PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO ES NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CUANDO SE RECLAMA EL ACUERDO DE INICIO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SU CARGO SEGUIDO CONTRA AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS O ELEMENTOS POLICIALES.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 22/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JULIO DE 2023. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LA MAGISTRADA ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. DISIDENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por tribunales colegiados del Primer Circuito en Materia Administrativa, que, en esa medida, pertenecen a la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional en la materia de referencia.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló la persona titular del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 58/2020, en sesión de dieciocho de agosto de dos mil veinte, por unanimidad de votos.
4. Criterio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 211/2021, en sesión de catorce de octubre de dos mil veintiuno, por mayoría de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 58/2020 y el sostenido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al fallar el recurso de queja 211/2021.
7. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
8. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, por mayoría de votos, un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
9. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron, a partir de una exposición argumentativa, sobre si en contra del acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo instaurado contra un servidor público de los mencionados en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Carta Magna, adscrito a una institución de seguridad pública de la Ciudad de México, se debe agotar el medio ordinario de defensa relativo al juicio contencioso administrativo local o es procedente de modo inmediato el juicio de amparo.
10. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes, porque ambos analizaron la cuestión planteada a partir del principio de definitividad regulado en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo.
11. Sin embargo, existe un diferendo entre ellos porque uno determinó que debía agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en tanto no se actualizaba alguna de las excepciones que permiten acudir de inmediato al juicio de amparo, mientras que el otro sostuvo que no era menester agotar el medio ordinario de defensa porque en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 49/2016, el Alto Tribunal definió que el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación de miembros de instituciones policiales es un acto reclamado de imposible reparación contra el cual es procedente el juicio de amparo.
12. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿Debe agotarse el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México previamente a la promoción del juicio de amparo contra el acuerdo de inicio de un procedimiento administrativo que pueda conducir a la separación del cargo de un servidor público de los mencionados en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Carta Magna?
13. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 58/2020 y el sostenido por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito al fallar el recurso de queja 211/2021.
14. No es óbice para alcanzar tal conclusión, que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito haya informado que el criterio sostenido al resolver el recurso de queja 58/2020 fue superado por el sustentado en la ejecutoria del amparo en revisión 525/2022, debido a que analizada esta última, no se observa el abandono del criterio.
15. Para considerar que un órgano jurisdiccional se aparta o ya no sostiene su propio criterio es preciso que plasme uno diverso en una ejecutoria ulterior, es decir, que formule un pronunciamiento tácito o implícito que contraríe o se aparte del establecido con anterioridad, tal como se advierte de la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA DECLARARLA SIN MATERIA CUANDO UNO DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO CONTENDIENTES INFORMA QUE ABANDONÓ SU CRITERIO, ES NECESARIO QUE ESTA CIRCUNSTANCIA SE HAYA PLASMADO EN UNA EJECUTORIA. No es obstáculo para resolver el fondo de una contradicción de tesis, la circunstancia de que posteriormente al trámite del expediente relativo, uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes informe que después de una nueva reflexión abandona el criterio en contradicción. Lo anterior es así, porque sólo puede afirmarse que un Tribunal Colegiado se aparta de su propio criterio cuando plasma uno diverso en una ejecutoria; de ahí que para declarar sin materia una contradicción de tesis, es insuficiente la simple manifestación del órgano jurisdiccional en el sentido de que se apartó de su criterio, pues es necesario que exista una ejecutoria en la que se haya pronunciado sobre los argumentos que ahora dice sostener."(6)
16. En la especie, en una parte del fallo dictado en el amparo en revisión 525/2022, el Tribunal Colegiado analizó un asunto con las siguientes características:
Ver análisis
17. Esta reseña da cuenta de que no se hizo un pronunciamiento sobre el tema en contienda, a saber, la exigencia de que en contra del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación de un servidor público de los mencionados en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Carta Magna se agote el juicio contencioso administrativo local previamente a promover el juicio de amparo. En el aspecto de procedencia de la instancia constitucional, solamente se abordó la cuestión relativa a si el acuerdo referido, como acto dictado dentro de un procedimiento, es o no de imposible reparación.
18. Luego, no queda demostrado que el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se haya manifestado expresamente sobre la cuestión materia de esta contradicción.
19. Tampoco puede estimarse emitido un pronunciamiento implícito, en virtud de que para que se actualice este supuesto es menester que la postura del órgano jurisdiccional contendiente pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del asunto; así lo señala la tesis jurisprudencial del Pleno del Máximo Tribunal que se transcribe a continuación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(7)
20. Como se desprende de los antecedentes del caso narrados, el Juzgado de Distrito desestimó la causa de improcedencia relativa a si debía agotarse el juicio contencioso administrativo antes de acudir al juicio de amparo, y la ejecutoria no da cuenta de que se haya expresado algún agravio en contra de esa determinación, por lo que tal tema quedó intocado, de modo que no formaba parte de la materia del medio de defensa;(8) en ese sentido, no puede considerarse formulada alguna consideración implícita al respecto por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por la que quedara superado el criterio en contienda.
21. Y si bien el Juzgado de Distrito relacionó un argumento de irreparabilidad con la causa de improcedencia de mérito, lo cierto es que no hubo agravio frontal enderezado en el sentido que ésta sí se actualizara, sino solo uno sobre la naturaleza intraprocedimental del acto reclamado, que el Tribunal Colegiado calificó como inoperante por la existencia de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto.
22. Tampoco obsta para tener por existente la contradicción de criterios, la tesis jurisprudencial 2a./J. 49/2016, que se constituye como el soporte toral de la postura de uno de los Tribunales Colegiados contendientes, y que dice así:
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional."(9)
23. Como se advierte de su reproducción, esta tesis de jurisprudencia define que el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación es un acto reclamado de naturaleza intraprocedimental de imposible reparación y que, precisamente por esa irreparabilidad, en su contra es procedente el juicio de amparo indirecto sin esperar al dictado de la resolución definitiva.
24. En la presente contradicción de criterios, sin embargo, no se analiza la procedencia del juicio de amparo indirecto a la luz del principio de irreparabilidad contemplado en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, sino a la luz del principio de definitividad previsto en el numeral 61, fracción XX, del mismo ordenamiento.
25. Por esta razón, no cabe afirmar que la contradicción de criterios es inexistente aduciendo que uno de los Tribunales Colegiados se limitó a aplicar un criterio firme del Alto Tribunal, como se sostiene en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 18/2010,(10) del tenor literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE CUANDO UNO DE LOS CRITERIOS CONSTITUYE ÚNICAMENTE LA APLICACIÓN DE UNA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Conforme al artículo 197-A de la Ley de Amparo, uno de los requisitos de procedencia de la contradicción de tesis es que los criterios divergentes sean sustentados por Tribunales Colegiados de Circuito; sin embargo, cuando uno de esos órganos jurisdiccionales se limita a aplicar una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que con ésta se resuelven los argumentos esgrimidos por la parte interesada, sin agregar mayores razonamientos, no puede afirmarse que exista un criterio contradictorio con el del órgano jurisdiccional que sostiene otra opinión. En tales condiciones, al plantearse en realidad la oposición entre la tesis de un Tribunal Colegiado de Circuito y una jurisprudencia de la Suprema Corte, debe declararse improcedente la contradicción denunciada."
26. Incluso existiría contradicción de criterios si se estimara que el debate versa sobre la posibilidad de considerar las razones de la referida tesis de jurisprudencia para decidir la cuestión planteada.
27. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala que enseguida se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. PUEDE SUSCITARSE EN TORNO A LA APLICABILIDAD DE UNA JURISPRUDENCIA. La contradicción de tesis puede suscitarse entre Tribunales Colegiados de Circuito, cuando uno de ellos estima que respecto de un problema es aplicable una jurisprudencia y el otro considera que no lo es."(11)
28. En estas condiciones, es existente la contradicción de tesis, como ya se anunció.
V. Estudio
29. El artículo 103, fracción I, de la Carta Magna,(12) establece el objeto substancial del juicio de amparo, a saber, conocer de las violaciones cometidas por las autoridades a los derechos humanos previstos en el propio texto constitucional y en las convenciones, de lo cual deriva la naturaleza extraordinaria de ese medio de defensa.
30. Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la propia Ley Fundamental,(13) indica que tratándose de actos reclamados emitidos por autoridades distintas a la judicial, es necesario agotar los medios ordinarios de defensa, siempre y cuando para éstos se prevea la suspensión y no se otorgue en un plazo mayor, mediante más requisitos o con menores alcances que los regulados en la Ley de Amparo, independientemente de que el acto controvertido, en sí mismo considerado, sea susceptible de ser suspendido, salvo que el acto combatido carezca de fundamentación o solo se aleguen violaciones constitucionales directas.
31. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,(14) reitera la previsión constitucional y agrega que puede acudirse de modo inmediato al juicio de amparo si el medio ordinario de defensa no está previsto en una ley, sino en un reglamento.
32. Las normas de mérito consagran el principio de definitividad, según el cual, considerando la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, antes de promoverlo, deben agotarse los medios de ordinarios en contra del acto de autoridad.
33. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 139/2013, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO.",(15) a propósito del juicio de amparo directo, explicó, en el marco del derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo tutelado por los artículos 17 constitucional y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que este principio descansa en la idea de que los medios ordinarios de defensa de agotamiento previo son instrumentos aptos para reparar las violaciones a las leyes que permiten la revisión de las decisiones de las autoridades, para lo cual deben reunir los siguientes requisitos: estar previstos en la ley, ser adecuados y eficaces, desahogarse con la debida diligencia y permitir el dictado de la decisión en un plazo razonable, como se constata con la reproducción siguiente de la parte conducente del fallo: "36. El agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida.
"37. Lo anterior obedece al régimen federal del Estado mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además, permite el perfeccionamiento de los actos judiciales y que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias.
"...
"39. Por lo anterior, la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo, procedimiento constitucional que en México es un pilar básico para la protección de los derechos humanos y la consolidación del Estado de Derecho en una sociedad democrática, en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"40. Ahora bien, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos para que su exigencia sea legítima y deba acatarse. Esos requisitos tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad, oportunidad de los recursos y, con ellos, deberá analizarse, asimismo, la conducta procesal tanto de las autoridades como de las partes en los procedimientos judiciales ordinarios.
"...
"43. Por lo anterior, el recurso previo que los justiciables deben agotar antes de recurrir a la jurisdicción constitucional, en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo abrogada, deberá estar en condiciones de fungir como garantía de protección de los derechos fundamentales de quienes han sometido una disputa bajo el conocimiento de las autoridades jurisdiccionales ordinarias.
"44. Como requisito primigenio y de orden lógico, el recurso previo deberá de existir, esto es, tendrá que estar contemplado y regulado por la ley ordinaria. Además, deberá ser adecuado y eficaz. Un recurso es adecuado si su función dentro del sistema del derecho interno es idónea para proteger la situación jurídica infringida, esto es, debe ser aplicable en la circunstancia específica. Es, además, eficaz, si tiene la capacidad de producir el resultado para el que ha sido concebido. Además, las autoridades deberán permitir que los justiciables impugnen ante los órganos superiores las decisiones que les afecten, así como garantizar que dichos recursos sean capaces de producir una decisión dentro de un plazo razonable y que se desahoguen con la debida diligencia.
"45. Por tanto, si la ley ordinaria no contempla el recurso, o éste no es adecuado y eficaz, o no se le permitió al justiciable agotar el recurso, o bien, promoviéndolo las autoridades no lo han tramitado con la debida diligencia y no han producido una decisión definitiva en un plazo razonable, considerando la naturaleza de los hechos del caso, o la propia norma le permite renunciar a ellos, es legítimo que opere una excepción a la regla de la definitividad, por lo que el juez de distrito estará en aptitud de admitir la demanda de amparo. A contrario sensu, si el justiciable tuvo a su disposición un recurso existente, adecuado, eficaz, expedito, oportuno y obligatorio, para ser oído y, eventualmente, protegido por el órgano superior y no lo agotó, entonces no será legítimo dejar de observar la regla de la definitividad."
34. No obstante que estas reflexiones del Alto Tribunal aluden al juicio de amparo directo, son útiles en la presente contienda, que se ocupa de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en tanto refieren, en abstracto, que la regla de definitividad encuentra sustento en motivos de orden público relacionados con la conveniencia institucional de que las violaciones legales que se hayan cometido en perjuicio de las personas sean reparadas por las autoridades y los medios de defensa del orden común creados al efecto.
35. Por su parte, la Segunda Sala, en el fallo de la contradicción de tesis 202/2019, que dio lugar a la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO Y LOS REQUISITOS PREVISTOS PARA SU OTORGAMIENTO SON, EN ESENCIA, IGUALES A LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.",(16) refirió que la excepción al principio de definitividad, cuando la ley que prevé el medio ordinario de defensa exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para suspender la ejecución del acto impugnado, se encuentra justificada constitucionalmente. Enseguida se transcribe en la parte conducente:
"28. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo hace referencia a la no exigibilidad de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala mayores requisitos que los previstos en la referida ley para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad no debe regir en ese caso concreto y, en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos no deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación.
"...
"30. La excepción al principio de definitividad antes referida encuentra su justificación en el derecho humano de toda persona a un recurso sencillo, rápido y efectivo contenido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos."
36. En el ámbito del sistema regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el derecho a un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo contra violaciones de derechos humanos es aquel que garantice el ágil y pleno ejercicio de los derechos de las persona, en los siguientes términos:
"501. Este Tribunal ha señalado que el artículo 25.1 de la Convención contempla la obligación de los Estados Parte de garantizar, a todas las personas bajo su jurisdicción, un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte ha señalado que, en los términos del artículo 25 de la Convención, es posible identificar dos obligaciones específicas del Estado. La primera, consagrar normativamente y asegurar la debida aplicación de recursos efectivos ante las autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven la determinación de los derechos y obligaciones de éstas. La segunda, garantizar los medios para ejecutar las respectivas decisiones y sentencias definitivas emitidas por tales autoridades competentes, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados o reconocidos. El derecho establecido en el artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la convención, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Parte. A la vista de lo anterior, el Estado tiene la responsabilidad no solo de diseñar y consagrar normativamente un recurso eficaz, sino también la de asegurar la debida aplicación de dicho recurso por parte de sus autoridades judiciales."(17)
37. Sobre la "eficacia" como parámetro de cumplimiento de derecho de acceso a la justicia, la doctrina apunta lo siguiente:
"Entonces, ¿cuáles son los parámetros que los Estados deben observar para cumplir con su obligación internacional de proporcionar un recurso judicial efectivo? Los que se indican a continuación:
"...
"c. Efectividad. Este punto tiene que ver con el efecto útil de las decisiones, esto es, que el recurso sea capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido."(18)
38. En el caso del sistema mexicano, el juicio de amparo cumple tal parámetro, según definió la Segunda Sala en el siguiente criterio jurisprudencial:
"RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. De la interpretación del precepto citado, un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31745-78f1e72f/principio-de-definitividad-en-el-juicio-de-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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