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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL OFICIO DE TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN ADMINISTRATIVA ENTRE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (FGR) Y UNO DE SUS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS O ELEMENTOS POLICIALES, DEBIDO A RAZONES PRESUPUESTARIAS Y DE REESTRUCTURACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 46/2023. · Registro digital (IUS): 31597
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-07-07
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Julio de 2023, Tomo II, Pág.2056.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 46/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 14 DE ABRIL DE 2023. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE Y ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS (PRESIDENTA), Y DEL MAGISTRADO GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MAGISTRADA ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. SECRETARIA: ANAID LÓPEZ VERGARA.

I. Competencia

1. Este Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafos primero, quinto, séptimo y noveno, y 107, fracción XIII, párrafos segundo y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 1, fracción III, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(1) así como en lo establecido en los numerales 1, fracción I, punto 2, y 2 del Acuerdo General 108/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio;(2) en contexto con los artículos 6, fracción I, 7, 9 y 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales,(3) publicados en el Diario Oficial de la Federación el trece y dieciséis de enero de dos mil veintitrés, respectivamente, por tratarse de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de la Región Centro-Norte, cuyo conocimiento corresponde a este Pleno Regional al ser de materia administrativa.

II. Legitimación

2. La contradicción de criterios se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, pues la formuló ********** ********** **********, por propio derecho, parte quejosa en el juicio de amparo 78/2022 del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del cual deriva el amparo en revisión incidental 173/2022 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que contiene uno de los criterios contendientes en la presente contradicción.

III. Criterios denunciados

3. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 32/2022 y el amparo en revisión 173/2022, en sesiones de veinticuatro de enero y veinticinco de agosto de dos mil veintidós, respectivamente.

4. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión incidental 173/2022, en sesión de veintidós de septiembre de dos mil veintidós.

IV. Existencia de la contradicción de criterios

5. De acuerdo con los criterios sentados por el Máximo Tribunal, existe una contradicción de criterios cuando se reúnen los siguientes requisitos:(4)

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y que sobre ese mismo punto de derecho, los tribunales contendientes adopten criterios jurídicos discrepantes.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

6. En el caso, existe una contradicción de criterios entre el sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 32/2022 y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al fallar el amparo en revisión incidental 173/2022.

7. El Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 32/2022, en una parte de la ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver análisis

8. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión incidental 173/2022, en una parte de la ejecutoria, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver características

9. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Se satisface este requisito porque los tribunales se pronunciaron argumentativamente sobre si concedían o negaban la suspensión, en un caso, provisional y en el otro, definitiva, contra un oficio que dio por terminada una relación administrativa entre la Fiscalía General de la República y un servidor público de los previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Carta Magna (en un asunto un perito y en el otro un agente de policía), por supresión de su plaza debido a aspectos presupuestarios y de reestructuración.

10. Segundo requisito: Punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se advierte un punto de toque entre los criterios de los tribunales contendientes, porque ambos analizaron la cuestión planteada con base en la proscripción de reinstalación de servidores públicos prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna y en el requisito de no contravenir disposiciones de orden público ni seguir perjuicio al interés social para la concesión de la medida cautelar, regulado en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

11. Sin embargo, existe un diferendo entre ellos, porque uno concedió la suspensión bajo la consideración de que se colmaba el requisito legal en comento, en atención a que la prohibición de reinstalación de servidores públicos únicamente comprende a aquellos separados de su cargo por incumplimiento de los requisitos de permanencia o por algún motivo de responsabilidad, no a quienes resultan cesados por razones presupuestales y organizacionales; mientras que el otro sostuvo que la proscripción de mérito es absoluta, es decir, que alude a todos los supuestos de separación del cargo, más allá del motivo del acto privativo, lo que se constituía como una cuestión de orden público e interés social que conducía a negar la suspensión tratándose de bajas por aspectos presupuestales y de reestructuración.

12. Tercer requisito: Que pueda formularse una pregunta o cuestionamiento a resolver. Este requisito se cumple también, pues advertido el punto de conflicto entre los criterios contendientes, cabe la siguiente pregunta: ¿Procede conceder la suspensión en el juicio de amparo contra un oficio que da por terminada una relación administrativa entre la Fiscalía General de la República y un servidor público de los previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Carta Magna, por la supresión de su plaza debido a motivos presupuestarios y de reestructuración de dicho ente público?

13. Además, por los términos en que fueron resueltos los asuntos de origen, se suscita otra interrogante que debe contestarse para resolver la primera, a saber: ¿La prohibición prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, de reinstalar a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y Municipios que hayan sido separados de su cargo aun cuando la autoridad jurisdiccional determine que esa separación es injustificada, es absoluta o está referida solamente a casos en los cuales el servidor público incumple los requisitos de permanencia en la institución o incurre en alguna responsabilidad?

14. En esta línea argumentativa, es existente la contradicción de criterios entre los sostenidos por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja administrativa 32/2022, y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, al fallar el amparo en revisión incidental 173/2022.

15. No es óbice a lo anterior la circunstancia de que en uno de los asuntos –aquel examinado por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito–, se haya proveído sobre la suspensión provisional, y que en el otro –del que conoció el Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito–, la resolución respectiva versara sobre suspensión definitiva, porque tales aspectos son secundarios considerando que ambos tribunales realizaron su estudio con base en los mismos elementos.(6)

16. Tampoco es obstáculo para tener por existente la contradicción de criterios que en el informe rendido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito se asentara que en este momento no es posible mantener el criterio de mayoría contenido en el recurso, pues actualmente no existe la mayoría que lo sustente, debido a que únicamente puede considerarse que un tribunal se aparta o ya no sostiene su propio criterio cuando plasma uno diverso en una ejecutoria; lo que no está demostrado en la especie.(7)

V. Inexistencia de la contradicción de criterios

17. El Décimo Primer Tribunal en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 173/2022, analizó un asunto con las siguientes características:

Ver reseña

18. La reseña anterior pone en evidencia que respecto de este asunto no se satisfacen los extremos para tener por existente una contradicción de criterios, dado que si bien es cierto que se cumple el primer requisito, relativo al ejercicio interpretativo y arbitrio judicial –porque se decidió sobre la legitimación de un gestor para defender un derecho de petición y se consideró violado en su perjuicio tal prerrogativa constitucional–, también lo es que no se concreta el segundo requisito, relativo a la existencia de un punto de toque y diferendo de criterios interpretativos, toda vez que los temas abordados no coinciden con los examinados en los expedientes referidos en el considerando precedente.

19. Luego, la contradicción respecto al criterio sostenido por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión 173/2022, es inexistente.

20. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 24/95,(8) de rubro y texto siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS. Para que se configure la contradicción de tesis a que se refiere el artículo 197-A de la Ley de Amparo, es menester que las resoluciones pronunciadas por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jurídicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicción es inexistente."

VI. Estudio

21. En cuanto a la interrogante: ¿La prohibición prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, de reinstalar a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y Municipios que hayan sido separados de su cargo aun cuando la autoridad jurisdiccional determine que esa separación es injustificada, es absoluta o está referida solamente a casos en los cuales el servidor público incumple los requisitos de permanencia en la institución o incurre en alguna responsabilidad?, basta decir que la respuesta ha quedado establecida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 21/2010, el veintitrés de junio de dos mil diez, en la que contendieron el Primero, Segundo y Tercero Tribunales Colegiados del Noveno Circuito.

22. En dicho asunto, el Alto Tribunal analizó dos temas jurídicos, uno de los cuales radicaba en determinar los supuestos en los cuales debía aplicarse el alcance de la prohibición constitucional de reinstalación de referencia y llegó a la conclusión de que debía observarse cualquiera que fuera la causa de la separación, al tenor de las consideraciones que enseguida se sintetizan:

El Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito conoció de un juicio de amparo directo que tuvo como antecedente una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo promovido contra un cese verbal del que había sido objeto un agente de policía y, sin reparar en el hecho que originó la baja de la parte quejosa, determinó que el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, resultaba plenamente aplicable, por lo que no era viable su reinstalación.

Tal apreciación implica que estimó que, con independencia de la razón de la separación del cargo, operaba la prohibición constitucional de reinstalación.

Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito –cuyo asunto era un juicio de amparo directo que tuvo como antecedente una sentencia dictada en un juicio contencioso administrativo promovido contra un cese verbal de un agente de policía "... por no haber presupuesto necesario para cubrir los sueldos de aquéllos por el ejercicio de su encargo ..."– consideró que fuera de los supuestos previstos expresamente en la disposición constitucional multicitada, consistentes en incumplimiento de los requisitos de permanencia o responsabilidad administrativa, sí era factible reinstalar a un miembro de un cuerpo policiaco ante una baja injustificada.

El Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito no participa en este aspecto de la contienda, porque en su asunto el cese del agente de policía constituido como quejoso fue decretado por la Comisión de Honor y Justicia Municipal por haber incurrido en responsabilidad administrativa.

Sobre el tema que se debate, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 2389/2009, en sesión de veintiocho de abril de dos mil diez, determinó lo siguiente:

"De esto se deriva que fue clara la intención en el proceso legislativo (sobre todo del Constituyente Permanente), el que los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos, por los siguientes supuestos:

"1. Si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o

"2. Sean removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones.

"Con la expresa previsión de que si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

"Es decir, a partir de la reforma constitucional que se estudia, la prohibición de reincorporación al servicio policial es expresamente absoluta, por lo que si ‘la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho’, mas nunca la reinstalación.

"Lo establecido anteriormente en este considerando, así lo ha sostenido de forma literal esta Sala, al resolver, en sesión de catorce de abril de dos mil diez, los amparos en revisión A.D.R. 247/2010, bajo la ponencia del señor Ministro José Fernando Franco González Salas, y A.D.R. 442/2010, bajo la ponencia de la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

"Bajo ese tenor, la interpretación realizada por el Tribunal Colegiado acerca de que en ninguna (sic) caso procede la reincorporación al servicio de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las instituciones policiales, es acorde con lo aquí expresado, por lo cual es correcta, haciendo infundada la parte relativa de los agravios.

"Efectivamente, pues como lo estimó el Tribunal Colegiado del conocimiento, existe una disposición constitucional, a saber, el segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, que expresamente prohíbe la reinstalación de los servidores públicos ahí indicados, cualquiera que sea el motivo o la causa de separación, porque el Constituyente Permanente resaltó que, en ningún caso, procederá la reincorporación al servicio, cualquiera que sea la forma de su terminación e, inclusive, estableció que si la autoridad jurisdiccional resolviere que aquella separación es injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones que tenga derecho, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

"Es por lo anterior que, pese a que la separación del empleo de la quejosa, hoy recurrente, no haya sido por no cumplir con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, ni por haber sido removida de su cargo por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones, sino debido a una separación verbal, sin procedimiento de por medio y realizada por autoridad incompetente, como lo evidenció la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, en tal caso, inclusive, tiene preferencia la decisión del Constituyente Permanente relacionada con el combate a la corrupción y privilegio de la seguridad, que la afectación que pudiere sufrir el agraviado, la que, en su caso, se compensa con el pago de la indemnización que le corresponde y demás prestaciones a que tenga derecho."

Es decir, que la voluntad del Constituyente Permanente a través de la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, al artículo 123, apartado B, fracción III, de la Constitución Federal, fue impedir que los miembros de las corporaciones policiacas fueran reinstalados en su cargo una vez que hubiesen sido dados de baja, con independencia de las razones en las que dicha baja se hubiese sustentado; y que con ello se privilegió el combate a la corrupción, pues por encima de la afectación que pueda sufrir el agraviado, la cual, en su caso, se compensa mediante el pago de una indemnización, colocó el interés general de tener servidores públicos honestos.

23. A partir de tales consideraciones se emitió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 103/2010,(9) de rubro y texto siguientes:

"SEGURIDAD PÚBLICA. LA PROHIBICIÓN DE REINSTALAR EN SU CARGO A LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, PREVISTA POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008, ES APLICABLE EN TODOS LOS CASOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZÓN QUE MOTIVÓ EL CESE. Del citado precepto constitucional se advierte que los miembros de las instituciones policiales podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia o si incurren en responsabilidad, con la expresa previsión de que si la autoridad resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tengan derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. De lo anterior se sigue que a partir de la aludida reforma la prohibición de reincorporación es absoluta, lo que se corrobora con el análisis del proceso relativo del que deriva que el Constituyente Permanente privilegió el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad por encima de la afectación que pudiere sufrir el agraviado la que, en su caso, se compensaría con el pago de la indemnización respectiva, por lo que independientemente de la razón del cese tiene preferencia la decisión del Constituyente de impedir que los miembros de las corporaciones policiacas que hubiesen causado baja se reincorporen al servicio." 24. De esta ejecutoria y reproducción se sigue que si bien, la intención del Constituyente Permanente fue abatir un problema de corrupción en ciertas corporaciones relacionadas con la seguridad pública, el Alto Tribunal determinó que la prohibición de reinstalación era absoluta y debía aplicarse en todos los supuestos, es decir, cuando la separación derivara de la falta de cumplimiento de los requisitos de permanencia, de responsabilidad administrativa o se tratara de separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio.

25. Es relevante reiterar que uno de los asuntos que contendió en la apuntada contradicción de tesis correspondía a un agente de policía separado de su cargo por motivos presupuestarios, como se desprende de la parte de la ejecutoria donde se dijo:

"QUINTO.—El Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito conoció del juicio de amparo directo 423/2009 el cual tiene los siguientes antecedentes:

"1. Por escrito de treinta y uno de octubre de dos mil seis, ********** ********** ********** y otros promovieron juicio de nulidad en contra de la ‘baja por cese a sus puestos como elementos de la Dirección de Seguridad Pública del Estado dependiente del Gobierno del Estado y que en forma verbal les fue notificada por el ... subdirector de la Sección Primera de Personal de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, dependiente del Gobierno del Estado’ de San Luis Potosí. ...

"3. Inconformes con la anterior resolución (del juicio de nulidad promovido contra la baja) los actores promovieron juicio de amparo directo que se resolvió mediante sentencia de veinticuatro de septiembre de dos mil nueve, la cual en lo conducente dice: ...

"Por consiguiente, resulta evidente lo fundado del concepto de violación donde los quejosos aducen que la autoridad responsable violó sus garantías individuales ... pues, como se advierte, la litis del asunto se centró en que el vínculo entre los impetrantes y la Dirección de Seguridad Pública del Estado se dio por terminado por no haber presupuesto necesario para cubrir los sueldos de aquéllos por el ejercicio de su encargo, y no así por haber incumplido con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalan para permanecer en dichas instituciones o por haber incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus funciones."

26. En tal medida, es claro que el punto jurídico en examen ya fue resuelto mediante criterio firme del Alto Tribunal por lo que, en este aspecto, no se configura un tema pendiente de definir, de modo que a la pregunta: ¿La prohibición prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Carta Magna, de reinstalar a los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, entidades federativas y Municipios que hayan sido separados de su cargo aun cuando la autoridad jurisdiccional determine que esa separación es injustificada, es absoluta o está referida solamente a casos en los cuales el servidor público incumple los requisitos de permanencia en la institución o incurre en alguna responsabilidad?, debe responderse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció mediante criterio jurisprudencial que dicha proscripción es absoluta, es decir, comprende todos los casos, no sólo aquellos relacionados con el incumplimiento de requisitos de permanencia y responsabilidad.

27. Así pues, se impone declarar improcedente la presente contradicción de criterios en el aspecto hasta aquí analizado.

28. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 44/2012 (10a.),(10) del tenor siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. ES IMPROCEDENTE SI LA DENUNCIA SE PRESENTÓ DESPUÉS DE HABERSE EMITIDO LA JURISPRUDENCIA QUE RESUELVE EL PUNTO JURÍDICO A DEBATE. Cuando se denuncia una posible contradicción de tesis entre las sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito y se advierte que sobre el punto jurídico a debate ya existe jurisprudencia definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha contradicción debe declararse improcedente, toda vez que no ha lugar a fijar el criterio que debe prevalecer al encontrarse determinado."

29. Ahora, resuelta esa cuestión, es preciso responder a la pregunta ¿Procede conceder la suspensión en el juicio de amparo contra un oficio que da por terminada una relación administrativa entre la Fiscalía General de la República y un servidor público de los previstos en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Carta Magna, por la supresión de su plaza debido a motivos presupuestarios y de reestructuración de dicho ente público?

30. El artículo 17 de la Carta Magna(11) prevé el derecho de acceso a la justicia que imparten los tribunales y encomienda a las leyes la previsión de los requisitos y formalidades necesarios para hacer efectivo tal derecho.

31. Con miras al cumplimiento de ese objetivo, las medidas cautelares previstas en las leyes se erigen como los instrumentos al alcance de los juzgadores para conservar la materia del litigio hasta su conclusión y/o evitar una grave o quizá irreparable afectación a las partes durante la tramitación del asunto.

32. En este sentido, la provisión de medidas cautelares desempeña un papel crucial en el acceso a la justicia:

"La tutela cautelar forma parte del contenido del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24.1 CE, pues el aseguramiento de la efectividad de la sentencia que consiguen las medidas cautelares da sentido al proceso, protege el cumplimiento de lo acordado, y consigue que la tutela que dispensan Jueces y tribunales sea verdaderamente efectiva. La tutela judicial no tendría trascendencia práctica, y sería meramente quimérica, en muchos casos, sin las medidas cautelares.

"A tenor de la doctrina del Tribunal Constitucional, la tutela cautelar, además de integrarse en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, constituye, en el proceso contencioso administrativo, una consecuencia de la universalidad del control jurisdiccional que ejercen Jueces y tribunales sobre la actividad administrativa ...

"STC 14/1992, 10 de febrero (Tol 25194) ... La configuración de la tutela cautelar como manifestación de la tutela judicial efectiva de cualesquiera derecho o intereses legítimos limita al legislador impidiendo que excluya la adopción de medidas cautelares por los órganos judiciales. De la tutela judicial deriva el derecho a ‘la potestad jurisdiccional de adoptar medidas cautelares, ..."(12)

33. Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de la cual derivó la tesis de jurisprudencia de rubro: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA DE AMPARO Y SU AUTO ADMISORIO. ES POSIBLE DECRETAR ESA MEDIDA CAUTELAR EN EL EXPEDIENTE PRINCIPAL DEL JUICIO DE GARANTÍAS EN LA VÍA INDIRECTA, A PETICIÓN DEL INTERESADO.",(13) dijo:

"En principio debe destacarse que las medidas cautelares, conocidas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que el juzgador puede decretar, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un daño grave irreparable a las mismas partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso.

"El lapso relativamente prolongado que el proceso tarda hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de medidas precautorias, a fin de evitar que la sentencia de fondo sea inútil o ilusoria y, por el contrario, tal decisión tenga eficacia práctica.

"Para el procesalista Piero Calamandrei, la providencia cautelar nace de la relación entre dos términos: por una parte, de la necesidad de que, para ser prácticamente eficaz, se dicte sin retardo; y, por otra, de la falta de aptitud del proceso ordinario para crear, sin retardo, la providencia definitiva. El tratadista citado define a la providencia cautelar, como la ‘anticipación previsoria de ciertos efectos de la providencia definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar el retardo de la misma’ (Introducción al Estudio Sistemático de las Providencias Cautelares, Bibliográfica Argentina, 1945, página 45)

"En opinión de Humberto Briseño Sierra, la medida cautelar no busca la posibilidad de hacer efectiva una sentencia cuyo contenido se ignora cuando aquélla se dicta, sino que ‘busca evitar que no se pueda hacer efectiva por ciertas razones o hechos que la medida elimina. No busca ejecutar la condena, sino que tiende a eliminar un obstáculo, cierto o presunto, para hacerla efectiva’ (Derecho Procesal, Vol. IV, México, Cárdenas Editor y Distribuidor, 1970, página 293). ...

"Las medidas cautelares suelen clasificarse en: 1) personales o reales, según recaigan sobre personas o bienes; 2) conservativas o innovativas, en función de que tiendan a mantener o a modificar el estado de cosas anterior al proceso principal, y 3) nominadas o innominadas, según signifiquen una medida específica que el juzgador puede decretar o un poder genérico del juzgador para decretar las

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31597-18045936/suspension-en-el-juicio-de-amparo-indirecto-es · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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