PLAZOS PROCESALES EN LOS JUICIOS MERCANTILES DURANTE EL PERIODO DE PANDEMIA DERIVADO DEL VIRUS SARS-COV-2. SON DÍAS INHÁBILES AQUELLOS EN LOS QUE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABOREN A PUERTA CERRADA.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 4870/2021. 6 DE ABRIL DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN ESTÁ CON EL SENTIDO, PERO SE SEPARA DE ALGUNOS PÁRRAFOS, Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: WERTHER BUSTAMANTE SÁNCHEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
SÍNTESIS
Ver índice temático
Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 4870/2021, promovido en contra de la sentencia dictada en sesión de nueve de septiembre de dos mil veintiuno por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo **********.
En el presente asunto deberá dilucidarse si el recurso de revisión resulta procedente y, en su caso, determinar si el Acuerdo V-31/2020, emitido el cinco de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, resulta o no constitucional, así como analizar si la interpretación que llevó a cabo el Tribunal Colegiado respecto de los artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio resulta conforme a la Constitución Política del País.(1)
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Los antecedentes son narrados con base en la información obtenida de la demanda de amparo y de la sentencia constitucional emitida en el expediente **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, así como de las constancias que fueron remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por ese Órgano Colegiado.
2. Juicio ordinario mercantil **********. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, **********, **********, **********, ********** (en lo sucesivo **********) promovió un juicio ordinario mercantil en contra de **********, ********** (en lo sucesivo **********), en el que reclamó el pago de las siguientes prestaciones:
a) La cantidad de $********** (**********) por concepto de suerte principal, con motivo del adeudo de diversas facturas.
b) Intereses moratorios a una tasa legal anual del 6%.
c) Gastos y costas judiciales.
3. Admisión. El diez de diciembre de dos mil dieciocho, la Jueza Cuarta de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México admitió a trámite la demanda.
4. Contestación. La demandada ********** contestó la demanda, en la que opuso las excepciones y defensas que consideró pertinentes.
5. Sentencia definitiva de primera instancia. Seguido el juicio por todas sus etapas procesales, el cinco de agosto de dos mil veinte, la Jueza natural emitió sentencia en la que condenó a la empresa ********** al pago de las prestaciones reclamadas.
6. Recurso de apelación **********. Inconforme con tal sentencia, ********** interpuso recurso de apelación, el cual se admitió a trámite por auto de siete de septiembre de dos mil veinte.
7. El treinta de octubre de dos mil veinte, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, confirmó la admisión del recurso de apelación.
8. Recurso de reposición. En contra del auto anterior, la actora ********** interpuso recurso de reposición, el cual se resolvió por sentencia de seis de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de revocar el auto impugnado y, en su lugar, desechó el recurso de apelación por considerarlo extemporáneo, en atención a las siguientes consideraciones esenciales:
a) La sentencia definitiva de cinco de agosto de dos mil veinte, se notificó a las partes por Boletín Judicial del jueves seis de agosto de dos mil veinte y surtió sus efectos al día siguiente, esto es, el viernes siete de agosto de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 1075 del Código de Comercio, el cual establece que las notificaciones hechas por Boletín Judicial surtirán sus efectos al día siguiente al en que se practicaron.(2)
b) No obsta a lo anterior, que el viernes siete de agosto de dos mil veinte, el juzgado de origen haya laborado a puertas cerradas, conforme al Acuerdo 05-19-2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, ni que en términos del diverso Acuerdo V-31/2020, también expedido por ese Consejo, se haya establecido que se suspendían los plazos procesales en aquellos días en que los tribunales laboraran a puerta cerrada, en tanto que en ninguno de tales ordenamientos se estipuló que en dichos días de trabajo a puerta cerrada no era factible que una notificación surtiera sus efectos o bien que serían considerados como inhábiles, por lo que debe prevalecer el contenido literal del citado artículo 1075 del Código de Comercio.
c) Así, el plazo de nueve días para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva transcurrió del diez de agosto al primero de septiembre de dos mil veinte, sin contar los días en que el juzgado trabajó a puerta cerrada, ni los sábados y domingos, por lo que, si el recurso se presentó hasta el tres de septiembre de dos mil veinte, se concluye que tal presentación fue extemporánea.
9. Para mayor claridad, se realiza el siguiente calendario, en el que se representa gráficamente el cómputo realizado por la responsable:(3)
Ver calendario
10. Juicio de amparo directo **********. Inconforme, la demandada ********** presentó una demanda de amparo directo en contra de la resolución anterior, en la que, en esencia, adujo los siguientes conceptos de violación:
a) No es factible que la notificación de la sentencia definitiva haya surtido sus efectos el viernes siete de agosto de dos mil veinte, toda vez que en esa fecha al juzgado de origen le tocó trabajar a puerta cerrada, de modo que conforme a los artículos 1075 y 1076 del Código de Comercio, dicho día debe considerarse como inhábil.(4)
b) En el sello de notificación de la sentencia definitiva, el actuario asentó que ésta surtió sus efectos hasta el lunes diez de agosto de dos mil veinte, actuación que no fue controvertida por la parte actora **********, y conforme a la cual la demandada ********** realizó su cómputo, el cual corrió del doce de agosto al tres de septiembre de dos mil veinte, de manera que, si el recurso se presentó en esta última fecha, debió concluirse que la presentación fue oportuna.
11. Admisión. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito admitió a trámite la demanda de amparo, bajo el expediente **********.
12. Amparo adhesivo. La tercera interesada ********** promovió un amparo adhesivo en el que hizo valer en esencia los siguientes conceptos de violación.
a) La presentación del recurso de apelación sí fue extemporánea, pues la notificación de la sentencia definitiva surtió efectos al día siguiente de su publicación, con independencia de que la autoridad laborara a puerta cerrada.
b) Es inconstitucional el Acuerdo V-31/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, al establecer que se suspenden los plazos y términos procesales, en aquellos días en que los tribunales de la Ciudad de México trabajen a puerta cerrada, en tanto que tal circunstancia modifica las reglas relativas del Código de Comercio, situación que se encuentra reservada al Congreso de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del País.(5)
c) Los conceptos de violación que plantea ********** son infundados e inoperantes, pues no desvirtúan las consideraciones por las cuales la Sala responsable consideró que sí es factible que una notificación surta sus efectos, al día siguiente en el que se practicó, sin que obste que en ese día el órgano jurisdiccional haya trabajado a puerta cerrada.
d) El propio juicio de amparo directo también es extemporáneo, en virtud de que, la demanda se presentó el último día del plazo, sin tomar en consideración que la notificación del acto reclamado surtió efectos al día siguiente al en que se practicó, no obstante, de que la responsable haya laborado a puerta cerrada.
13. Sentencia del juicio de amparo directo. El nueve de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Colegiado dictó sentencia en la que concedió el amparo a **********, para el efecto de que se considerara que el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva se presentó oportunamente, y negó el amparo adhesivo a **********, con base en las siguientes consideraciones sustanciales:
Respecto al amparo principal:
a) El surtimiento de efectos de la notificación se entiende como la posibilidad de que esta actuación pueda incidir en la esfera jurídica de las partes, con el fin de que conozcan lo que acontece en el juicio y, en su caso, empiecen a correr los plazos para hace valer algún derecho.
b) De una interpretación armónica de los artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio, se concluye que las notificaciones y el surtimiento de sus efectos sólo pueden practicarse en días hábiles.
c) El Acuerdo V-31/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, estableció que se suspenden los plazos y términos procesales, en los días en que los tribunales trabajen a puerta cerrada, lo que lleva a la conclusión de que una notificación no puede surtir efectos en dichos días, por ser inhábiles.
d) La sentencia definitiva se notificó a las partes mediante Boletín Judicial, del jueves seis de agosto de dos mil veinte, de modo que en situaciones normales debió surtir efectos al día siguiente; sin embargo, el juzgado de origen laboró a puerta cerrada el viernes siete de agosto, por lo que tal notificación surtió sus efectos hasta el lunes diez de agosto de dos mil veinte.
e) De ahí que el plazo de nueve días para apelar la sentencia definitiva transcurrió del doce de agosto al tres de septiembre de dos mil veinte, por lo que, si el escrito de agravios se presentó el tres de septiembre de ese año, su presentación fue oportuna.
En cuanto al amparo adhesivo:
a) El argumento de que el Acuerdo V-31/2020 es inconstitucional porque el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, no tiene facultades para modificar las reglas para computar los plazos, que se establecen en el Código de Comercio, ya que tal situación está reservada al Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del País, es inoperante, porque la decisión de que la notificación de la sentencia definitiva no puede surtir efectos, cuando los tribunales laboren a puerta cerrada, adoptada al resolver el juicio principal, no derivó de dicho acuerdo, sino de la interpretación sistemática de los artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio, sin que estas disposiciones se hayan controvertido.
b) Contrariamente a lo que aduce el adherente el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México sí tiene facultades para suspender actividades de los órganos jurisdiccionales, con fundamento en los artículos 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México(6) y 115 de la Constitución Política del País.(7)
c) Los argumentos tendentes a desvirtuar los conceptos de violación de la demanda de amparo principal son inoperantes, porque la finalidad del amparo adhesivo es fortalecer la sentencia impugnada.
d) Son inoperantes el resto de sus argumentos, pues se limita a reiterar las consideraciones que plasmó la autoridad responsable en la sentencia reclamada, sin exponer razonamientos que las mejoren.
14. Recurso de revisión. En contra de la sentencia anterior, ********** interpuso el recurso de revisión que aquí se analiza, en el cual se plantearon, sustancialmente, los siguientes agravios:
Primer agravio
• Es ilegal la calificación de inoperancia que realizó el Tribunal Colegiado respecto de los argumentos de inconstitucionalidad, pues la concesión de amparo en el juicio principal, se basó no sólo en los artículos del Código de Comercio, sino que también aplicó e interpretó el Acuerdo V-31/2020 para determinar que cuando los juzgados laboran a puerta cerrada se considera como día inhábil y, en consecuencia, no deben transcurrir los términos procesales.
• Aduce que ninguno de los artículos citados por el Tribunal Colegiado, y ni siquiera la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, justifican que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México haya modificado en el acuerdo impugnado las reglas sobre el cómputo de plazos y términos establecidos en el Código de Comercio, ya que no sólo es una facultad exclusiva del Poder Legislativo Federal, en términos del artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del País, sino porque además dicha medida implica una regresión en el derecho humano a una justicia pronta, pues alarga en forma desmedida los tiempos en que debe resolverse cualquier juicio mercantil.
• Señaló que tal medida no es necesaria porque existen alternativas menos lesivas al derecho a una justicia pronta y al derecho de salud de los trabajadores del órgano jurisdiccional y las partes, como es el trámite de los juicios en línea.
Segundo agravio
• La interpretación de los artículos del Código de Comercio que realizó el Tribunal Colegiado es inconstitucional, pues transgrede de manera directa los derechos de acceso a la justicia, justicia pronta y de legalidad, al modificar la manera en que surten efectos las notificaciones y otorgar la ampliación de los plazos para el ejercicio de derechos procesales, que resultan en procedimientos judiciales más extensos, a los previstos en el Código de Comercio.
• Para que una notificación surta efectos, no es necesario que el juzgado labore a puerta abierta, pues el acceso a las constancias de autos puede efectuarse el mismo día en que se práctica la notificación.
Tercer agravio
• La existencia de reglas procesales no constituye un obstáculo para acceder a un recurso efectivo, sino que tiene como finalidad proteger otros bienes constitucionales como la seguridad jurídica y la igualdad procesal de las partes.
Cuarto agravio
• El artículo 1075 del Código de Comercio establece que las notificaciones surten efectos al día siguiente de aquél en que se hubieren hecho por Boletín Judicial, mientras que el numeral 1064 señala que son días inhábiles cuando no laboran los tribunales, por lo que dada la contundencia de estos preceptos no es dable interpretarlos de forma distinta.
15. Admisión del recurso de revisión y turno a ponencia. Por acuerdo de la presidencia de este Alto Tribunal de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite el presente amparo directo en revisión y se turnó a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, para la elaboración del proyecto de resolución.
16. Finalmente, por auto de once de febrero de dos mil veintidós esta Primera Sala se avocó a su conocimiento y se ordenó el envío de los autos a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
II. COMPETENCIA
17. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de este recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del País; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece.(8)
III. OPORTUNIDAD
18. En términos del artículo 86 de la Ley de Amparo, el plazo de diez días para la presentación del recurso de revisión transcurrió del cuatro al dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Dado que el recurso se interpuso el dieciocho del mismo mes y año mediante promoción electrónica, éste se presentó oportunamente.(9)
IV. LEGITIMACIÓN
19. Conforme al artículo 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión fue interpuesto por parte legitimada, pues en el juicio de amparo directo se reconoció a la ahora recurrente ********** la calidad de tercero interesado y adherente.(10)
V. PROBLEMÁTICA JURÍDICA POR RESOLVER
20. En el presente asunto deberá dilucidarse si el recurso de revisión resulta procedente y, en su caso, determinar si el Acuerdo V-31/2020, emitido el cinco de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, resulta o no constitucional, así como analizar si la interpretación que llevó a cabo el Tribunal Colegiado respecto de los artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio resulta conforme a la Constitución Política del País.
VI. PROCEDENCIA DEL RECURSO
21. Esta Primera Sala determina que el recurso de revisión es procedente, en términos de los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen que esta procedencia ocurrirá cuando se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos previstos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de tales cuestiones, a pesar de haber sido planteadas, siempre que a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
22. A partir de esas premisas, para que el recurso de revisión en amparo directo sea procedente, es necesario que concurran los requisitos siguientes:
a) Que el Tribunal Colegiado resuelva sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y,
b) Que el problema de constitucionalidad señalado en el inciso anterior, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.
23. Asimismo, esta Primera Sala ha determinado que constituye una cuestión constitucional cuando se cuestione la interpretación de algún precepto, que tiene el potencial de vulnerar la Constitución Política del País, siendo posible encontrar una intelección que la torne compatible con ésta, por lo que la opción de una modalidad sobre otra implica pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma.(11)
24. Ahora bien, se actualiza un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. También cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este Alto Tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
25. Conforme a lo anterior, serán procedentes únicamente aquellos recursos de revisión que reúnan ambas características y, por tanto, bastará con que, en algún caso, no se satisfaga cualquiera de esas condiciones para que el recurso sea improcedente y desecharlo.
26. En ese sentido, en cuanto al primer requisito, esta Primera Sala arriba a la conclusión de que se encuentra satisfecho, en atención a lo siguiente.
27. Desde la presentación de la demanda de amparo adhesivo, la tercera interesada ********** adujo que el Acuerdo V-31/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es inconstitucional, al modificar las reglas para computar los plazos establecidas en el Código de Comercio, situación que se encuentra reservada al Congreso de la Unión, y porque tales medidas constituyen una afectación directa al derecho humano a una justicia pronta, previsto en el artículo 17 constitucional.(12) 28. El Tribunal Colegiado, por un lado, declaró la inoperancia de estos argumentos al considerar que la decisión de que no pueden correr términos en los días en que los tribunales trabajen a puerta cerrada, se sustenta sólo con los artículos relativos del Código de Comercio, (declaración que como se demostrará en párrafos subsecuentes es infundada) y, por el otro, señaló que dicho Consejo sí tiene facultades para tal efecto en términos de los artículos 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 115 de la Constitución Política del País.(13)
29. Lo cual, deja en evidencia que, si bien por un lado el Tribunal Colegiado indicó que los argumentos de inconstitucionalidad eran inoperantes, por el otro se pronunció en cuanto al fondo de dichos planteamientos, lo que lleva a la conclusión de que subsiste el referido tema de constitucionalidad, respecto del Acuerdo V-31/2020.
30. La impugnación de la interpretación de los artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio, que llevó a cabo el Tribunal Colegiado también es un aspecto que justifica la procedencia del presente recurso de revisión, en virtud de que es verdad que podría tener una implicación directa sobre el citado derecho a una justicia pronta, ya que atendiendo a una intelección no literal de los preceptos señalados, el Tribunal Colegiado arribó a la conclusión de que deben considerarse inhábiles los días en que los juzgados y Salas trabajen a puertas cerradas, lo cual en efecto representa un alargamiento en el tiempo de tramitación de los juicios mercantiles, que tiene la potencialidad de resultar contrario al artículo 17 de la Constitución Política de País.
31. Sobre este último punto, existe la tesis 1a. XLII/2017 (10a.), de esta Primera Sala, que establece que es procedente el recurso de revisión, cuando derivado de las particularidades del juicio de amparo, los agravios formulados en dicho recurso constituyen la única vía con la que cuenta el recurrente para hacer valer sus planteamientos de constitucionalidad, ya sea porque no estaba en aptitud de acudir al juicio de amparo en calidad de quejoso, o bien porque estándolo, el planteamiento de constitucionalidad deriva de la resolución del Tribunal Colegiado, al ser dicha sentencia el primer acto de aplicación de la norma combatida o la primera vez que se introduce la interpretación constitucional que se controvierte.(14)
32. Ahora bien, tal supuesto se actualiza en el caso concreto, toda vez que fue en la sentencia recurrida cuando el Tribunal Colegiado llevó a cabo por primera vez en la controversia de origen, la interpretación de los citados artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio, cuya inconstitucionalidad ahora se reclama, de modo que el recurrente no pudo haber planteado tal situación desde su demanda de amparo adhesivo.
33. El segundo requisito de procedencia, consistente en que el tema constitucional revista un interés excepcional, se cumple a partir de lo siguiente:
a) La implementación del trabajo jurisdiccional a puerta cerrada, es una situación novedosa en nuestro sistema judicial, que surgió como una medida para contrarrestar la propagación del virus SARS-CoV-2, pero al mismo tiempo continuar con el servicio de administración de justicia en la Ciudad de México.
b) Esta nueva forma de trabajar es un aspecto que no se encuentra expresamente regulado en el Código de Comercio, ni en ninguna otra legislación.
c) Esta situación ha provocado distintas interpretaciones en cuanto a si dichos días pueden considerarse como hábiles, así como respecto a qué actuaciones pueden realizarse en los mismos, en especial los relacionados con el cómputo de los respectivos plazos.
d) A partir de la interpretación anterior, existe incertidumbre en los justiciables, al no saber con exactitud la forma de contar los plazos en los que pueden ejercer sus derechos, de manera que la resolución del presente asunto podría derivar en un criterio vinculante que dé seguridad jurídica sobre tales planteamientos.
VII. ESTUDIO
34. Esta Primera Sala concluye que los agravios propuestos por la recurrente son insuficientes para revocar o modificar la sentencia recurrida, conforme a los motivos y fundamentos que se desarrollan en los párrafos siguientes.
A. Indebida declaración de inoperancia
35. En el primer agravio, la recurrente ********** aduce que la declaración de inoperancia respecto de los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del Acuerdo V-31/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México es incorrecta, en tanto que no es verdad que para sostener la decisión de que en los días en que los tribunales trabajen a puerta cerrada, no puede correr ningún plazo procesal, sólo son aplicables los artículos relativos del Código de Comercio y no así el Acuerdo V-31/2020, ya que es este último el que prevé la suspensión de plazos en dichos días, lo que hace evidente su aplicación y relación con la conclusión adoptada por el Tribunal Colegiado.
36. Tal agravio es fundado, toda vez que ciertamente al analizar la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado, se observa que para conceder el amparo a la quejosa **********, a efecto de que se considere oportuna la presentación de su recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, se sustentó en la interpretación sistemática de los artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio, arribando a la conclusión de que en los días en los que un tribunal labore a puerta cerrada, no es factible que pueda correr ningún plazo procesal, situación que desde luego tiene relación con el Acuerdo V-31/2020, ya que es esta reglamentación en la que se indica expresamente que en dichos días de trabajo a puerta cerrada, no corre ningún plazo o término procesal.
37. De manera que, la interpretación de los citados artículos del Código de Comercio, que llevó a cabo el Tribunal Colegiado, se hizo con el objetivo de determinar el alcance y validez de las disposiciones del Acuerdo V-31/2020, lo cual hace patente su aplicación al caso concreto y, por ende, la indebida declaración de inoperancia.
38. A mayor abundamiento, se indica que no obstante la declaración de inoperancia, el Tribunal Colegiado terminó pronunciándose en cuanto al fondo de uno de los argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad del acuerdo en cita, al señalar que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México sí tiene facultades para emitir tales reglamentaciones, con fundamento en los artículos 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México y 115 de la Constitución Política del País.
39. En consecuencia, al quedar superado el tema de la inoperancia declarada por el Tribunal Colegiado, en cuanto a los argumentos de inconstitucionalidad, lo procedente es analizar el fondo de estos planteamientos, lo que se hará en los siguientes párrafos.
B. Constitucionalidad del Acuerdo V-31/2020
40. La recurrente ********** aduce que este acuerdo es inconstitucional, sustancialmente, en virtud de que está modificando la manera de computar los plazos previstos en el Código de Comercio, sin que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México tenga facultades para tal efecto, las cuales están reservadas de manera exclusiva para el Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política del País, además de que es una medida que transgrede directamente el derecho a una justicia pronta, previsto en el artículo 17 constitucional.(15)
41. Asimismo, señala que ninguno de los preceptos citados por el Tribunal Colegiado en la sentencia aquí recurrida, y ni siquiera la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2, justifican la implementación de medidas que invadan la competencia exclusiva del Poder Legislativo Federal.
42. Finalmente, señala que el Tribunal Colegiado llevó a cabo una interpretación de los artículos 1064, 1067, 1075 y 1076 del Código de Comercio, contraria al derecho humano a una justicia pronta prevista en el artículo 17 constitucional.
43. Tales argumentos se estudiarán en su conjunto, dada su estrecha relación conforme a la siguiente metodología: primero se determina la naturaleza de los acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México en relación con aquellos que se emitieron con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2; después se estudia la regulación de los plazos procesales en el Código de Comercio; y finalmente en un ejercicio de subsunción, se revisa si la interpretación que llevó a cabo el Tribunal Colegiado de los citados preceptos del ordenamiento comercial transgrede o no el derecho humano a una justicia pronta, y se confrontará con las disposiciones del acuerdo reclamado, a efecto de determinar si éstas constituyen una alteración o modificación de las reglas procesales mercantiles.
I. Los acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2
44. El artículo 122, sección A, fracción IV, de la Constitución Política del País establece que el ejercicio del Poder Judicial de la Ciudad de México se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribunales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, la que garantizará la independencia de los Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus funciones.(16)
45. Por su parte, el numeral 35, inciso E), párrafo 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México señala que el Consejo de la Judicatura de esta ciudad es un órgano del Poder Judicial dotado de autonomía, independencia técnica y de gestión para realizar sus funciones.(17)
46. Conforme al artículo 208 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, el Consejo de la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31325-34127454/plazos-procesales-en-los-juicios-mercantiles-durante-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- NOTIFICACIONES EN MATERIAS CIVIL O MERCANTIL. SÓLO PUEDEN SURTIR EFECTOS LOS DÍAS HÁBILES EN LOS QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABOREN (AMPARO DIRECTO)
- EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARSCoV-2 (COVID-19). NO CONSTITUYE UN HECHO IMPREVISIBLE QUE, POR SÍ MISMO, IMPLIQUE CONSIDERAR QUE LA EXIGENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACI (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
- DEMANDA DE AMPARO DIRECTO IMPRESA. SI CON MOTIVO DEL HORARIO DE LABORES FIJADO EN EL ACUERDO GENERAL 1/2021 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EMITIDO EN RESPUESTA A LA (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- PLAZOS PROCESALES EN LOS JUICIOS MERCANTILES DURANTE EL PERIODO DE PANDEMIA DERIVADO DEL VIRUS SARS-COV-2. SON DÍAS INHÁBILES AQUELLOS EN LOS QUE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MÉX (1a./J. 47/2023 (11a.))
- NOTIFICACIONES EN MATERIAS CIVIL O MERCANTIL. SÓLO PUEDEN SURTIR EFECTOS LOS DÍAS HÁBILES EN LOS QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABOREN (I.11o.C. J/9 C (11a.))
- NOTIFICACIONES EN MATERIA CIVIL. SÓLO PUEDEN SURTIR EFECTOS LOS DÍAS HÁBILES EN LOS QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABORE A PUERTA ABIERTA, (I.11o.C.149 C (10a.))
- PLAZOS PROCESALES. AL REALIZAR SU CÓMPUTO DEBEN EXCLUIRSE LOS DÍAS EN QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO LABORÓ A PUERTA CERRADA, CON MOTIVO DE LA EMERGENCIA SANITARI (I.11o.C.2 K (11a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis