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Modo: Corpus Pro

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 14 DE JUNIO DE 2016, AL NO PREVER COMO SUPUESTO DE NOTIFICACIÓN PERSONAL EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2019. · Registro digital (IUS): 28825
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-07-05
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 68, Julio de 2019, Tomo II, Pág. 857.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO SÉPTIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO Y TERCERO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 8 DE MAYO DE 2019. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. DISIDENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN.

III. Competencia y legitimación

5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción suscitada, entre criterios de dos Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Segunda Sala.

6. Por otra parte, esta Segunda Sala considera que el Magistrado presidente de la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa carece de legitimación para denunciar la presente contradicción de tesis, toda vez que no se actualizan los supuestos establecidos en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo.(3)

7. En efecto, la calidad de autoridad responsable en los asuntos que dieron origen a la presente contradicción corresponde a la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual y el Magistrado instructor de la Sala Regional del Centro I, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo cual hace evidente que el promovente no tiene legitimación para formular la denuncia que originó la presente contradicción de tesis.

8. No obstante lo anterior, y en atención a la seguridad jurídica que tutela la institución de la contradicción de tesis, al dilucidarse cuál es el criterio que debe prevalecer cuando dos o más Tribunales Colegiados de Circuito han sustentado criterios que se estiman opuestos o divergentes, el señor Ministro Javier Laynez Potisek, ponente en el presente asunto, hace suya la denuncia de contradicción de tesis de que se trata, a fin de que la Segunda Sala de este Alto Tribunal efectúe el pronunciamiento que corresponda.(4)

IV. Existencia de la contradicción

9. La mecánica para analizar la existencia de una contradicción de tesis tiene que abordarse desde la necesidad de unificar criterios jurídicos en el país, pues su objetivo es otorgar seguridad jurídica a los Jueces y justiciables. Dado que lo que se pretende es preservar la unidad en la interpretación de las normas jurídicas, el Tribunal Pleno ha reconocido que para que exista una contradicción de tesis basta con identificar una discrepancia interpretativa entre dos o más órganos jurisdiccionales terminales, con independencia de que exista identidad en las situaciones fácticas que los precedieron. Sirven de sustento a lo anterior, los criterios de este Tribunal Pleno de rubros siguientes:

• "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(5)

• "CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(6)

• "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA."(7)

10. Si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios y el problema radica en los procesos de interpretación –que no en los resultados– adoptados por los órganos jurisdiccionales contendientes, entonces, como lo ha sostenido el Tribunal Pleno,(8) es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que los órganos jurisdiccionales contendientes, a fin de resolver alguna cuestión litigiosa, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de algún ejercicio interpretativo, con independencia del método utilizado;

b) Que en tales ejercicios interpretativos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que la situación anterior, pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

11. Es decir, existe una contradicción de tesis cuando dos órganos jurisdiccionales: (i) hayan realizado ejercicios interpretativos; (ii) sobre los mismos problemas jurídicos y en virtud de ellos llegaron a soluciones contrarias, y (iii) tal disputa interpretativa puede ser resuelta mediante la formulación de preguntas específicas.

12. Por otro lado, no es obstáculo para que esta Segunda Sala se ocupe de la denuncia sobre el presente asunto, el que alguno de los criterios contendientes no constituya jurisprudencia, pues basta que los órganos jurisdiccionales adopten criterios distintos sobre un mismo punto de derecho. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 27/2001 del Tribunal Pleno de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES."(9) y la tesis aislada P. L/94 de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS."(10) del mismo Tribunal Pleno.

13. En atención a lo anterior, a continuación se procederá a analizar si en el caso se acreditan los requisitos para determinar la existencia de una contradicción de tesis.

IV.1. Primer requisito: realización de un ejercicio interpretativo.

14. Esta Segunda Sala considera que se acredita el primer requisito, toda vez que los Tribunales Colegiados contendientes ejercieron su arbitrio judicial, al resolver las cuestiones litigiosas que les fueron presentadas. Esto es así, pues como a continuación se evidenciará, ambos tribunales realizaron ejercicios interpretativos en las partes considerativas de las sentencias contendientes.

A. Amparo directo 319/2018 del índice del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.(11)

15. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una empresa promovió juicio de nulidad en contra del oficio emitido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial mediante el cual se le impuso una multa, mismo que la actora manifestó desconocer.

b) Conoció del asunto la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien dictó sentencia en la que determinó sobreseer en el mismo, pues consideró que resultaba fundada la causal de improcedencia y sobreseimiento que hizo valer la autoridad demandada, ya que en su contestación de demanda negó la aseveración de la actora en cuanto a que no se le hubiera notificado la resolución impugnada, cuestión que no fue desestimada por la actora.

16. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo, respecto del cual conoció el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien determinó negar la protección constitucional de conformidad con las siguientes consideraciones:

a) La quejosa en sus conceptos de violación planteó lo siguiente: I) que existió una violación a las reglas del procedimiento consistente en que la resolución recaída al incidente de nulidad de notificaciones promovido en el juicio contencioso administrativo de origen resultaba ilegal, pues no se consideró que debía notificarse de manera personal el acuerdo por el cual se le dio vista para que formulara la ampliación de demanda; y II) reclamó la inconstitucionalidad del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente a partir de la reforma de trece de junio de dos mil dieciséis, que establece como regla general la notificación por boletín jurisdiccional y los casos de excepción en que procede la notificación personal, sin que en ellos se contemple el supuesto relativo al acuerdo que tiene por contestada la demanda y concede oportunidad para ampliarla, pues al no considerarlo así se vulneran los derechos de justicia, legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y progresividad.

b) Determinó que sí resultaba procedente el análisis de constitucionalidad planteado por la parte quejosa, ya que el precepto impugnado fue aplicado en su perjuicio, pues la Sala responsable lo utilizó como sustento para notificar la contestación de la demanda por boletín jurisdiccional y darle el término de ley para que se formulara la respectiva ampliación.

c) Para realizar el análisis de constitucionalidad, el órgano colegiado precisó que el trece de junio de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se "reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo", a través del cual se modificó, entre otras cuestiones, el sistema de notificaciones en el juicio contencioso administrativo federal con la finalidad de hacerlo más sencillo y expedito.

d) Señaló que a través del precepto impugnado, el legislador tuvo el propósito de agilizar la tramitación de los procedimientos contenciosos administrativos seguidos ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo que contempló la notificación a los particulares y autoridades por medio de boletín jurisdiccional.

e) Además, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a las notificaciones antes referidas, en respeto a los derechos de acceso efectivo a la justicia y de adecuada defensa se incorporó el aviso electrónico como un mensaje que se enviará a la dirección de correo electrónico señalado por las partes en el juicio contencioso administrativo en el que se informa de manera previa, que se les realizará una notificación a través del boletín jurisdiccional, por lo que se impuso como una mínima carga procesal el que estén pendientes de su consulta.

f) De la interpretación conforme del artículo impugnado se determinó que no vulneraba el derecho de acceso efectivo a la justicia, de defensa adecuada, ni el derecho de audiencia y debido proceso, pues si bien no prevé de manera expresa la obligación de notificar personalmente el proveído que tiene por presentada la contestación a la demanda, ello no impide que así se realice cuando en dicho proveído se conceda al actor el plazo legal para ampliar su demanda inicial.

g) En efecto, si bien el precepto impugnado establece como regla general que las notificaciones se practicarán por boletín jurisdiccional, también lo es que en su último párrafo prevé la facultad discrecional de ordenar notificación personal atendiendo al caso concreto, lo cual es suficiente para considerar que el dispositivo analizado no vulnera el orden constitucional, en tanto que a través de esa facultad discrecional, el Magistrado instructor está en aptitud de ordenar notificación personal del proveído que otorgue plazo para ampliar la demanda de nulidad, lo que salvaguarda los derechos de acceso efectivo a la justicia, de defensa adecuada, audiencia y debido proceso.

h) Por otra parte, señaló que el derecho del actor para ampliar su demanda de nulidad constituye una formalidad esencial del procedimiento, en tanto tiene por objeto que aquél pueda expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para impugnar las razones y fundamentos del acto reclamado e inclusive otros actos que desconocía al formular su demanda o que se introducen por la autoridad al contestarla.

i) Con base en lo anterior, se determinó que el auto por el que se tuvo por contestada la demanda de nulidad y se requirió a la parte actora para que ampliara su escrito inicial se notificó legalmente, pues si bien se trataba de una actuación de mayor entidad catalogada como una formalidad esencial del procedimiento, ésta se vio satisfecha a través de la notificación por boletín jurisdiccional, previo aviso enviado a la cuenta de correo electrónico señalado por aquélla, lo que brindó plena seguridad jurídica a los justiciables respecto del conocimiento de la actuación que se les pretende notificar para que ejerzan su debida defensa.

j) Agregó que no pasaba por desapercibido la existencia de la jurisprudencia 2.a/J. 75/2013 (10a.)(12) y la tesis 1a. CCII/2015 (10a.)(13) a través de las cuales se interpretó el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, vigente antes de la reforma de trece de junio de dos mil dieciséis, mediante las cuales se interpretó un sistema de notificaciones diverso al que actualmente opera en el juicio contencioso administrativo federal y a través del cual se incorpora el envío de un aviso a la dirección de correo electrónico que deben proporcionar las partes y con lo que se da a conocer que se llevará a cabo una notificación por boletín jurisdiccional, mismo que a consideración del legislador garantiza el acceso efectivo a la justicia y la adecuada defensa y, al mismo tiempo, buscó hacer más sencillo y ágil el juicio contencioso administrativo.

k) Lo anterior, en virtud de que los criterios referidos interpretaron un sistema de notificaciones diverso al que actualmente opera en el juicio contencioso administrativo federal, mismo que incorpora el envío de un aviso a la dirección de correo electrónico que deben proporcionar las partes, en el cual se da a conocer que se llevará a cabo una notificación por boletín jurisdiccional y, los interesados pueden optar por acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a notificarse personalmente, o bien, esperar a que la resolución correspondiente se publique en el boletín jurisdiccional.

l) En efecto, el sistema de notificaciones que rige actualmente el juicio contencioso administrativo federal prevé que, previo a la notificación por boletín jurisdiccional de la resolución de que se trate se envía un aviso al interesado, al correo electrónico, que proporcionó para tal efecto, con lo cual el legislador buscó un equilibrio entre el acceso a la justicia pronta y expedita, así como el respeto de la seguridad jurídica de las partes contendientes.

m) En tales circunstancias, se determinó que resultaba legal la notificación ordenada por boletín jurisdiccional del acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por contestada la demanda y se otorgó el plazo para ampliarla, ello en virtud de que el dos de marzo de dos mil diecisiete, se remitió el aviso correspondiente a la dirección de correo electrónico que proporcionó la actora y el ocho de marzo del referido año, se publicó en el boletín jurisdiccional la notificación del citado acuerdo, por lo que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento.

B. Amparo directo administrativo 539/2018 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito.(14)

17. Ese asunto tuvo su origen en los siguientes antecedentes:

a) Una persona demandó la nulidad de la resolución negativa ficta recaída al recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución mediante la cual se determinó un crédito fiscal.

b) El Magistrado instructor de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia mediante la cual reconoció la validez de la resolución impugnada.

18. Inconforme, la parte actora promovió juicio de amparo y el Tribunal Colegiado determinó otorgar la protección constitucional, de conformidad con las siguientes consideraciones:

a) La parte quejosa a través de sus conceptos de violación planteó: I) que la resolución estaba viciada de origen, ya que no se le notificó de manera personal el acuerdo por el que se tuvo por contestada la demanda; y II) que resultaba inconstitucional el artículo 67 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que enuncia las resoluciones que van a ser notificadas al particular de manera personal, sin embargo no establece que se notifiquen personalmente los acuerdos donde se tiene por contestada la demanda, lo cual resulta relevante pues la valoración de las pruebas que anexó la autoridad demandada y los argumentos planteados trascendieron al sentido de la resolución reclamada, por lo que dicho precepto transgredía los principios fundamentales de audiencia, debido proceso legal y acceso a la justicia.

b) Como preámbulo precisó que, en atención a que la resolución impugnada en el juicio de origen constituyó una negativa ficta, en consecuencia, se actualizó la hipótesis de ampliación de demanda a que se refiere el artículo 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y, por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 58-6 del ordenamiento en mención, se determinó que la parte actora tenía un término de cinco días para formular su ampliación de demanda, contado a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación del proveído que admitió su contestación.

c) Por otra parte, determinó que en el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se encuentran delimitadas las notificaciones que de manera personal o por correo certificado deben hacerse a los particulares, estableciendo para la notificación de las demás resoluciones su publicación por medio del boletín jurisdiccional, sin que exista algún supuesto de notificación personal cuando se trate del proveído en el que se tenga por admitida la contestación de la demanda y se otorga el plazo para ampliarla.

d) Se determinó que los conceptos de violación de la parte quejosa resultaban fundados, toda vez que el precepto impugnado resultaba violatorio del artículo 14 constitucional, al no prever que el auto mediante el cual se tiene por contestada la demanda y se concede el derecho de ampliarla se notifique de manera personal a la actora.

e) Precisó que sobre el tema referido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.), que si bien fue emitida con anterioridad a la reforma del precepto impugnado, dicho órgano consideró pertinente adoptar tal criterio, pues en el juicio contencioso administrativo federal, el derecho de la actora para ampliar su demanda se traduce en una formalidad esencial del procedimiento en tanto tiene por objeto que pueda expresar los argumentos y ofrecer las pruebas que estime conducentes para impugnar las cuestiones que desconocía al formular su demanda inicial o que introdujo la autoridad al contestarla.

f) También determinó que, resultaba inconvencional el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la medida en que no prevé que el auto que tiene por contestada la demanda y concede a la actora el derecho de ampliarla sea notificado personalmente a ésta.

g) Lo anterior, ya que el derecho para ampliar la demanda por parte de la actora constituye una formalidad esencial en el juicio contencioso administrativo que permite lograr una adecuada impartición de justicia, habida cuenta que la litis natural sobre la cual la autoridad responsable debe pronunciarse, se integra con la demanda y su contestación, su ampliación y la contestación de ésta, por lo que resultó inconcuso que el proveído mediante el cual se otorga la aludida prerrogativa debe notificarse de manera personal a la actora, porque si solamente se hace a través del boletín electrónico se le deja en estado de indefensión.

h) Determinó que no era válido afirmar que si dicha notificación se hace a la parte actora a través del boletín electrónico cumple con la exigencia de darle a conocer a aquel en forma completa y certera los argumentos de la contestación, ello en virtud de que la publicación electrónica de los elementos que constan en el boletín jurisdiccional son insuficientes para que el demandante quede debidamente enterado del contenido integral de la contestación de demanda y las pruebas aportadas por la autoridad.

i) Por lo anterior, se concedió la protección constitucional a la quejosa para el efecto de que se dejara insubsistente la sentencia reclamada y se repusiera el procedimiento a partir del auto mediante el cual tuvo por contestada la demanda, ordenando la notificación de dicho proveído de manera personal y corriéndole traslado con la aludida contestación.

IV.2. Segundo requisito: punto de toque y diferendo en los criterios interpretativos.

19. Esta Segunda Sala considera que el segundo requisito también se cumple en el presente caso, pues ambos Tribunales Colegiados utilizaron su arbitrio judicial sobre los mismos problemas jurídicos. Así, los Tribunales Colegiados contendientes examinaron la constitucionalidad del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis), en cuanto a que no prevé de manera expresa la obligación de notificar personalmente el proveído que tiene por presentada la contestación a la demanda y otorga el plazo para ampliarla.

20. En efecto, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que resultaba constitucional el artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de junio de dos mil dieciséis), pues si bien establece como regla general que las notificaciones se practicarán por boletín jurisdiccional, también lo es que en su último párrafo prevé la facultad discrecional de ordenar notificación personal atendiendo al caso concreto, lo cual es suficiente para considerar que el dispositivo analizado no vulnera el orden constitucional, en tanto que a través de esa facultad discrecional, el Magistrado instructor está en aptitud de ordenar notificación personal del proveído que otorgue plazo para ampliar la demanda de nulidad, lo que salvaguarda los derechos de acceso efectivo a la justicia, de defensa adecuada, audiencia y debido proceso.

21. En cambio, el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito concluyó que, resultaba inconstitucional dicho artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que el auto mediante el cual se tiene por contestada la demanda y se concede el derecho de ampliarla debe notificarse de manera personal a la actora, pues tal derecho constituye una formalidad esencial en el juicio contencioso administrativo que permite lograr una adecuada impartición de justicia, habida cuenta que la litis natural sobre la cual la autoridad responsable debe pronunciarse se integra con la demanda y su contestación, su ampliación y la contestación de ésta.

22. No es un obstáculo a lo anterior, que el criterio sustentado por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito derive de un juicio contencioso administrativo desahogado en la vía ordinaria y que el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito provenga de un juicio contencioso administrativo desahogado en la vía sumaria, pues si bien es cierto que en tales procedimientos los plazos para ampliar la demanda de nulidad son distintos, también lo es que la reglas de notificación por boletín electrónico previstas en el artículo impugnado, son generales.

IV.3. Tercer requisito: elementos constitutivos de la hipótesis y surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción.

23. En virtud de lo anterior, la pregunta que debe solucionar la presente contradicción es: ¿Es constitucional que en el juicio contencioso administrativo el proveído que tiene por contestada la demanda y concede a la actora la oportunidad para ampliar su demanda se notifique a través de boletín jurisdiccional?

24. Cabe señalar que, en principio, esta Segunda Sala ya se ha pronunciado sobre el tema en comento a través de la jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.) de título y subtítulo: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. EL AUTO QUE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA Y CONCEDE AL ACTOR EL PLAZO LEGAL PARA AMPLIARLA, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CORREO CERTIFICADO, A FIN DE TUTELAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DE ADECUADA DEFENSA."(15)

25. Sin embargo, si bien esta Segunda Sala a través de dicho criterio se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 67 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo lo hizo respecto de aquél, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de diciembre de dos mil diez. Ahora bien, en el presente caso los órganos contendientes se pronunciaron sobre la constitucionalidad del artículo 67 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de junio de dos mil dieciséis, los cuales presentan diferencias sustanciales, a saber:

Ver diferencias sustanciales del artículo 67 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo

26. De lo anterior, se advierte que el precepto en estudio sufrió un cambio sustancial en su redacción a partir de la reforma de trece de junio de dos mil dieciséis, por lo cual resulta pertinente que esta Segunda Sala a través del presente asunto defina su postura en torno al nuevo precepto, máxime que actualmente existe una integración diversa en este órgano jurisdiccional de cuando se emitió la jurisprudencia 2a./J. 75/2013 (10a.).

V. Criterio que debe prevalecer

27. En primer término, conviene señalar que el acceso a la justicia es el derecho fundamental que toda persona tiene de plantear una pretensión o defenderse de ella ante los tribunales previamente establecidos, cuyo ejercicio se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal.

28. Este Alto Tribunal ha sostenido que la disposición constitucional en comento tiene como fin que las instancias de justicia constituyan un mecanismo eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan. En tanto, la prevención relativa a que los órganos jurisdiccionales estarán expeditos para impartir justicia implica que el Poder Público, en cualquiera de sus manifestaciones (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), no debe supeditar el acceso a la justicia a requisitos innecesarios, excesivos o carentes de razonabilidad o proporcionalidad en relación con el fin que legítimamente puede limitar ese derecho fundamental. Por lo que, para determinar si en un caso concreto, la condición o presupuesto procesal establecido por el legislador ordinario respeta el derecho de acceso a la jurisdicción, es necesario analizar si encuentra sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la Constitución General de la República.

29. El criterio anterior, ha quedado asentado en la jurisprudencia P./J. 113/2001 de rubro: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL."(16)

30. Cabe indicar, que en términos análogos a lo previsto en el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa.

31. Las anteriores consideraciones permiten concluir, que de acuerdo con los principios constitucionales que rigen en materia de derechos humanos, el derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de proteger y respetar los derechos fundamentales vinculados con aquél, así como garantizar la efectividad de los medios legales de defensa, lo que implica acudir a la interpretación de la ley que permita lograr tales objetivos, habida cuenta de que el acceso a la jurisdicción no se debe supeditar a formalismos que resulten excesivos o carentes de razonabilidad respecto del fin legítimo que se persigue con la exigencia constitucional de establecer en la ley presupuestos procesales para el ejercicio de los derechos de acción y defensa.

32. Además, el derecho de acceso a la justicia se encuentra estrechamente vinculado con el de adecuada defensa que deriva de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional.

33. Esto permite a los gobernados acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos de manera efectiva, en condiciones de igualdad procesal, así como ofrecer pruebas en su defensa y obtener una resolución que dirima las cuestiones debatidas, es decir, el derecho de debido proceso legal se traduce en el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento.

34. De igual modo, este Alto Tribunal ha sostenido que la disposición constitucional referida otorga al gobernado el derecho a una defensa adecuada previamente a la emisión de un acto privativo, lo que implica para la autoridad el deber de respetar las formalidades esenciales del procedimiento que en términos generales se traducen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28825-923f903f/juicio-contencioso-administrativo-federal-el-articulo-67-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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