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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LAS ACTUACIONES QUE LLEVA A CABO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RESOLVER SOBRE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y FIJAR LA GARANTÍA RESPECTIVA, ASÍ COMO TODO LO VINCULADO CON ÉSTA, CONSTITUYEN RESOLUCIONES DE PRIMER GRADO O DE PRIMERA INSTANCIA Y, POR ENDE, SON IMPUGNABLES MEDIANTE EL RECURSO DE QUEJA. JUICIO DE AMPARO DIRECTO. NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE LLEVA A CABO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU SUSTANCIACIÓN, COMO AUXILIAR DE LA JUSTICIA FEDERAL. RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO DIRECTO. SU NATURALEZA.

Tipo de asunto: QUEJA 46/2021. · Registro digital (IUS): 32074
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-01-19
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Enero de 2024, Tomo VI, Pág.5805.

QUEJA 46/2021. 7 DE MAYO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIO: SERGIO IVÁN SÁNCHEZ LOBATO.

CONSIDERANDO:

SEGUNDO.—Antes de emprender el estudio de este asunto, es necesario examinar la procedencia del recurso de queja.

De los antecedentes relacionados en el resultando primero de esta ejecutoria, se aprecia que la resolución recurrida se emitió por la autoridad responsable después de que se resolvió un juicio de amparo directo.

- Naturaleza de los actos que lleva a cabo la autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, en la tramitación de un juicio de amparo directo y después de concluido éste.

Conforme a lo previsto en el artículo 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(1) los Tribunales Colegiados de Circuito son los titulares de la jurisdicción originaria para conocer y resolver los juicios de amparo directo; ello, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo podrá resolver ese tipo de asuntos si ejerce su facultad de atracción.

Lo anterior se corrobora con lo dispuesto en los artículos 34 y 40 de la Ley de Amparo.(2)

El amparo directo es un medio extraordinario de defensa cuya litis se determina por lo planteado en los conceptos de violación y su materia de examen se limita al análisis de:

1. La legalidad y constitucionalidad del acto reclamado, el cual debe ser una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio.

2. Las presuntas violaciones que se hubieren cometido en perjuicio del quejoso, en el transcurso del procedimiento.

3. La constitucionalidad de las normas generales que se hubieren aplicado en perjuicio del quejoso, en el curso del procedimiento o en la propia sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio.

Por lo anterior, la Constitución General y la Ley de Amparo regulan un procedimiento sumario en el cual:

I. Se delega jurisdicción a la autoridad responsable para llevar a cabo ciertas actuaciones y emitir diversas resoluciones que, de origen, le corresponden al tribunal de amparo por encontrarse previstas, precisamente, en la propia Carta Magna o en la Ley de Amparo.

II. Se reserva al tribunal de amparo la recepción de los alegatos de las partes y, en su caso, el amparo adhesivo, así como la emisión de la sentencia que resuelva sobre la procedencia de la acción constitucional y, superado ese punto, sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada.

Por virtud de lo anterior, conforme a lo previsto en los artículos 107, fracción XI, de la Constitución General(3) y 176 de la Ley de Amparo,(4) la demanda de amparo directo debe presentarse ante la autoridad responsable, con motivo de ello, esta última deberá:

1. Verificar si la parte quejosa exhibió copias de la demanda de amparo suficientes para correr traslado a todas las partes que deban intervenir en el juicio constitucional y, en caso de que las exhibidas sean insuficientes, deberá prevenir a la parte quejosa para que exhiba las copias faltantes, salvo que la demanda se haya presentado en forma electrónica o en los supuestos de excepción en donde al ser la parte quejosa una persona legalmente tutelada, el propio tribunal deberá obtener las copias faltantes.(5)

2. Certificar en la demanda la fecha de notificación a la parte quejosa de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas.

3. Emplazar a las personas a quienes asista el carácter de terceras interesadas.

4. Remitir al Tribunal Colegiado de Circuito la demanda, su informe justificado y las constancias del expediente en el que se emitió la resolución reclamada, así como las pruebas que en dicho asunto se hayan ofrecido.(6)

5. Resolver sobre la suspensión del acto reclamado y, en su caso, fijar la garantía que responda por los posibles daños y perjuicios que con motivo de la referida medida cautelar se lleguen a causar a la parte tercera interesada.(7)

Es importante destacar que por virtud de la remisión que hace el artículo 190 de la ley de la materia a diversas reglas que rigen para la suspensión del acto reclamado previstas para el amparo indirecto, al delegarse a la autoridad responsable, en su carácter de auxiliar de la Justicia Federal, la facultad de pronunciarse en relación con la suspensión del acto reclamado, por consecuencia también se encuentra facultada para:

I. Fijar contragarantía que permita al tercero interesado llevar adelante la ejecución de la resolución reclamada.(8)

II. Una vez resuelto el juicio de amparo:

a) Decidir sobre la devolución de la garantía o contragarantía que se hubiera exhibido con motivo de la suspensión del acto reclamado.

b) En su caso, tramitar y resolver el incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión.(9)

Lo anterior corrobora que la actuación de la autoridad responsable con motivo de la promoción del juicio de amparo directo, la lleva a cabo en ejercicio de una jurisdicción que no le es propia u originaria, sino delegada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Amparo, para que actúe en auxilio de la Justicia Federal.

- Naturaleza de las resoluciones emitidas por la autoridad responsable en la sustanciación del juicio de amparo directo y, con motivo de la suspensión del acto reclamado, fijación, recepción y devolución de las garantías y contragarantías exhibidas, así como en el incidente de reclamación de daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado.

Lo expuesto evidencia que las resoluciones que emite la autoridad responsable en ejercicio de la jurisdicción de amparo que se le delega constituyen, por esa virtud, determinaciones de primer grado que, por tanto, en forma ordinaria pueden ser materia de impugnación por las partes a través del recurso de queja, a fin de que el tribunal de alzada –que es aquel que cuenta con la jurisdicción originaria para resolver el juicio de amparo directo, esto es, el Tribunal Colegiado de Circuito– analice su legalidad, en los términos previstos en los artículos 97, fracción II y 103 de la Ley de Amparo.(10)

Lo anterior, pues los principios que se desprenden del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley de Amparo, evidencian que, por regla general, las resoluciones emitidas en el juicio de amparo son impugnables a través de algún recurso, salvo que el Constituyente o el legislador dispongan expresamente lo contrario.

- Derecho a recurrir las resoluciones emitidas en el juicio de amparo.

El derecho para impugnar las resoluciones judiciales tiene un primer sustento en el artículo 17 constitucional, que consagra el acceso a la justicia; sin embargo, este derecho fundamental aparece más claro en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(11) que consagra los principios del recurso judicial.

En materia de amparo, el derecho a recurrir las resoluciones judiciales, de forma genérica, deriva de lo previsto en el artículo 107, fracciones VIII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.(12)

Si bien en estas últimas fracciones sólo se hace referencia expresa al recurso de revisión, no debe perderse de vista que el artículo 107, párrafo primero, expresamente delegó al legislador la facultad de regular el procedimiento conducente, lo que implica la posibilidad de que en la Ley de Amparo, además del recurso de revisión expresamente previsto en el Texto Constitucional, se regule la existencia de diversos medios de impugnación contra las resoluciones emitidas en la sustanciación del juicio de amparo o después de concluido éste.

De esa forma, los recursos previstos en la Ley de Amparo son los instrumentos a través de los cuales el gobernado podrá impugnar la legalidad de las resoluciones judiciales de toda índole(13) emitidas:

1. En la sustanciación de un juicio de amparo.

2. Con motivo de la suspensión del acto reclamado.

3. Con respecto a la fijación, exhibición o solicitud de entrega de las garantías y contragarantías otorgadas con motivo de la suspensión.

Por regla general, el objeto de esos recursos es confirmar, revocar o modificar la resolución combatida.(14)

Dependiendo de la naturaleza de la resolución recurrida, a través de los recursos el gobernado podrá impugnar tanto aspectos de forma,(15) como el fondo de lo decidido u ordenado por la autoridad judicial, por estimarse que ésta incurrió, entre otras hipótesis, en alguna omisión, o en falta indebida o incorrecta:

I. Fundamentación, motivación o ambas.

II. Valoración de pruebas.

III. Interpretación de la ley o la jurisprudencia.

IV. Apreciación y estudio de la litis planteada.

V. Análisis de las constancias de autos.(16)

- Naturaleza del recurso de queja en el juicio de amparo.

El recurso de queja constituye un mecanismo procesal de defensa que se instrumenta en la Ley de Amparo a través de un procedimiento de segunda instancia, cuyo único fin es el análisis de la legalidad de una resolución dictada por:

1) El órgano federal de amparo de primera instancia:

a) Juez de Distrito o

b) Tribunal Colegiado de Apelación, antes denominado Tribunal Unitario de Circuito.

2) La autoridad responsable, cuando ésta actúa como auxiliar de la Justicia Federal:

a) En la sustanciación de un juicio de amparo directo.

b) Con motivo de las resoluciones que emita en relación a:

i. La suspensión del acto reclamado.

ii. A la fijación y recepción de las garantías y contragarantías que con ese motivo se determinen.

iii. A la devolución de las garantías y contragarantías exhibidas con respecto a la suspensión del acto reclamado.

iv. A los incidentes de reclamación de daños y perjuicios causados por la suspensión del acto reclamado.

De esa forma, la queja es un recurso vertical, también conocido como de alzada o de segunda instancia. Denominaciones que derivan del hecho de que su conocimiento y resolución corresponden a un tribunal superior de instancia del juzgador que emitió la resolución materia de la impugnación.

Conforme a la doctrina procesal, el tribunal de alzada o de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver la controversia de que se trata, pero la delega en un juzgador de primer grado quien, por virtud de ello, se encargará de sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la contienda.

Por virtud de lo anterior, al ser el tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para juzgar el asunto, si a través del estudio de los agravios llega a determinar que son erróneas o incongruentes las consideraciones emitidas por el juzgador de primer grado, procederá en ese momento a reasumir su jurisdicción originaria para juzgar el asunto y dictará la resolución que corresponda en sustitución de la recurrida.

Lo anterior es lo que origina que en la queja –como en cualquier recurso de alzada– no proceda el reenvío,(17) pues una vez detectada la infracción en que hubiese incurrido el juzgador primario, el tribunal de alzada no puede devolverle el asunto para que emita nueva resolución en la que repare la violación en que incurrió, sino que debe reasumir la jurisdicción que le corresponde y será el propio tribunal de alzada quien emita la nueva decisión.(18)

Conforme lo previsto en el artículo 103 de la Ley de Amparo, lo anterior tiene como excepción los casos en que deba reponerse el procedimiento, pues en esa hipótesis, el tribunal de alzada se limita a dejar insubsistente la resolución recurrida y ordenar al juzgador primario lleve a cabo los actos procesales que procedan.

Así, a través de la interposición del recurso de queja, el recurrente se "alza" a fin de que el tribunal de segundo grado revise la legalidad de la decisión del juzgador primario.

De acuerdo con la mecánica comentada, la resolución dictada por el juzgador de amparo de primera instancia o por la autoridad responsable en auxilio de la Justicia Federal en la sustanciación de un juicio de amparo directo o con motivo de la suspensión del acto reclamado y la fijación y exhibición de las garantías y contragarantías respectivas; constituirá una decisión preliminar, pues si las partes la recurren a través del recurso de queja, la resolución que emite el tribunal de alzada sustituye procesalmente a la impugnada.(19)

- Procedencia del recurso de queja contra la resolución que no acuerda de conformidad la devolución de la garantía exhibida con motivo de la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo.

El artículo 97, fracción II, de la Ley de Amparo,(20) regula las hipótesis en las que procede el recurso de queja en amparo directo.

Concretamente, los incisos b) y c) contenidos en la referida fracción, prevén que el recurso de queja procede:

1) Cuando la autoridad responsable no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal.

2) Contra la resolución emitida por la autoridad responsable en la que:

i. Conceda o niegue la suspensión del acto reclamado.

ii. Rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas.

iii. Admita fianzas o contrafianzas que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes.

3) Contra la resolución emitida por la autoridad responsable que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado.

Como se ve, las hipótesis legales anteriores no prevén, literalmente, que el recurso de queja proceda contra la resolución emitida por la autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, en la que niegue a la parte quejosa la devolución de la garantía exhibida con motivo de la suspensión del acto reclamado.

No obstante, la ausencia de una hipótesis específica que prevea la procedencia del recurso de queja en contra de resoluciones como la señalada, no constituye un impedimento para estimar que el referido recurso sí procede en esa hipótesis.

Lo anterior, en primer lugar, pues el Constituyente y el legislador de amparo no excluyeron, en forma expresa, la procedencia del recurso de queja en contra de ese tipo de resoluciones.

Esto es, no existe norma general alguna que establezca expresa y categóricamente que sea irrecurrible la resolución emitida por la autoridad responsable, como auxiliar de la Justicia Federal, después de resuelto un juicio de amparo directo que niega devolver a la parte quejosa la garantía exhibida con motivo de la suspensión del acto reclamado.

Además, si bien el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General,(21) privilegia la interpretación literal de la ley en el dictado de las sentencias, lo cierto es que esa misma porción normativa prevé la posibilidad de que el órgano jurisdiccional respectivo realice la interpretación jurídica de la norma que sea aplicable.

Postulados que, conforme a lo previsto en el artículo 1o., párrafo segundo, del propio Pacto Federal,(22) resultan aplicables en la emisión de cualquier resolución jurisdiccional, al no existir norma general alguna que disponga lo contrario.

Por tanto, para sustentar la procedencia del recurso de queja en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable, después de resuelto el juicio de amparo directo, que negó la devolución a la parte quejosa de la garantía que exhibió con motivo de la suspensión del acto reclamado; debe partirse de las siguientes premisas que derivan de lo expuesto en párrafos anteriores:

I. En el amparo, salvo las excepciones expresamente previstas por el Constituyente o el legislador, las resoluciones emitidas durante la sustanciación del juicio constitucional o después de concluido éste, son impugnables a través de los recursos que prevé y regula la Ley de Amparo.

II. Conforme lo previsto en los artículos 107 de la Constitución General y 97, fracción II, de la Ley de Amparo, las resoluciones emitidas por la autoridad responsable, en auxilio de la Justicia Federal, con motivo de la tramitación de un juicio de amparo directo o después de concluido éste, son impugnables a través del recurso de queja.

Por tanto, si el recurso de queja procede, entre otras resoluciones emitidas por la autoridad responsable, en ejercicio de la jurisdicción delegada de amparo, contra aquellas que:

i. Concedan o nieguen la suspensión del acto reclamado.

ii. Rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas.

iii. Admitan fianzas o contrafianzas que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes.

iv. Decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado.

Es evidente que también procede el recurso de queja en contra de la resolución emitida por la autoridad responsable –en ejercicio de la jurisdicción que le delegan los artículos 107, fracción XI, de la Constitución General, 176 y 190 de la Ley de Amparo–, después de resuelto el juicio de amparo directo, que negó la devolución a la parte quejosa de la garantía que exhibió con motivo de la suspensión del acto reclamado.

Lo anterior, pues:

1. No existe disposición constitucional ni legal alguna que establezca expresamente que dicha resolución sea irrecurrible.

2. De manera genérica se encuentra regulada la procedencia del recurso de queja en contra de las resoluciones emitidas por la autoridad responsable, en ejercicio de la jurisdicción delegada en la sustanciación de un juicio de amparo directo o después de concluido éste, con motivo de la fijación, exhibición y entrega de las garantías con motivo de la suspensión del acto reclamado.

3. Razón por la cual, debe privilegiarse al gobernado el acceso a un recurso de alzada que le permita obtener, por parte del tribunal de alzada, el examen de la legalidad de la referida resolución.

4. Además, existe analogía entre la resolución que niega a la parte quejosa la devolución de la garantía exhibida con motivo de la suspensión del acto reclamado y aquella que resuelva sobre el incidente de reclamación de daños y perjuicios con motivo de la suspensión del acto reclamado, para hacer efectiva la garantía o contragarantía exhibida.

5. Esto último pues, en ambas hipótesis, se decide sobre la procedencia o no de entregar a alguna de las partes que intervienen en el juicio de amparo, la garantía o contragarantía exhibidas con motivo de la suspensión de los actos reclamados.

Conclusión.

Por virtud de lo expuesto, en el caso sí es procedente el presente recurso de queja y, por tanto, se procede al examen de los agravios expresados por el recurrente.

TERCERO.—La resolución recurrida es del tenor siguiente:

"Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veinte.—Agréguese a su cuaderno de amparo el escrito presentado por **********, personalidad que tiene acreditada en autos; visto lo solicitado, no ha lugar a proveer de conformidad la devolución de la póliza de fianza número ********** emitida por **********, toda vez que por Acuerdo 03-22/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó ampliar los efectos del ‘Plan de contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México’, que fue autorizado por Acuerdo Plenario 39-14/2020, emitido en sesión de diecisiete de marzo, en relación con los acuerdos 03-15/2020, V-19/2020, 25-17/2020 y 03-19/2020; y se autorizó la ampliación de la suspensión de labores y, por consecuencia, la de los plazos procesales en el Poder Judicial de la Ciudad de México, que inició el dieciocho de marzo, para quedar hasta el día treinta y uno de julio de dos mil veinte; reanudándose labores el tres de agosto de dos mil veinte; por tanto, aun cuando se alegue que dicho plazo atienda a días calendario y no a días hábiles, resulta claro, que durante el periodo señalado no se pudo interponer ninguna promoción, razón por la cual, al haber transcurrido el plazo de seis meses que contempla el artículo 156 de la Ley de Amparo, no procede su petición. Lo que se notifica a las partes, para los efectos legales a que haya lugar." CUARTO.—El agravio es el siguiente:

"Único. Violación a lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, por la inobservancia de lo dispuesto por los artículos 1177 y 1180 del Código Civil Federal, y el artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles.—Al dictar el acuerdo que por este medio se combate, la autoridad responsable violó en perjuicio de mi representada lo dispuesto en los artículos invocados en el presente agravio y, en consecuencia, los más elementales principios de congruencia, exhaustividad y equidad procesales, mismos que son consubstanciales a toda resolución judicial, toda vez que sin motivo ni fundamento legal alguno para hacerlo, negó la solicitud de mi representada de devolver la póliza de fianza número ********** emitida por ********** (en lo sucesivo se le referirá como la ‘póliza de fianza’), la cual fue exhibida para garantizar los posibles daños y perjuicios generados con motivo de la suspensión del acto reclamado, pese a que la misma era procedente, lo que ocurre en virtud de las siguientes consideraciones: 1. Como se desprende del acuerdo recurrido, la autoridad responsable negó la petición de mi representada de devolver la póliza de fianza, bajo la consideración de que aún se encuentra transcurriendo el plazo de seis meses que contempla el artículo 156 de la Ley de Amparo ya que, aun cuando el plazo previsto en dicho precepto legal se refiere a días calendario y no hábiles, dicho plazo no comprende la suspensión de plazos procesales del Poder Judicial de la Ciudad de México, lo cual inició del dieciocho de marzo y hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte (conforme al Acuerdo 03-22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, a través del cual se determinó ampliar los efectos del ‘Plan de contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México’, que fue autorizado por Acuerdo Plenario 39-14/2020), pues en dicho periodo de suspensión de labores no era posible interponer ninguna promoción.—2. Sin embargo, la resolución de la autoridad responsable es ilegal y violatoria de lo dispuesto por los preceptos legales invocados en el presente agravio, por las siguientes razones: 3. El artículo 156 de la Ley de Amparo, establece textualmente lo siguiente: (lo transcribe).—4. De la transcripción anterior se desprende que, para hacer efectiva la responsabilidad del promovente de las garantías o contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión del acto reclamado, dicha responsabilidad debe tramitarse ante el órgano jurisdiccional que conozca del incidente de suspensión, dentro de los seis meses siguientes al día en que surta efectos la notificación a las partes de la resolución que en definitiva ponga fin al juicio.—En el caso de que no se presente la reclamación dentro del plazo de seis meses y previa vista a las partes, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía.—5. El artículo 1177 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: (lo transcribe).—6. El artículo 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo dispone lo siguiente: (lo transcribe).—7. Por otra parte, el artículo 1180 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo dispone lo siguiente: (lo transcribe).—8. De los artículos anteriores –transcritos– se desprende que los plazos para ejercer acciones y derechos se cuentan conforme a los días calendario y, en caso de que el último día para ejercer una acción o derecho sea día feriado (o inhábil), los mismos deberán ejercerse al día siguiente que fuere hábil, pues de no hacerlo se consuma la prescripción.—9. Pues bien, de conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, en el caso de que no se promueva dicho incidente dentro del término indicado, se procederá a la devolución o cancelación, según el caso, de la garantía o contragarantía. Por consiguiente, para computar el plazo de seis meses, debe estarse a lo previsto por los artículos 1177 y 1180 del Código Civil Federal y 292 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que disponen que para fijar la duración de los términos señalados por meses, éstos se regularán según el calendario del año, de donde se concluye que el término de seis meses para promover el incidente a que se refiere el artículo 129 del último ordenamiento legal citado, los meses deben considerarse por los días naturales que comprenda según el año del calendario correspondiente, y no sólo los días hábiles que comprendan.—10. En este sentido, atendiendo a que el plazo de seis meses previsto en el artículo 156 de la Lev de Amparo se computa en días calendario (y no hábiles), en términos del artículo 1180 del Código Civil Federal, en caso de que el último día para promover el incidente a que se refiere el artículo 156 de la Ley Amparo sea un día inhábil, dicho incidente necesariamente debe presentarse al día siguiente que fuere hábil.—11. Sirve de apoyo a lo anterior, el siguiente criterio aislado: ‘Novena Época. Registro digital: 180620. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004. Materias: Civil y Común. Tesis: VI.3o.C.100 C. Página: 1784. INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 129 DE LA LEY DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA PROMOVERLO DEBE COMPUTARSE POR MESES SEGÚN EL CALENDARIO DEL AÑO CORRESPONDIENTE.’ (la transcribe y cita precedentes).—12. Una vez sentado lo anterior, es evidente que contrario a lo que resolvió la autoridad responsable, sí era procedente ordenar la devolución de la póliza de fianza por haber transcurrido el plazo de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo para ello la suspensión de plazos procesales generada con motivo del Acuerdo 03-22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, en virtud de que el plazo de seis meses previsto en el referido precepto legal se computa en días naturales o calendario (y no hábiles), por lo cual la suspensión de plazos procesales generada con motivo de dicho acuerdo no suspendió el plazo de seis meses para la promoción del respectivo incidente y, en todo caso, el plazo para que el tercero interesado promoviera dicho incidente, según lo dispuesto por el artículo 1180 del Código Civil Federal, venció el tres de agosto de dos mil veinte (fecha en la que se reanudaron las labores en el Poder Judicial de la Ciudad de México); sin embargo, al no haber promovido dicho incidente, precluyó su derecho para hacerlo.—13. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal del País, que era de observancia obligatoria para el Magistrado responsable: ‘Novena Época. Registro digital: 187149. Instancia: Primera Sala. Tipo de tesis: jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002. Materia: Común. Tesis: 1a./J. 21/2002. Página: 314. PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO.’ (la transcribe y cita precedentes).—14. Entonces, como se desprende de las constancias del cuaderno de amparo indicado en los párrafos que anteceden, el veintinueve de enero de dos mil veinte se publicó en listas y se notificó a las partes la sentencia dictada por el H. Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en los autos del juicio de amparo directo con número de expediente **********, promovido por mi representada, por lo que el treinta de enero de dos mil veinte surtió sus efectos dicha notificación, entonces el plazo de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo corrió del treinta y uno de enero de dos mil veinte al treinta y uno de julio de dos mil veinte, es decir, que el último día para promover el incidente a que se refiere el artículo 129 de la Ley de Amparo fue el tres de agosto de dos mil veinte; sin embargo, al no haber promovido dicho incidente, precluyó el derecho de la parte tercera interesada para hacerlo y, en consecuencia, es procedente hacer la devolución de la póliza de fianza a mi representada.—15. De las consideraciones expuestas se desprende que el acuerdo recurrido es violatorio de lo dispuesto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, por la inobservancia de lo dispuesto por los artículos 1177 y 1180 del Código Civil Federal y el artículo 292 Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que contrario a lo resuelto por la autoridad responsable, sí era procedente hacer la devolución de la póliza de fianza, por haber transcurrido el plazo de seis meses para la promoción del incidente, sin que el tercero interesado lo haya hecho.—16. En virtud de lo anterior, es procedente que sus señorías, previos trámites de rigor y estilo, dicten sentencia por medio de la cual resuelvan como fundado el presente agravio y, en consecuencia, revoquen el acuerdo recurrido para efecto de que ordene devolver a mi representada la póliza de fianza, para todos los efectos legales a que haya lugar."

QUINTO.— El tema a dilucidar en el presente recurso de queja consiste en establecer si el término de seis meses previsto en el artículo 156 de la Ley de Amparo(23) para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión del acto reclamado, se suspendió por virtud del cierre de labores en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, derivado de las medidas tomadas por virtud de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19); o si, como lo argumenta el recurrente, dicho plazo corrió pese al cierre referido y, por tanto, feneció el primer día hábil siguiente a que se reanudaron dichas labores.

En principio, debe precisarse que conforme al artículo 156 de la Ley de Amparo, dicha responsabilidad debe tramitarse ante el órgano jurisdiccio

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32074-4624e38f/juicio-de-amparo-directo-las-actuaciones-que-lleva · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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