos contenidos en el artículo 128 de esta ley para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y se señalará la fecha en que se reanudará la audiencia, a partir del momento en que ocurrió la suspensión decretada."

"Artículo 132. Concluida la intervención de la parte actora, o transcurrido el término mencionado en el artículo inmediato anterior, se concederá el uso de la palabra a la parte demandada, para que por sí, o por conducto de su apoderado o representante legítimo, ratifique o precise lo aseverado en la contestación producida. Asimismo en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los diez días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos, procediendo de inmediato a abrir la etapa de ofrecimiento de pruebas, en donde las partes podrán aportar todos los elementos de convicción que deseen, sin más limitaciones que las derivadas de la existencia, factibilidad o posibilidad de su desahogo en forma física, por los servidores del tribunal."

"Artículo 133. El Pleno del tribunal, el auxiliar de instrucción, o el secretario, calificará las pruebas admitiendo las que estime pertinentes y desechando aquellas que resulten notoriamente inconducentes o contrarias a la moral o al derecho, o que no tengan relación con la litis planteada. Acto continuo se señalará el orden de su desahogo, procurando que sean primero las del actor y posteriormente las del demandado, tomando en cuenta la naturaleza de las pruebas y la celeridad del procedimiento."

"Artículo 134. En la audiencia de desahogo, sólo se recibirán las pruebas admitidas previamente, a no ser que se refieran a hechos supervenientes, en cuyo caso, se dará vista a la contraria antes de resolver lo procedente. Se exceptúan las relativas a las tachas de testigos o la confesional, siempre que se ofrezcan antes de la declaratoria de haberse concluido el procedimiento y se cite a las partes a oír el laudo correspondiente."

Como es de verse, para conocer de los conflictos laborales individuales entre los trabajadores y las dependencias o entidades públicas, habrá un tribunal de arbitraje y escalafón, que se integrará por tres Magistrados; que el tribunal actuará en Pleno tratándose de juicios de naturaleza colectiva o cuando a juicio de los Magistrados, el asunto sea de importancia trascendente y las votaciones serán nominales, sin perjuicio de que el Magistrado inconforme pueda emitir voto particular; que el procedimiento será público, gratuito, inmediato y se iniciará a instancia de parte, debiéndose tomar las medidas conducentes para lograr la mayor economía de tiempo, concentración y sencillez en el proceso; que la demanda se presentará por escrito, precisando los hechos y puntos petitorios y se acompañarán las copias necesarias para cada una

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26335-69999c97/alegatos-en-el-juicio-laboral-burocratico-en-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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