SENTENCIA QUE DECIDE DOS O MÁS ACCIONES O CUESTIONES JURÍDICAS EN EL MISMO DOCUMENTO. FORMA DE IMPUGNARLA, TANTO EN EL SUPUESTO DE QUE AQUÉLLAS ESTÉN ESTRECHAMENTE VINCULADAS O QUE UNA ACCIÓN DEPENDA DE OTRA, COMO CUANDO DICHAS ACCIONES SEAN AUTÓNOMAS O INDEPENDIENTES ENTRE SÍ.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO, AMBOS DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ, ESTEBAN ÁLVAREZ TRONCOSO, LUCILA CASTELÁN RUEDA Y MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN. DISIDENTES: SILVERIO RODRÍGUEZ CARRILLO Y JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN. PONENTE: MIGUEL ÁNGEL ALVARADO SERVÍN. SECRETARIO: LUIS ALBERTO MÁRQUEZ PEDROZA.
III. Competencia
12. Este Pleno del Trigésimo Circuito es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41-Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; en virtud de que se trata de una posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados del mismo circuito.
IV. Legitimación
13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, pues fue realizada por el Magistrado Álvaro Ovalle Álvarez, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por lo que se actualiza el supuesto a que alude esta última porción normativa.
V. Antecedentes y consideraciones de los
criterios contendientes
14. Para poder resolver el presente asunto, es necesario determinar -en primer lugar- si existe o no la oposición de criterios denunciada, para lo cual es necesario reseñar algunos de los antecedentes de los asuntos participantes y precisar el sentido de las respectivas consideraciones que fueron expuestas en las ejecutorias de que se trata.
15. De la resolución relativa al juicio de amparo directo civil número ********** del índice del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se desprende -en síntesis- lo siguiente:
- Mediante escrito presentado el ocho de octubre de dos mil diez en la oficialía de partes del Poder Judicial del Estado, **********, por su propio derecho, demandó en la vía especial hipotecaria a ********** y **********, solicitando que se declarara la terminación del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria que celebraron -las partes- el día veintidós de enero de dos mil nueve y, por tanto, la devolución de la cantidad dada en mutuo (doscientos mil pesos), más los respectivos intereses ordinarios, impuestos, así como el pago de los gastos y costas del juicio.
- El dieciocho de octubre de dos mil diez, el Juez Octavo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, a quien correspondió conocer del asunto por razón de turno, admitió a trámite la demanda, por lo que ordenó que se registrara en el libro de gobierno correspondiente, con el número de expediente **********.
- Por otra parte, el diecisiete de noviembre de dos mil diez, **********, por conducto de sus endosatarios en procuración **********, **********, **********, **********, ********** y **********, promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de los aludidos ********** y **********, en ejercicio de la acción cambiaria directa.
- El treinta de noviembre de dos mil diez, el Juez Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado, a quien se turnó este último asunto, admitió la demanda y la radicó con el número de expediente **********.
- Previa solicitud de los demandados ********** y **********, el día trece de diciembre de dos mil once, la entonces Primera Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia de esta entidad federativa, decretó procedente la acumulación de los juicios citados, esto es, dispuso la acumulación de los autos correspondientes al expediente **********, del Juzgado Primero Civil del Primer Partido Judicial del Estado al diverso **********, del Juzgado Octavo del mismo ramo.
- Tramitados que fueron los juicios acumulados, el diecinueve de abril de dos mil trece, el Juez Octavo Civil del Primer Partido Judicial del Estado dictó la sentencia definitiva, en los términos siguientes:
• Respecto del juicio especial hipotecario, declaró procedente la vía propuesta y que en ella el actor probó su acción, en tanto que los demandados justificaron parcialmente sus excepciones.
• En cuanto al juicio ejecutivo mercantil declaró procedente la vía propuesta y que en ella el actor probó su acción, en tanto que los demandados no demostraron sus excepciones.
- Los aludidos demandados ********** y **********, promovieron juicio de amparo directo en contra de la anterior resolución.
- Tal medio de impugnación fue turnado al Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, quien lo registró con el número de expediente ********** y lo resolvió -por mayoría de votos-(8) el veintinueve de agosto de dos mil trece, al tenor de las consideraciones siguientes:
i. Que procedía sobreseer en el juicio de amparo en lo principal,(9) al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo.(10 )
ii. Lo anterior, según se expuso, pues aunque en la sentencia reclamada se decidió sobre la acción hipotecaria ejercida, declarándose el remate del bien inmueble, siendo que esta determinación no admite recurso alguno de conformidad con lo dispuesto en el artículo 560-E del Código de Procedimientos Civiles del Estado; sin embargo, en la misma resolución también se contiene un pronunciamiento respecto de la acción cambiaria directa que también se ejerció, siendo que esta declaración es apelable en términos de los numerales 1339 y 1340 del Código de Comercio.
iii. Esto es, que si bien es cierto que la sentencia reclamada era definitiva para los efectos del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo; sin embargo, también lo es que en su contra procedía el recurso de apelación mediante el cual, pudo ser modificada o revocada, siendo que los quejosos no agotaron ese medio ordinario de defensa.
iv. Que aun cuando en el juicio de origen también se dilucidó sobre la vía hipotecaria promovida, no procedía separar el contenido de la sentencia documento, pues ello implicaría el quebrantamiento de dos principios fundamentales del derecho, a saber: (i) el de acceso a la justicia; y (ii) de seguridad jurídica.
v. Es decir, que en casos como el ahí analizado, en los que en una misma sentencia se resuelven dos o más acciones diversas e independientes entre sí y respecto de alguna de ellas la ley de la materia prevé la procedencia de algún medio de defensa, éste debe agotarse previamente a la promoción del juicio de garantías, pues de otra manera se negaría al agraviado la posibilidad de agotar una instancia mediante la cual puede obtener la revocación o modificación del fallo definitivo.
vi. En otras palabras, que el hecho de que en una misma sentencia se resuelvan por economía procesal diversas cuestiones que guardan autonomía, no puede tener el alcance de proscribir el sistema de impugnación establecido en un determinado ordenamiento legal, porque entonces se vulneraría el derecho fundamental de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso, se rompería la intención que tuvo el legislador de establecer un recurso para asuntos de cierta índole y características.
vii. Que el criterio que se adoptó en ese caso atendió al propósito fundamental de salvaguardar el principio de seguridad jurídica y, además, se sustenta en la unidad indivisible de la sentencia en cuanto a su impugnación, atendiendo a la distinción que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación entre la sentencia como acto jurídico y como documento.
viii. Esto es, que la sentencia como acto jurídico consiste en la declaración que hace el juzgador respecto a determinada solución; mientras que la sentencia como documento constituye tan sólo la representación de ese acto jurídico. De tal manera que la sentencia como acto jurídico se rige por los principios de indivisibilidad e inmutabilidad.
ix. Que bajo esa óptica, no puede estimarse procedente dividir la continencia de la causa, pues ello crearía en los justiciables incertidumbre jurídica, al existir la disyuntiva de dividir el ejercicio de la acción constitucional en dos, derivado de que mientras que lo relativo a una determinación no es impugnable, lo concerniente a otra sí lo es; además de que, considerar lo contrario, podría generar a la postre la existencia de dos resoluciones incongruentes entre sí.
x. Que en el mismo sentido se resolvieron -por mayoría de votos- los diversos asuntos **********, **********, ********** y **********, en los que se determinó -en esencia- que si la declaración del derecho a recibir alimentos se emite conjuntamente con otras determinaciones, no es legal ni debido dividir la continencia de la causa, so pena de separar su estudio a través de dos medios de defensa (amparo directo para los alimentos y la apelación para resolver el fondo de las diversas cuestiones familiares); lo que puede llegar al grado de que coexistan dos resoluciones que podrían ser incongruentes entre sí, ya que en amparo directo podría confirmarse la condena en los alimentos y quedar firme la sentencia de primera instancia, y que, por tanto, con el propósito fundamental de salvaguardar los principios de seguridad jurídica y acceso a la justicia de los gobernados, en los asuntos del orden familiar en los que se demanda, entre otras prestaciones, la disolución del vínculo matrimonial junto con el pago de alimentos, opera la regla general prevista en la primera parte del artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que establece la procedencia del recurso de apelación contra toda sentencia que decida el fondo del negocio.
16. De la resolución relativa al juicio de amparo directo civil número ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se obtiene -en resumen- lo siguiente:
- ********** demandó de ********** lo siguiente: (i) La disolución del vínculo matrimonial; (ii) La fijación, pago y aseguramiento de una pensión alimenticia para sí misma y para sus hijos ********** y **********, ambos de apellidos **********.
- Dicho asunto fue turnado al Juez Primero de lo Familiar del Estado y se radicó con el número de expediente **********.
- Seguido el juicio por su cauce legal correspondiente, el veintinueve de septiembre de dos mil diez, el Juez de origen emitió la sentencia respectiva, en la que determinó que resultó procedente la vía única civil y en ella la parte actora probó parcialmente su acción de divorcio necesario, en tanto que el demandado demostró parcialmente sus excepciones. En consecuencia:
• Declaró disuelto el vínculo matrimonial;
• Condenó a ********** al pago de una pensión alimenticia definitiva a favor de ********** y,
• Dejó a salvo los derechos de ********** y **********, para que los hicieran valer en la vía y forma propuestos por la ley.
- La parte condenada, esto es, el demandado **********, promovió juicio de amparo directo en contra de tal resolución, el cual se turnó al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en donde se registró e identificó como amparo directo civil número ********** y se resolvió -por unanimidad de votos- en sesión de dos de diciembre de dos mil diez, al tenor de las consideraciones siguientes:
i. Que procedía sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo -abrogada-,(11) pues, por una parte, el demandado (quejoso) interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva reclamada por cuanto hace al divorcio necesario y, por otro lado, promovió juicio de amparo en contra de lo decidido en relación a los alimentos.
ii. Que en ese caso no era posible dividir la continencia de la causa, dada la vinculación que guardan los pronunciamientos relativos a alimentos y a la disolución del vínculo matrimonial.
iii. Que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 17/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, mayo de 1999, página 143, Novena Época, de rubro: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES.", sostuvo que la sentencia como acto jurídico es indivisible, pero no lo es como documento; por tanto, si tal documento representa la solución a determinado problema jurídico que contiene diversos pronunciamientos independientes, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada y en la vía y términos procedentes.
iv. Empero, que partiendo de la premisa analizada en dicha ejecutoria y aplicada a contrario sensu, debía estimarse que si en una sentencia (vista ésta como un documento) se hacen diversos pronunciamientos jurídicos, pero éstos se encuentran estrechamente vinculados (porque uno de ellos no puede subsistir de manera autónoma), entonces no es dable que sean combatidos en forma independiente y destacada.
v. Que en el caso concreto, la condena relativa a los alimentos a favor de la actora fue consecuencia directa de la causal de divorcio que fue acreditada y, por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 310 del Código Civil del Estado, resultó procedente la condena al pago de alimentos.
vi. Que de esta forma, en ese caso, si la condena a alimentos depende de lo que fue decidido en relación a la causal de divorcio que fue acreditada, entonces no es dable jurídicamente que tales pronunciamientos sean combatidos en forma separada, sino que éstos, dada la dependencia que guardan entre sí, deberán ser analizados en una misma instancia.
vii. Que ello es así, porque sin pasar por alto que lo que se combatía en ese juicio de amparo es lo relativo a la condena de alimentos, en contra de la cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no procede recurso alguno; sin embargo, dado que no se pueden dividir los pronunciamientos que contiene la sentencia como documento (conforme al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación) deben ser analizados en forma conjunta.
viii. Que de esta forma, se actualizó la causal de improcedencia en comentario, toda vez que el juicio de amparo directo fue promovido por **********, en contra de la sentencia de **********, dictada por el ********** dentro de los autos del juicio único civil que por divorcio necesario y alimentos promovió **********, siendo que en contra de dicho fallo, existe constancia de que el quejoso interpuso recurso de apelación.
ix. Que en resumen, ese caso constituía una excepción a la regla general, pues, sin pasar por alto que conforme al artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en contra de la sentencia que condena al pago de alimentos no procede recurso de apelación; no puede dividirse lo pronunciado en la sentencia dada la vinculación que existe entre lo resuelto en relación al divorcio y la consecuencia que éste trajo para condenar al pago de alimentos y, por ende, si existe un recurso pendiente de resolver, el juicio de amparo deviene improcedente.
x. Que el criterio sustentado no se contrapone a lo resuelto por dicho órgano colegiado en el diverso juicio de amparo **********, puesto que en aquél asunto se señaló como acto reclamado la sentencia dictada en un juicio de divorcio necesario, así como la sentencia interlocutoria dictada en la reconvención de la vía especial de alimentos dentro del mismo juicio; siendo que respecto de esta última (sentencia interlocutoria) se determinó carecer de competencia legal para su conocimiento y respecto de la primera (sentencia de divorcio) se avocó a su análisis.
xi. Que en ese caso se condenó al demandado a pagar alimentos a favor de sus menores hijos, pero a raíz de la obligación que éste tiene como padre (en términos de lo dispuesto en el artículo 325 del Código Civil del Estado de Aguascalientes) y no, como en el particular analizado, que la condena a alimentos sea consecuencia directa de lo resuelto en relación al divorcio.
xii. Que de igual modo, debía destacarse que en el diverso juicio de amparo **********, resuelto en sesión de veintinueve de julio de dos mil diez, se determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo directo promovido en contra de una sentencia que resolvió también cuestiones relativas a la disolución del vínculo matrimonial y en relación al pago de alimentos el demandado resultó absuelto; y en dicho asunto, fue determinado que en contra de la sentencia (que resolvió absolver de alimentos) sí procedía el recurso de apelación dado que el artículo 372 del Código Procesal establece, que dicho medio de defensa no procede cuando existe condena en cuanto a los alimentos y en dicho caso hubo absolución, lo que así fue interpretado por exclusión.
xiii. Que por tanto, lo resuelto en ese asunto tampoco se contrapone a lo decidido en el juicio de amparo **********.
17. De la resolución relativa al juicio de amparo directo civil número ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, se obtiene -en síntesis- lo siguiente:
- **********, demandó a ********** por: (i) La disolución del vínculo matrimonial; (ii) La fijación, aseguramiento y pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva para sí misma y (iii) La fijación, aseguramiento y pago de una pensión alimenticia provisional y definitiva para su hijo **********.
- Dicho asunto fue turnado al Juzgado Primero de lo Familiar del Estado, en donde se radicó con el número de expediente ********** y fue resuelto -por la secretaria en funciones de Juez- el trece de junio de dos mil trece, en el sentido de que procedió la vía única civil y que la parte actora justificó su acción de divorcio necesario, en tanto que el demandado no hizo lo propio en relación con las excepciones que opuso, por lo que:
• Declaró disuelto el vínculo matrimonial;
• Condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia con carácter definitivo a favor de ********** .
• Condenó al demandado al pago de una pensión alimenticia con carácter definitivo a favor de **********.
- En contra de tal decisión, **********, promovió juicio de amparo directo, el cual se turnó al Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, en donde se radicó con el número de expediente ********** y fue resuelto -por unanimidad de votos-(12) el veintitrés de septiembre de dos mil trece, al tenor de las consideraciones medulares que se resumen a continuación:
i. Que resultaron inoperantes los argumentos expresados en el tercer concepto de violación, pues a través de ellos el quejoso pretendió poner de manifiesto que es ilegal la sentencia reclamada, en aquella parte en la que se decretó la disolución del vínculo matrimonial que lo unía con la tercera interesada **********, siendo que en contra de esta parte del fallo, el inconforme debió interponer el recurso de apelación, acorde con lo dispuesto en el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado.
ii. Que de conformidad con lo dispuesto en dicho precepto legal, en contra de las sentencias que deciden el fondo del negocio (hipótesis en la que se sitúa la disolución del vínculo matrimonial que existió entre el quejoso y la tercera interesada) procede el recurso de apelación, hecha la excepción de la condena al pago de alimentos, la cual es inimpugnable ordinariamente, cuando aquélla no deriva de la disolución del vínculo matrimonial, ya que cuando dicha condena sí depende de la disolución del vínculo matrimonial, en tal hipótesis, la condena alimentaria también es apelable.
iii. Que no era obstáculo alguno el hecho de que en la propia sentencia se contuvieran ambos pronunciamientos, esto es, el de la disolución del vínculo matrimonial (que es apelable) y el diverso de la condena al pago de alimentos cuando éstos no derivan de la disolución del vínculo matrimonial (que es inimpugnable), sino de la obligación a cargo de los padres, de dar alimentos a sus hijos; pues la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya estableció que si bien la sentencia, como acto jurídico es indivisible, no lo es como documento. De ahí que si este último representa la solución a determinado problema jurídico que contiene diversos pronunciamientos independientes, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera destacada y en la vía y términos procedentes, tal como se advierte de la jurisprudencia 1a./J. 17/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, mayo de 1999, página 143, con el rubro: "GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES."
iv. Que, por tanto, como el quejoso no interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia reclamada, en aquella parte en la que decretó el divorcio, no era posible que ese Tribunal Colegiado de Circuito emprendiera el estudio de aspectos del fallo que aquél consintió en razón de no interponer el medio de impugnación que en su contra procedía.
v. Que una vez que fueron desestimados por inoperantes los argumentos encaminados a evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada, en aquella parte en la que se decretó el divorcio, procedía analizar los que cuestionaron la condena al pago de alimentos; apartado éste que se controvirtió a partir de la condena decretada en el fallo tanto en favor de ********** (ex cónyuge del quejoso) como de ********** (hijo del inconforme y de la tercera interesada); condena que se impugnó, según se indicó, con base en el hecho esencial de que el promovente de la acción constitucional sí ha cumplido con su obligación alimentaria.
vi. Que con base en lo anterior, los argumentos expresados por el quejoso, encaminados a evidenciar que es ilegal el fallo que lo condena a pagar alimentos en favor de su ex cónyuge son ineficaces, por inoperantes, en virtud de que esa condena se impuso al quejoso como consecuencia de la disolución del vínculo matrimonial y haber sido declarado cónyuge culpable, tan es así que se decretó como indemnización en favor de la cónyuge inocente, acorde con lo dispuesto en el artículo 310 del Código Civil vigente en el Estado y, en esa medida, dicha condena era apelable (por serlo también la parte del fallo que decretó el divorcio acorde a lo señalado antes), siendo que el quejoso no interpuso, previamente al amparo, el recurso ordinario de apelación.
vii. Que respecto de dicha condena no se actualiza la excepción a que hace referencia el artículo 372 del Código de Procedimientos Civiles, toda vez que ésta tiene lugar cuando la condena de alimentos es independiente de la disolución del vínculo matrimonial, esto es, cuando la condena deriva de la obligación de los padres, de dar alimentos a sus hijos, siendo que en el caso se cuestionó una condena que sí se vincula con la referida disolución.
viii. Que este criterio no implica distinguir en donde la ley no distingue, sino que, simplemente, es producto de la interpretación conjunta de los artículos 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y 310 del Código Civil, pues si este último señala que en los casos de divorcio -necesario, obviamente- el cónyuge inocente tendrá derecho a recibir alimentos del culpable en las condiciones que allí se prevén, salta a la vista que el examen de ese derecho sólo es posible hacerlo cuando previamente se ha estimado procedente y fundada la acción de divorcio, de manera que si en el recurso de apelación se logra revertir tal decisión, es evidente que, por vía de consecuencia, la condena al pago de alimentos caerá automáticamente, al no existir las bases que la sustentan a saber: un cónyuge inocente y uno culpable, razones por las cuales no sería lógico dividir una sentencia de ese tipo, para establecer que contra el decreto de divorcio procede la apelación y contra la condena a alimentos no procede de acuerdo con el artículo 372, pues aparte de que se estaría dividiendo la continencia de la causa, el precepto legal se refiere a las sentencias típicas, generadas en procedimientos en los que se ha ejercido específicamente la acción de alimentos.
ix. Que por otra parte, resultaron ineficaces los argumentos que el quejoso hizo valer en contra de la acción de alimentos en favor de **********, quien adquirió la mayoría de edad para la fecha en la que se dictó la sentencia reclamada (aspecto impugnado no con motivo del divorcio, sino en virtud de la obligación a cargo de los padres, de dar alimentos a sus hijos).
VI. Existencia de la contradicción de tesis denunciada
a. Aspectos preliminares
18. En principio, es menester señalar que el objeto de la resolución de una contradicción de tesis, radica en unificar los criterios contendientes; por ende, para identificar si es existente la oposición de criterios debe tenerse como premisa generar seguridad jurídica.
19. De diversos criterios emitidos por el Máximo Tribunal del País(13) se desprende que las características o requisitos que deben analizarse para determinar la existencia de una contradicción de tesis, son medularmente las siguientes:
• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de hacer valer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
• Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
• Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
20. El Alto Tribunal del País también ha establecido que el hecho de que los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes no constituyan jurisprudencia debidamente integrada, no es un obstáculo para definir si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.(14)
b. Existencia de la contradicción de tesis
21. En el caso concreto sí existe la contradicción de criterios denunciada, toda vez que en los tres asuntos participantes se reclamaron -en vía de amparo directo- sendas resoluciones de naturaleza compleja, esto es, que no dirimieron simplemente una acción, sino diversas que guardan autonomía entre sí y que en contra de una de ellas procede un medio ordinario de defensa (recurso de apelación) y no respecto de otra; siendo que los referidos órganos federales contendientes arribaron a conclusiones antitéticas al resolverlos.
22. Esto es, el Primer Tribunal Colegiado de este Circuito -en el amparo directo civil **********- analizó una sentencia en la que se habían dirimido y declarado procedentes las dos acciones que fueron ejercidas, a saber: (i) la relativa a la declaración de terminación de contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria y (ii) la cambiaria directa -de cuantía apelable-; siendo que en contra de la primera no procede recurso alguno de acuerdo con lo establecido en el artículo 560-E del Código de Procedimientos Civiles de esta entidad federativa y la segunda es susceptible de combatirse mediante recurso de apelación en términos de lo señalado en los ordinales 1339 y 1340 del Código de Comercio.
23. En tanto que, por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito -al resolver los amparos directos civiles ********** y **********- analizó dos resoluciones en las que se dirimieron la acciones de divorcio necesario y alimentos, esta última no sólo como consecuencia del divorcio solicitado, sino también por lo que respecta al derecho autónomo de alimentos a favor de los hijos de los demandados; siendo que en cuanto a la primera procede el recurso de apelación y no respecto de esta última en términos de lo dispuesto en el numeral 372 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes, específicamente en la segunda de las hipótesis intentadas (alimentos a favor de los hijos de los demandados).
24. Y ambos tribunales arribaron a conclusiones diversas, ya que el primero de ellos expuso que -en atención al principio de continencia de la causa-, no es válido considerar que una sentencia en la que se decidieron dos o más acciones diversas y en contra de una procede un recurso ordinario mas no respecto de otra (caso este último, en el que es posible promover juicio de amparo), pueda ser impugnada de manera independiente y autónoma, esto es, una parte a través del recurso ordinario y otra mediante el juicio de amparo; toda vez que -expuso- de ser así se estaría vulnerando el derecho fundamental de acceso a la justicia de los gobernados, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, se rompería con la intención del legislador al establecer un recurso para asuntos de cierta índole y características, se infringiría la unidad de las sentencias, se atentaría contra el principio de seguridad jurídica y, eventualmente, podría generar la existencia de dos resoluciones incongruentes entre sí.
25. Por su parte, el segundo de dichos órganos jurisdiccionales determinó -en
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25472-2199fb2a/sentencia-que-decide-dos-o-mas-acciones-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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