RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. ES SUFICIENTE QUE CON LA DEMANDA SE EXHIBA COPIA SIMPLE DE DICHA RESOLUCIÓN PARA SATISFACER EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 25/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, CUARTO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 8 DE JUNIO DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS Y ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: TANIA ÁLVAREZ ESCORZA.
I. Competencia
1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto y séptimo y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(2) así como lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(3) y en los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(4) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente; por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados pertenecientes al Primer Circuito, correspondientes a la región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional al tratarse de materia administrativa.
II. Legitimación
2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en su texto vigente en la época de la denuncia, pues la formuló uno de los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo criterio es contendiente en el asunto que se resuelve.
III. Criterios denunciados
3. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 43/2022, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por mayoría de votos.
4. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 487/2017, en sesión de ocho de marzo de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos.
5. Criterio del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 254/2018, en sesión de nueve de agosto de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos.
IV. Existencia de la contradicción de criterios
6. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(5)
a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los Tribunales Colegiados adopten criterios jurídicos discrepantes;
c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
7. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 43/2022 y el sustentado por el Cuarto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar los amparos directos 487/2017 y 254/2018, respectivamente.
8. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver características
9. El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver asunto
10. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito analizó un asunto con las siguientes características:
Ver tabla
11. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se cumple porque los tribunales contendientes decidieron, a partir de una exposición argumentativa, sobre la forma en que debe exhibirse el documento en el cual conste la resolución impugnada que se acompaña al escrito de demanda de nulidad –original o copia certificada, o bien, copia simple–, para satisfacer la exigencia establecida en el artículo 15, fracción III, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.
12. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios contendientes porque para definir la formalidad que debe revestir el documento en el cual conste la resolución impugnada, los tres tribunales interpretaron lo establecido en la fracción III del artículo 15 de la legislación aludida.
13. No obstante, se produjo entre ellos un diferendo en los criterios interpretativos adoptados, pues el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que para colmar el requisito a que tal precepto se refiere, debe exhibirse en original o copia certificada el documento en el cual conste la resolución impugnada, mientras que los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito estimaron satisfecho el requisito con la exhibición de la resolución en copia simple.
14. Tercer requisito: que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la interrogante siguiente: ¿Para estimar satisfecho el requisito de procedencia establecido en el artículo 15, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, basta que el documento en el cual conste la resolución impugnada se adjunte a la demanda en copia simple o necesariamente debe exhibirse en original o copia certificada?
15. Además, debe señalarse que de la consulta realizada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que se trae a la vista como hecho notorio,(6) contra ninguno de los tres fallos se interpuso recurso de revisión.
16. Así queda demostrada la existencia de una contradicción de criterios entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 43/2022 y los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Administrativa del propio Circuito, al fallar en los amparos directos 487/2017 y 254/2018, respectivamente.
17. No es obstáculo para alcanzar esta consideración, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia que dice lo siguiente:
"DEMANDA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN III, Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL PREVER LA SANCIÓN CONSISTENTE EN TENERLA POR NO PRESENTADA ANTE LA OMISIÓN DEL ACCIONANTE DE ADJUNTAR EL DOCUMENTO EN QUE CONSTE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE EL REQUERIMIENTO FORMULADO, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
"Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes interpretaron el contenido del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y sostuvieron criterios divergentes, ya que mientras uno determinó que exigir que la parte demandante exhiba con su demanda el documento en que conste la resolución impugnada, es un requisito de procedencia válido a la luz del derecho de acceso a la justicia y, en consecuencia, la sanción consistente en tenerla por no interpuesta no vulnera dicho derecho fundamental, el otro resolvió que esa sanción es excesiva por no guardar equilibrio entre la magnitud del hecho omitido y la obligación formal incumplida y, por ende, restringe el derecho de acceso efectivo a la justicia y es violatoria del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional, pues es subsanable durante la secuela procesal a través de la contestación a la demanda, o por la conducta procesal de la actora.
"Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la fracción III, en relación con la sanción prevista en el penúltimo párrafo, ambos del artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo respeta el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
"Justificación: Lo anterior, ya que la exigencia de que la accionante adjunte a su demanda el documento en el cual conste la resolución impugnada no constituye un formalismo sin sentido, ni un obstáculo para el acceso a la justicia, ya que la existencia de formas concretas para acceder a ella deriva de la facultad del legislador interno para establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el procedimiento, a fin de garantizar el respeto a los derechos de seguridad jurídica, legalidad e igualdad procesal, de ahí que es válido que se exija a la parte demandante la presentación del referido documento, en la inteligencia de que los casos en que manifieste que no lo conoce, que no lo tiene o que constituya una negativa ficta, se rigen por normas específicas y, por ende, la consecuencia de tener por no presentada la demanda no constituye una sanción desproporcionada, pues no se da de inmediato, sino que en caso de que no se allegue, el Magistrado instructor del órgano contencioso administrativo federal se encuentra obligado a requerir a la accionante para que en un término razonable de cinco días subsane su omisión y, únicamente cuando tal prevención no es desahogada en sus términos se hace acreedora a la referida consecuencia, pues lo que se sanciona es la actitud contumaz de la parte promovente."(7)
18. Como se aprecia de esta tesis jurisprudencial, la materia de la contradicción fue establecer si era constitucional el requisito previsto en el artículo 15, fracción III y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de exigir al demandante adjuntar el documento en que conste la resolución impugnada, y la sanción de tener por no presentada la demanda en caso de no exhibirla, no obstante el requerimiento, como se aprecia de la parte considerativa de la ejecutoria, en la parte que dice lo siguiente:
"10. Conforme a lo anterior, se advierte que los tribunales colegiados contendientes interpretaron el contenido del artículo 15, fracción III y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y sostuvieron criterios divergentes.
"11. Esto es así, puesto que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito interpretó que exigir que la parte actora exhiba con su demanda el documento en que conste la resolución impugnada es un requisito de procedencia válido a la luz del derecho de acceso a la justicia y, por ende, la sanción consistente en tener por no interpuesta la demanda del juicio contencioso administrativo no vulnera dicho derecho fundamental. En cambio, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, determinó que esa sanción es excesiva por no guardar equilibrio entre la magnitud del hecho omitido y la obligación formal incumplida y, por ende, restringe el derecho de acceso efectivo a la justicia y es violatoria de la garantía de tutela jurisdiccional, pues es subsanable durante la secuela procesal, a través de la contestación a la demanda, o por la conducta procesal de la actora.
"12. No se soslaya que en el caso analizado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, se había presentado copia simple de la resolución impugnada y que dicho órgano consideró que era posible su perfeccionamiento, pues fue un pronunciamiento que no derivó de que la accionante, entonces quejosa, hubiese ofrecido tal perfeccionamiento al promover su demanda, en tanto que lo relevante fue que ese órgano jurisdiccional determinó que, pese a que era necesaria la identificación de tal resolución para la defensa de la autoridad demandada, ésta la conocía, ya que la había generado y la podía allegar con su contestación a la demanda, o lo podía hacer la actora durante la secuela procesal, es decir, lo trascendente es que no se estimó un requisito de procedencia indispensable para instar la acción intentada y se consideró que el incumplimiento es sancionado con una consecuencia excesiva y que, por ende, restringe el derecho de acceso efectivo a la justicia y la garantía de tutela jurisdiccional, por lo cual hubo un pronunciamiento discrepante respecto del mismo punto jurídico.
"13. Conforme a lo anterior, esta Sala concluye que sí existe la contradicción de criterios denunciada, cuyo objeto es definir: si la exigencia del artículo 15, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, de que la parte promovente adjunte a su demanda el documento en que conste la resolución impugnada, como requisito de procedencia para el juicio contencioso administrativo, respeta el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, y si la sanción prevista en el penúltimo párrafo, en caso de incumplir el requerimiento respectivo, es excesiva o no."
19. Esta reproducción pone de relieve que si bien, entre esta contradicción de tesis y la que aquí se resuelve, existe identidad en cuanto al precepto legal materia de estudio, lo cierto es que en aquélla, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente analizó la constitucionalidad de la exigencia de exhibir la resolución impugnada y la consecuencia de tener por no presentada la demanda ante el incumplimiento de ese requisito, no obstante el requerimiento, pero no emitió pronunciamiento alguno en torno a la formalidad que dicho documento debe revestir para tal efecto, es decir, si debe adjuntarse en original, copia certificada o copia simple, lo cual constituye el tema a dilucidar en el presente asunto.
20. Corrobora esta apreciación que la propia Sala advirtió, al referirse al criterio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, que para la integración de la contradicción no era relevante la manera en que, en el caso examinado por éste, se hubiera aportado la resolución (copia simple), sino su afirmación de que la exhibición de la resolución no era un requisito indispensable de procedencia de la acción y que la sanción por no exhibirla era excesiva.
21. Por tanto, se constata que la referida jurisprudencia no resuelve la cuestión planteada en este expediente, por lo cual subsiste la contradicción de criterios advertida.
V. Estudio
22. El artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula los requisitos de la demanda en el juicio contencioso administrativo y dispone, en su fracción III, que la persona demandante debe acompañar a su libelo inicial, entre otros documentos, aquel en que conste la resolución impugnada; y en su penúltimo párrafo que, de no satisfacerse este requisito, la instrucción deberá requerirla para que en el plazo de cinco días lo exhiba y si no lo hace, se tendrá por no presentada la demanda, como se corrobora con su reproducción:
"ARTÍCULO 15. El demandante deberá adjuntar a su demanda:
"I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes.
"II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, o bien señalar los datos de registro del documento con la que esté acreditada ante el Tribunal, cuando no gestione en nombre propio.
"III. El documento en que conste la resolución impugnada.
"IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa ficta, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad.
"V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada.
"VI. Cuando no se haya recibido constancia de notificación o la misma hubiere sido practicada por correo, así se hará constar en el escrito de demanda, señalando la fecha en que dicha notificación se practicó. Si la autoridad demandada al contestar la demanda hace valer su extemporaneidad, anexando las constancias de notificación en que la apoya, el Magistrado Instructor procederá conforme a lo previsto en el artículo 17, fracción V, de esta Ley. Si durante el plazo previsto en el artículo 17 citado no se controvierte la legalidad de la notificación de la resolución impugnada, se presumirá legal la diligencia de notificación de la referida resolución.
"VII. El cuestionario que debe desahogar el perito, el cual deberá ir firmado por el demandante.
"VIII. El interrogatorio para el desahogo de la prueba testimonial, el que debe ir firmado por el demandante en el caso señalado en el último párrafo del artículo 44 de esta Ley.
"IX. Las pruebas documentales que ofrezca.
"Los particulares demandantes deberán señalar, sin acompañar, los documentos que fueron considerados en el procedimiento administrativo como información confidencial o comercial reservada. La Sala solicitará los documentos antes de cerrar la instrucción.
"Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se encuentra para que a su costa se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para este efecto deberá identificar con toda precisión los documentos y tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que acompañe copia de la solicitud debidamente presentada por lo menos cinco días antes de la interposición de la demanda. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias.
"Si no se adjuntan a la demanda los documentos a que se refiere este precepto, el Magistrado Instructor requerirá al promovente para que los presente dentro del plazo de cinco días. Cuando el promovente no los presente dentro de dicho plazo y se trate de los documentos a que se refieren las fracciones I a VI, se tendrá por no presentada la demanda. Si se trata de las pruebas a que se refieren las fracciones VII, VIII y IX, las mismas se tendrán por no ofrecidas.
"Cuando en el documento en el que conste la resolución impugnada a que se refiere la fracción III de este artículo, se haga referencia a información confidencial proporcionada por terceros independientes, obtenida en el ejercicio de las facultades que en materia de operaciones entre partes relacionadas establece la Ley del Impuesto sobre la Renta, el demandante se abstendrá de revelar dicha información. La información confidencial a que se refiere la ley citada, no podrá ponerse a disposición de los autorizados en la demanda para oír y recibir notificaciones, salvo que se trate de los representantes a que se refieren los artículos 46, fracción IV, quinto párrafo y 48, fracción VII, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación."
23. Para determinar el campo de aplicación de esta regla, debe destacarse que de acuerdo con el criterio sentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal en la tesis jurisprudencial 2a./J. 50/2020 (10a.) ya invocada, el mismo ordenamiento prevé reglas especiales para los supuestos en que la persona demandante niega conocer el acto, combate una negativa ficta o afirma no estar en posibilidad de aportarlo porque el documento que contiene el acto impugnando se encuentra en un archivo o en poder de otras personas.
24. El artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo,(8) prevé el supuesto en el que se alega el desconocimiento de la resolución impugnada por no haber sido notificada o porque dicha diligencia se realizó de forma ilegal y establece que será la autoridad quien al contestar la demanda deberá exhibir la constancia de la resolución administrativa y de su notificación.
25. La fracción IV del artículo 15 de ese ordenamiento legal, ya transcrita, se refiere a la hipótesis de impugnación de una resolución negativa ficta, caso en el cual la obligación del demandante se constriñe a acompañar sólo una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad, quien, en términos del numeral 22, párrafo segundo, de la legislación en cita,(9) al contestar la demanda, deberá expresar los hechos y el derecho en que se apoya la negativa combatida.
26. Finalmente, el antepenúltimo párrafo del propio artículo 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, también transcrito, prevé que cuando el demandante no tenga a su disposición las pruebas documentales, le asiste la posibilidad de señalar el archivo en que se encuentran para que se expidan o se requiera su remisión, regla que, según se ha informado, el Máximo Tribunal estima aplicable también al documento en donde consta la resolución impugnada.
27. La cuestión a resolver en esta contradicción versa sobre la aplicación de la regla contenida en la fracción III y penúltimo párrafo del numeral 15 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en supuestos distintos de los anteriores porque, en ninguno de los casos, los tribunales participantes en la contradicción consideraron que las personas demandantes hubieran manifestado en la demanda de nulidad que desconocían el acto, que impugnaban una negativa ficta o que tenían imposibilidad para acceder al documento por hallarse en un archivo o en poder de un tercero.(10)
28. Sentado lo anterior, también se deriva de la citada tesis jurisprudencial 2a./J. 50/2020 (10a.) que la previsión del artículo 15, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo constituye un requisito de procedencia válidamente exigible al demandante, el cual no se contrapone al derecho a la tutela judicial efectiva. Para arribar a esa conclusión, la Superioridad expresó las siguientes consideraciones:
"Conforme al criterio sentado en la ejecutoria de la cual derivó la tesis jurisprudencial P./J. 8/2017 (10a.) el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, garantiza a los justiciables acceder, en los plazos y términos que fijen las leyes, a tribunales independientes e imparciales, para plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso expedito, en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa respectiva y, de ser el caso, se ejecute esa decisión, y si bien no los exime de observar los requisitos y formalidades que prevea el legislador, en ejercicio de su amplio margen de configuración, sí exige que los mismos persigan que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable y que no resulten desproporcionales.
"Para determinar si un requisito procesal viola el derecho de acceso efectivo a la justicia, así como la garantía a la tutela jurisdiccional, es necesario determinar si es razonable y si la consecuencia por su incumplimiento es proporcional o excesiva.
"En el amparo directo en revisión 4391/2013 se tuvo presente el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Mohamed Vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), donde señaló que la existencia de un verdadero recurso efectivo requiere la exigencia de los requisitos necesarios para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, es decir, de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial; y se consideró que en análisis de constitucionalidad deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.
"El requisito de presentar copia del escrito de demanda para cada una de las partes es racional, ya que se requiere que la parte demandada tenga conocimiento de los hechos aducidos por la actora, de sus pretensiones y las pruebas, a fin de que se garantice su derecho a una defensa adecuada y no viola el derecho a un recurso efectivo.
"En el amparo directo en revisión 5042/2015 , resolvió que el requisito de que se adjunten copias de los anexos de la demanda, consistentes en las resoluciones impugnadas y sus constancias de notificaciones racional pues tiene como finalidad establecer mecanismos que proporcionen a las partes todos los elementos para intervenir en el juicio, a fin de garantizar el respeto a las garantías de seguridad jurídica y dentro de éstas, a las de legalidad e igualdad en los procedimientos y, por ende, la consecuencia de su incumplimiento, de tener por no presentada la demanda, no era excesivo porque se debía prevenir a la parte actora para darle la posibilidad de subsanarlo.
"En el amparo directo en revisión 3996/2018, estableció que la decisión de tener por no interpuesta la demanda, ante el incumplimiento de la exigencia de que la parte actora presente la documental en la que conste la resolución combatida, no constituye una sanción excesiva, porque el órgano jurisdiccional está obligado a prevenir a la parte actora para que subsane su omisión, con lo cual se garantiza el derecho de acceso a la justicia."
29. Igualmente, es menester atender a las directrices sentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la cual derivó la tesis 1a. CCXCI/2014 (10a.),(11) en el sentido de que:
• Al interpretar los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados, los órganos encargados de administrar justicia deben tener presente la ratio de la norma a fin de evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto.
• Sin desatender tales presupuestos esenciales, debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al gobernado en aras de privilegiar el derecho a la tutela judicial efectiva.
30. La tesis es del tenor siguiente:
"TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DE ADMINISTRAR JUSTICIA, AL INTERPRETAR LOS REQUISITOS Y LAS FORMALIDADES ESTABLECIDOS EN LA LEY PARA LA ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LOS JUICIOS, DEBEN TENER PRESENTE LA RATIO DE LA NORMA PARA EVITAR FORMALISMOS QUE IMPIDAN UN ENJUICIAMIENTO DE FONDO DEL ASUNTO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su vertiente de recurso efectivo, implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial, por lo que los órganos encargados de administrar justicia, al interpretar los requisitos y las formalidades procesales legalmente previstos, deben tener presente la ratio de la norma para evitar que los meros formalismos impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto. Por tanto, los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados."
31. Expuestos los alcances dados por el Alto Tribunal al derecho de acceso a la justicia y su garantía jurisdiccional, resulta de utilidad considerar que la regla en análisis se relaciona con una pieza central de la jurisdicción contencioso-administrativa, según revelan sus antecedentes legislativos.
32. La Ley de Justicia Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y seis, que sentó las bases del juicio, estableció que el objeto de la acción sería una resolución de la administración pública, en los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31718-cb9203c2/resolucion-impugnada-en-el-juicio-de-nulidad-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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