"FUNDAMENTO LEGAL INSUFICIENTE". SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CUANDO POR LA SOLA INTERPRETACIÓN DEL TEXTO LEGAL NO ES POSIBLE ESTABLECER QUE EN ÉL SE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN.
QUEJA 61/2014. 3 DE ABRIL DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ÉDGAR BRUNO CASTREZANA MORO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIO: JUAN CARLOS CORONA TORRES.
CONSIDERANDO:
SEXTO.-Decisión del tribunal.
El caso que se somete a la decisión de este tribunal tiene su origen en la demanda de amparo que **********,(14) promovió contra el auto de veintitrés de enero de dos mil catorce, dictado en el expediente **********, relativo a "juicio ordinario civil respecto de un interdicto de retener la posesión", del índice del Juez de lo Civil con residencia en Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, por el cual se "le requirió a la parte quejosa para consignar importe de las copias que han de integrar el testimonio de una apelación, apercibiéndola que de no hacerlo se tendría por no interpuesto el recurso y por firme el auto apelado".
El motivo principal de la impugnación, según se advierte de la demanda de amparo, particularmente de sus conceptos de violación, radicó en que a la par de que la resolución reclamada carecía de sustento legal, violentó su derecho a la administración de justicia gratuita reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al pronunciarse sobre la admisión de la demanda, el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo consideró, en lo que interesa, que antes de acudir al juicio de amparo la quejosa estaba obligada a agotar el medio ordinario de defensa, concretamente el recurso de revocación previsto en el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo, y que como no procedió de esa forma, se actualizaba de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia regulada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De ahí que el citado órgano jurisdiccional concluyó desechar la demanda de amparo.
Inconforme con lo resuelto por el Juez Federal **********, interpuso el recurso de queja que nos ocupa. La impugnación se centra en tres puntos:
1. No es clara la procedencia del recurso de revocación que prevé el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Quintana Roo y, por ello, se actualiza la excepción al principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo;
2. Al reclamar violaciones directas de derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, es decir, actos de imposible reparación, no estaba obligada a agotar el recurso ordinario; y,
3. El principio pro homine recogido en el artículo 1o. constitucional, entre otras cosas, implica que se deben eliminar las restricciones a sus derechos fundamentales, por lo que no estaba obligada a agotar el recurso de revocación.
Los integrantes de este tribunal en funciones de órgano revisor consideran que son infundados los puntos de agravio que expone la sociedad recurrente, por las razones que enseguida se dan.
1. Actualización de la excepción al principio de definitividad, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Dado que las consideraciones del Juez Federal parten de la idea de que antes de promover el juicio de amparo la quejosa estaba obligada a agotar el recurso de revocación que prevé la legislación procesal civil del Estado de Quintana Roo, en principio, es menester esclarecer si en efecto ello es así o, por el contrario, se está frente a un caso en el que se actualiza la hipótesis que regula el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, conforme a la cual no existiría tal obligación.
El invocado precepto de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y que "cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo".
En la norma transcrita, el legislador secundario federal estableció dos supuestos de excepción a la obligación del quejoso de agotar los recursos ordinarios antes de acudir al juicio de amparo; en otras palabras, como legislador racional y, por lo mismo, como "no redundante", en dicho enunciado dispuso dos hipótesis de excepción a la regla de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo. La primera consiste en que será optativo para el gobernado agotar el recurso ordinario cuando la regla de su procedencia sea producto de interpretación adicional del enunciado normativo. Y, la segunda, descansa en que será optativo para el gobernado agotar el recurso ordinario cuando el enunciado normativo en el que se quiere fundamentar su procedencia sea insuficiente para ese fin.
En realidad, el sentido del enunciado dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, no es del todo claro. Para conocer su extensión es necesario determinar qué quiso decir el legislador cuando hizo referencia a los conceptos "interpretación adicional" e "insuficiencia del fundamento legal".
En el proceso legislativo el creador de la Ley de Amparo permaneció silencioso sobre esos conceptos. No obstante, comúnmente sucede que los conceptos y vocablos especializados o técnicos que recoge una ley, tienen su origen en otras leyes, en la jurisprudencia, en la práctica jurisdiccional, o bien, en la doctrina.
En el caso que nos ocupa son la práctica jurisdiccional y la doctrina los manantiales que nos ayudan a esclarecer la mente del legislador secundario federal. Y aun cuando la doctrina no es una fuente positiva del derecho, lo cierto es que puede ser utilizada por los juzgadores para los objetivos que aquí se fijan.(15)
a) Interpretación adicional.
El concepto que nos ocupa se conforma de dos vocablos. El término "interpretar" significa explicar o declarar el sentido de algo y, principalmente, el de un texto. La voz "adicional" hace referencia a que se suma o añade algo.(16) Esas palabras nos dicen, como un primer acercamiento, que la "interpretación adicional" puede verse como una actividad, y consiste en declarar el sentido de un texto y sumarle o añadirle algo.
Ahora bien, la mayoría de los autores -como Guastini-, coinciden en que la interpretación se presenta como una actividad de conocimiento: interpretar es averiguar el "verdadero" significado de las leyes y/o la "verdadera" intención del legislador.(17)
Como la norma jurídica antes de ser aplicada debe ser comprendida, en la búsqueda de ese objetivo se utilizan herramientas argumentativas, como por ejemplo los argumentos teleológicos o los argumentos sistémicos: los primeros, generalmente se entienden como aquellos referidos a los fines o propósitos de un fragmento de la legislación, y los segundos se visualizan bajo la idea de que un texto jurídico concreto forma parte de un sistema.
El citado profesor de la Escuela Genovesa menciona que hay casos claros o fáciles que claramente caen bajo "el núcleo de referencia" de los términos usados en el texto, de tal forma que dicha norma es ciertamente aplicable a ellos. Pero también existen casos marginales o difíciles que caen en el área de penumbra que rodea el núcleo de referencia de los términos, de tal forma que la aplicabilidad de la norma a dichos casos es incierta o discutible, como por ejemplo, cuando permite diversos significados.(18)
Para el jurista Neil MacCormick, toda aplicación de una razón autoritativa exige algún acto de interpretación, dado que tenemos que formarnos una comprensión de lo que el texto autoritativo requiere para aplicarlo. También dice que comúnmente en la utilización de razones autoritativas en contextos jurídicos, especialmente en contextos de aplicación del derecho y toma de decisiones, se generan dificultades o dudas acerca de su significado, ya en sentido abstracto, ya para contextos particulares de decisión, y que se hace necesario formar un juicio para resolver esas dificultades o dudas.
El mencionado profesor escocés menciona que en la práctica judicial pueden darse escenarios en los cuales un texto autoritativo puede tener diversos sentidos, es decir, diversas interpretaciones. Dice que en tal caso, se deben dar argumentos que muestren las razones a favor de la interpretación preferida, pues ello será condición necesaria de la aplicabilidad relevante de una razón autoritativa para tomar la decisión; y que entre los argumentos relevantes para la decisión están aquellos que respaldan o se oponen a una determinada interpretación de una razón autoritativa desplegada como fundamento de una (posible) decisión.
Siendo más gráfico, MacCormick sostiene que para cualquier conjunto de interpretaciones rivales I1, I2, In (sic) si son rivales seriamente viables, habría argumentos de uno u otro tipo que fundamenten una u otra interpretación rival. Señala que no hay ninguna razón para suponer que argumentos de diferentes tipos dentro de la misma categoría deben señalar todos en la misma dirección; claro que no, ya que pueden existir conflictos entre argumento intracategóricos e, igualmente, pueden existir conflictos (o, en algunos casos, convergencia) entre argumentos de diferentes categorías. Debe existir, por tanto, una etapa de la argumentación que se ocupe de la jerarquía de los argumentos (o conjuntos de argumentos), cuando entren en conflicto de las interpretaciones que ellos generan.(19)
Tratándose de la justificación argumentativa de las sentencias, para el profesor de la escuela Genovesa Paolo Comanducci, una justificación puede definirse como un procedimiento argumentativo mediante el cual se ofrecen razones en favor de una conclusión.(20)
Hasta aquí, el significado literal y las opiniones de Guastini y MacCormick nos muestran que el concepto "interpretación adicional" está vinculado con la identificación de diversos sentidos del significado del texto legal, y con la expresión necesaria de argumentos que den razones sobre por qué el operador del derecho prefiere uno y no otro de esos sentidos.
Sobre este tema, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito ya se ha pronunciado y ha llegado a conclusiones sustancialmente iguales a las que aquí dan. Aquel órgano jurisdiccional determinó que la interpretación adicional es una figura que se actualiza cuando el significado de la norma no queda claro en el contexto específico en que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más soluciones posibles, de suerte que ha de enfrentarlas y decidir cuál de ellas es la que encuentra mayor apoyo, justificando de manera adicional el porqué se opta por esa interpretación.(21)
Es así que este Tribunal Colegiado de Circuito concluye que, en el marco de la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, la interpretación adicional que refiere el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, se da en un cuadro en el cual: a) existe un texto legal; b) la interpretación de ese texto legal permite diversos sentidos, necesariamente contrarios u opuestos en términos racionales y objetivos; y, c) el juzgador elige uno de ellos por determinadas razones.
Se dice que la identificación de los sentidos del texto deberá ser racional y objetiva, en tanto que no podría admitirse que en un texto se identifique un sentido abiertamente contrario a su "núcleo de referencia", o bien, irrealizable en un marco legal, como cuando su sentido literal dice: este recurso procede contra sentencias definitivas, pero se le quiere asignar el sentido de que procede contra una resolución que autoriza la expedición de copias certificadas.
Por otro lado, se considera que el ejercicio de interpretación del juzgador no necesariamente debe externarse en todos sus términos en el acto jurisdiccional -aun cuando ello fuera lo deseable-, puesto que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya sentó criterio en el sentido de que por las características distintivas del proceso y los actos jurisdiccionales, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar sus resoluciones citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse.(22)
En conclusión, la excepción al principio de definitividad relacionada con el supuesto de interpretación adicional, consiste en que será optativo para el quejoso agotar el medio ordinario de defensa, cuando se determine su procedencia a partir de la interpretación de un texto legal que objetiva y racionalmente permite diversos sentidos de su significado, opuestos, esto es, uno que enuncia la procedencia del recurso ordinario contra determinada resolución, y otro que postula lo contrario.
Esto, salvo en los casos en que exista jurisprudencia exactamente aplicable, en la que se haya determinado la procedencia del medio ordinario de defensa contra determinada resolución, en tanto que al fijar obligatoriamente un sentido del enunciado legal, excluye otros, de manera que la autoridad responsable no está frente al supuesto de elección de uno de los sentidos de la ley.
b) Fundamento legal insuficiente.
En lo que corresponde al concepto fundamento legal insuficiente, al igual que el de interpretación adicional, su alcance tampoco aparece claro.
En su diccionario, Juan Palomar de Miguel señala que tratándose de leyes, el vocablo "insuficiencia" hace alusión a lagunas legales.(23) Esto ya no nos habla de un problema de interpretación, sino más bien de integración jurídica.
Autores como Guastini, señalan que una laguna no puede ser colmada más que integrando el ordenamiento, o sea, añadiéndole una norma nueva, implícita, que conecta una determinada consecuencia jurídica a un supuesto de hecho no previsto.(24)
El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española dice que la palabra "insuficiencia" refiere falta de suficiencia. Según el mismo diccionario, la voz "suficiente" significa bastante para lo que se necesita.(25)
Así pues, los integrantes de este tribunal consideran que, en el marco regulatorio de la procedencia del juicio de amparo contemplado en el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo, el concepto "fundamento legal insuficiente" tiene la función de excluir a la integración normativa, por ejemplo, la analógica, como técnica para establecer la procedencia de un medio ordinario de defensa en contra de una resolución; de suerte que conforme a ello, se obligue al gobernado a agotarlo antes de acudir al juicio de amparo. Así, habrá "fundamento legal insuficiente" cuando por la sola interpretación del texto legal, no es posible establecer que en él se prevé la procedencia de un recurso concreto contra determinada resolución.
c) Procedencia del recurso de revocación contra el acto reclamado.
Una vez aclarados los conceptos de interpretación adicional y fundamento legal insuficiente, debe determinarse si en el caso se está frente a ellos. De manera que de darse tal situación, se estaría en el supuesto de excepción al principio de definitividad que regula el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo.
Pues bien, el recurso del que se habla se encuentra previsto en el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Este precepto establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez que los dicta.26
En ese enunciado legal el legislador secundario local estableció la regla de procedencia del recurso de revocación. Conforme a esa regla, tal medio ordinario de defensa procede contra una resolución que sea: a) un auto o un decreto; y, b) si es un auto, debe ser de aquellos en contra de los que no proceda la apelación.
El artículo 72 de la invocada codificación, establece que las resoluciones que pueden emitirse o producirse con motivo de un proceso civil son de cuatro tipos: 1. Decretos, que son simples determinaciones de trámite; 2. Sentencias interlocutorias, las cuales son decisiones que resuelven un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia; 3. Sentencias definitivas, que según se infiere de la regulación que presenta el código, son las que resuelven el juicio en lo principal, bien en primera o en segunda instancias; y, 4. Autos, que son las determinaciones que no son decretos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas.
Entonces, para identificar cuáles son las resoluciones contra las que procede el recurso de revocación, debe verificarse que sean simples determinaciones de trámite, es decir, decretos, o bien, que no sean ni decretos, sentencias interlocutorias o sentencias definitivas, en cuyo caso se estará frente a un auto.
Como se ha visto, tratándose de los autos el legislador estableció una condición adicional de procedencia de la revocación, es decir, que no sean de aquellos apelables. Para establecer qué autos no son apelables, ha de partirse de las reglas que respecto de la apelación establece el propio código procesal; verbigracia, en su artículo 600, fracción II, dispone que son apelables los autos definitivos que paralizan o ponen término al juicio haciendo imposible su continuación, cualquiera que sea la naturaleza del juicio. De forma que aun cuando esta resolución fue expresamente identificada por el legislador como un auto, al ser apelable, en su contra no es procedente el recurso de revocación.
Pues bien, en el caso, en su demanda de amparo la sociedad quejosa claramente estableció como acto reclamado, la resolución por la cual: a) se le requirió para que cubriera el costo de las copias que debían integrar el testimonio que se formaría con motivo de un recurso de apelación que interpuso; y, b) se le apercibió en el sentido de que para el caso de no cubrir el costo de esas copias, se le tendría por no interpuesto el recurso y por firme el auto apelado.
La resolución reclamada no es un decreto, en tanto que al fijar cargas procesales a la quejosa y amenazarla con la imposición de una sanción para el caso de su incumplimiento, no puede considerarse como de mero trámite; tampoco puede verse como una sentencia interlocutoria, porque no resuelve un incidente; y la resolución de la que se habla mucho menos puede identificarse como una sentencia definitiva, en tanto no resuelve el juicio en lo principal. Así pues, no siendo ninguna de las resoluciones enunciadas, la resolución reclamada es un auto -incluso así la identifica la propia parte quejosa-.
Del análisis del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, no se aprecia que el auto reclamado sea apelable, porque ninguna de sus normas expresamente así lo establece. En esa codificación tampoco se observa que dicha resolución sea irrecurrible o no sea impugnable mediante el recurso de revocación. Ante ello, lo que impone concluir es que no es un auto apelable. Luego, en contra del auto señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, sí era procedente el recurso de revocación.
A la luz de lo expuesto, en el caso, la determinación de la procedencia del recurso de revocación en contra del acto reclamado no se obtiene a partir de una interpretación adicional. Como se ha visto, ese medio ordinario de defensa se encuentra previsto en el artículo 590 del código adjetivo civil local. Al margen de que ese enunciado establece que el recurso de revocación procede contra decretos -frente a lo que en el caso no se está-, con un sentido unívoco y definido también dispone que todos aquellos autos que no sean apelables, serán revocables. Si esto último se relaciona con otra norma explícita, es decir, expresa, el artículo 72 de la misma legislación, se llegará a la regla que determina la procedencia del recurso de revocación tratándose de autos. Siendo el referente la exclusión, dicha norma dice: el recurso de revocación procede contra resoluciones que no sean 1. Autos apelables; 2. Decisiones que resuelvan un incidente promovido antes o después de dictada la sentencia (sentencias interlocutorias); y, 3. Sentencias definitivas.
Así pues, para determinar si el recurso de revocación procede contra el auto reclamado no hay necesidad de realizar un ejercicio de justificación adicional de la interpretación a partir de la cual se obtiene esa regla. Esto es, para obtener la norma que dice que ese medio de defensa procede contra el acto reclamado no es necesaria una etapa de la argumentación que se ocupe de la jerarquía de los argumentos (o conjuntos de argumentos), en tanto que al obtener la norma no hay conflicto claro de las interpretaciones que a partir del enunciado legal pueden generarse. De ahí que en el caso no se esté frente al supuesto de excepción por necesidad de interpretación adicional.
Y tampoco se está frente a un caso de fundamento insuficiente, en tanto, como también se deriva de lo expuesto, el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con el diverso 72 de la misma legislación, interpretados como sistema, dan lugar a una regla de procedencia expresa del recurso, que no necesita ser obtenida a partir de normas implícitas que la complementen o fundamenten.
Por tales razones, este tribunal concluye que en el caso no se está frente a la hipótesis de excepción que regula el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Por lo que conforme a este precepto, la quejosa estaba obligada a agotar el recurso de revocación que la legislación procesal civil local prevé, antes de promover el juicio de amparo indirecto.
2. Actos de imposible reparación como supuestos de excepción al principio de definitividad.
En lo que hace al siguiente punto de cuestionamiento que plantea la quejosa, en principio, es preciso señalar que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto.
Al analizar ese precepto, al resolver la contradicción de tesis 265/2013, suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el agotamiento de los recursos ordinarios, antes de promover el juicio de amparo, es una regla, una razón operativa de carácter perentorio que obedece a la dimensión institucional de su régimen procesal, definido por su naturaleza de orden regulado y operado por órganos competentes y que, por ello, la regulación del sistema procesal del juicio de amparo, que implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, etcétera, no debe ser considerada como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa, que permite salvaguardar no sólo los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas, sino también los intereses sociales.
Dijo que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal, implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional, es decir, obedece al régimen federal del Estado Mexicano y a la distribución de competencias y responsabilidades entre los diversos órdenes de gobierno y a sus respectivas lógicas funcionales y, por tanto, operativas y finalistas; además de que permite, por un lado, el perfeccionamiento de los actos judiciales y, por otro, que los justiciables cuenten con los procedimientos necesarios y accesibles para la solución de controversias, así como con los recursos que hagan posible la revisión de las decisiones de las autoridades ordinarias.
El Alto Tribunal expresó que acorde con esa lógica competencial e institucional, al justiciable también se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida, de forma que se respeten los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales y, desde ese enfoque, la resolución de las disputas por las autoridades jurisdiccionales, así como la revisión de sus decisiones, son derechos fundamentales a favor de los gobernados.
Por estas razones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la regla de la definitividad no hace inadecuado ni afecta la eficacia del juicio de amparo en lo que hace a la impugnación de actos considerados como de imposible reparación.(27)
Siguiendo lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la contradicción de tesis 265/2013, para los Magistrados de este tribunal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, salvo la excepciones que deriven de la ley. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos.
De esta forma, el que los actos reclamados puedan considerarse de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados.
Y, aun cuando los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, por regla general, tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues admitir lo contrario equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.(28)
Entonces, si bien en el caso la resolución reclamada pudiera llegar a considerarse un acto de imposible reparación, dado que en palabras de la quejosa, incide directamente en su derecho de acceso a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Carta Magna, lo cierto es que conforme a esa misma Ley Fundamental, antes de promover el juicio de amparo, como requisito de procedencia de ese instrumento extraordinario de defensa, estaba obligada a interponer en contra de la citada resolución el recurso ordinario que la ley prevé, esto es, el recurso de revocación establecido en el artículo 590 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.(29)
No se soslaya que el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, fundamentado en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN.", ha considerado que es válido admitir, como excepción al principio de definitividad, los casos en los que se plantee una violación directa a un derecho humano previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte, dado que en el sistema jurídico actual no existe una jerarquización en materia de derechos humanos, sino su integración y reconocimiento, independientemente de la fuente que los contenga.(30)
Tampoco se deja de lado que en la citada jurisprudencia del Alto Tribunal, perteneciente a la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, se determinó que cuando únicamente se aduce la violación directa de derechos fundamentales (el de audiencia), no es obligatorio para el afectado hacer valer recurso ordinario alguno.(31)
Empero, ninguno de esos precedentes es aplicable al presente caso. Se considera que el primero no es aplicable, en tanto que a la par de que no parte de la interpretación de la Ley de Amparo vigente sino de la abrogada, fue producto de la interpretación del artículo 73, fracción XV, precepto que no regula actos de los tribunales judiciales,
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27502-7a1641b3/fundamento-legal-insuficiente-se-actualiza-esta-excepcion-al · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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