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Modo: Corpus Pro

PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PUEDE PROMOVERSE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE AGOTARLO, SI UN RECURSO O MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA ES IDÓNEO PARA REVOCAR, MODIFICAR O NULIFICAR EL ACTO RECLAMADO, PERO NO RESULTA EFICAZ PARA SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL QUEJOSO.

Tipo de asunto: QUEJA 5/2021. · Registro digital (IUS): 30319
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2022-01-14
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, Pág. 2851.

QUEJA 5/2021. 22 DE FEBRERO DE 2021. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: FERNANDO RANGEL RAMÍREZ. SECRETARIA: MIRIAM AIDÉ GARCÍA GONZÁLEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Del análisis de la demanda de amparo y de su aclaración, se advierte que la quejosa, ahora recurrente, reclamó:

1. Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil seguido en su contra, específicamente:

a) El proveído que admitió a trámite la demanda en la vía ejecutiva mercantil y ordenó requerir a la parte demandada para que en la diligencia de emplazamiento hiciera el pago de la cantidad reclamada y, en caso de no hacerlo, se embargaran bienes de su propiedad.

b) La diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.

2. Precisó que la parte actora señaló como bienes para embargo, todas las cuentas bancarias que tuviera la demandada en el sistema bancario y, de manera enunciativa y no limitativa, entre otras, las cuentas de cheques, abono, inversión y acciones.

3. Los actos orientados a la ejecución del embargo y el aseguramiento de sus bienes.

4. Además, consta que en su escrito aclaratorio de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, también señaló como actos reclamados arrestos, multas y apercibimientos que se hubieren decretado en su contra, aunque no precisó los acuerdos que, en su caso, los contengan.

Respecto de los actos precisados en el número cuatro anterior, el juzgador federal no se pronunció en la resolución recurrida.

Ahora, aunque la recurrente no se inconforma en particular con la falta de pronunciamiento del juzgador de amparo respecto de los referidos actos, en sus agravios medularmente señala:

a) Los actos reclamados sí son de imposible reparación al afectarse su patrimonio con el embargo y aseguramiento de sus bienes.

b) Aunque agotó los recursos y medios ordinarios de defensa en contra de los actos reclamados, dada la suspensión de labores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, no se han acordado de conformidad y, por ello, se ve impedido a ejercer cabalmente su derecho de defensa.

Argumentos que, atento a su causa de pedir, son fundados y suficientes para declarar fundado este recurso de queja, pues las causas de improcedencia en que se apoyó el juzgador federal para desechar la demanda de amparo, dada la contingencia sanitaria que impera en el país y en la comunidad mundial con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, no son manifiestas e indudables conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo,(1) lo cual abarca también a los actos reclamados respecto de los cuales, en la resolución recurrida, no se hizo pronunciamiento específico.

Ello, pues como lo señala la recurrente, la orden de embargo y su ejecución, así como los actos encaminados a su perfeccionamiento –entre ellos, al parecer, el aseguramiento de cuentas bancarias–, y las posibles medidas de apremio con las que se le hubiera apercibido y en su caso impuesto, sí afectan de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos.

Ello, pues el embargo y el aseguramiento impiden disponer a su titular o propietario de los bienes sobre los que recaen, durante todo el tiempo que dure el juicio, lo que no es susceptible de repararse, pues aun cuando el afectado obtuviera sentencia favorable y se levantara el embargo, ello no le restituirá de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo.

Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. CIV/99, con número de registro digital: 193414, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, agosto de 1999, página 227, que dice:

"EMBARGO. ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO, RESPECTO DEL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución General de la República, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que en contra de las violaciones que se actualicen durante el procedimiento de un juicio, procede el amparo indirecto, como excepción, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actos que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son los que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado consagrados en la Constitución Federal y no sólo derechos adjetivos o procesales; hipótesis en la que encuadra el embargo practicado en el juicio, dado que afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del propietario del respectivo bien, en tanto le priva de la facultad de disponer plenamente de los bienes embargados, esto es, del derecho de enajenarlos (venderlos, arrendarlos, darlos en comodato, prenda o garantía, etcétera), además de constituirse el depósito, se le impide el uso y disfrute de los bienes secuestrados, durante todo el tiempo que dure el juicio, lo cual no será susceptible de repararse, pues aun cuando el afectado obtenga sentencia favorable y se levante el embargo, esto no le restituirá de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embargo. Por consiguiente, el embargo decretado durante el juicio, en el momento en que se produce, afecta de manera irremediable derechos fundamentales contenidos en las garantías individuales, razón por la cual no es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia correspondiente o se decrete el remate durante el procedimiento de ejecución, para poder combatir la actuación relativa mediante el juicio de amparo indirecto."

De igual forma, las posibles medidas de apremio que se hubieren impuesto a la parte quejosa afectan materialmente su patrimonio y, en su caso, su libertad personal.

Ahora, el hecho de que un acto sea de imposible reparación no constituye una excepción al principio de definitividad, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que también en esos casos el quejoso deberá agotar, previo a la promoción del amparo, los recursos y medios ordinarios de defensa que procedan en contra del acto reclamado.(2)

Es pertinente señalar que hay casos excepcionales en los cuales, no obstante que en contra de un acto de autoridad proceda un recurso o medio de defensa ordinario que sea idóneo para revocarlo, modificarlo o anularlo, si no resulta eficaz por no tutelar plenamente los derechos del gobernado afectado por el acto de autoridad, ello lo faculta a acudir de inmediato a ejercer la acción constitucional en la vía indirecta, sin necesidad de agotar el principio de definitividad.

Evento el anterior que en la especie se actualiza con motivo de la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, la cual imperaba en nuestro país y en la comunidad mundial desde que se emitieron y ejecutaron los actos reclamados, así como en la fecha en que se dictó la resolución recurrida, la cual prevalece al momento en que se emite esta propia ejecutoria.

Contingencia sanitaria que ha restringido a los justiciables el acceso ordinario y pleno al servicio de administración de justicia en los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México, pues es un hecho notorio que, en diversas ocasiones, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México ha emitido acuerdos generales mediante los cuales ha ordenado el cierre de los juzgados y tribunales y, por ende, se han suspendido los plazos procesales.

Requisitos que debe satisfacer el recurso o medio ordinario de defensa para que la parte quejosa se encuentre obligada a agotarlo antes de ejercer la acción constitucional.

El principio de definitividad deriva de lo previsto en el artículo 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;(3) es uno de los principales ejes rectores de la procedencia del juicio de amparo y que ratifican su naturaleza como medio extraordinario de defensa, al cual debe acudirse, en principio, sólo en el caso de que la lesión causada por el acto de autoridad sea definitiva y no pueda ser solucionada por otros medios.

Este principio se encuentra regulado, como causa de improcedencia de la acción constitucional, en el artículo 61, fracción XVIII, primer párrafo, de la Ley de Amparo;(4) hipótesis normativa que sólo resulta aplicable a los procedimientos jurisdiccionales y no a los actos propiamente administrativos, pues el principio de definitividad respecto de éstos se regula en forma específica en la fracción XX del mismo precepto.

Para satisfacer los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y a contar con un recurso judicial sencillo y rápido, consagrados en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(6) la obligación o carga procesal de agotar el principio de definitividad, previo a la promoción del juicio de amparo, lleva inmersa la lógica de que el recurso o medio ordinario de defensa que proceda contra el acto de autoridad que el gobernado estima lesivo de sus derechos, debe satisfacer los siguientes requisitos:

I. Idoneidad. Debe ser capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado.

II. Eficacia. Dependiendo de la naturaleza del acto que se pretende impugnar, debe:

i. Permitir al gobernado el despliegue pleno de su derecho de defensa.

ii. Regularse un procedimiento que impida la consumación irreparable, en los derechos del gobernado, de los efectos que produce el acto de autoridad.

Por lo que si el recurso o medio ordinario de defensa previsto en la legislación procesal no satisface cualquiera de los anteriores requisitos, no existirá obligación de la parte quejosa de interponerlo antes de acudir al amparo.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 145/2011 (9a.), con número de registro digital: 160373, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2530, del contenido siguiente:

"PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008). El artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé como uno de los principios rectores del juicio de amparo el de definitividad, que se traduce en la obligación impuesta al demandante de la acción constitucional de agotar el recurso ordinario procedente que pudiera tener el efecto de revocar o modificar el acto reclamado, previamente a recurrir a la instancia constitucional. Ahora bien, en el caso del Código de Comercio, reformado mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril y el 30 de diciembre de 2008, el legislador adoptó un sistema de recursos con el fin de dar mayor celeridad al procedimiento; así, conforme a este nuevo sistema de impugnación, el artículo 1203 prevé que contra el auto que admite las pruebas procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, de tramitación conjunta con la apelación contra la sentencia de primera instancia, es decir, dicho recurso será estudiado con el recurso de apelación que en su caso se interponga contra la sentencia definitiva una vez concluido el juicio. En ese tenor, si se toma en cuenta que este Alto Tribunal ha considerado que la admisión de la prueba pericial contable en los libros de una de las partes ofrecida por su contraria, afecta directa e inmediatamente sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución ante la posibilidad de quedar expuesta la secrecía y la confidencialidad de la contabilidad que habrá de intervenirse, es evidente que la interposición de un recurso ordinario en los términos establecidos en dicho ordenamiento –que impide al quejoso cumplir con la carga de agotar el recurso–, genera que la prueba pericial se desahogue, con lo que quedaría irremediablemente consumada la afectación a su esfera jurídica sin posibilidad de repararse; ello, porque la contabilidad ya no volverá al secreto ni a la confidencialidad, tornándose nugatorio el objeto de las sentencias que conceden el amparo conforme al artículo 80 de la ley de la materia. De manera que aunque el Código de Comercio dispone la procedencia de un recurso ordinario contra el auto que admite la prueba pericial contable, debe estimarse un caso de excepción al principio de definitividad, en el cual procede el juicio de amparo indirecto."

Jurisprudencia que es aplicable al caso concreto, por analogía, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente pues, aunque interpreta a la ley de la materia abrogada, no se contrapone a los postulados de la vigente.

Con base en la anterior premisa, en la ejecutoria de la que derivó la anterior jurisprudencia –la cual resolvió la contradicción de tesis 218/2011–, en lo que aquí interesa, el Alto Tribunal consideró:

"...la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que el derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los Jueces o tribunales nacionales competentes ‘es una garantía judicial fundamental mucho más importante de lo que uno pueda prima facie suponer, y que jamás puede ser minimizada. Constituye, en última instancia, uno de los pilares básicos no sólo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como del propio Estado de derecho en una sociedad democrática (en el sentido de la Convención)’. De acuerdo a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos, los recursos judiciales deben existir no sólo formalmente, sino que deben ser efectivos y adecuados. En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que recursos adecuados ‘significa que la función de esos recursos, dentro del sistema de derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica infringida. En todos los ordenamientos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado es obvio que no hay que agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un efecto y no puede interpretarse en el sentido que no produzca ninguno o su resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable ... Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido’.

"65. De ahí que si bien este juicio de control constitucional se rige bajo ciertas reglas y principios que disponen la Constitución y la ley reglamentaria, lo cierto es que en aras de cumplir con los cometidos que se han explicado, la propia ley y la jurisprudencia, mediante su interpretación, admiten la posibilidad de fijar excepciones a esas reglas.

"66. Con base en las anteriores consideraciones, no sería atinado obligar al quejoso a la mera presentación de la apelación para acceder al juicio de garantías, sabiendo que su trámite y resolución quedarán reservados hasta que se dicte la sentencia que ponga fin al juicio y que no podría tener como resultado protegerlo de los derechos fundamentales que estima violados. En la especie, condicionar la procedencia del juicio de amparo indirecto a un trámite ocioso sería supeditar la protección de la Justicia Federal a la presentación de un recurso inútil y obstaculizar el acceso a un medio de garantía efectivo.

"67. En suma, la interposición de la apelación en contra de un auto que admite una prueba pericial contable sobre la contabilidad del quejoso en un juicio ordinario mercantil regido con las disposiciones del Código de Comercio reformado el diecisiete de abril y el treinta de diciembre de dos mil ocho, no es útil para lograr los fines perseguidos por el legislador mediante el cumplimiento del principio de definitividad ni logra proteger al quejoso de una merma en la confidencialidad y secreto de su contabilidad, pues la posible revocación del auto que admitió la prueba vendrá después de desahogado el medio de convicción y no podría destruir todos los efectos del acto reclamado que impactaron su esfera jurídica. De ahí que su interposición no puede constituir un requisito de procedencia del juicio de amparo que combate la admisión de la citada probanza."

Conforme a lo expuesto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que cuando los recursos y medios ordinarios de defensa previstos en la legislación procesal no satisfacen las cualidades de ser idóneos y eficaces para salvaguardar los derechos del gobernado frente a un acto que lo afecte, ello constituye una excepción al principio de definitividad y, por tanto, es válido promover de inmediato el juicio de amparo indirecto.

Conclusión

Como se ha señalado, contrario a lo considerado por el juzgador federal en la resolución recurrida, los actos reclamados sí son de imposible reparación en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo.(7)

Además, si bien como lo consideró el juzgador federal, la parte quejosa señaló que promovió incidente de nulidad de actuaciones y recurso de apelación en contra de los actos reclamados, ello, por el momento, no evidencia la existencia de una causa de improcedencia manifiesta e indudable que faculte desechar de plano la demanda en términos de lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

Lo anterior, pues precisamente la causa de pedir que se desprende de los agravios expresados por la recurrente está encaminada a evidenciar que los medios ordinarios de impugnación que hubiere interpuesto la parte quejosa en contra de los actos reclamados pudieran no ser eficaces para salvaguardar sus derechos, dada la contingencia sanitaria que impera en el país y en la comunidad mundial con motivo del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19.

Pues la recurrente señala que, con motivo de esa contingencia, el Tribunal Superior de Justicia ha suspendido plazos procesales y, por ende, no se ha dado cabal trámite a los medios de impugnación que interpuso.

Ahora, constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-Cov2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, por lo que hizo un llamado a los países a adoptar medidas urgentes y agresivas.

De igual forma, el Consejo de Salubridad General de México emitió el Acuerdo por el que se declaró como emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-Cov2 (COVID 19); el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte.

Posteriormente, el secretario de Salud emitió el Acuerdo General por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria en comento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, en el que se ordenó la suspensión de actividades no esenciales, situación que se ha venido extendiendo hasta la fecha.

Con motivo de lo anterior, en diversos comunicados, tanto el Poder Judicial de la Ciudad de México como el Poder Judicial de la Federación han suspendido las labores para casos no urgentes y, por consecuencia, la suspensión de términos procesales, a partir del dieciocho de marzo de dos mil veinte a la fecha.

En ese tenor, aunque en principio el incidente de nulidad es el medio ordinario de defensa idóneo para obtener la nulificación del emplazamiento y embargo reclamados; y el recurso de apelación también sería idóneo para revocar o modificar el auto de exequendo y aquellos en los que se hubiere ordenado el perfeccionamiento del embargo y los que hayan apercibido o impuesto a la quejosa, ahora recurrente, alguna o varias medidas de apremio; podrían no ser eficaces si éstos no se estuvieren sustanciando dada la suspensión de labores en los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México.

Por ello, de resultar verídico que el incidente de nulidad y los recursos de apelación que hubiere interpuesto la ahora recurrente no se hayan acordado o se encuentre suspendida su sustanciación o resolución, o reservada esta última hasta que se emita sentencia definitiva; ello genera que las consecuencias que producen el embargo reclamado y su aseguramiento, sigan impactando la esfera jurídica de la recurrente y que esa afectación se prolongue en forma indefinida mientras persista la contingencia sanitaria referida y la eventual suspensión de plazos procesales, lo cual podría ocasionar a la promovente del amparo consecuencias que pudieran ser irreparables.

Lo mismo acontece si es que, en tanto se resuelven los referidos recursos y medio ordinario de defensa, se ejecuta alguna medida de apremio que se hubiere impuesto a la parte quejosa –que también señaló como acto reclamado, aun en forma genérica– y, con motivo de ello, se afecta en forma irreparable su libertad personal.

Por ello, se estima que la situación extraordinaria e inédita que vive el país y la comunidad mundial con motivo de la referida contingencia sanitaria, genera una situación especial que podría tornar ineficaces los recursos y mecanismos ordinarios de defensa que hubiere interpuesto la parte quejosa en contra de los actos reclamados, lo que hace procedente la admisión de la demanda de amparo.

Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada 1a. CCLXXVII/2012 (10a.), con número de registro digital: 2002287, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012, página 526, que dice:

"DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. NO PUEDEN CONSIDERARSE EFECTIVOS LOS RECURSOS QUE, POR LAS CONDICIONES GENERALES DEL PAÍS O POR LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE UN CASO CONCRETO, RESULTEN ILUSORIOS. El citado derecho humano está estrechamente vinculado con el principio general relativo a la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los instrumentos internacionales en la materia. Ahora bien, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a tales derechos constituye una transgresión al derecho humano a un recurso judicial efectivo. En este sentido, para que exista dicho recurso, no basta con que lo prevea la Constitución o la ley, o que sea formalmente admisible, sino que se requiere que realmente sea idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. De manera que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso concreto, resulten ilusorios, esto es, cuando su inutilidad se ha demostrado en la práctica, ya sea porque el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad, faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan, se deniega la justicia, se retarda injustificadamente la decisión o se impida al presunto lesionado acceder al recurso judicial."

En consecuencia, no son manifiestas ni indudables las causas de improcedencia en que se apoyó el juzgador federal para desechar la demanda de amparo.

No obstante, el juzgador federal, en el momento procesal oportuno, deberá tomar en cuenta lo sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria mediante la cual resolvió la contradicción de tesis 218/2011, antes referida, en donde el Alto Tribunal consideró:

"...68. En relación a lo sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el sentido de que una vez que el quejoso decidió interponer el recurso previsto en ley, entonces queda obligado a recorrer antes de entablar el juicio constitucional, todos los trámites de dicho recurso encaminados a confirmar, reformar o revocar el acto lesivo a sus intereses, debe decirse que, en efecto, de haberse interpuesto la apelación respectiva, el juicio de garantías sería improcedente por actualizarse la causal prevista en la fracción XIV del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así ya que el hecho de que la violación que pudiera sufrir el quejoso sea directa e inmediata a sus derechos sustantivos, no tiene los alcances de permitir al juzgador federal pronunciarse sobre una resolución que está sub-júdice por la voluntad del propio peticionario de garantías, quien optó por agotar el recurso ordinario cuando la ley y la jurisprudencia le permite no agotarlo.

"69. Debe destacarse que lo anterior no hace nugatorio el derecho del quejoso ya que, de darse este último supuesto, el impetrante de garantías está en posibilidad de desistir de dicho medio de impugnación para acceder a la Justicia Federal, si está en tiempo."

En consecuencia, procede declarar fundado el recurso de queja.

Con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la resolución recurrida y se ordena al juzgador federal provea lo conducente a la admisión de la demanda de amparo.

Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 73/2014 (10a.), con número de registro digital: 2007069, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 8 de agosto de 2014 a las 8:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo II, agosto de 2014, página 901, que dice:

"RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR. El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo establece que procede el recurso de queja en amparo indirecto contra las resoluciones que desechen una demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 del mismo ordenamiento prevé que, en caso de resultar fundado el recurso, se dictará la resolución que corresponda sin necesidad de reenvío, salvo que ésta implique la reposición del procedimiento. Así, del análisis relacionado de esas disposiciones, tomando en consideración la naturaleza del recurso de queja en el que no existe devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal Colegiado de Circuito declare fundado el recurso de queja contra el desechamiento de una demanda de amparo, éste dictará la resolución que corresponda, ordenando al Juez de Distrito proveer lo conducente en relación con la admisión, en términos de los artículos 112 a 115 del propio ordenamiento, lo que implica que no puede asumir la jurisdicción que a éste corresponde."

Por lo expuesto, se resuelve:

ÚNICO.—Se declara fundado el recurso de queja.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución al Juzgado de Distrito de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por unanimidad de votos lo resolvió el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, integrado por los Magistrados presidente Fernando Rangel Ramírez y J. Refugio Ortega Marín, así como el licenciado Francisco Javier Cárdenas Naranjo, secretario autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito mediante oficio CCJ/ST/612/2020 de fecha dieciocho de febrero de dos mil veinte, suscrito por el secretario técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: La parte conducente de la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 218/2011 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2490, con número de registro digital: 23319.

________________

1. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."

2. Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) y 1a./J. 90/2011 (9a.), las cuales son aplicables al caso concreto conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, publicadas, respectivamente, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libros X, Tomo 1, julio de 2012, página 729 y I, Tomo 2, octubre de 2011, página 810, en las que sostuvo:

"PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30319-9920b86a/principio-de-definitividad-puede-promoverse-el-juicio-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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