DEMANDA DE NULIDAD. CUANDO NO SE HAYA RECIBIDO LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, PARA EFECTOS DE SU ADMISIÓN NO ES EXIGIBLE QUE SE PRECISE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN VI Y PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 4/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 5 DE JULIO DE 2016. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ADÁN GILBERTO VILLARREAL CASTRO, JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA Y GONZALO EOLO DURÁN MOLINA. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIOS: GRACIELA BONILLA GONZÁLEZ Y ROBERTO CÉSAR MORALES CORONA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia
10. Este Pleno del Vigésimo Séptimo Circuito es legalmente competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal; 226, fracción III, de la Ley de Amparo(4) y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(5) con relación al diverso primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito,(6) en virtud de que se trata de una contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados que integran este circuito.
SEGUNDO.-Legitimación del denunciante
11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(7) pues fue denunciada por la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo.
TERCERO.-Posturas contendientes
12. Con la finalidad de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente relatar brevemente el origen procesal de los asuntos y transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
I. Sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado de este circuito, al resolver el amparo directo 556/2014.
13. El primer criterio que forma parte del presente asunto, es el del amparo directo 556/2014, del índice del Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, el cual derivó de los antecedentes que enseguida se relatan:
13.1. Por escrito presentado el trece de mayo de dos mil catorce, ante la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo, se promovió juicio contencioso administrativo contra la resolución contenida en el oficio ********** de diecisiete de febrero de dos mil catorce, emitida por el delegado federal en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por medio de la cual, ordenó hacer efectiva la garantía, consistente en el billete de depósito **********, por el monto de $30,000.00 (treinta mil pesos).
13.2. De la aludida demanda de nulidad correspondió conocer a la Sala Regional del Caribe del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con residencia en Cancún, Quintana Roo, cuyo Magistrado instructor por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil catorce emitió una prevención al promovente, bajo el apercibimiento que de no cumplimentarla se tendría por no presentada la demanda.
13.3. A través de ocurso recibido el dos de junio de dos mil catorce, el promovente pretendió dar cumplimiento a la prevención formulada, del que se dio cuenta por auto de tres de junio de esa anualidad, en el que se tuvo por incumplido el requerimiento y en consecuencia, por no presentada la demanda.
13.4. Inconforme con el proveído emitido por el Magistrado instructor, el promovente interpuso recurso de reclamación; el cual, previos trámites de ley, fue resuelto el tres de septiembre de dos mil catorce, en el sentido de confirmar el proveído reclamado.
13.5. Inconforme con tal determinación, el citado quejoso interpuso amparo directo, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado de este circuito, quien lo radicó bajo el expediente 556/2014 y una vez sustanciado, en sesión de ocho de enero de dos mil quince, determinó negar el amparo solicitado; ello, con base en las consideraciones que a continuación se reproducen en lo conducente:
"Una vez delimitado el hecho de que en el juicio contencioso administrativo federal seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sí es dable que se controviertan los motivos y fundamentos del acuerdo por el que se emite una prevención por presuntas omisiones formales en el escrito de demanda, con motivo de impugnación vía recurso de reclamación interpuesto contra el auto que tiene por no presentada la demanda por la declaratoria de incumplimiento de lo requerido; es preciso establecer que, aun cuando en un principio la Sala responsable declaró inatendibles los agravios vertidos por el quejoso sobre dicha cuestión, ello no constituye impedimento para que este tribunal resuelva de fondo la legalidad del acuerdo de prevención, en el entendido de que en el propio texto del acto reclamado, paralelo a la declaración de inatendibles de dichos agravios, la responsable emitió un pronunciamiento, donde estableció como apegado a derecho el requerimiento de mérito.
"En efecto, el quejoso indica que la Sala responsable, omitió emitir pronunciamiento sobre argumentos que controvertían la legalidad del requerimiento emitido, tales como que desde el escrito de demanda quedó de manifiesto el desconocimiento de la forma en que se notificó el acto impugnado, y que debía tenerse como tal la del propio procedimiento, que se brindaron elementos suficientes para admitir de conformidad la demanda, pues al contestarla su contraria se contarían con los elementos para conocer la oportunidad en su presentación, por lo que debió privilegiarse el acceso a la impartición de justicia sobre la posible duda sobre dicha cuestión que, de existir, el juzgador debió esperar a que se integrara debidamente la litis.
"Si bien el quejoso, asume que no fueron contestados dichos argumentos, lo cierto es que sí lo llevó a cabo la autoridad responsable en forma global, al emitir un pronunciamiento sobre la legalidad tanto del acuerdo de requerimiento (aun cuando previamente declaró que quedaba excluido de la materia de estudio de recurso de reclamación) así como del propio proveído recurrido, al establecer, entre otras cuestiones, el estudio a través del cual asumió que dichos actos se ajustaban a lo exigido por los artículos 15, fracción VI y 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reiterando su aplicación al caso concreto, con especial énfasis en justificar la legalidad del requerimiento que fue antecedente inmediato del auto recurrido, en lo que destacó que la aplicación del principio pro persona, no implica ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia para el medio de defensa respectivo.
"Aun soslayando lo anterior, lo cierto es que el requerimiento emitido por el Magistrado integrante de la Sala responsable es legal, por lo siguiente:
"Es oportuno citar los artículos 15, fracciones I, V, VI y penúltimo párrafo, así como 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo: (los transcribe).
"Los artículos en cita, prevén lo conducente con relación a la información y documentación que el actor debe aportar al promover la demanda, respecto de la notificación del acto impugnado, que por orden lógico podemos establecer de la siguiente forma:
"1. Si se cuenta con la constancia de notificación debe exhibirse como anexo al escrito de demanda, con su respectiva copia de traslado para el emplazamiento de ley, nótese que el precepto legal no distingue la forma en que se haya llevado a cabo la notificación, ya que no se hace privativa al hecho de que provenga de una notificación efectuada en forma personal, sino que se enfoca en el hecho de que la constancia respectiva obre en poder del justiciable.
"2. Por exclusión del supuesto referido en el párrafo anterior, para el caso de que no se haya recibido constancia de notificación (sin importar la forma en que ésta se haya practicado) o que haya sido realizada por correo, se establecen dos obligaciones a cargo del justiciable, consistente en:
"a) Precisar en el escrito de demanda que no se recibió constancia de notificación o que se practicó por correo, según corresponda; y,
"b) Señalar la fecha en que se practicó la notificación.
"El cumplimiento, ya sea de aportar la constancia de notificación, en caso de contar con ella, o bien, señalar que no se recibió o que se practicó por correo (precisando la fecha en que se conoció el acto), cumple la mayor importancia, ya que de ello depende la constatación inicial de la oportunidad en la presentación del medio de defensa, lo que constituye una carga procesal que corresponde al demandante; sin detrimento de que, con motivo de la contestación, la contraria podrá alegar lo que a su derecho corresponda sobre dicha cuestión.
"Finalmente, el artículo 16, fracción I, de la ley citada, regula que si el demandante alega conocer la resolución impugnada y estima que su notificación no se apegó a derecho, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la propia resolución deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. Lo que denota, una vez más, la importancia de especificar la fecha de conocimiento del acto de autoridad controvertido.
"El escrito de demanda que dio origen al juicio de nulidad del que emanó el acto reclamado, comprende el siguiente texto: (lo transcribe)
"En el escrito inicial de demanda, se señaló como acto impugnado, el oficio número **********, de diecisiete de febrero de dos mil catorce, emitido por el delegado federal en Quintana Roo del Instituto Nacional de Migración, por medio de la cual, ordena hacer efectiva la garantía consistente en el billete de depósito número **********, por el monto de treinta mil pesos sin centavos, moneda nacional.
"Un elemento a destacar, consiste que, al menos a la data de presentación del escrito de demanda, el demandante tenía conocimiento completo del contenido del acto impugnado; lo que se basa en dos razonamientos sustanciales:
"a) el actor exhibió copia de la resolución combatida como anexo a la demanda; y
"b) expresó los conceptos de impugnación por los cuales controvierte directamente los motivos y fundamentos que sustentan dicha resolución.
"En ese orden de ideas, es válido afirmar que ante el conocimiento completo del contenido del acto de autoridad, el ahora quejoso se encontraba en legal aptitud de promover el juicio contencioso administrativo federal.
"Ahora bien, el escrito inicial de demanda, no existe señalamiento alguno por parte del ahora quejoso donde controvierta la notificación del acto impugnado, ya sea por haberse realizado en contravención al marco aplicable o bien, por no existir tal notificación; ya que, al respecto, incluso es omiso en especificar la data de su conocimiento, tal y como se advierte a continuación: (lo transcribe)
"De lo anterior, se advierte que el ahora quejoso se limitó a expresar la fecha de emisión de la resolución impugnada, no así la de su respectiva notificación o aquella en que tuvo conocimiento del acto impugnado.
"En el proveído de dieciséis de mayo de dos mil catorce, donde se dio cuenta con el escrito inicial de demanda, el Magistrado instructor emitió el siguiente pronunciamiento: (lo transcribe)
"Es objetivamente correcto el requerimiento emitido por el Magistrado instructor, en virtud de que, tal como se ha puntualizado, con motivo de la presentación del escrito de demanda, no se acompañó como anexo la constancia de notificación del acto impugnado; tampoco se precisó que no se recibió tal constancia o que se practicó por correo y, por consiguiente, expresando a su vez la data en que tuvo conocimiento de dicha resolución.
"No se soslaya el hecho de que, el estudio de la demanda debe llevarse a cabo de forma integral y que debe comprender incluso sus documentos anexos; sin embargo, ello no implica que el juzgador sustituya al justiciable en su voluntad y cumplimiento de las cargas procesales que le corresponden. Máxime que, por las particularidades del caso, podría ocurrir que el justiciable contara con la constancia de notificación pero omitiera exhibirla; o bien, que no contara con ella, lo que a su vez lo obligaba a especificarlo así en la demanda y comunicar al juzgador la data en que conoció el acto.
"Por las razones apuntadas con antelación, se reitera que el Magistrado instructor procedió en apego al marco legal, al emitir la prevención en los términos en que lo hizo; ya que, incluso, brindó a la persona el cúmulo de posibilidades que la norma prevé para el cumplimiento de lo omitido pues, para tales efectos, se expresó que debía exhibir la constancia de notificación; o bien, señalar la fecha en que ésta se practicó. Lo que es congruente con los numerales antes descritos.
"No resulta óbice para lo anterior, el hecho de que el quejoso refiere que si el acuerdo de prevención se emitió por oscuridad en la demanda, debió fundarse en el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles; ya que, del estudio realizado por este tribunal al escrito de demanda del juicio de nulidad en los términos en que fue planteado por el justiciable, se advierte la efectiva omisión en el cumplimiento de las formalidades que el Magistrado instructor advirtió, y que a la postre, la Sala responsable reiteró en el acto reclamado. Lo cual, justificaba por sí solo la legalidad del acuerdo de prevención en los términos planteados, sin que ello se supedite a la cita vía aplicación supletoria del precepto en comento.
"...
"En efecto, el artículo 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece: (lo transcribe)
"Las disposiciones que regulan el juicio contencioso administrativo federal, seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, presentan una notable particularidad en lo que atañe al acto impugnado, pues no se requiere del pleno y completo conocimiento del contenido del acto de autoridad para que sea viable su impugnación. Lo anterior, ya que tal como se regula en la segunda fracción del artículo 16 en cita, en caso de desconocimiento de la resolución impugnada, aun así el actor puede promover la demanda cumpliendo para ello con la exigencia de así precisarlo en el escrito de mérito y señalar a la autoridad a quien atribuye su emisión, su notificación o su ejecución.
"En lo que atañe a la hipótesis normativa prevista en la primera fracción del cardinal en estudio, presenta la distinción de que el actor sí tiene conocimiento completo del acto de autoridad, pero estima que su notificación no se apegó a derecho, ante lo cual, el legislador dispuso que los conceptos de impugnación contra el propio acto, así como contra su notificación, se harán valer en el escrito inicial de demanda.
"A lo largo del presente estudio, se ha establecido que, previo a la presentación del escrito de demanda que dio inicio al juicio natural del que emanó el acto reclamado, el ahora quejoso sí tenía conocimiento completo del acto impugnado, ya que incluso, lo acompañó como anexo al escrito inicial; razón por la cual, queda de plano excluida la hipótesis legal establecida en el artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, siendo la aplicable, en su caso, la primera fracción de dicho numeral.
"Resulta pertinente realizar una breve acotación, para especificar que en el supuesto de que el justiciable tenga conocimiento pleno del contenido del acto de autoridad, se da la posibilidad de que promueva el medio de defensa conducente en el caso de que estime que afecta su esfera jurídica.
"Se toma en consideración que la notificación no constituye un acto de autoridad, sino la comunicación de uno y si bien, por excelencia es la forma por la cual la autoridad pone del conocimiento del interesado la existencia de una determinación que afecta su esfera jurídica, a través de las modalidades, verbigracia, notificación personal o por correo, entre otras y bajo las formalidades definidas por el legislador para su legalidad, resulta que no constituye la única forma en que la persona puede llegar a tener conocimiento completo del acto, ya que esto puede ocurrir mediante diversas formas, como sería a través de la obtención de una copia del documento, incluso en un momento previo al en que se lleve a cabo su formal notificación bajo los lineamientos establecidos en el marco aplicable.
"Es procedente citar por analogía, las siguientes jurisprudencias emitidas por nuestro Más Alto Tribunal, que presentan los siguientes datos de localización, rubro y texto: (las transcribe)
"En esa tesitura, es válido afirmar que la oportunidad en la presentación de un medio de defensa -como lo es el juicio contencioso administrativo federal-, cuando el actor tiene conocimiento completo del acto de autoridad, depende de la data en que adquirió dicho conocimiento, la cual, puede o no coincidir con aquella en que la autoridad culminó el procedimiento previsto en la norma, para materializar su notificación a través de los medios establecidos para ello.
"Ya delimitado en la presente ejecutoria que el escrito de demanda del juicio de nulidad sí presenta las omisiones que justifican la legalidad del requerimiento emitido, en el sentido de exhibir la constancia de notificación del acto impugnado o ante la falta de ésta, expresar la fecha de conocimiento del acto, resta establecer si el entonces actor dio cumplimiento al requerimiento que se le llevó a cabo.
"Al presentar el escrito de cumplimiento al requerimiento emitido por el Magistrado instructor, el ahora quejoso expresó: (lo transcribe)
"En el ocurso en cita, la parte actora hizo alusión al requerimiento relativo a la constancia de notificación del acto impugnado, remitiéndose al contenido de la propia resolución combatida para referir que ésta se practicó a través de la sección de avisos de la autoridad delegacional demandada; por lo que, sería hasta que ésta formulara su contestación que se tomaría conocimiento de la certificación de la publicación y retiro del acto en los citados avisos, para con ello cumplir la prevención que se le emitió.
"Promoción a la cual, le recayó el proveído de tres de junio de dos mil catorce, el cual es del tenor literal siguiente: (lo transcribe)
"Del proveído antes transcrito, se advierte que, el Magistrado instructor tuvo por no cumplimentado el requerimiento formulado en el auto de dieciséis de mayo de dos mil catorce, esencialmente, porque el ahora quejoso no exhibió la constancia de notificación del acto impugnado, así como tampoco precisó la fecha en que tuvo conocimiento de él.
"Por otro lado, la resolución que constituye aquí el acto reclamado (sentencia de tres de septiembre de dos mil catorce, emitida con motivo del recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del auto antes transcrito), se sustenta en los siguientes motivos y fundamentos: (los transcribe)
"En esencia, es objetivamente correcta la determinación emitida por la Sala responsable, ya que en la presente ejecutoria se ha establecido que las disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, especialmente en su artículo 15, fracciones V y VI, son precisas al establecer, cómo se procederá en lo que atañe a la comunicación al juzgador sobre la fecha de notificación del acto impugnado, ya que en caso de contar con la constancia respectiva, ésta debe exhibirse y en caso de no contar con ella, debe especificarse así en la demanda y paralelo a ello, externar la fecha en que se tuvo conocimiento del acto, todo lo anterior, sin detrimento de que si se estima que la notificación es ilegal, puedan plantearse los respectivos conceptos de impugnación en la demanda.
"No se soslaya el hecho de que no puede obligarse al justiciable al cumplimiento de un imposible, como sería el caso de constreñirlo a la exhibición de la constancia de notificación si carece de aquélla; no obstante, se pondera que tanto el legislador, como el propio Magistrado instructor, al emitir el requerimiento respectivo, salvaron dicha cuestión al requerir ya sea la exhibición de la constancia de notificación; o bien, señalar la fecha de conocimiento del acto impugnado que se acompañó como anexo al escrito de demanda.
"Sobre dicha base, si atendiendo a la causa de pedir expresada en forma conjunta entre el escrito inicial de demanda y el escrito de cumplimiento a la prevención que se realizó al ahora quejoso, se puede asumir que alega no contar con la constancia de notificación del acto impugnado al haberse llevado a cabo a través de la sección de avisos de la autoridad señalada como demandada; con ello se descarta la primera hipótesis que conforma el requerimiento, inherente a la exhibición de la constancia de notificación, pero precisamente por exclusión de ésta, debía cumplirse con lo exigido en el sentido de precisar la fecha de conocimiento del acto impugnado. Lo cual no fue satisfecho en el caso.
"Se retoma el razonamiento antes expresado, en el sentido de que el punto toral de partida para establecer la oportunidad en la presentación de un medio de defensa (como es el juicio contencioso administrativo), que presenta las características del caso que nos ocupa, lo constituye la fecha de conocimiento del acto de autoridad por parte del justiciable; la cual, como se dijo, puede o no coincidir con la que obre en la constancia de notificación que tenga en su poder la autoridad, toda vez que se parte de la base de que tuvo conocimiento completo del acto al exhibirlo como anexo al escrito de demanda.
"Igualmente se ha puntualizado, que el cumplimiento de las formalidades precisadas en el artículo 15, fracción V y VI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una carga procesal que corresponde al actor y no puede ser delegada ni al juzgador ni a su contraria en el juicio, máxime si se pondera como premisa fundamental, que al obrar en poder del justiciable el propio acto reclamado, con independencia de la forma en que lo obtuvo, es la propia persona quien de origen tiene conciencia de la data en que esto ocurrió y que no existe razón lógica que permita justificar que no proporcione dicha información al juzgador, máxime cuando la propia norma así lo exige y fue requerido en esos términos.
"Con independencia de que la parte contraria está en legal aptitud de solicitar el sobreseimiento del juicio en caso de que resulte extemporáneo en cuanto a su presentación y se pruebe la efectiva fecha de notificación del acto, ya que incluso el análisis de la procedencia del juicio constituye una cuestión de orden público que debe ser analizada por el juzgador aun de oficio, ello no releva al justiciable de la obligación de comunicar al resolutor, la fecha en que tuvo conocimiento del acto impugnado, en caso de que alegue no contar con la constancia de notificación respectiva.
"No resulta óbice para lo anterior, que el quejoso aduzca que la Sala responsable omitió tomar en consideración argumentos, tales como que no contaba con la constancia de notificación por haberse practicado mediante la sección de avisos y que sería hasta la autoridad quien aportaría la constancia respectiva para establecer la forma y términos en que se llevó a cabo la notificación, entre otras cuestiones; ya que, contrario a su dicho, sí existe pronunciamiento al respecto por parte de la Sala responsable, así como de este tribunal, donde se destaca que este órgano colegiado ha llegado a la conclusión de que al margen de que la persona pudiera no contar con la constancia de notificación, ello no la eximía de precisar la fecha en que conoció la resolución impugnada que acompañó al escrito de demanda, sobre lo cual es esencialmente fue afín la autoridad responsable.
"En ese orden, tampoco asiste razón al quejoso, al manifestar que bajo la aplicación del principio pro persona, debió admitirse a trámite la demanda al privilegiar la protección más amplia en su favor.
"Lo anterior es así, ya que si bien el acceso a la justicia se erige como un derecho fundamental para la persona, su acceso es limitado; por lo que, si no se cumplen las condicionantes establecidas por el legislador para tales efectos, no será procedente el medio de defensa que se promueva. Sin que pueda fungir como sustento la aplicación del principio pro persona en los términos que alude el ocursante, en el entendido de que ello no conlleva a que indefectiblemente deba fallarse en todos los casos en forma favorable a lo pretendido, menos aún, cuando tal cuestión se contrapone el propio marco que rige la cuestión de trato.
"Es procedente citar la siguiente jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:(8) (la transcribe)
"Asimismo, este tribunal externa su afinidad con el criterio esencial contenido en la siguiente jurisprudencia de los Tribunales Colegiados de Circuito:(9) (la transcribe)
"Por consiguiente, si el propio quejoso es insistente al manifestar que, tanto el procedimiento relativo al acto impugnado como su propia notificación son ilegales, y que no obra en su poder la constancia de notificación; en congruencia con lo establecido por los artículos 15, fracción VI, y 16, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, donde incluso invoca este último en su favor, el actor debió precisar la fecha de conocimiento del acto de autoridad, lo que no llevó a cabo ni en el escrito inicial, ni al pretender cumplimentar el requerimiento que para ello se le formuló.
"...
"Al respecto, el artículo 14 de nuestra Carta Magna, en su parte conducente dispone: (lo transcribe)
"El artículo en cita prevé que, previo a la materialización de un acto privativo para la persona en lo que atañe a su libertad, propiedad, posesiones o derechos, debe otorgársele la posibilidad de defensa donde se cumplan las formalidades que brinden el mínimo de certeza para afirmar que se salvaguardó la garantía de audiencia de la persona.
"Así lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la siguiente jurisprudencia: (la transcribe)
"La parte conducente del artículo 17 constitucional, es del texto siguiente: (lo transcribe)
"En este numeral, se garantiza a favor de la persona el acceso efectivo a la justicia, que se erige como un derecho fundamental bajo el cual, se regula la posibilidad de ser parte dentro de un proceso, donde cumplidos los respectivos requisitos procesales, se obtenga una resolución que dirima el conflicto de intereses en que participó el justiciable, con la salvedad de que se delega al legislador la facultad de establecer los plazos y términos en que podrá ejercerse dicho derecho fundamental.
"Por la utilidad para el asunto que nos ocupa, es importante delimitar que si bien puede darse el caso de afectación al derecho de acceso a la tutela judicial, mediante normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores a ella, que resulten innecesarios, excesivos y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador; pero resulta que no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, especialmente tratándose de aquellos que respetando ese derecho, realizan un ejercicio de ponderación para preservar otros derechos o incluso, bienes o intereses constitucionalmente protegidos.
"Por su utilidad, es pertinente citar las siguientes jurisprudencias, emitidas por nuestro Máximo Tribunal, de las que se destaca que las últimas dos fueron citadas por el quejoso en la demanda de amparo: (las transcribe)
"El artículo 15, fracciones V, VI y penúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece: (lo transcribe)
"El cardinal en cita, prevé que ante la omisión de requisitos tales como no exhibir la constancia de notificación del acto impugnado; o bien, señalar la fecha en que se conoció cuando no se haya recibido tal constancia o se haya practicado por correo, tiene como consecuencia inicial, que el Magistrado instructor emita un requerimiento al promovente y le otorgue el plazo de cinco días para cumplimentarlo, en caso de no subsanar la deficiencia respectiva, tendrá como consecuencia final de tener por no presentada la demanda.
"A lo largo de la presente ejecutoria, se ha establecido la importancia que guarda para el juzgador la manifestación por parte del justiciable, de la fecha en que tuvo conocimiento del acto que impugna y exhibe en el escrito de demanda, en el entendido de que, es precisamente a partir del conocimiento del acto que está en aptitud de acudir al medio de defensa que estime pertinente para defender lo que su interés convenga.
"También se ha puntualizado, que la fecha de conocimiento del acto puede o no coincidir con aquella que obre en la constancia de notificación con que cuente la autoridad emisora de la resolución respectiva, de ahí que ante el conocimiento del acto por parte de la persona, al exhibirlo como anexo al escrito de demanda y expresar los argumentos de impugnación contra sus motivos y fundamentos, el legislador establezca la carga procesal para el promovente, en el sentido que si obra en su poder la constancia de notificación la exhiba junto con su escrito de demanda; o en su defecto, si no cuenta con ella, debe precisarlo así y manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del acto.
"También se pondera que en caso de omisión en el cumplimiento de tales requisitos formales del escrito de demanda, el legislador no aplicó una consecuencia inmediata categórica que impida al justiciable acceder el juicio contencioso administrativo federal, ya que estableció la obligación al Magistrado instructor para emitir una prevención al promovente, así como un plazo razonable para subsanar el yerro incurrido.
"Al respecto, debe puntualizarse que en aras de salvaguardar el efectivo acceso a la imp
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26637-63305f49/demanda-de-nulidad-cuando-no-se-haya-recibido · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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